“Excelente comienzo del Mes Bolivariano de las Cátedras Bolivarianas de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo con Germán Ibáñez, Marcelo Koenig y Ricardo Forster. El auditorio repleto, amigos queridos, compañeros, estudiantes…
martes, 6 de agosto de 2013
miércoles, 3 de julio de 2013
“Vamos a defender a los que ganan poco”
El vicepresidente boliviano,
Alvaro García Linera, de visita en la Argentina
La etapa inaugurada por
Morales en 2005 es un proyecto revolucionario en constante reinvención. Su
gobierno es hijo de la movilización social que tumbó al ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada y a buena parte de la elite, explicó.
Cuando la política pierde representatividad se vuelve insuficiente para
resolver los problemas de las personas. Entonces, es necesario rediseñar sus
instituciones, crear nuevas formas de participación y acordar una agenda que
recoja las demandas colectivas. “Una movilización siempre es una forma de
participación, de ampliación de la democracia. Está pasando en Brasil ahora y
pasó en Bolivia en los primeros años de la década del 2000”, afirmó Alvaro
García Linera, vicepresidente de Bolivia, quien visitó Argentina en estos días
y habló en el Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini sobre los años de
Evo Morales en el poder. “La gente asume su autorrepresentación frente al
Estado cuando fallan los canales de mediación”, señaló.
La etapa inaugurada por Morales en 2005 es un proyecto revolucionario en
constante reinvención. Su gobierno es hijo de la movilización social que tumbó
al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a buena parte de la elite que por
décadas marginó a los sectores populares de la política. “Se había establecido
un régimen de mediación política sustentado en partidos liberales, que había creado
una elite que se reciclaba y se turnaba en los puestos públicos. Y el pueblo,
la juventud, los campesinos, los obreros eran concebidos sólo como votantes y
consumidores”, explicó García Linera. Según su visión, la fuerza del gobierno
boliviano radica en su composición heterogénea. “En Bolivia no tenemos un
gobierno de un partido, sino de una flexible y elástica confederación negociada
de movimientos y organizaciones sociales”, sostuvo.
Para García Linera, la acción colectiva es una muestra de la vitalidad
de cualquier proceso revolucionario, por lo que debe ser vista como algo
positivo. En este contexto debe enmarcarse el conflicto entre el gobierno y
parte de la población indígena de la Amazonia boliviana por la construcción de
una ruta que atraviesa el Parque Nacional Tipnis. “La decisión tomada por
nosotros fue articular el territorio. El Tipnis es parte de la entrada del
altiplano a la Amazonia”, dijo el vicepresidente, quien añadió que la idea es
cohesionar un país fragmentado, hermanar a los bolivianos del oriente y del
occidente y acorralar a las viejas oligarquías agrupadas en torno de la tierra,
que convirtieron la región en una gigantesca hacienda privada y desde donde
orquestaron un golpe de estado en 2008. “La carretera atraviesa un parque que
fundó el general René Barrientos. El que llevó adelante la contrainsurgencia,
el que luchó contra el Che Guevara. Ese general en 1966 declara esta zona
parque nacional, porque era una zona conflictiva, que se disputaban dos
departamentos (provincias)”, contó. García Linera reconoció que si bien está
demostrado que el proyecto fue aprobado por los mismos pobladores, el gobierno
decidió dar marcha atrás. El objetivo es ahora explicar mejor a quienes viven
allí la importancia de conectar territorialmente el país, teniendo en cuenta la
cuestión medioambiental.
En sintonía con la cuestión del Tipnis, el conflicto con la Central
Obrera Boliviana (COB) forma también parte de las contradicciones y paradojas
que García Linera les atribuye a los procesos de transformación como el que se
desarrolla en su país. La disputa con los mineros de la COB tiene su origen en
la ley de pensiones promulgada en 2010. La nueva legislación venía a terminar
con el régimen neoliberal que aseguraba la jubilación únicamente para quienes
habían mantenido una relación salarial. Es decir, la antigua ley dejaba afuera
a campesinos e indígenas, la gran mayoría de la población. “Para las personas
que ganan más de 1000 dólares, la jubilación la van a obtener de su aporte
personal. Las que ganan menos de 800 dólares para abajo, la van a cobrar del
aporte individual, patronal, estatal y de las personas que ganan mucho”,
remarcó García Linera. La COB pidió al presidente modificar una vez más la ley.
“Los que trabajan en las minas, por los altos precios de los minerales, ganan
más. Hay un grupo de compañeros mineros que quieren jubilarse. Los que durante
veinte años ganaron 3000, 4000 bolivianos, y en los últimos cinco años pasaron
a 10.000, 15.000, 20.000 y quieren jubilarse al ciento por ciento del salario
del último mes. La idea de reforma de la ley fue impulsada por los trabajadores
de la mina estatal Huanuni, que al día de hoy ganan mínimo 10.000, máximo
50.000”, añadió. “Aceptamos cualquier cambio, siempre y cuando no se toquen los
beneficios de los que ganan poco, que son la mayoría. Pueden venir a
dinamitarnos el Palacio de Gobierno. Pero vamos a defender los derechos de los
que ganan poco”, enfatizó.
Con respecto a su vecino Brasil, a pesar de tener más dudas que
certezas, García Linera calificó lo que ocurre como el surgimiento de un
movimiento de clases medias emergentes. “Hay movilizaciones sociales, en este
caso encabezadas por la juventud y una clase media emergente, vinculadas con
momentos de un ascenso de la economía. Pareciera ser que los momentos de mayor
movilización social no son los momentos de mayor penuria económica. Esto da
lugar a luchas redistributivas del excedente.” Para el vicepresidente, algo
similar pasa en Bolivia. “En Bolivia bloquean una carretera para pedir una
escuela. Antes se cortaba una ruta para pedir la restitución del gas”,
ejemplificó. Desde su interpretación, no se trata de reclamos por el orden
económico o de luchas que cuestionen el orden económico, sino de una lucha por
la redistribución del excedente producido en ese orden económico concreto.
Informe: Patricio
Porta.
Fuente: Página /12
3 de julio de 2013
domingo, 23 de junio de 2013
Llegaron los muchachos
Por Emir Sader *
¿Las grandes movilizaciones de las dos últimas semanas en Brasil
llegaron como rayos en un cielo azul? ¿O eran previsibles e incluso tardaron en
llegar? ¿Cuál es su significado, o son sus significados? ¿Qué puede alterar en
la vida política brasileña?
Los gobiernos de Lula y Dilma promueven, desde hace mas de una década,
un inmenso proceso de democratización social en el país más desigual del
continente, más desigual del mundo. Junto con las trasformaciones dirigidas por
Getúlio Vargas (entre los años 1930 hasta 1954, con un interregno entre 1945 y
1950) son los procesos más importantes de la historia brasileña, con varios
aspectos comunes.
Por eso Lula logró ser reelecto y elegir a su sucesora, que se presenta
como favorita para seguir dirigiendo Brasil a lo largo de la segunda década de
gobiernos posneoliberales en el país (Ver “10 anos de governos posneoliberais
no Brasil - Lula y Dilma, org. Emir Sader: www.flacso.org, con acceso libre e
integral, lo cual ha permitido que ya lleguen a 500 mil los downloads del
libro).
De repente surgieron las manifestaciones, a partir de la resistencia al
aumento de tarifas del transporte urbano, para extenderse por todo el país con
una rapidez y una masividad impresionantes. Se constituyó un movimiento
–llamado Movimiento del Pase Libre (MPL)– que coordinó las manifestaciones,
hacia el que han convergido un gran número de otras reivindicaciones, un
movimiento protagonizado básicamente por estudiantes, con simpatía generalizada
de la mayoría de la población.
Esta expansión fue posible porque se insertó en dos espacios respecto de
los cuales el gobierno presenta debilidades particularmente concertadas. Por
una parte, la ausencia de políticas hacia la juventud, segmento que buscó, con
las manifestaciones, más allá de sus reivindicaciones concretas, afirmar su
existencia como segmento específico, con voz y con poder de movilización.
En segundo lugar, el monopolio privado de los medios de comunicación –en
contraste con los procesos de democratización en tantas otras esferas de la
sociedad brasileña– sigue siendo intocable, derrotado sistemáticamente por el
voto popular, pero manteniendo su poder de influencia, especialmente las
cadenas televisivas.
En principio, como ocurre con todas las manifestaciones populares, la
prensa privada buscó descalificarlas por la violencia que, desde su comienzo,
se hizo presente al final de las manifestaciones, con actos vandálicos que, a
su vez, tuvieron respuestas aún más violentas de las Policías Militares –uno de
los factores que favorecieron la rápida difusión y expansión de las
movilizaciones–. Pero enseguida los monopolios mediáticos se dieron cuenta de
que las movilizaciones podrían desgastar al gobierno y pasaron a actuar de
forma concentrada para magnificar las manifestaciones, intentando, a la vez,
influenciarlas, buscando imponer los lemas de la oposición sobre las
manifestaciones.
La combinación de esos dos factores explican, en lo esencial –además de
otros, como la dureza de las condiciones de vida urbana, que hicieron que, no
por caso, el movimiento se haya iniciado en San Pablo, la ciudad más rica y con
mayores desigualdades del país, que sólo hace pocos meses dejó de ser dirigida por
la oposición, con la elección de un alcalde del PT–, la irrupción brusca y
poderosa del movimiento.
Después de vacilaciones de los gobernantes municipales, el movimiento
logró su primera gran victoria, con la cancelación del aumento de las tarifas
urbanas. Que es acompañada del triunfo de poner en discusión nacional la
precariedad de los transportes, así como el tema crucial de su financiamiento,
el rol de los sectores público y privado –uno de los temas recogidos por la
presidenta Dilma Rousseff para proponer un Plan Nacional del Transporte urbano,
organizado conjuntamente por el gobierno federal, autoridades provinciales y
municipales, así como por movimientos vinculados con las manifestaciones y
otras fuerzas populares.
Asimismo, más allá de esos aspectos específicos, el movimiento
representa el ingreso a la vida política de una nueva generación de jóvenes,
con sus formas específicas de acción y sus reivindicaciones propias. Hasta
aquí, a pesar del inmenso apoyo popular y del amplio proceso de respaldo de las
fuerzas populares a los gobiernos de Lula y Dilma, la vida política brasileña
no contaba con la participación de los sectores emergentes de la juventud. Se
supone que, a partir de este momento, serán un factor nuevo y con capacidad de
movilización con el que tendrán que contar el gobierno y la política
brasileños.
Pero, a la vez, las movilizaciones han tenido, desde su comienzo, un
aspecto ya mencionado, que ha significado un factor de debilidad –las acciones
violentas al final de las manifestaciones, con enfrentamientos con la policía y
la destrucción de edificios públicos y de tiendas del comercio, de forma
generalizada–. Cuando el movimiento logró su primer triunfo, su propia
dirección suspendió nuevas movilizaciones, por ese elemento externo de violencia
que se insertó en las concentraciones, así como por los intentos de la derecha
–especialmente a través de los medios– de imponer lemas conservadores al
movimiento, especialmente la hostilidad hacia los partidos políticos y hacia
los movimientos sociales, que ha desembocado en agresiones a sus militantes por
hordas, algunas de ellas, explícitamente identificadas con lemas y formas de
acción fascistas.
A partir de la reducción de las tarifas, el movimiento afirmó que
seguirá luchando por la gratuidad del transporte público, pero suspende nuevas
manifestaciones, por los intentos de influir de sectores externos al
movimiento. Pero los que promueven la violencia han intentado dar continuidad a
las movilizaciones, ahora ya sin la masividad de las convocadas anteriores por
la dirección del MPL, donde ya priman las acciones violentas, sin las
reivindicaciones originales y sin la simpatía de los otros sectores de la
población.
La presidenta Dilma Rousseff, después de una intervención inicial, donde
reconocía la legitimidad del movimiento y reconocía que el gobierno estaba
atento a las demandas de las movilizaciones, intervino de forma más sistemática
el día 21, por cadena nacional. A la par de alabar la capacidad de movilización
y las demandas del Movimiento, Dilma mostró amplia receptividad hacia ellas y
propuso medidas y encuentros concretos para su discusión e implementación.
Mucho ya se ha escrito sobre las movilizaciones, con apresurados
intentos –sociológicos y otros– de captar sus significados, mal disfrazando sus
intereses y deseos propios. Desde que se agotaron los gobiernos del PT, hasta
que los partidos habían desaparecido, pasando por los intereses de fuentes
europeas de que el Campeonato Mundial de Fútbol no se realizara en Brasil, los
rencores en contra de Brasil y de su gobierno se acumularon, como si se tratara
de un final apocalíptico de una quimera pasajera de avances –en realidad
extraordinarios– de una década, que en Brasil –junto a la figura de Lula– se
han proyectado como referentes mundiales.
La oposición interna, asociada a sus aliados externos dirigida siempre
por las pocas familias que controlan los principales medios privados de
comunicación, buscan, desesperadamente, impedir la victoria de Dilma Rousseff
en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Todo su terrorismo
económico respecto de un supuesto y nunca concretado “caos energético”, así
como sobre un supuesto “descontrol inflacionario” –que anda alrededor del cinco
por ciento anual en condiciones, cuando la actual oposición convivió con
índices de más del mil por ciento al año– están en función de las elecciones
presidenciales, cuando la derecha puede cosechar su cuarta derrota consecutiva,
sumada al fantasma de que Lula podría volver a candidatearse en 2018,
prolongando para más de una segunda década el posneoliberalismo en Brasil.
Movilizaciones con la amplitud de éstas, de todas maneras, representan
de-safíos para todos –antes de todo para el gobierno, para el PT, para los
movimientos sociales y todo el campo político de la izquierda, así como del
pensamiento social–. Visiones economicistas de la izquierda tradicional tienen
dificultades para comprender la juventud como categoría específica y todos los
temas vinculados con ella.
El gobierno brasileño no ha puesto en debate el tema del derecho al
aborto, el de la descriminalización del consumo de drogas, tampoco avanza en la
democratización de los medios de comunicación –para mencionar apenas algunos de
los tantos temas que atañen más directamente a la juventud–. Arrastra así una
gran fragilidad respecto de esos sectores, fenómeno para el cual fue obligado a
despertar de forma brusca e inesperada y tiene una posibilidad de ponerlos en
la agenda, en la disputa por la conquista de esos sectores entre la derecha y
la izquierda.
Es todavía temprano para saber cómo esas movilizaciones afectarán el
futuro político de Brasil –volcado, en lo esencial, hacia las presidenciales
del 2014–. Los medios tratarán de manipular, como siempre, las consecuencias,
con sus encuestas amañadas y su nunca disfrazado rol de partido político de una
oposición debilitada. Con candidatos sin apoyo popular buscan desgastar al
gobierno, sin esperanzas de que sus posibles candidatos puedan conquistar los
sectores jóvenes. Algunos sectores de éstos podrán votar por Marina Silva y su
discurso ecologista ya desgastado, pero los otros posibles candidatos de la
oposición, empezando por el más importante, Aecio Neves, no tienen ninguna
receptividad entre esa juventud.
El gobierno y la izquierda, habiendo demostrando gran fragilidad e
incapacidad de reacción frente a las movilizaciones, podrán ser afectados
negativamente o ser capaces de renovarse y no buscar únicamente soluciones a
los problemas planteados por el movimiento, sino incorporar temas que interesan
directamente a los jóvenes, así como la juventud como tal, como agente político
sin el cual difícilmente se pueda proyectar el futuro del país.
Lo peor que podría pasar a Brasil –un país con un contingente inmenso de
jóvenes en su población– sería contar con una juventud ausente, pasiva, volcada
hacia otros temas que no sean los de la política, la sociedad y el Estado.
Esos jóvenes no han golpeado a la puerta de la política, sino que la han
tumbado, con sus gritos y sus formas de ser. Han tomado de sorpresa a viejos
políticos que todavía ocupan los espacios centrales de la política brasileña,
en contraste con la juventud de su población. Es hora de renovar la política y
sus cuadros, para que la irrupción de esos jóvenes no se reduzca a un fenómeno
mediático y de aburridos estudios sociológicos, que hablan más de sí que de la
realidad.
Brasil, que supo colocar el tema central en el continente de la
desigualdad social como prioritario, tiene ahora el desafío de pasar de la democratización
social a la democratización política –empezando por el financiamiento público
de las campañas electorales– y por la democratización cultural –empezando por
el fin de los monopolios mediáticos– y la discusión de los temas que ocupan más
directamente a la juventud.
* Intelectual brasileño, autor
de El Nuevo Topo, Los caminos de la Izquierda Latinoamericana (Siglo XXI),
coordinador de Latinoamericana Enciclopedia Contemporánea de América Latina y
el Caribe (Akal), así como de 10 años de posneoliberalismo no Brasil - Lula e
Dilma (Boitempo).
Fuente: Página /12
23 de junio de 2013
Saintout: “Los medios hegemónicos se han transformado en actores clave de la derecha”
Ecuador
La decana de Periodismo y Comunicación Social de la
UNLP expuso hoy en la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los
Nuevos Tiempos, que se desarrolla en el Parque Histórico de Guayaquil. Propuso
profundizar una comunicación transformadora en el contexto de la
"construcción de una política de unión sudamericana y regional donde se
vuelve a hablar de la Patria Grande".
0
orencia Saintout
en el Parque Histórico de Guayaquil.Cerrar
Miercoles, 19 de Junio de 2013
Al exponer esta tarde ante un auditorio repleto en
la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos, que se
realiza en Ecuador, Florencia Saintout señaló que “la derecha se presenta en la
actualidad travestida en medios de comunicación y libertad de expresión
ocultando su afán de reducir el Estado a su función represiva y rematar los
logros en esta década ganada para las mayorías”.
“La comunicación y sus tecnologías hegemónicas no
solo ocultan la realidad de los pueblos, sino que las modelan de acuerdo a sus
mezquinos intereses privados y que incluso son capaces de mentir y de ser
cínicos. Tan cínicos como han sido las empresas info comunicacionales y el
papel que han jugado en las dictaduras en el Cono Sur”, dijo la decana de la
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
Saintout destacó que en la actualidad hay una
conciencia respecto a que la información no puede reducirse a un bien que se
compra o se vende en el mercado sino que debe ser entendida como comunicación y
derecho inalienable de los pueblos. Y apuntó que esta realidad es muy difícil
de aceptar “para aquellos que durante años se creyeron los dueños de todas las
cosas, incluso de los relatos de todos y de todas”.
“Estos grupos de medios concentrados, que durante
la larga década neoliberal de la región, se fueron consolidando como los dueños
de la palabra siguen siendo todavía muy poderosos (…) no son solo los voceros o
los instrumentos de la derecha sino que son actores claves de la derecha. No
actúan solo como grupos comunicacionales, ni siquiera solo como grupos
económicos, sino como agentes políticos”, manifestó.
En este sentido, añadió que no hay que olvidar que
durante décadas, los medios dominantes actuaron como un único actor en el
espacio público “y se creyeron que esto era una aldea sin límites,
esencialmente sin límites para sus negocios”.
La decana precisó que estos medios “actúan en
alianzas entre sí y con otros grupos económicos-ideológicos-mediáticos
nacionales y extranjeros en una patria que no tiene patria, en una patria
global donde no hay patria, donde han sepultado la idea de la patria”.
“Pero también está la matriz critica, que trata de
transformar, periodistas que forman parte de un colectivo y se forma para la
acción y el cambio. En Argentina lo denominamos como periodismo militante,
frente a ese periodismo que dice no tomar posición política”, contrastó.
Para Saintout, “asistimos a un momento en donde la
derecha se proyecta a través de los medios de comunicación, pero ahora los
pueblos han vuelto a apostarle a la historia” y a la "construcción de una
política de unión sudamericana y regional donde se vuelve a hablar de la Patria
Grande".
"Proponemos
un periodismo consciente; no se puede seguir trabajando en estado de inocencia
y desconocimiento de poderes estructurales. (…) O el periodismo asume la
explicación neoliberal que lo condena a ser una herramienta, o se posiciona
como proceso de construcción de un pueblo que lucha por un horizonte de
justicia”, concluyó.
Fuente: Agencia Periodística de Buenos Aires
www.agepeba.org
miércoles, 19 de junio de 2013
Corporaciones o soberanía popular
El escandaloso fallo de la Corte Suprema de
Justicia dictaminando el carácter inconstitucional de cuatro artículos de la
ley de reforma del Consejo de la Magistratura es un episodio más de la puja que
cada vez adquiere más relieve en nuestra Argentina: pueblo o corporaciones. Especialmente
sugestiva resulta la redacción de uno de los argumentos esgrimidos por la
Corte, aquel que señala que la elección popular de consejeros “…vulnera
el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso
electoral”. Suscribir este postulado nos retrotrae al régimen
oligárquico.
Efectivamente, no podemos menos que
recordar que la matriz original de nuestro Estado cristaliza en el período
histórico de consolidación de la dominación oligárquica (último tercio del
siglo XIX). Hablamos de un Estado cuya consolidación no fue ajena a las luchas
políticas y sociales del siglo XIX y a la imposición de determinados intereses
societarios. Un Estado cuya forma y régimen remiten a la experiencia del
liberalismo metropolitano decimonónico, de carácter republicano y
representativo pero fundamentalmente antidemocrático. Un Estado
patrimonialista, instrumentado en su casi totalidad por las elites dueñas del
poder económico: la burguesía agropecuaria y comercial, y el personal civil y
militar asociado a ellas que conforman el bloque oligárquico.
Serán los movimientos nacionales y
populares del siglo XX los que conmueven la matriz oligárquica del Estado
argentino, imponiendo la democratización, especialmente en los poderes
ejecutivo y parlamentario, así como la ampliación de la esfera de derechos para
nuestros ciudadanos. Nada de eso ocurrió sin lucha: más bien los impulsos
democratizadores estuvieron asociados a formas ampliadas de participación y
movilización política popular. La consolidación de las reformas progresistas y
de apertura democrática del Estado se alcanzó también en la medida que se
erigía en dichas circunstancias (durante el primer peronismo, por ejemplo) un poder político democrático fuerte. Esto
es lo que vuelve a estar en el centro de la escena. Las transformaciones
progresistas, en la medida en que afectan intereses económicos o corporativos
poderosos, no pueden asentarse sin la afirmación de un poder político
democrático.
La corporación judicial es el poder del
Estado que ha resistido más exitosamente la ampliación democrática, y pretende
erigirse en contrapeso no de los otros poderes del Estado sino de la
democratización del conjunto. De allí la caprichosa afirmación de que la
elección popular de consejeros “vulnera” el derecho de los ciudadanos. El
blindaje corporativo del estamento judicial es justificado en aras de prevenir
la “distorsión” del proceso electoral. Menuda conclusión. Toda ampliación
democrática “distorsiona” el proceso electoral en un régimen representativo. Es
fácil advertir que con esa lógica también la consagración del voto femenino en
la década de 1950 “distorsionó” el proceso electoral.
El fondo de la cuestión está en si nuestro
sistema político asegura concretamente el principio fundamental de la soberanía
popular, o establece que existen áreas “vedadas”cuya competencia exclusiva le
corresponde a determinadas corporaciones. No podemos obviar que esta tensión
pueblo versus corporaciones se expresa hoy también en otros planos como la
democratización de la comunicación audiovisual. En ese camino de asegurar la
ampliación democrática y la conquista de nuevos derechos, deberá seguir
insistiéndose en la democratización del poder judicial, último basamento del
viejo régimen oligárquico.
Germán Ibañez
Una cosa es el gusto, otra la inconstitucionalidad
El voto en disidencia del juez Raúl Zaffaroni
Los textuales de la argumentación del magistrado, que explica que al introducirse en la Constitución el órgano que selecciona y remueve a los jueces no se establecieron los detalles de su conformación. Sus opiniones acerca de la independencia y la política.
“Nada inhibe a cada magistrado de su incuestionable derecho democrático a disentir con el modelo de elección establecido por la ley y a postular otro diferente, pero ese debate necesario ante la parálisis de una institución indispensable para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación no tiene nada que ver con una inconstitucionalidad manifiesta. Es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista”, dijo el juez Raúl Zaffaroni en su voto disidente, en el que asegura que la reforma del Consejo de la Magistratura es constitucional.
Zaffaroni señala que la ley recientemente sancionada por el Congreso puede gustar o no, puede tener sus fallas y puede incluso resultar luego igual de improductiva que el mecanismo actual –que llevó al organismo a una parálisis–, pero no es inconstitucional. Para fundamentar su definición, relata el proceso de creación del Consejo de la Magistratura, introducido en la Convención Constituyente de Santa Fe de 1994, de la que él mismo fue integrante.El Consejo
- “La reforma constitucional se caracterizó por perfilar instituciones sin acabar su estructura. En todos los casos –y en el del Consejo de la Magistratura en particular– se argumentó que una mayor precisión constitucional padecería de un supuesto defecto de reglamentarismo. En el propio seno de la Asamblea de Santa Fe se advirtió reiteradamente el riesgo que se corría con esta novedosa modalidad constitucional, puesto que es inevitable que la política coyuntural ocupe los huecos estructurales que deja abiertos el texto constitucional, con las soluciones que le dicte la circunstancia de poder de cada momento, no por corrupción y ni siquiera por razones contrarias a la ética, sino por la simple dinámica esencialmente competitiva de la actividad política, que irremisiblemente mueve a ocupar todos los espacios de poder que se le ofrecen en cada ocasión. Se corrió el gravísimo riesgo de introducir una institución novedosa sin estructurarla.”- “El texto constitucional delegó la tarea de finalizar la estructuración del Consejo de la Magistratura en una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En esta línea, tampoco se definió su integración, pues el texto incorporado se limita a indicar los estamentos que deben estar representados, sin señalar número ni proporciones, dado que sólo impone que se procure el equilibrio.”
- “Una institución novedosa, tomada del derecho constitucional comparado, pero separándose de sus modelos originales en forma híbrida y con defectuosa estructuración, dio lugar a que en menos de veinte años fuese objeto de tres reformas regulatorias dispares y profundas. A esto se suma que, en los últimos años, su deterioro funcional llegó hasta el límite de la paralización.”
La ley
- “El texto vigente prescribe la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Con esta redacción dejó abierta la integración con representación del Poder Ejecutivo. También deja abierta la posibilidad de que la elección de los representantes de los jueces pueda tener lugar por instancias, o sea, respetando la estructura corporativa vertical, con menor representación de los más numerosos y jóvenes, que son los de primera instancia.”- “El caso exige un extremo esfuerzo de prudencia para separar con meticuloso cuidado la opinión o convicción personal acerca de la composición y elección del Consejo de la Magistratura de la pregunta acerca de la constitucionalidad de la ley en cuestión. De lo contrario, se excederían los límites del poder de control de constitucionalidad, para pasar a decidir en el campo que el texto dejó abierto a la decisión legislativa, sólo por ser ésta contraria a las propias convicciones acerca de la integración y elección de los miembros del Consejo. Interpretar la representación en el puro sentido del contrato de mandato del derecho privado es una tentativa de salvar lo que el texto no ha salvado. El argumento contrario corre con la ventaja de que la representación estamentaria en la Constitución nacional es una excepción, en tanto que la regla republicana es la representación popular.”
- “Es claro que la ley sancionada por el Congreso nacional no se filtra por los resquicios del texto, sino que penetra por las enormes brechas que éste dejó abiertas a la ley infraconstitucional.”
- “Por desgracia –y a veces por suerte–, como en alguna ocasión dijo Radbruch, las leyes como un navío que el legislador despide desde el muelle y al que ya no puede controlar, navega solo, con las virtudes y defectos del texto. Y el artículo 114 de la Constitución nacional navega solo, con sus enormes carencias estructurales, con su delegación de poder constituyente en el legislador ordinario y con su parquedad, sus oscuridades y su hibridez. (...) Todos quedamos en el muelle, podemos recriminarnos y hasta llorar, pero a lo largo de dos décadas el texto y la institución fueron navegando con múltiples accidentes, chocando con escollos y arrecifes y casi naufragando, hasta el punto de la parálisis que obliga a una reestructuración urgente, pues de lo contrario se acrecentarán las dificultades institucionales que el marasmo en que ha caído la institución ya viene produciendo.”
- “Es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista. Puede ser que esta nueva estructura esté condenada al fracaso, pero más allá de las convicciones personales –que no son del caso expresar, aunque pueden rastrearse en los antecedentes de la propia Asamblea Reformadora y en publicaciones de la época–, considerando el texto tal como fue incluido en la Constitución, no se le puede negar al legislador el espacio para ensayar una estructura diferente ante una crisis, apelando para ello a una interpretación limitadora procedente del derecho privado. Es factible incluso que se trate de un nuevo error político, pero no todo error político es una inconstitucionalidad manifiesta.”
La política
- “En cuanto a la independencia de los consejeros y su reflejo sobre la independencia judicial, devenida de la necesidad de que los candidatos sean postulados por los partidos políticos, cabe observar que el concepto de independencia es doble: la hay externa, pero también interna, dependiendo la última de que el poder disciplinario, en materia de responsabilidad política y de presión interna del Poder Judicial, no sea ejercido por los órganos de mayor instancia, que es la esencia del concepto de corporación o verticalización. Esta independencia es la que en el derecho constitucional comparado trata de garantizarse mediante un órgano separado, que sería el Consejo de la Magistratura.”- “En cuanto a la independencia externa, o sea, de los partidos políticos y de los poderes fácticos, que es la que se cuestiona en la causa sólo respecto de los partidos, no es posible obviar que es inevitable que cada persona tenga una cosmovisión que la acerque o la aleje de una u otra de las corrientes de pensamiento que en cada coyuntura disputan poder. No se concibe una persona sin ideología, sin una visión del mundo.”
- “No hay forma de evitar esta identificación, como no sea pretender que existe lo que es inconcebible, o sea, personas sin ideología. Esto se ha puesto claramente de manifiesto en el curso de los años en que ha funcionado, con una u otra estructura, el Consejo de la Magistratura apenas delineado por el articulo 114 de la Constitución nacional. En definitiva, se trata de un problema humano insuperable: estamos lanzados al mundo con significados Y dentro de ellos elegimos existencialmente.”
- “La independencia externa del Poder Judicial nunca se ha sostenido que sea afectada porque los jueces sean nombrados y removidos por órganos de los otros poderes, integrados conforme a partidos políticos. El juez –y en este caso el consejero– una vez designado es independiente de todo partido y no está sujeto a sus órdenes ni mandatos. Si alguno se somete a esta condición, esto no será resultado de la elección, sino de su propia falla ética, al igual que sucede con los jueces, si acaso alguno se considera vinculado o sometido a la fuerza política que incidió en su nombramiento. Nada hay de vergonzante en que un juez exprese sus preferencias; más aún, esto evita que pueda oscilar sin sanción pública, siendo una condición de la exigencia de mínima coherencia y de prevención de conductas erráticas. Dado que nadie existe sin ideología, cabe concluir que la única garantía de imparcialidad humanamente exigible es el pluralismo ideológico interno, donde cada uno sepa cómo piensa el otro y le exija coherencia en cada caso, para lo cual es menester que nadie oculte lo que piensa. No cabe duda de que todo funcionario, del poder que sea, pero más del Judicial, habrá de recibir sugerencias de cualquier índole y con mayor o menor intensidad. Esto es inevitable en cualquier estructura, pero es propio del profesionalismo de los magistrados poder decidir conforme a su conciencia y a su saber.”
Fuente: Página /12
19 de junio de 2013
domingo, 2 de junio de 2013
JUSTICIA LEGÍTIMA en La Plata
El encuentro reunió a figuras como Baltasar Garzón y Alejandra Gils Carbó.Cerrar
Teatro Argentino, La Plata viernes 31 de Mayo de 2013
Por Carlos López | Si bien Justicia Legítima tiene una larga trayectoria en defensa de los derechos sociales, hoy se lanzó oficialmente el espacio como asociación civil. No estará formada sólo por magistrados y funcionarios judiciales, sino que también nucleará a diversas organizaciones, ciudadanos, trabajadores y representantes del movimiento de Fábricas Recuperadas, la Comunidad Homosexual y los Pueblos Originarios.
El defensor penal, Julián Axat, detalló a AgePeBA que “Justicia Legítima no es una reunión de personas, sino un movimiento que cada vez se agranda y formaliza. De alguna manera, estamos unidos y organizados y en forma solidaria va a construir otra mirada de la justicia y un acercamiento entre la gente y un modelo de justicia sensible, con los débiles de su lado y sin las corporaciones”.
En esta misma línea, planteó la “necesidad de adecuar una reforma integral y cultural de las instituciones judiciales, en todas las materias: penales, civiles, contencioso administrativo, laborales y la formación de nuevos cuadros judiciales y trabajadores”.
También remarcó la importancia de los proyectos que impulsa el vicegobernador Gabriel Mariotto en la Provincia para democratizar la justicia en sintonía con las leyes aprobadas en el Congreso Nacional.
“La Provincia es un territorio complejo, tiene sus localismos y sus internas, por lo tanto adecuar estas cinco leyes en réplica a las de Nación tendrá sus discusiones legislativas y sus oposiciones corporativas, pero si hay una sintonía fina con el Proyecto Nacional y Popular creo que estos proyectos van a generar una profunda y rica discusión política”, consideró Axat.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto, comentó a esta agencia que “cuando hablé con el gobernador (Daniel Scioli) y le planteé lo de la reforma judicial, me dijo que tomaremos la misma posición que tomó la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner). Debatiremos los distintos proyectos e iremos por el mismo camino que Nación”.
Sobre “Justicia Legítima”, Carlotto dijo que “es un caso revolucionario” porque “estamos cambiando un paradigma”.
“Si hemos reformado el Estado y el poder político por qué no podemos reformar la justicia, que es algo que en la provincia de Buenos Aires lo sentimos bastante”, agregó.
Carlotto pidió “acabar con una justicia elitista, que se maneja en la designación de jueces muy a espaldas del pueblo argentino, y que beneficia a los sectores sociales más altos y perjudica a la gran masa del pueblo que son los sectores humildes. Cuando vemos lo que sucede en la provincia, muchas veces los que están presos siempre son jóvenes, pobres y con preventivas, es decir que ni siquiera están probados sus delitos”, aseguró.
En tanto, el copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Hugo Cañón, explicó que “buscamos una justicia sin las corporaciones que responden a intereses concentrados. Por eso celebramos que se genere un espacio de apertura maravilloso para que se democratice la justicia y logremos más cercanía de las decisiones de los jueces con las necesidades del pueblo”.
“Éste es un primer paso pero hay que seguir haciendo mucho más. La reforma nos da el puntapié inicial para tener un mecanismo transparente de acceso a la justicia, para que se sepa el patrimonio de los jueces y fiscales, saber los movimientos de las causas judiciales y también lo que significa dar participación ciudadana a través del voto popular en el Consejo de la Magistratura”, dijo a AgePeBA.
Cañón definió los proyectos impulsados por Mariotto en la Provincia como “algo muy positivos” y aseguró que “necesitamos un trabajo militante de los jueces y un compromiso ideológico y de toma de decisiones para reconocer los derechos en la práctica”.
Por último, la titular de la Asociación Miguel Bru, Rosa Schonfeld, dijo que esperar que “la democratización de la justicia se realice y se respete”.
“Queremos mirar a la justicia de otra manera. Como decía una de las panelistas hoy, es la primera vez que no llaman a integrarnos con la justicia, porque siempre hemos tenido que patear las puertas”, concluyó.
Fuente: Agencia Periodística de Buenos Aires
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