Cristina y la burguesía nacional

De la reivindicación de Gelbard a “pindonga” y “cuchuflito”, pasando por la acusación al gobierno de Macri de ser “anticapitalista”, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ensaya distintos abordajes acerca de la debacle económica actual y la necesidad de recomponer un horizonte de autodesarrollo nacional. Es realmente una cuestión menor si tal cual expresión en sus declaraciones es más lograda o menos lograda. La destrucción del entramado productivo, la pauperización colectiva, el endeudamiento del país, la pérdida de soberanía, el crecimiento de la desocupación, todas consecuencias gravosas de la política oligárquica enseñoreada actualmente en el Estado argentino revisten dramatismo suficiente como para concentrar toda nuestra atención. Resulta insólito atribularse por “pindonga” en un país donde se asesina por la espalda a jóvenes como Rafael Nahuel. El lenguaje polémico y combativo de la mejor tradición argentina tolera a “cuchuflito” y mucho más, porque tuvo que enfrentar a la verba siniestra de los secuestradores y torturadores y dar testimonio, como quiso Rodolfo Walsh.

El meollo de la cuestión es muy otro: el ataque concertado al bloque de productores nacionales, empresarios pequeños y medianos, cooperativas, trabajadores y emprendimientos productivos populares. También al sistema de Ciencia y Técnica, a las Universidades y a toda área del Estado que pueda incidir en el desarrollo de un capitalismo productivo nacional o en una eficiente fiscalización de la actividad económica de los más poderosos. Ese es el sentido profundo de la crítica al macrismo por “anticapitalista”: la política oligárquica impide el autodesarrollo nacional. En otros tiempos, Jorge Abelardo Ramos había expresado algo parecido, al señalar que la oligarquía argentina era capitalista, pero “antiburguesa”, incapaz de conducir un proceso de construcción nacional. La recordación de Gelbard en boca de Cristina es una apuesta azarosa sin duda, pero necesaria en lo que implica: la convergencia de distintos sectores sociales para relanzar un rumbo productivo e industrialista. Para ello es imperioso detener la destrucción de segmentos intermedios de la sociedad argentina, que son aquellos que pueden apuntalar inicialmente una recuperación productiva, con el auxilio de una política económica adecuada.

Esos segmentos intermedios pueden ser caracterizados sociológicamente de diversos modos, pero en el realineamiento de fuerzas sociales, políticas y culturales que promueve el movimiento nacional, son la burguesía nacional. Cristina apela a ellos, con conciencia histórica y sin perder el tiempo en frases de cortesía.

Germán Ibañez

Burguesía y movimiento nacional en la mirada de Jorge Abelardo Ramos

En el marco del mundo contemporáneo sigue siendo una cuestión fundamental la posibilidad de un desarrollo autónomo de los países y de un diseño propio de las estrategias de inserción internacional. Es decir, de una política de autodeterminación nacional. En las antípodas de esa discusión, se encuentra la ideología neoliberal que expresa los intereses del capital financiero mundializado y la vocación imperial de los Estados metropolitanos. Históricamente, una herramienta del neoliberalismo ha sido “velar” a los actores sociales concretos y a los intereses en juego, proponiendo la fantasmagoría de un mercado impersonal como fuerza motriz de la mundialización. Pero siempre tuvo en claro a los jugadores reales, llevando a cabo verdaderas guerras económicas, culturales (y de las tradicionales también) contra los emergentes de los procesos de desarrollo o liberación de los países periféricos.  En esa puja, se han dividido históricamente las clases poseedoras de las regiones dependientes, entre aquellas fracciones que se enlazaron a esquemas de asociación asimétrica y subordinada (las burguesías “compradoras”) con el capital extranjero, y los segmentos productivos y comerciales vinculados a los mercados internos y el consumo popular. Esa fractura no es estática, sino que cambia con los avatares de la economía nacional e internacional, con la presión de los Estados metropolitanos y sus estrategias de colonización. También con el mismo éxito de los procesos de desarrollo nacional que vuelven a repartir las cartas entre los jugadores locales y a veces generan el resultado, paradójico en apariencia, de un empresariado beneficiado por el marco nacional-popular que buscar romper lo que interpreta como un constreñimiento social a la maximización de sus ganancias y vira hacia estrategias de inserción en la mundialización imperialista.

Es esto, entre otras cosas, lo que ha dificultado históricamente sostener el compromiso nacional popular, y aún identificar una burguesía con “vocación” nacional. Por eso, el debate acerca de la “burguesía nacional” fue intenso en el nacionalismo popular y la izquierda nacional del siglo XX. Y por cierto, se trata aún de una discusión nada ociosa, aunque lógicamente no pueda ser llevada adelante exactamente en los mismos términos de décadas atrás. De allí que resulte útil la recuperación de parte de esas polémicas, para repensarlas en los nuevos escenarios en los que se busca nuevamente establecer un compromiso nacional-popular, para sacar al país del marasmo neoliberal. Nos referiremos concretamente a la posición sostenida por Jorge Abelardo Ramos en torno a la relación entre burguesía y movimiento nacional.

En la tradición de la izquierda nacional de los años 1940, de la cual Ramos se transformaría en el principal exponente, se tomaba nota de la división de las clases dominantes argentinas entre los sectores tradicionales vinculados a la así llamada “oligarquía” y la moderna burguesía industrial que se expresaría en el país peronista. Los paradigmas ideológicos librecambista y proteccionista corresponderían a esa fractura (“Bases económicas de la política burguesa argentina, Frente Obrero N° 1). Sin embargo, se sostiene que, pese a la divergencia de intereses entre los sectores vinculados al mercado mundial y aquellos dependientes del consumo popular, la mentalidad burguesa argentina estaba enfeudada en bloque al imperialismo y a los mitos del viejo país agropecuario. Lo cual ponía serios límites a una hegemonía capitalista nacional que impulsara el desarrollo industrial. Y, al mismo tiempo, que tal política solo era posible sobre la base de una audaz movilización de las masas populares, lo cual estimulaba los peores temores de la propia burguesía nacional. Allí estaba el dilema: una clase que era empujada al movimiento nacional por las propias contradicciones del autodesarrollo capitalista nacional frente a la subordinación unilateral al capital imperialista que le disputa el mercado interno, pero que retrocede ante el ascenso de los sectores populares sin cuyo concurso es imposible una política de autodeterminación nacional. En ese marco la burguesía industrial no podía constituirse en la clase dirigente de la liberación nacional.

Sobre la base de ese diagnóstico, Jorge Abelardo Ramos sustentará en sus escritos tempranos (América Latina: un país; 1949) una interpretación en la cual la potencialidad de la burguesía industrial argentina no estaba empero totalmente obturada. Son los años ascensionales del peronismo, y no estaban claras todavía las dificultades económicas que se revelarían en la primera mitad de la década de 1950. Sus camaradas de Frente Obrero le reprocharán de todas formas lo que entendían constituía una apología de la burguesía nacional. En los años posteriores, especialmente desde el derrocamiento de Perón, Ramos modificará esa lectura por otra más crítica de los límites del empresariado industrial como clase potencialmente hegemónica del movimiento nacional.

Lo que seguirá siendo un eje constante en el pensamiento de Ramos de todas formas será su interpretación del drama argentino como resultado del antagonismo insalvable entre la vieja Argentina agropecuaria (oligárquica) y el país industrial (burgués). En los años 1970 todavía dirá: “…la Argentina está a medio camino entre el capitalismo avanzado tal cual se dio en Europa y Estados Unidos y una estructura petrificada, puramente agraria, comercial y pastoril, típica de una semicolonia disfrazada con un barniz superficial de modernidad. La vieja oligarquía no deja avanzar hacia el capitalismo y la débil burguesía es incapaz de eliminar a la oligarquía” (Adiós al coronel, 1982). De acuerdo a lo anterior, interpretará que la política de la dictadura de 1976 será no solamente antiobrera, sino también antiburguesa.

Pero ese antagonismo no se expresaba “transparentemente” protagonizado por sendas fracciones de las clases propietarias. Podía resultar ocioso buscar, lámpara en mano, a la burguesía arrogante que, sin mediaciones, encabezara la lucha por la emancipación nacional. El terreno de la disputa era el movimiento nacional. Pasajes relevantes de la obra de Ramos a tal respecto pueden encontrarse en su polémica con la interpretación política e histórica de Milcíades Peña. En ese contexto dirá que las burguesías coloniales se forman al compás de las crisis del sistema imperialista mundial, que abren brechas en él. Pero no pueden emanciparse del todo de su gigantesco poder, y continúan reverenciando su sistema de valores. ¿Cómo se procesan entonces sus contradicciones con el capital imperialista? A través de los movimientos nacionales (“La cuestión nacional y el marxismo”, en La lucha por un partido revolucionario). Por eso no es dable esperar ver actuar a la burguesía nacional de modo “transparente” como un actor socio-político plenamente recortado y con total conciencia de sus intereses y fines. De allí que la retórica antiburguesa de intelectuales como Milcíades Peña escondiera su hostilidad concreta a los movimientos nacionales como el yrigoyenismo y el peronismo.

La suerte del desarrollo nacional y de la liberación se desplazan por tanto al campo de acción del movimiento nacional, no pueden escapar a su centro de gravedad. Y le daban al antagonismo entre imperialismo y liberación nacional el carácter de contradicción principal. En el decurso de ese formidable y secular conflicto no podía presumirse de una vez y para siempre el rol de la burguesía industrial: no es inmutable. Las inconsecuencias de esa clase no podían llevar a negar la existencia del nacionalismo burgués, como reprocha Ramos a Peña, posición cuyo corolario excéntrico era negar el aporte del peronismo al desarrollo industrial del país.

Tampoco podía agotarse la mirada sobre las potencialidades del autodesarrollo capitalista nacional en el seguimiento de los grandes intereses y las grandes empresas (nacionales y extranjeras). Había que prestar atención al inmenso y estadísticamente sub representado universo de pequeñas y medianas empresas, agentes de la transformación capitalista interna. Y también a la propiedad pública y al rol del Estado. En un país periférico, el Estado es el gran núcleo del desarrollo nacional.

Existía entonces una compleja y contradictoria relación entre burguesía y movimiento nacional. La primera no alcanzaba al alzarse al nivel de una clase hegemónica, y Ramos dirá que era una “burguesía en sí” más que una “clase para sí” (Historia de la Nación Latinoamericana, 1968). Pero el segundo no es solamente el vehículo de realización de una inconsistente burguesía: es también el ancho cauce en que se manifiesta la movilización popular. El antagonismo entre autodesarrollo nacional e imperialismo es la contradicción principal al nivel de la formación social, pero al interior del movimiento nacional se procesan otras contradicciones entre las clases que lo integran.

Mucha agua ha corrido bajo el puente, pero la relectura crítica y atenta de la tradición del pensamiento nacional, en este caso de la escritura de Jorge Abelardo Ramos, puede brindar más de una pista, en momentos en que se torna imperioso coaligar nuevamente distintos estamentos sociales, y retomar una senda de autodeterminación con democracia y justicia social.

Germán Ibañez

Rodolfo Puiggrós y la integración latinoamericana

Rodolfo Puiggrós fue una de las más importantes figuras intelectuales del nacionalismo popular revolucionario. Los avatares de la vida política argentina y las persecuciones lo llevaron más de una vez a residir en México. Allí, en la década de 1960, brinda una serie de conferencias en la universidad, que fueron publicadas por la editorial Jorge Álvarez en un pequeño volumen con el título Integración de América Latina. Ese trabajo revela una fase de la evolución política-intelectual de Puiggrós, al tiempo que conserva una notable actualidad. Sin pretensiones de un análisis exhaustivo de sus páginas, aquí comentaremos solamente algunas ideas plasmadas por Puiggrós.

El horizonte de un proceso de integración latinoamericana es valorado como positivo por Rodolfo Puiggrós, pero aclara la necesidad de partir de la realidad concreta y no de la aplicación de “modelos idealizados”. Aquí el principal blanco de la crítica es el desarrollismo de la época y las diversas variantes de la teoría de la modernización, especialmente cuando se presentan en sus formas más bastas de recetas universalmente aplicables. Sin embargo, el desarrollismo no deja de ser una manifestación de la ideología burguesa dominante, y allí hay que buscar las raíces de la alienación de la inteligencia. Si los modelos apriorísticos de la ideología burguesa no pueden constituir una sólida base partida, entonces es la propia burguesía latinoamericana la que queda en entredicho como sujeto de los procesos integracionistas.

El actor eficiente no puede ser sino el pueblo, o mejor su plural: “La integración de América Latina será resultado de tendencias profundas, de transformaciones totales promovidas por la máxima acción democrática de los pueblos”. Es importante resaltar que aquí “máxima acción democrática” significa protagonismo popular, movilización, organización de masas, revolución nacional y social. Desde momentos tempranos de su trayecto intelectual Puiggrós apunta una crítica al Estado de matriz liberal y se pronuncia por un Estado revolucionario. Por lo cual, los modelos congelados de una democracia liberal (coartada por otra parte, cada vez que los pueblos amenazaban los privilegios de las clases poseedoras) no podían ofrecer el marco institucional lo suficientemente fuerte para sostener y consolidar en el tiempo los procesos de integración regional.

Si la ideología dominante no podía ir más allá de un modelo idealizado, una suerte de camino único, también era preciso evitar el espejismo de un camino único “desde abajo”. La diversidad regional, las historias particulares de los países, las peculiares configuraciones culturales de cada sociedad, tendrían su peso inevitablemente. Por eso dirá: “Se llega a la integración auténtica y natural cuando se parte de la diversidad también auténtica y natural de la vida de los hombres y de los pueblos”. No existía el atajo de un modelo revolucionario universal. Del mismo modo, las revoluciones populares latinoamericanas no podían constituirse en ínsulas incomunicadas, de una especificidad irreductible. La integración latinoamericana suponía el desafío de articular lo diverso, de engarzar tiempos y ritmos diversos, de superar contradicciones.

Un desafío de tal magnitud conmueve a la totalidad de la formación social, o queda trunco. Por eso Puiggrós insistirá en la crítica al economicismo de la ideología burguesa dominante, que hacía de la integración latinoamericana una proyección meramente económica, prolongación de los intereses de los grupos sociales más encumbrados. La idea de una economía dinámica y una política y una cultura estáticas traducía el miedo a la revolución, a cambios que fueran más allá de los intereses societarios predominantes. La integración desde los intereses de los pueblos no podía entonces replicar la concepción economicista: “Todo proyecto de integración debe comenzar por ser integral en sí mismo para corresponder a las necesidades reales de desarrollo y unidad de América. No es integral si solo propone cambios y acercamientos cuantitativos en determinados sectores de la economía y defiende la inmovilidad en otros, así como en la ideología y la política”.

Sin movilizar las enormes fuerzas creativas de los pueblos, sin renovar y repensar los marcos institucionales de la vida democrática, sin remover a fondo las aguas de los imaginarios sociales, sin desatar una revolución cultural en suma, no hay integración posible. Los intereses mercantiles dominantes se integran y se desintegran al compás de las torsiones impuestas por el sistema capitalista mundial, siendo los logros alcanzados perfectamente reversibles. Es un camino de abajo hacia arriba, “…en la coincidencia de los pueblos que se desenajenan de ideologías fetichizadas y de sistemas opresivos”.

En momentos en los cuales, los jalones trabajosamente erigidos en la integración regional latinoamericana parecen desmoronarse, resulta imprescindible el rescate de este pensamiento de Rodolfo Puiggrós, para imaginar y recrear las nuevas alternativas.

Germán Ibañez

El peronismo en la Resistencia: una mirada de Cooke

El primer peronismo supuso una convergencia de clases sociales alrededor del eje clase obrera /burguesía nacional. Pero en la primera mitad de la década de 1950 esa alianza comenzó a erosionarse, facilitando el golpe oligárquico de 1955. El golpe de Estado y la política posterior tuvieron un contenido netamente burgués, pues la elite tradicional logró arrastrar a la burguesía nacional detrás de sí. Tal situación es lo que permitió a militantes políticos de la época hablar de la “traición de la burguesía industrial” (Esteban Rey). Es también la etapa de un peronismo clarísimamente obrerista, pues los asalariados, fortalecidos en el período anterior, resistieron el embate patronal recreando la identidad peronista con un sesgo más clasista. Aun así, el proceso de luchas populares conocido como la Resistencia Peronista no fue únicamente un enfrentamiento entre la clase obrera y las clases poseedoras, pues la política oligárquica tuvo como objetivo acabar con todo el peronismo. Asimismo la realidad del peronismo no será exactamente igual en el área metropolitana que en las regiones interiores del país. Ni tampoco todo el peronismo será “resistente”; esta es la etapa de la aparición de los neoperonismos y expresiones más o menos disidentes con respecto al ideal del retorno incondicional del Líder.

El contexto de emergencia y despliegue de la Resistencia Peronista es la dictadura militar conocida como “Revolución Libertadora”. Después de un breve período de tiempo, en 1955, bajo el gobierno de facto de Lonardi, en el cual la política oficial consideró posible eliminar la influencia de Juan Perón en la Argentina y convivir con un “peronismo” apaciguado, la oligarquía radicalizó su posición antiperonista. Desplazado Lonardi del gobierno, con el tándem Aramburu /Rojas se despliega inclemente la represión sobre los vencidos y sobre aquellos que cuestionaran a la Revolución Libertadora. En la instrumentación de la política de “desperonización” del país convergieron el entramado de intereses tradicionales oligárquicos, con su configuración cultural señorial aún dominante en la Argentina, y la reorientación de la burguesía industrial en pos de la racionalización de la producción (incremento de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, en realidad) que ya se avizoraba desde el Congreso de la Productividad. Allí está el centro de gravedad hacia el que se orientaron las Fuerzas Armadas y parte de las clases medias De allí también que el peronismo de la segunda mitad de la década de 1950 apareciera casi como excluyentemente obrero, aunque su composición siguiera siendo más compleja. Gran parte del activismo de los “comandos”, de los intelectuales de la Resistencia, y de los militares que intentaron insurreccionarse, pueden ser caracterizados como “clase media” en los cánones socioculturales de la época.

La ofensiva oligárquica /burguesa desde el Estado incluyó medidas de persecución política y proscripción del peronismo como: la disolución del Partido Peronista y la inhabilitación de sus dirigentes (también la proscripción del Partido Socialista de la Revolución Nacional, aliado de izquierda del peronismo); el famoso Decreto 4161, que prohibía nombrar a Perón, cantar la Marcha Peronista, hacer propaganda a favor del peronismo, etc. Un asunto de la máxima importancia fue la anulación por decreto, en 1956, de la Constitución Nacional reformada en 1949; luego se convocará a Convención Constituyente con el peronismo proscripto en el año siguiente. En el plano de la política antiobrera se instrumentó la intervención de la CGT, así como medidas para imponer la racionalización del trabajo y el incremento de la productividad. Esto último es fundamental para entender la dinámica del conflicto de clases, y terminará por cuajar en el período frondicista, como señala Daniel James (Resistencia e integración) entre otros estudiosos del movimiento obrero. Pero sin duda la cara más gravosa de la política oligárquica es la represión abierta: encarcelamientos arbitrarios, torturas a detenidos, ejecución de prisioneros políticos.

El proceso de luchas sociales y oposición política (pasiva y activa) a esa ofensiva oligárquica fue conocido como la Resistencia Peronista. Se trató de un fenómeno multifácetico y complejo, carente de unidad u homogeneidad, y en el que pueden advertirse diferentes vertientes, como aclara el investigador Ernesto Salas (La Resistencia Peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre). Por esa colusión que señalábamos más arriba de restauración oligárquica y contrarrevolución burguesa, es claro que la vertiente más importante en términos de su impacto en la política de aquello años y por la cantidad de personas involucradas, es la resistencia obrera. Sin embargo, dejaron larga huella también en el imaginario del peronismo las prácticas de resistencia “cultural” desplegadas por cientos o miles de activistas anónimos (pintadas callejeras, volantes artesanales, etc.). Y por cierto, la vertiente más específicamente ideológica que se manifestó en diversas publicaciones periódicas y en los escritos de intelectuales nacionales como Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Rodolfo Puiggrós y otros.

Es aquí que debe ubicarse el extraordinario intercambio político-intelectual que construyeron John William Cooke y Juan Perón en su Correspondencia. Ese intercambio epistolar por supuesto no fue conocido en la época, pero no dejó de tener incidencia práctica en la medida en que se delinearon tácticas y se plantearon directivas de acción entre el Líder exiliado y quien entonces era su Delegado ante el movimiento. Allí se dibujará una mirada de Cooke sobre el peronismo en la resistencia, y como transformarlo en una opción revolucionaria de poder.

Cooke procurará darle organicidad y dirección a una de las vertientes más notorias de la Resistencia: la de los “comandos”. El intento resultará infructuoso al menos por dos motivos. El primero y más importante es la propia realidad heterogénea del movimiento de los comandos. Se trataba de pequeños grupos, a veces un puñado de personas, que surgieron en forma relativamente espontánea siguiendo líneas de vinculación familiar o personal, o dentro de organizaciones de base preexistentes. Entre las personas que los integraron podía haber activistas o dirigentes de segunda línea con actuación en los años previos, también otros con escasos antecedentes o muy jóvenes. Es necesario tener en cuenta que muchos dirigentes estaban encarcelados (empezando por el propio John William Cooke hasta su legendaria fuga junto a otros referentes del peronismo). Esto acentuó la participación de nuevas camadas de activistas, como se manifestaría también en la resistencia sindical. A su turno, muchos de estos activistas fueron presa de la represión dictatorial y cayeron detenidos.

Los comandos eran organizaciones clandestinas, pero sin la estructura compleja que alcanzarían las organizaciones revolucionarias de la década de 1970, y sin un cuerpo de ideas que fuera más allá del nacionalismo popular del peronismo conocido hasta entonces. En todo caso, se acentuaba en ellas el contenido antioligárquico y obrerista del peronismo, y una serie de virtudes como la militancia y la lealtad. Estos núcleos activistas se orientaron hacia la acción directa, aunque muchos grupos no alcanzaron gran operatividad. Por cierto, que las prácticas de resistencia cultural estuvieron muy presentes, contribuyendo a mantener la convicción necesaria para seguir adelante en un marco de represión y frente a un Estado hostil, y también a alimentar la mitología del movimiento, que pervivió largamente a ese período. Pero es la acción directa, especialmente el sabotaje a pequeña escala, la práctica fundamental de los comandos. Ello incluyó la utilización de explosivos de fabricación casera, los famosos “caños”, cuyo recuerdo también se integró a la memoria militante del peronismo. En esa segunda mitad de la década de 1950, la actividad de los comandos no decayó, llegando a plantearse atentados de mayor magnitud y acciones de apoyo (sabotaje industrial) o articulación con la protesta específicamente laboral.

Pero también se manifestaron debilidades o contradicciones en el movimiento de los comandos, que incidieron en la aludida dificultad que halló John William Cooke para coordinar sus esfuerzos. No existió una sólida conexión entre los grupos de activistas dispersos por el territorio nacional; mucho menos conformaron una organización reconocida por todos. Las comunicaciones no podían dejar de ser precarias y esporádicas en el marco de la época, así como el acceso deficiente a informaciones importantes o a directivas que efectivamente provinieran del Líder. La propia actitud de desconfianza frente a los intentos centralizadores era el corolario difícilmente evitable de una situación real.

El segundo motivo del escaso éxito en la tarea de coordinación y dirección política emprendida por Cooke era que su propia figura no resultaba universalmente aceptada. Hasta el propio Perón fue objeto de algunos cuestionamientos (del Padre Hernán Benítez por ejemplo) y era imposible controlar la lucha facciosa en un momento de crisis del movimiento o asentar la autoridad de un dirigente radicalizado como Cooke, pese a la bendición dispensada por el máximo Líder. Por otra parte, no había modo alguno en que Cooke, fugado y perseguido, pudiera moverse libremente para articular con los distintos grupos y aceitar las conexiones. La misiva “salvadora” del General podía y era leída en distinto modo por los diversos actores, ambigüedad que no era ajena en ocasiones a la propia voluntad de Perón. El consejo del Líder a Cooke era “bendecir” a todos y colocarse por encima de la disputa facciosa; algo muy difícil de cumplir, no solo por el temperamento e ideas del Delegado, sino porque a duras penas podría alcanzarlo el mismo Perón. El liderazgo no resultaba transferible.

La misma realidad cambiante añadía mayores complicaciones porque imponía virajes de trabajosa asimilación para un activismo sumamente desconfiado y con dificultades para acceder a información precisa. Ello llevará a que, frente al desafío de qué hacer ante el crecimiento de la figura política de Arturo Frondizi y un eventual triunfo electoral de este último en el año 1958, se diera la paradoja de que algunos comandos eminentes, entre ellos César Marcos (viejo mentor de Cooke), acusara al Delegado de abandonar la intransigencia y poco menos que “traicionar” a la revolución (Ernesto Salas, “Cuando John William Cooke fue acusado de traicionar a la revolución”).  

Aun con estas dificultades, asoma una mirada de conjunto de Cooke sobre la Resistencia. Es en esa etapa primigenia en la cual Cooke comienza a delinear su estrategia insurreccional. De manera ineludible, la Correspondencia es el documento fundamental. Al aludir al movimiento resistente en su intercambio epistolar, Cooke y Perón coinciden en que no se trata de algo homogéneo, y se deplora la desorganización e improvisación generalizadas. La línea del retorno incondicional de Perón divide las aguas en la mirada de ambos, para distinguir leales de traidores, pero el cómo lograr el objetivo sugería diferencias importantes. Cooke plantea organizar la Resistencia en forma coherente con una línea insurreccional de masas, en la cual los comandos serían la vanguardia. En esa idea de vanguardia estaba claro el influjo del modelo leninista, referencia casi omnipresente desde hacía décadas en el arco anticolonial de Asia, África y América Latina. De hecho, el voluntarismo que esboza el Delegado, resultaba perfectamente compatible con ese espíritu. Por eso Cooke argumenta la necesidad de actuar y crear las condiciones de una insurrección popular, puesto que no alcanza con el previsible deterioro de la Revolución Libertadora. Así dirá: “no podemos, contando con tan abrumadora mayoría en el pueblo, quedarnos esperando el hecho fortuito y desencadenante. Debemos crear el estallido, fomentarlo y luego canalizarlo”.  La conformación de una vanguardia revolucionaria resultaba para ello absolutamente imprescindible. En esta mirada de Cooke no se manifiesta aún una perspectiva pro socialista, sino que no parece ir más allá de la reivindicación principista del potencial antioligárquico de peronismo. Se trata de una apelación instrumental al modelo de la vanguardia revolucionaria, como herramienta para suscitar un proceso insurreccional.

Un documento representativo de estas preocupaciones es el Plan de Acción que Cooke adjunta a su misiva al Líder del 28 de agosto de 1957. En dicho documento caracteriza al peronismo en forma consistente con la mirada del nacionalismo popular de la época: “El Frente Nacional ya existe: es el peronismo, que por su composición social y su ideología constituye una síntesis de las corrientes progresistas argentinas”. Resulta relevante tomar nota de su ubicación del peronismo como fuerza en la senda del progreso histórico, en tanto que sus antagonistas representaban la restauración de etapas ya superadas. Sin embargo, Cooke esboza allí mismo una crítica al determinismo histórico: “No confiamos en que la Historia será nuestra partera infalible, sino que nuestro regreso será producto de la voluntad popular aplicada a una condicionalidad histórica en que somos una presencia imperiosa”.

Aunque no desdeña la posibilidad de que el peronismo, orientado por una política intransigente, ocupe y aproveche cualquier espacio de legalidad o semilegalidad que se presente, Cooke se interesa preferentemente en el análisis de la adecuación del aparato combatiente o revolucionario a los fines de la perspectiva insurreccional. Claro que se trata de una insurrección concebida como proceso de masas y no como golpe de mano afortunado de un pequeño grupo. En aquel período, y posteriormente (cuando ya Cooke esté firmemente vinculado a la experiencia revolucionaria cubana), el Delegado no deja de señalar que la participación y organización creciente de las masas populares es la condición sine qua non de la política revolucionaria. El espíritu leninista asoma en la “apreciación” de la situación revolucionaria, y en la necesaria ponderación del grado de conciencia insurreccional del pueblo, así como del nivel de descomposición en las filas de los enemigos de la revolución.

Aunque es optimista en lo referente al cumplimiento de las potencialidades revolucionarias del peronismo, Cooke no deja de advertir la posibilidad de superación por otras fuerzas: “El Peronismo solo puede ser desalojado por la supresión de las causas que lo determinan como movimiento Revolucionario; ya sea por un régimen que supere los problemas que él plantea y que ha resuelto en su oportunidad, ya sea porque pierda su carácter de representativo de las fuerzas populares que pugnan por reconquistar el poder perdido”.

La primacía concedida a la perspectiva de una política insurreccional, no inhibe en Cooke su valoración de la necesidad de combinar distintos cursos de acción política, más moderados en apariencia, así como la necesidad de leer e interpretar los condicionamientos impuestos por la realidad en cada momento. Por ello, participará con Perón en la aceptación de un acuerdo con Frondizi (el famoso “Pacto”). La nueva coyuntura que se abre con la elección que lleva a Arturo Frondizi a la Presidencia de la República, es también la del ocaso de Cooke como potencial dirigente del conjunto del movimiento. Resultará trascendente empero su mirada sobre la Resistencia, y con ella, desplegada en una escritura pasionalmente elaborada, Cooke quedará asociado a la Resistencia y anunciará los futuros avatares del peronismo revolucionario.

Germán Ibañez

Trotsky y el movimiento nacional

Es recurrente en nuestro país que el posicionamiento de la mayoría de las corrientes denominadas trotskistas frente al peronismo y a los movimientos nacionales sea de una oposición frontal. La caracterización más frecuente que hacen estas corrientes de los movimientos nacionales es que éstos constituyen una variante singularmente perniciosa de la política burguesa, pues poseen la curiosa habilidad de engañar a las masas. Como los enconos generan reciprocidades, cualquier posición sectaria o presumiblemente maximalista es catalogada como “troska” desde el movimiento nacional, y allí queda la cosa: en el intercambio de invectivas que ayuda a pasar el rato pero contribuye poco a la educación política.

Frente a ello puede resultar útil relevar las opiniones del propio León Trotsky sobre la bullente realidad de los movimientos de masas latinoamericanos, que el revolucionario ruso tuvo la posibilidad de entrever en su residencia en México. Tales opiniones no son del todo desconocidas, pues en la Argentina circularon en los años 1940 en libros como Trotsky ante la revolución nacional latinoamericana, y contribuyeron a suscitar la vertiente de la izquierda nacional, cuya figura paradigmática durante mucho tiempo fue Jorge Abelardo Ramos.

Expulsado del movimiento comunista internacional, León Trotsky, tanto antes como luego de su arribo a su asilo mexicano, se preocupó por presentarse como el genuino continuador de la línea de pensamiento leninista sobre la cuestión nacional. En primer término, remarcando la divisoria mundial en países imperialistas y regiones coloniales y semicoloniales. En ésta últimas la cuestión nacional se presentaba aún como un asunto revolucionario de la máxima importancia, vinculado a la movilización de las masas, en tanto en las metrópolis la nación era ya la “máscara” de la expansión capitalista. En segundo término, con la tesis del desarrollo desigual y combinado: en el mundo colonial y semicolonial se presentaba una amalgama de distintas “épocas” históricas, todo ello en el seno de una misma formación social. De allí se desprendía el principio de la revolución permanente: “Esto es lo que determina la política del proletariado de los países atrasados: ésta obligada a combinar la lucha por las tareas más elementales de la independencia nacional y la democracia burguesa, con la lucha socialista contra el imperialismo mundial. Las reivindicaciones democráticas, las reivindicaciones transitorias y las tareas de la revolución socialista no están separadas en la lucha por etapas históricas sino que surgen inmediatamente las unas de las otras”.

Con todo ello, quedaba claro que no podía condenarse la afirmación nacional de las periferias simplemente colgándoles el sambenito de “burguesa”, ni por tanto desechar el nacionalismo de los pueblos coloniales. También que las tareas más elementales o las reivindicaciones reformistas en apariencia, eran parte del movimiento que iba en dirección a la revolución y no un enojoso callejón sin salida o el resultado de la manipulación demagógica. Por cierto, Trotsky concebía cierta inmediatez del tránsito entre tareas nacionales y tareas socialistas, producto seguramente de la experiencia de la revolución rusa de 1917 (“de febrero a octubre”) y de la etapa de conmoción mundial que coincidía con su exilio en México: las consecuencias de la crisis mundial de 1929-30, el ascenso del fascismo en Europa, los primeros tramos de la revolución china, la guerra civil española. Todo ello lo inducía a pensar en la precariedad de cualquier salida estabilizadora para el capitalismo mundial y en el ascenso próximo de nuevas tormentas revolucionarias. Una mirada alternativa hubiera sido pensar la experiencia rusa no desde el acelerado curso de los acontecimientos entre los meses de febrero a octubre (viejo calendario zarista) de 1917, sino en el más vasto ciclo comprendido entre las revoluciones de 1905 y 1917.

En todo caso, Trotsky se ocupó de dejar claro que el vasto tembladeral revolucionario comprendía mayormente el mundo colonial. Sin desestimar la posibilidad de un ciclo revolucionario metropolitano (nunca perdió las esperanzas en la clase obrera europea), explicitó que la estabilidad de los principales países capitalista, e incluso la condición de posibilidad de su democracia, se sustentaba en la explotación imperialista. Esta cuestión de la democracia y sus implicancias opuestas en las metrópolis y en las periferias, reviste la máxima importancia para la inquietud que nos ocupa: la caracterización de los movimientos nacionales.

No cabe duda que es la experiencia mexicana, la del gobierno nacional-popular de Lázaro Cárdenas, la que ofrece al revolucionario ruso el insumo viviente para sus reflexiones sobre estas cuestiones. La campaña en torno a la nacionalización del petróleo mexicano le permitiría explayarse en torno a un postulado fundamental: no hay democracia si no se conquista la autodeterminación nacional. Así dirá: “El México semicolonial está luchando por su independencia nacional, política y económica. Tal es el significado básico de la revolución mexicana en esta etapa. Los magnates del petróleo no son capitalistas de masas, no son burgueses corrientes. Habiéndose apoderado de las mayores riquezas naturales de un país extranjero, sostenidos por sus billones y apoyados por las fuerzas militares y diplomáticas de sus metrópolis, hacen lo posible por establecer en el país subyugado un régimen de feudalismo imperialista, sometiendo la legislación, la jurisprudencia y la administración. Bajo estas condiciones, la expropiación es el único medio efectivo para salvaguardar la independencia nacional y las condiciones elementales de la democracia” (“México y el imperialismo británico”).

En los países dependientes la democracia es, en primer término, la autodeterminación nacional. Llegado a este punto, Trotsky no deja de señalar la íntima relación entre la afirmación nacional mexicana y lo que sucede en el resto del continente. Enfrentar al imperialismo es una tarea de toda América Latina, que no debe estar descoordinada. Así plantea la tesis de una revolución latinoamericana que conducirá a la unificación de sus Estados. El eje estratégico de su mirada está basado en el rol hegemónico que pueda jugar la clase obrera, articulando en derredor de sí a las masas explotadas del continente. Esta vía de reflexión abre paso a interesantes corolarios.

El primero de ellos es la afirmación de la cuestión nacional latinoamericana como la lucha por la unidad de la región, por el “derecho a la unión”. Hay aquí una convergencia, una afinidad, con la tradición bolivariana, que solo puede resultar sorprendente a condición de considerar a Trotsky un distraído visitante en México, y no una inteligencia disciplinada, aplicada al conocimiento de la dinámica revolucionaria. El segundo corolario es el problema de las clases dirigentes y auxiliares de la revolución; y quién es el enemigo principal. El pensamiento de Trotsky acerca de las burguesías coloniales muestra ciertos matices. Las burguesías coloniales tienen contradicciones con el capital extranjero, que las desplaza del mercado. Y, en ciertas condiciones, eso puede impulsarlas hacia una política de oposición al imperialismo. Para sostener esa política deben recostarse necesariamente en las masas populares, haciendo concesiones de tipo social. Esto genera un equilibrio precario, pues esas burguesías no pueden dejar atrás su temor al ascenso popular ni liberarse del todo de su enfeudación cultural al capitalismo imperialista, con lo cual no pueden liderar la revolución democrática “hasta el final”.

Aquí nace su teoría del bonapartismo, para expresar ciertas experiencias del nacionalismo latinoamericano, como el cardenismo: “En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento el capital extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o bien maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros” (“La industria nacionalizada y la administración obrera”).

De este notable pasaje, puede colegirse que los movimientos nacionales de las periferias, aun cuando sean dirigidos por las burguesías, nacen de la resistencia al imperialismo. Y que esa resistencia incluye un grado variable pero siempre necesario de participación popular en base a la satisfacción de consignas sociales. Por cierto, esos planteos constituyen esbozos parciales de una vía de reflexión pronto tronchada por el trágico final de Trotsky en México. Pero nada más alejado de una superficial condena del movimiento nacional por “burgués”. En todo caso, la tarea que encomendaba el viejo revolucionario era velar por una política propia de la clase obrera, a fin de alcanzar su autonomía como sujeto histórico y generar las condiciones para su consolidación como clase dirigente. Es decir, que la lucha revolucionaria es por alcanzar la hegemonía en el movimiento nacional; nunca oponiéndose a él.

En el escaso tiempo que le fue dado vivir en América Latina, León Trotsky vio mucho y escribió mucho. No pudo llegar a apreciar ciertas cosas fundamentales, como la división en las clases poseedoras latinoamericanas entre “oligarquías” y aquellos sectores que podían ser llamado burguesía nacional. Quizás por eso le concedía gran capacidad a la burguesía nacional para instrumentar a las masas u optar por la subordinación colonial. Eso se derivaba del hecho de que México era su mirador privilegiado y principal; allí la revolución iniciada en 1910 había “desplazado” a la vieja oligarquía porfirista y podía hablarse de una verdadera burguesía nacional. Otra cuestión que no sopesó con claridad es el rol protagónico (y no subordinado a la clase obrera) de los campesinos. Allí jugó la matriz obrerista de la socialdemocracia (menchevique y bolchevique) rusa. Pero aun así, abrió paso a una reflexión original sobre las relaciones entre nación y revolución, entre movimiento nacional e izquierda, que no deben quedar comprimidas en fórmulas estereotipadas, y que pueden ser repensadas a la luz de los desafíos de hoy.

Germán Ibañez

El primer peronismo y la Argentina industrial

La política oligárquica en curso arrasa literalmente la producción industrial argentina; según publica Página /12 en su web el día 12 de marzo, basándose en datos del propio INDEC, la capacidad ociosa de las instalaciones industriales alcanza prácticamente al 50% del total. Cabe preguntarse hasta dónde no es el suicidio de una parte del empresariado local, divorciado del movimiento nacional. No sería la primera vez. Como en otras desdichadas etapas de nuestra historia, se revela que las fuerzas desatadas de la alta burguesía, cuando logran una instrumentación total del Estado, imponen una orientación que es antagónica con el desarrollo productivo del país. Por el contrario, ha sido en los momentos de despliegue del movimiento nacional-popular en Argentina cuando se manifestaron más profundamente las tendencias a una expansión industrial del país. Sin embargo, también esas etapas de desarrollo industrial nacional estuvieron atravesadas por intensas contradicciones, que no dejaron de repercutir en la suerte política del movimiento nacional. Si no tomáramos nota de esas contradicciones, la historia se volvería un relato rosa que de poco serviría para prepararse frente a los desafíos por venir. En las líneas que siguen, nos ocuparemos de la etapa del primer peronismo, cuya emergencia estuvo indisolublemente ligada a la transformación industrial del país y a las tensiones políticas y sociales que ello generó.

Es un lugar común, aunque por cierto nada arbitrario, señalar que el peronismo es hijo de la Argentina industrial. Desde mediados de la década de 1930 se advierte un crecimiento sostenido de la dotación industrial del país, con una expansión de las ramas más básicas, pero también, en menor medida, de ramas complejas como la metal-mecánica. Especialmente notorio es el impacto de esta expansión productiva en la ocupación industrial, que crece de manera importante hasta situar, a principios de la década de 1940, a la clase obrera como el principal actor social emergente, aunque aún su organización gremial fuera bastante a la zaga (es a mediados de la década, y bajo el influjo peronista, que crece rápidamente la tasa de sindicalización y la complejidad de la organización gremial).

Cuando se alude a estos temas, aparece asociado a ellos la cuestión de las migraciones internas en la conformación de la nueva clase obrera, en el crecimiento del sindicalismo, y en la formación misma del peronismo. Por supuesto que esto es de la máxima relevancia, aunque hace tiempo ya que las investigaciones históricas han cuestionado la imagen de una fractura profunda entre los trabajadores industriales de vieja data y los nuevos migrantes del interior de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias. Lo que sí es cierto, es que esos trabajadores venían corridos por la parálisis de la actividad agropecuaria, lo que ya para esos años nos marca los estrechos límites de una Argentina excluyentemente agro-pastoril.

Es esa clase obrera en bloque, de viejos residentes y nuevos migrantes, la que adhiere al liderazgo que comienza a perfilarse con la figura de Juan Perón. Con ciertas y comprensibles reticencias, también la mayoría de las direcciones sindicales de la época termina anudando su suerte a la del nuevo Líder. Este acercamiento de las dirigentes gremiales es fundamental y, como demuestra Juan Carlos Torre (Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo), su rol en el 17 de octubre resultó más medular que lo que a priori se estableció en el imaginario del movimiento nacional a propósito del carácter “espontáneo” de dicha jornada popular. La experiencia social de trabajadores y dirigentes sindicales bajo los duros y largos años de régimen oligárquico es clave para entender la importancia que podía suponer la alianza con quienes propugnaran un rol mediador del Estado en la puja capital /trabajo, como es el caso de la orientación que Perón impone en el Departamento Nacional de Trabajo, luego Secretaría. Incluso los años inmediatamente previos, de expansión de la ocupación industrial, exhibían pocos logros palpables en la lucha sindical por mejoras concretas (eran un poco más consistentes en el plano de la organización gremial).

Aunque el perfil obrerista del ascendente peronismo es dominante, marcado a fuego por las jornadas genesíacas de octubre de 1945, lo cierto es su caracterización (y su auto percepción) como movimiento nacional nos advierte ya de una composición policlasista compleja. Como resulta fácilmente comprensible, la otra cara del crecimiento de una clase obrera con gran capacidad de movilización y organización en los años 1930 y 1940, es el simultáneo desarrollo de la así llamada burguesía nacional. Nos referimos especialmente a una capa de pequeños y medianos industriales orientados al mercado interno. Sin embargo, la expresión “burguesía nacional” no deja de portar ambigüedades y equívocos varios. Por una parte, es difusa y móvil su frontera sociológica con otras fracciones más encumbradas de la burguesía industrial. Por otra parte, tampoco es un campo libre de controversias sus vínculos y posicionamientos con la oligarquía tradicional (comercial y terrateniente) y las empresas extranjeras. El problema se ha discutido tanto en la sociología e historiografía académicas como en la ensayística política y militante. No es un tema privativo de la Argentina y durante décadas se encaró, desde distintos ángulos políticos y académicos, el tema de las burguesías periféricas y su rol en la transformación capitalista. Aquí solo consignaremos la expansión en nuestro país de ese sector de empresarios mercado internistas, en un escenario dominado de antemano por grandes industriales y por filiales de empresas extranjeras.

La identificación de ese sector social con el naciente movimiento nacional es, cuanto menos, fría. La hostilidad hacia la figura de Perón, que dimanaba desde la cúspide de la elite oligárquica, atravesó a otras capas burguesas, pese a que el Líder personalista intentó desde el inicio contener en su proyecto a las clases propietarias. Es recordado su discurso en la Bolsa, antes de que su figura quedara soldada a la clase obrera en octubre de 1945; allí Perón intentó convencer a las clases propietarias de la importancia de una política social progresista, en función del conjunto. Como no puede adjudicarse a Perón falta de elocuencia y dotes persuasorias, es forzoso concluir que la gélida actitud burguesa en la hora, expresaba la conciencia de clase de lo más encumbrado de la oligarquía argentina, atenta a atajar cualquier deriva democratizante, incluso aquella que se ofrecía bajo la fórmula de un compromiso histórico.

Por lo dicho hasta aquí, puede afirmarse que la convergencia clase obrera /burguesía nacional constituyó de hecho la articulación fundamental del movimiento nacional en sus primeros tramos. Articulación asegurada por el liderazgo personalista y por la política social y económica instrumentada desde el Estado, pero no por una “persuasión” (hegemonía) parejamente distribuida, ni por un imaginario sólidamente compartido por las distintas clases sociales. En el plano ideológico y político, el primer peronismo fue plebeyo y obrerista pese a la vocación policlasista del Líder. Aquí se delinea la contradicción interna principal del primer peronismo, que impulsó una política económica orientada a favorecer el crecimiento conjunto del conglomerado productivo nacional, pero cuyas virtudes fueron muy desigualmente valoradas por trabajadores y empresarios. A pesar de que el horizonte industrialista y mercado internista favorecía a los empresarios nacionales, estos fueron retaceando su apoyo y terminaron por otorgar primacía a los conflictos con los sindicatos y el mundo del trabajo. Aunque dichos conflictos son connaturales a la economía capitalista, fueron internalizados por los empresarios como abusos desproporcionados de sindicalistas y trabajadores, respaldados por un gobierno demagogo. La piel sensible de la burguesía nacional expresaba a su modo el complejo señorial de la oligarquía argentina, forjado en una época que lo desconocía todo de la negociación colectiva y cifraba el orden social en el palo y el látigo.

El poder social de la clase trabajadora se expresaría en su faz más visible, la organización gremial, que crecería de manera importante a partir de 1946 hasta cristalizar en una relación bastante verticalizada con el gobierno desde comienzos de la década siguiente. Pero también se manifestará, y de modo muy irritativo para el empresariado, en un poderoso entramado de comisiones internas y cuerpos de delegados en el interior del universo fabril. Es esa red activista una de las facetas más preocupantes de la crisis de deferencia que enconará a la oligarquía y a todo el complejo de clases que continuó bajo su égida. Por lo cual constituye otro plano de la contradicción interna que mencionábamos. El peso de la clase obrera resultará clave no solo en la sustentación del régimen peronista, sino en su orientación práctica, a despecho probablemente de las orientaciones oficiales sustentadas formalmente en un ideal de armonía de clases. Esa orientación no estaba plenísimamente sistematizada en el discurso y la ideología, pero tampoco era algo completamente ausente en ese plano.

El Estado, en el discurso oficial, procuraba situarse por encima de los intereses particulares, no solo de aquellos que agitaban al movimiento nacional, sino proyectarse idealmente a la sociedad toda. La idea un Estado mediador o árbitro es temprana en las expresiones de Perón y en sus acciones públicas antes de acceder a la presidencia. Fue uno de los terrenos de la convergencia con las direcciones sindicales en los años 1944-45. También, como señalamos, fue parte del contenido herético rechazado por las elites empresariales; rechazo tanto a lo que se denunciaba como demagogia o impostura del Líder como a su cristalización perdurable como política de Estado, más allá de la figura de Perón. Con lo cual, ese rol mediador y equidistante nunca alcanzó a cuajar, y en los hechos, como también en gran parte de las “palabras”, el liderazgo de Perón y la orientación estatal se inclinó decididamente a favor de la clase obrera. Este es un tercer plano de la contradicción interna principal del primer peronismo. La acción del propio Perón resumió en su persona, con un estilo de arbitraje a menudo pendular, el complejo dilema mencionamos. Es lo que Norberto Galasso ha llamado la “conducción pendular”, que sobrevivió en la etapa del exilio, y alcanzaría supremo desarrollo como manejo virtuoso del Líder. 

Por supuesto, el carácter policlasista del primer peronismo aunque expresaba primordialmente el despliegue concreto de la Argentina industrial de aquellos años, congregaba también a otros sectores. Una parte de las clases medias acompañó dicha experiencia, así como las investigaciones recientes han relevado el variopinto apoyo cosechado por el peronismo en el interior del país. En sus primeros tramos, el apoyo de los camaradas de armas a Perón, así como más discretamente la Iglesia, fueron relevantes. Una vez más, el rol del Estado, el liderazgo político y la expansión de la economía fueron el cemento primordial. El movimiento nacional se articula alrededor de un centro de gravedad concreto, material e ideal, con capacidad de gestión del Estado y de orientación del proceso económico. Tal la condición de posibilidad de la “alianza de clases”. La alianza de clases es una cuestión de poder, no un acuerdo de “caballeros” alrededor de una plataforma igualmente compartida por todos. 

Resulta fundamental entonces precisar los trazos más gruesos del proyecto nacional que se despliega con el primer peronismo, pues es en relación a su sustentabilidad concreta como puede replicarse en el tiempo la coalición policlasista. Como ha señalado Horacio Chitarroni Maceyra (El ciclo peronista) el movimiento nacional de aquella etapa encaró una doble tarea: a) profundizar el proceso de industrialización (que tiene su arranque en la década de 1930); b) redistribuir en sentido progresivo la riqueza, integrando socialmente a la clase obrera. La magnitud de cada tarea, si las concibiéramos por separado, debería darnos la medida del enorme desafío, susceptible de ser caracterizado como revolución, que supuso encararlos de manera simultánea. En la experiencia histórica del siglo XIX, la transformación industrial de las metrópolis no solo supuso la consolidación de la dimensión colonialista del sistema capitalista mundial, sino también un considerable sufrimiento para el proletariado metropolitano. La expansión del industrialismo a otras regiones del mundo durante el siglo XX, incluso en las experiencias socialistas, no pudo sortear tampoco su cuota de sacrificio a cuenta de los trabajadores.

En la Argentina del primer peronismo pudo armonizarse durante un tiempo la expansión industrial con una fuerte política de bienestar social; es decir, avanzar en el camino del desarrollo sin sobreexplotación laboral. Eso fue posible por una serie de circunstancias internas y externas que el peronismo supo aprovechar, al menos hasta que el contexto manifestó síntomas de empeoramiento. Las apreciaciones fáciles acerca de la oportunidad “desaprovechada” no resisten el análisis de cualquier estudio comparativo. La experiencia peronista se desplegó entre 1946 y 1955, quedando trunca por la contrarrevolución oligárquica; en tan solo nueve años ningún país “alcanzó” el desarrollo. Los países que pudieron avanzar en la senda de la industrialización no pudieron asegurar tempranamente el bienestar para sus poblaciones; hay que recordar que el Estado de Bienestar no coincidió con el ascenso capitalista del siglo XIX, sino con la segunda posguerra en pleno siglo XX. La propia industrialización soviética distó de ser un “lecho de rosas” para los trabajadores de aquellas regiones. Estas someras consideraciones permiten sopesar la relevancia de la experiencia del bienestar peronista, a menos que no se considere a la justicia social un valor deseable sino una enojosa complicación en la acumulación privada. Esto no significa ni un menoscabo a las experiencias de los pueblos de otras regiones, ni que la política del primer peronismo no contuviera asimismo también inconsistencias y contradicciones.

La base en que pudo apoyarse inicialmente la política de crecimiento industrial con justicia social fue la tradicional dotación del país para la producción agropecuaria exportable. Una importante y diferencial renta agraria era el recurso nacional que, captado en parte y reorientado por el Estado, permitía financiar la expansión industrial y sortear el peligro de la sobreexplotación laboral, que hubiera sido letal para un movimiento obrerista como el peronismo. Se puso en marcha una serie de herramientas, caracterizadas por su sentido nacionalista, algunas de las cuales venían de poco antes, a partir de 1943-44. La expansión del crédito industrial, los controles de cambio, la protección arancelaria a la producción manufacturera fueron algunas de esas herramientas. Indudablemente la herramienta primordial fue la creación del IAPI y el cuasi monopolio del comercio exterior por parte del Estado. Eso es lo que permitió capturar una parte del excedente agropecuario y derivarlo a la industria.

Todo ello redundo en un crecimiento de la importancia directa del Estado en la economía, lo que por otra parte iba en la dirección de las cosas en gran parte del mundo. Una cuestión medular fue la nacionalización de servicios públicos, como los ferrocarriles o los teléfonos, que junto con las empresas productivas del Estado como YPF, AFNE o Fabricaciones Militares conformaron el perfil de un Estado “empresario”. Puede hablarse prácticamente de una economía “mixta”, con fuerte presencia del capital nacional, público y privado. Sin embargo, no debe descuidarse el importante peso económico que conservó la oligarquía tradicional, así como las ganancias obtenidas en el período tanto por las fracciones industriales más encumbradas como por las filiales de las empresas de capital extranjero. Esto último no debería motivar excesivas sorpresas ni llevar a cargar las tintas contra la economía política del primer peronismo. Lo que revela más bien, son las extraordinarias dificultades que encuentran los países periféricos para superar las condiciones de atraso, y la fuerza del sistema capitalista mundial para “torcer” nuevamente las cosas y recapturar a las periferias que amenazan con escapar a su sujeción. De hecho, en una fase siguiente de la sustitución de importaciones, ya derrocado el peronismo y bajo la égida del frondicismo, el capital estadounidense avanzó en la cooptación del mercado argentino “desde adentro”.

Estas cuestiones nos revelan una contradicción que no es peculiarmente argentina sino mundial, pero que no puede dejar de gravitar decisivamente en la esfera nacional. Es la contradicción entre la tendencia inmanente a la expansión del sistema capitalista mundial de subordinar a las regiones periféricas a la lógica del interés metropolitano, y las resistencias de los pueblos frente a las desastrosas consecuencias económicas, sociales y culturales de los colonialismos. En el lenguaje político de la segunda mitad del siglo XX: liberación o dependencia. El contexto internacional favorable fue fundamental en la inmediata posguerra para el avance nacional y la cohesión de la coalición popular que lo sostenía. El deterioro de dicho contexto en la primera mitad de la década de 1950, tanto en términos económicos como políticos por los prolegómenos de la Guerra Fría, incidió negativamente en las opciones del movimiento nacional popular argentino.

En la etapa ascendente de la segunda mitad de la década de 1940, el país pudo contar con importantes saldos comerciales favorables, sostenidos en la alta demanda y buenos precios obtenidos por nuestros productos de exportación. Esta fue una condición económica esencial. Pero en el plano político también hubo un escenario favorable por la crisis del despliegue imperialista al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba concentrado en la reconstrucción europea y en la preparación de fuerzas militares, políticas y culturales para cercar a la Unión Soviética. La derrota del fascismo abría paso a los movimientos obreros europeos y sus izquierdas (pronto contenidas), en tanto que la crisis del viejo modo de colonialismo, agotado por la guerra, favorecía el movimiento hacia la descolonización en amplias zonas de Asia y África.

Las condiciones económicas eran más susceptibles de ser aprovechadas, y en efecto lo fueron, que esas condiciones políticas creadas por el avance de la descolonización. Aún faltaba tiempo para la conformación del movimiento de no alineados y el ascenso de una conciencia “tercermundista”. De todas formas, el primer peronismo no careció de una mirada sofisticada sobre lo regional y lo global. De lo más significativo fueron los intentos de avance en una agenda de integración regional: el famoso ABC, siglas por Argentina, Brasil y Chile. La relación de Perón con Ibañez en Chile y sobre todo con Vargas en Brasil constituyen prácticamente una ruptura con toda la tradición anterior. La reacción oligárquica en Brasil y la muerte de Vargas, condenan al fracaso a una incipiente tentativa de acercar a las dos más importantes economías de Sudamérica. El proyecto ATLAS, de conformación de una central sindical latinoamericana, aunque fenecido con la caída del peronismo fue otra audaz tentativa de enlazar, esta vez “por abajo” a nuestros países.

En el terreno económico, las nacionalizaciones así como el desendeudamiento, fueron posibles utilizando los saldos comerciales acumulados y los recursos movilizados por el IAPI. Pero con el correr de los años, y con el progresivo deterioro del contexto internacional, comenzó a conformarse un cuello de botella para el desarrollo industrial nacional. En la medida en que gran parte de la expansión industrial local corrió a cargo de la producción de bienes de consumo final (la llamada “industria liviana”) que aprovechaba un mercado interno preexistente ya de cierta relevancia, pero en todo caso fuertemente estimulado por la política distribucionista del peronismo, las necesidades de incrementar la dotación energética así como el acceso a bienes de capital, presionaban cada vez más sobre la balanza comercial. La producción local de un mayor volumen de energía, así como de tecnología, máquinas-herramienta y bienes de capital, no era imposible pero requería de un cuantioso flujo de inversión y de bastante tiempo para madurar.

Elementos circunstanciales pero de gran incidencia, como las sequías de la primera mitad de la década de 1950 que afectaron negativamente a la producción agropecuaria, y otros estructurales como la caída de los precios internacionales de nuestros productos exportables, comprometieron la sustentabilidad del rumbo seguido hasta entonces. Con lo cual, amenazaban uno de los pilares de la convergencia nacional-popular, abriendo espacio para la incidencia de fuerzas centrífugas. Al ralentizarse el crecimiento, la distribución del ingreso comenzó a estancarse, así como cayó la inversión privada y la capacidad del Estado de equilibrar los gastos productivos con los improductivos.

Más allá de medidas relativamente ortodoxas aplicadas desde 1952, que fueron contingentes y como señaló John William Cooke, cumplieron su limitadísimo objetivo para capear lo peor del deterioro del ciclo económico, lo cierto es que el dilema y el qué hacer no parecían de fácil discernimiento. Esto es así porque no se trataba solo de medidas económicas, sino sobre todo de decisiones políticas que no podrían sino remodelar dramáticamente la coalición nacional-popular. Ese es el dilema político que Cooke entiende que estaba ya planteado en 1952, y que al no ser resuelto, devenían ociosas las especulaciones acerca de cómo debería el peronismo haber resistido el golpe oligárquico en 1955. Varios contemporáneos vislumbraron las derivas peligrosas que se abrían en la primera mitad de los años 1950, a poco andar del apogeo del proyecto y la economía peronista en el año 1949. Se señalaba la necesidad de transitar en la senda de la industria pesada. Es interesante un volumen de curioso título (Ensayo sobre el justicialismo a la luz del materialismo histórico) escrito por Eduardo Astesano, en el cual se advierte la influencia del comunismo chino. Allí se propone avanzar a “marcha forzada” y a costa de “sacrificios” en el camino de la industria pesada (a “la soviética”, por así decirlo). Pero resulta difícil imaginar cómo sería posible congeniar eso con la conformación real del frente peronista, así como armonizar el sacrificio con la política de bienestar popular del primer peronismo en la cual estaba cifrado su prestigio.

De todas formas, que la salida no estaba escrita en ningún determinismo sino latente en la política, lo demuestra que comenzaron a moverse piezas para responder a los desafíos de una economía nacional más compleja, de una base social exigente y de un contexto internacional complicado. Son las perspectivas que se trazan en el Segundo Plan Quinquenal, para privilegiar a las industrias básicas como la siderurgia y la química; también en la búsqueda de avanzar al autoabastecimiento energético aún a costa de buscar acuerdos con empresas extranjeras y aunque eso agraviara al intransigente sentimiento nacionalista de la primera etapa.

Efectivamente el Estado comenzó a dar pasos en esa dirección, lo cual vuelve a remitirnos a una de las cuestiones que comentamos al principio de estas líneas: ¿cuál era el rol y el peso real de la burguesía nacional? Pueden discutirse las virtudes y los defectos formales de los planes del segundo (y trunco) gobierno de Perón, pero lo cierto es que el dilema real estaba en el efectivo margen de maniobra que podía alcanzar el Estado nacional y en la cohesión o no de convergencia nacional-popular.

Episodios como el Congreso de la Productividad, que no parecía destinado a alcanzar objetivos sustanciales, adquieren a la luz de lo anterior todo su dramatismo. Se imponía la redefinición del movimiento nacional y su alianza de clases. Para avanzar en una fase más compleja del proceso de industrialización y superar el cuello de botella generado por el déficit de inversión privada y la necesidad creciente de renovar equipos y bienes de capital hacía falta discriminar a quién pagaría los costos de esos desafíos. ¿Podían incrementarse las exportaciones tradicionales o incluso capturar compulsivamente una fracción más abultada de la renta agropecuaria? ¿Era necesario liquidar el compromiso histórico del primer peronismo e imponer a la clase obrera la racionalización del trabajo y mayores tasas de explotación?

La indefinición sobre estas cuestiones no preanunciaba per se un desenlace fatal. Y de hecho, para 1954, las mayores tribulaciones económicas habían sido conjuradas. Puede aventurarse que, en la medida en que la organización gremial de los trabajadores era totalmente refractaria a la imposición de los esquemas de racionalización; que la clase obrera continuaba siendo el principal pilar del régimen; y que la ideología y el discurso formal del gobierno peronista también rechazaban la sobreexplotación laboral, es difícil imaginarse una liquidación conservadora del movimiento nacional “desde adentro”. Lo que si estaba facilitado por el tormentoso momento era la factibilidad de un contragolpe oligárquico. Pero éste hubiera encontrado mayores dificultades para prosperar de no cooptar y atraer a su centro de gravedad a la burguesía nacional. Por eso señalábamos que el movimiento nacional es una cuestión de poder. No se trata de la capacidad de persuadir de las bondades inherentes a la justicia social, sino de la fortaleza de un poder democrático fuerte y popular, y de la capacidad de gestión del horizonte económico. La deriva de la burguesía nacional hacia otro polo de poder en esas coordenadas históricas selló el destino del movimiento nacional por muchos años.

Germán Ibañez

La guerra civil latinoamericana

Hablar de una situación de guerra, sin un conflicto bélico declarado entre Estados o un enfrentamiento armado prolongado que involucre a la mayor parte de la sociedad en un territorio determinado, puede parecer un exceso. Sin embargo, el más somero relevamiento a escala mundial da cuenta de conflictos armados catastróficos en distintos países, que tienen un común denominador: la intervención directa o indirecta de Estados Unidos y sus socios europeos. En todos los casos, la soberanía de los territorios involucrados queda gravemente comprometida, la infraestructura económica de esos países es arrasada, y el número de víctimas fatales, heridos y personas desplazadas o refugiadas alcanza cotas incompatibles con el ideal civilizatorio pregonado por los monopolios de la comunicación audiovisual que pretenden orientar a la opinión pública global. Las fronteras formales entre países son a menudo irrelevantes, pues regiones enteras son “contagiadas” por conflictos que desbordan los espacios nacionales. Desde otro ángulo, puede advertirse que el negocio de los señores de la guerra prospera sin problemas, y que el discurso belicista es una herramienta afortunada siempre a mano para la dirigencia política de los países metropolitanos. La disputa por recursos estratégicos y territorios apenas puede ser disimulada la mayor parte de las veces. Si esto es así, entonces no resulta inapropiado caracterizar el escenario general como una guerra neocolonial contra los pueblos.

Aunque la intervención imperial adquiere la máxima importancia, no es menor la generación o agravamiento de conflictos “internos” a las sociedades involucradas, así como el desarrollo de tensiones regionales que pueden involucrar a dos o más países. No es una situación nueva, y puede verificarse en toda la larga y negra historia de los colonialismos. Disputas étnicas, religiosas, o el fracaso de las clases dirigentes para asegurar una mínima distribución del excedente o la estabilidad de los Estados, son diferentes variantes de las contradicciones que pueden ser aprovechadas por las potencias imperialistas. Esas contradicciones a veces tienen un arraigo prolongado y eventualmente antagónico en las sociedades locales, o son suscitados por el mismo intervencionismo colonial, aunque es difícil que algo pueda ser creado totalmente de la nada. ¿Puede trasladarse una situación así a América Latina?

Hace algunos años, los procesos de integración y unión regional, con la gestación de instituciones como la UNASUR y la CELAC, parecían aventar los peores temores. Y consideramos que efectivamente ese es uno de los caminos para consolidar un horizonte latinoamericano de estabilidad, crecimiento, distribución de la riqueza y democracia. Sin embargo, eso no significa que cesen mágicamente las seculares contradicciones que agitan a la región (primordialmente de clase), ni que Estados Unidos y sus aliados renuncien al objetivo de recolonizar integralmente el continente. El triunfo oligárquico en Brasil y Argentina, las principales economías sudamericanas, comprometió gravemente el proyecto autonomista y permitió una redoblada presión imperialista sobre los gobiernos populares que siguen en pie, especialmente el venezolano. Ahora bien, ni el proyecto neoliberal de las derechas locales ni el crecimiento del influjo estadounidense en la región pueden asegurar hoy una etapa sostenida y estable de dominación oligárquica. El estancamiento económico y la pauperización general de la población alimentan las tensiones sociales y el conflicto interno. Estados Unidos, embarcado en el neoproteccionismo y en árida disputa con Rusia y China, no puede garantizar para esta región una “edad de oro” oligárquica. Al contrario, el estímulo al agudizamiento de las contradicciones internas de las sociedades latinoamericanas y a la generalización de conflictos violentos que puedan justificar su intervención directa, es hoy su política principal. Y, en realidad, la única que pueden desplegar. Es un coctel explosivo: unas oligarquías rapaces que no pueden asegurar el crecimiento económico ni una mínima distribución de la riqueza, y una potencia imperial que debe apostar al conflicto violento y permanente para prevalecer.

En este marco, persiguiendo una gobernabilidad que se les esfuma, las derechas sudamericanas adoptan aceleradamente una configuración cultural guerrerista, arte no del todo nuevo en la región y en el cual los señores de la guerra colombianos son supremos maestros. Estamos frente a una acción criminal, que augura lo peor. El cerco golpista al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es una acción de guerra. La miríada de acontecimientos que se desplegaron en las últimas semanas no son desconocidos para los especialistas en la guerra de baja intensidad, pero asombran por su virulencia. El involucramiento directo en el golpismo del actual presidente de Colombia, demuestra que la deriva del conflicto es regional y no se detiene en tal o cual frontera interestatal. La magnitud de asesinatos de dirigentes sociales en Colombia y el freno criminal al proceso de Paz con las organizaciones insurgentes es otra cara de la misma moneda. Señala algo que ya debería ser evidente: que, una vez más, los muertos los pondremos nosotros. Estados Unidos apuesta decididamente a la guerra civil latinoamericana. Las oligarquías locales se orientan insensiblemente en la misma dirección. Por ese camino no habrá utopía neoliberal ni paraíso de la economía de mercado; solo sangre y dolor. Los movimientos nacionales y los líderes populares como Evo, Lula, Dilma, Maduro, López Obrador, Correa y Cristina son los baluartes de la paz. Cuidémoslos.

Germán Ibañez