Nudo gordiano y burguesía nacional

 

  

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 Por Mónica Peralta Ramos *

 

Corren tiempos muy significativos. Asistimos a un enfrentamiento explícito por el control de resortes de poder de importancia estratégica para el país: las divisas y los precios. Por un lado, un pequeño grupo de grandes empresas que controla puntos neurálgicos de la economía intensificó, desde noviembre pasado, la corrida cambiaria y la remarcación de precios, mostrando así su decisión de “levantar por el aire” al Gobierno. Por otro lado, un equipo económico que empezó en diciembre con nuevas propuestas para contener la corrida y la remarcación de precios, mordió el polvo de una derrota al tener que devaluar, y busca ahora hacer pie intentando limitar el poder de fuego del capital monopólico. En medio de esta tormenta apareció CFK y marcó la agenda política. Usando en reiteradas ocasiones la cadena nacional, convocó a la población a participar activamente en el control de los precios. Acusó a los grandes empresarios de abusar de su posición dominante en el mercado, dolarizando los precios, y apostó a la “formación de una burguesía con conciencia nacional” a fin de consolidar un capitalismo más “racional”. Describiendo un mercado de trabajo polarizado por el trabajo esclavo y el ahorro en dólares, convocó a los sindicatos a priorizar la lucha por el empleo y la inclusión social.

Así, las acciones de un número reducido y poderoso de actores sociales y las definiciones y reacciones del Gobierno arrojan un haz de luz sobre la estructura de poder actual, es decir, sobre el nudo gordiano que hemos analizado en este diario (20/1/2014). Formado a lo largo de más de medio siglo, este nudo no se cortará en el corto plazo. Para cortarlo es necesario acumular fuerzas, conociendo la esencia de los problemas que enfrentamos y transformando ese conocimiento en conciencia colectiva y movilización organizada. De ahí la importancia del momento actual: el mismo revela de un modo peculiar de dónde venimos y hacia dónde debemos ir para superar los problemas que nos aquejan.
Este gobierno se propone consolidar un capitalismo más “racional” e inclusivo. Estos objetivos son rechazados por los sectores más poderosos y este rechazo deja al desnudo la estructura de poder que nos ha condenado al estancamiento económico, las crisis políticas y el canibalismo social durante más de medio siglo. Lo que está en discusión hoy día es el control monopólico de resortes clave del poder –precios, divisas e información– que tienen un impacto brutal sobre la vida de la nación. En este contexto, explicar la coyuntura actual desde la perspectiva de la financiarización –es decir, de una “nueva” fase de acumulación del capital caracterizada por la hegemonía de las finanzas sobre la producción– conduce a políticas equivocadas. Esta mirada torna invisible lo central a la ecuación capitalista: las formas de producción del excedente económico. Confunde además las formas de producción con los mecanismos de apropiación y distribución tanto del excedente como de la riqueza acumulada. Si bien los grupos e instituciones financieros son canales indispensables para la circulación de la especulación financiera, no son los únicos. Hoy día no hay separación entre el capital financiero y el capital productivo. Constituyen una entidad única donde lo decisivo, en términos de la generación del excedente, es la reproducción de cadenas de valor global que integran el proceso productivo a nivel mundial y lo desintegran a nivel local como nunca antes ocurrió en el mundo capitalista. De ahí el rol cada vez más importante de las grandes empresas transnacionales, tanto en el comercio exterior “informal” como en la especulación financiera. Por otra parte, la historia nos enseña que, si bien esta última adquiere gran relevancia en los momentos de crisis del ciclo capitalista, los factores determinantes de las crisis se encuentran en última instancia a nivel del proceso productivo global. Necesitamos entonces mirar más de cerca nuestro sistema productivo y sus actores sociales para poder determinar de dónde venimos y hacia dónde vamos. En este sentido, el conocimiento del modo en que nos integramos a la división internacional del trabajo y a las cadenas de valor global, y el impacto que esto tiene sobre la producción, el mercado interno, el mercado de trabajo y las empresas, es de fundamental importancia. Si hacemos este análisis, no podremos seguir eludiendo el fenómeno de la dependencia tecnológica y su impacto sobre la concentración del capital, las empresas nacionales y la fragmentación del mercado de trabajo. Este es el dilema central que enfrentamos. Resolverlo implica, entre otras cosas, fortalecer el rol del Estado no sólo en su capacidad para regular la producción, la apropiación y la distribución del excedente, sino también en su capacidad empresaria.
El momento actual adquiere particular significación porque revela la conexión entre el sistema productivo y la especulación a nivel financiero y comercial. Revela que, tal como han sido otorgados hasta ahora, los subsidios a la industria, al mercado interno y a las exportaciones industriales garantizan grandes ganancias empresarias, pero no bastan para impulsar un capitalismo más “racional”, o para lograr una inclusión social sostenible. Mientras los sectores estratégicos de la industria sean controlados en forma monopólica u oligopólica, el futuro industrial quedará cautivo de la lógica de un capitalismo transnacional que controla decisiones, tecnología y segmentos cruciales de cadenas de valor global en las que nuestras industrias se encuentran integradas de manera poco sofisticada y son fácilmente sustituibles. En tanto no se cuestione un modelo de negocios agrario centrado en la necesidad creciente de importaciones de un paquete tecnológico, cuyos proveedores son unas pocas empresas multinacionales que controlan sectores clave del sistema agroalimentario a nivel global, el campo también reproducirá la dependencia tecnológica. Mientras el comercio exterior, el acopio, la distribución y el comercio interior estén dominados por el capital monopólico y oligopólico, la dependencia tecnológica terminará “encarnándose” en el “saqueo del bolsillo” de los consumidores.
A diferencia de otros momentos de nuestra historia, hoy se ha hecho explícito no sólo el accionar del capital monopólico, y su impacto sobre la vida entera del país, sino también cómo hay que hacer para frenar este embate. En efecto, la corrida y la dolarización de precios se intensificaron a partir de la ruptura de un acuerdo pactado en diciembre entre el Gobierno y los grandes exportadores de cereales. Según el mismo, estos últimos liquidarían las divisas que retenían del remanente de la cosecha de 2013 a cambio de Letras del Tesoro a un interés del 3,65 por ciento más el diferencial entre la devaluación del peso ese día y el 30 de junio de 2014. La ruptura de este acuerdo y la persistente retención de parte de la cosecha de cereales de 2013 por parte de los grandes productores agropecuarios y centros de acopio intensificaron la escasez de divisas para hacer frente al fenómeno de la restricción externa e incentivó la corrida cambiaria. El intento oficial de cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo con ajustes diarios y previsibles incentivó la corrida y la sangría de las reservas del Banco Central. Asimismo, la inmediata dolarización de los precios a nivel de la producción puso en jaque a la política de Precios Cuidados. Estos procesos llevaron a una gran devaluación el 23 de enero, seguida por una flexibilización relativa del control de la venta de divisas a los pequeños ahorristas. Esta medida permitió aislar al “chiquitaje” de los grandes operadores en el mercado de cambios.
La gran devaluación no logró revertir la situación, y la corrida y la dolarización continuaron imparables. Sólo a fines de la primera semana de febrero, la situación empezó a cambiar. ¿Qué es lo que permitió este cambio? En un contexto de crecientes demandas de control del comercio exterior, y de una velada amenaza oficial de considerar esa posibilidad, el 29 de enero, la Comisión Nacional de Valores obligó a las entidades financieras a informar diariamente todas las transacciones en el Mercado de Valores. El Gobierno adquiría así una radiografía de los actores y montos involucrados en las transacciones diarias operadas en “contado con liqui”, mecanismo que por ese entonces era central a la corrida y a la fuga de divisas. Ese mismo día, CFK denunciaba las maniobras especulativas de los “bancos, grupos económicos, importadores y exportadores”. Al día siguiente, el Gobierno anunciaba una investigación de estos grupos, sospechados de especular con divisas por un valor de seis mil millones de dólares. Tres días después, CFK denunciaba por cadena nacional a los grandes empresarios por la dolarización indiscriminada y convocaba a la militancia y a la población a movilizarse activamente para controlar los precios. Paralelamente, el Banco Central elevaba las tasas de interés y obligaba a los bancos a inundar el mercado cambiario con dólares, al fijar un tope del 30 por ciento a los activos líquidos en moneda extranjera. Estimados en 10 mil millones de dólares, éstos superaban en todos los casos el 50 por ciento de los activos líquidos de los bancos, llegando en algunos casos a representar el 150 por ciento. Si bien el 30 de abril era la fecha límite para pesificar activos, el efecto sobre el mercado de cambios y sobre los exportadores fue inmediato. Ese mismo día, estos últimos se comprometieron a liquidar divisas por 2 mil millones de dólares antes del fin de febrero. A partir de entonces, la corrida se atenuó y el centro de la pelea gira ahora en torno de la dolarización de los precios. El control más amplio y estricto de la formación de precios en las cadenas de valor, incluyendo a productores y proveedores, y el aumento de las sanciones por incumplimiento del acuerdo de precios son pasos importantes que deberán ser profundizados para que la política de Precios Cuidados sea eficiente.
Los hechos han puesto en evidencia a los que hacen la corrida cambiaria, a los que dolarizan, y la conexión entre ambos fenómenos. Los intereses que se persiguen, los mecanismos que se utilizan y la forma en que la corrida cambiaria se convierte en remarcación de precios han salido a la luz del día. Trascendiendo el limbo oscuro e intangible del dólar blue, del “contado con liqui” y del dólar Bolsa, la corrida es “dolarización” y se encarna en ámbitos concretos: las empresas, las cadenas de valor y los barrios. Se ha demostrado que si un gobierno transparenta lo que está ocurriendo, usa con decisión los resortes que el Estado tiene y legitima este uso, convocando a la movilización popular en defensa de un interés común, puede frenar el embate de los intereses monopólicos. Sin embargo, esta ofensiva no ha concluido. De ahí la importancia de profundizar la movilización organizada de la población en torno de objetivos que afectan la vida del conjunto, y de hacer valer toda la fuerza del Estado en defensa de los trabajadores, de los consumidores y de los que siguen excluidos.

* Socióloga.

Fuente: Página /12
14 de marzo de 2014

El sueño de los argentinos

 

Por Eduardo Jozami *

 

 

Vivimos en una sociedad injusta, aunque no reflexionemos a diario sobre eso. Las diferencias sociales y las inequidades tienden a naturalizarse, aun en momentos de cambios profundos como los que se producen en la Argentina desde hace una década. Pero, en ciertos momentos, esa injusticia social se revela intolerable. Es cuando el interés de unos pocos aparece nítidamente como superior al del conjunto de los argentinos. En estos días hemos visto a las patronales del agro exaltar el derecho de los grandes productores para vender sus tenencias de soja cuando quieran, sin importarles las consecuencias que pudiera tener esa retracción de ventas sobre el conjunto de la economía, mientras los exportadores de cereales presionaban, a su vez, la devaluación de la moneda, negándose a liquidar los dólares provenientes de las ventas al exterior. La Mesa de Enlace ha defendido estas actitudes amparándose en una concepción de la propiedad que no admite restricciones, derecho supremo ante el que deberían ceder los de la gran mayoría de los argentinos cuyos ingresos y condiciones de vida se ven hoy afectados.

Esta presión sobre la divisa norteamericana no sólo apuntaba a multiplicar los ingresos de exportación aumentando la cantidad de pesos que se reciben por cada dólar, buscaba una verdadera corrida cambiaria que aceleraría el alza de los precios y dificultaría cada vez más el control de la coyuntura económica. Esta maniobra especulativa tiene también un definido propósito político: debilitar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, obligarlo a desandar el camino seguido hasta hoy y mostrar el cumplimiento de lo que vienen pronosticando hace diez años los agoreros del privilegio: las políticas ambiciosas que se proponen reformas profundas como las que lleva adelante el kirchnerismo, terminan necesariamente en el fracaso. Este razonamiento se plantea como si las dificultades que hoy se observan fueran consecuencia de desconocer supuestas leyes de la economía y no tuvieran que ver con el sabotaje que realizan todos los sectores del gran capital y sus medios de comunicación.
Presionando el alza de los productos de la canasta básica, los grandes formadores de precios y los hipermercados hacen su contribución al intento desestabilizador, mientras los principales medios opositores siguen atribuyendo la inflación a los altos salarios y el exceso de gasto público, y reclamando, en consecuencia, un plan económico recesivo. Es la vieja receta, la de los planes del Fondo Monetario, la que elige matar al enfermo para terminar con la enfermedad: la inflación, en algunas ocasiones, fue controlada, pero al precio inaceptable de aumentar notablemente el nivel de desempleo y reducir los ingresos de los trabajadores en términos reales. Porque esa receta no debe ser aplicada, los acuerdos de precios son hoy un camino necesario y el Estado deberá reforzar su capacidad de control y sanción de los incumplimientos. En su ofensiva incesante, los medios atacan al equipo económico que lleva adelante esta política, presentando a Axel Kicillof, alternativamente, como un demonio estatista o un joven ingenuo que cree en la palabra de los empresarios. Los comunicadores de la derecha tienen el olfato entrenado para detectar el riesgo que representa para el establishment un economista de sólida formación y fuerte compromiso político.
La devaluación tiende a producir una transferencia de ingresos contra los sectores populares, y por eso el Gobierno se resistía a tomar esta medida, a la que finalmente se vio obligado. Hoy, para limitar esos efectos negativos, es imprescindible asegurar que los formadores de precios no exageren la incidencia real de la devaluación sobre sus costos. Para ello, como acertadamente señaló la Presidenta, es imprescindible el activo control de la sociedad.
Frente al espectáculo indignante de los exportadores sentados sobre sus dólares, la indignación social se expresa de mil maneras, y es muy valioso que se plantee la necesidad del control estatal del comercio exterior. Esta es una vieja bandera del nacionalismo popular arriada en los ’90 y echada con los trastos viejos. Recuperar esa memoria de las luchas no es el menos importante de los logros de este tiempo. La negociación con los exportadores parece permitir hoy un alivio coyuntural, pero la discusión de fondo no puede evitarse.
Paradójicamente, fueron los conservadores los primeros en recurrir a estos instrumentos de intervención estatal en la década de 1930, cuando escaseaban las divisas y se cerraban los mercados de las exportaciones argentinas. Pero estas políticas atendían menos a la defensa del consumo popular que a los intereses de los grupos más concentrados del agro y a consolidar la relación con Gran Bretaña, como lo señalaran, desde trincheras distintas, Lisandro de la Torre y Raúl Scalabrini Ortiz. Ese intervencionismo conservador que llevó a la creación de las juntas nacionales de Granos y de Carnes fue continuado por Federico Pinedo desde una perspectiva algo diferente. Quien fuera en su juventud dirigente socialista concedía en su proyecto alguna importancia a la industria y ya avizoraba que los Estados Unidos se convertirían en nuestros principales socios. Federico Pinedo otorgaría a la industria el mínimo papel de “una pequeña rueda” que debía acompañar a la “gran rueda” de la producción agropecuaria, y si pensaba en otros mercados de exportación para la nueva industria era porque no concebía una expansión del mercado interno como la que, más tarde, el peronismo habría de producir.
El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio fue el organismo creado por el gobierno de Perón para gestionar el comercio de exportación e importación. La cosecha era adquirida por el Estado y éste realizaba las operaciones. La diferencia entre el precio que recibían los productores y el que se obtenía por la exportación era utilizada para financiar el desarrollo y, en particular, la actividad industrial. Esta política suponía el reconocimiento de que la Argentina debía ubicarse entre las que Marcelo Diamand llamara “estructuras productivas desequilibradas”: la productividad del agro aseguraba la colocación de sus exportaciones, pero la industria no podía funcionar con el mismo tipo de cambio y requería necesariamente transferencias desde el sector más productivo de la economía. La renta extraordinaria de la actividad agropecuaria debía, en consecuencia, ser apropiada por el Estado. Para la militancia peronista, el IAPI se transformó en un símbolo de las políticas de desarrollo nacional. Se comprenderá que, inversamente, la oligarquía argentina haya demonizado esa sigla desde entonces.
Después de 1955, desaparecido el IAPI, la reivindicación de la nacionalización del comercio exterior figuraría en los programas de La Falda, Huerta Grande y la CGT de los Argentinos y encabezaría todas las luchas del movimiento obrero. Con el tiempo, aunque muchas veces la consigna permanecía en los programas, el entusiasmo declinó. Hasta que el menemismo culminó este proceso con la más drástica política privatizadora, y terminó también con las juntas que permitían al Estado alguna participación en la comercialización. Hoy, ante el intento de golpe de mercado, son muchos los que han salido a reivindicar una medida que no sólo apunta a terminar con una situación profundamente injusta, sino también a asegurar la sustentabilidad de una política económica de sesgo popular.
El Gobierno no está solo frente a los monopolios, porque resulta difícil creer que la mayoría de la sociedad acepte el proceder de la minoría que impulsa la desestabilización. Para sostener un diálogo fecundo con los más amplios sectores cuyos intereses no coinciden con los de los grupos económicos concentrados, habrá que reconocer las carencias de algunas políticas oficiales, las privaciones a la que es sometida la población por los problemas en los servicios públicos, así como la necesidad de atender a la restricción externa de la economía con propuestas que avancen más decididamente en la sustitución de importaciones y prioricen el rol de la industria nacional. Todo esto y mucho más puede y debe discutirse, pero ello no puede ser obstáculo para coincidir en la defensa de un proceso que cambió la Argentina, dejando atrás el país del desempleo de dos dígitos, recuperando la dignidad nacional, terminando con la política de relaciones carnales con los Estados Unidos, impulsando un inédito proceso de expansión de derechos y poniendo el objetivo de Memoria, Verdad y Justicia como divisa fundante del Gobierno.
El kirchnerismo sigue siendo una fuerza social muy significativa, pero hoy, cuando se juega el destino del país, debemos convocar a todos, a los radicales de Yrigoyen, que recuerdan el golpe de mercado que tumbó a Alfonsín, y a la izquierda, que –si quiere seguir llamándose tal– no puede permanecer neutral e indiferente en esta lucha contra los especuladores y los monopolios. Cuando es Argentina la que peligra, no hay espacio para las pequeñas diferencias. Tomando como bandera la creación de un organismo de control estatal del comercio exterior, el llamado más amplio debe dirigirse a los trabajadores, que serían las primeras víctimas de la reversión de esta política; a los pequeños y medianos empresarios, que nada tienen que ganar con las propuestas que alientan la concentración y desnacionalización.
Quienes estamos comprometidos con este proyecto de Néstor y Cristina, sabemos mejor que nadie lo que se está jugando en estos días. Por eso, por sobre agravios y cuestionamientos, tendemos la mano a todos los que coincidan con esta propuesta de democracia y justicia social. Creemos que ése sigue siendo el sueño de la mayoría de los argentinos.

* Director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

"Es peligrosa una revolución incompleta"

Por mónica lópez ocón

Sociedad • Domingo 02 de Febrero de 2014 | 07:34

 

Entrevista de Tiempo Argentino a Norberto Galasso. La historia argentina y la política según el historiador.

Minucioso, modesto y trabajador incansable, el historiador se mantiene lejos de las tentaciones y peligros del divismo intelectual. Un lúcido análisis de la situación política actual, el radicalismo, el peronismo y la injerencia de los grupos económicos concentrados.

 

El historiador Norberto Galasso se autodefine como un hombre de la izquierda nacional. Desde esta posición lee tanto el pasado como el presente del país. En esta nota, las reflexiones políticas de un hombre que ha hecho del trabajo histórico silencioso, la coherencia y la ética una forma de vida. 

 

–¿Cómo ve el momento político actual? ¿Cree que estamos asistiendo realmente a un punto de inflexión de la historia del país?

 

–Hay un avance apreciable. Quienes vivimos los sucesos de 2000 y 2001, cuando los jóvenes se iban masivamente del país, estamos presenciando grandes cambios como, por ejemplo, que muchos científicos hayan vuelto al país. Arturo Jauretche decía que Martínez Estrada se tenía miedo a sí mismo de tan izquierdista que era. Hay gente que es tan izquierdista que sólo ve lo que falta. Y lo que falta es evidente. Hay un 30% de trabajadores en negro sin protección social. El control de precios se hace difícil porque los grandes consorcios están muy oligopolizados o monopolizados e influyen sobre ellos. Pero el común de la gente lo que ve es que hay inflación y cree que la culpa es del gobierno. Lo mismo sucede con la inseguridad, que en realidad proviene del descalabro de toda una generación que no conoció lo que es el trabajo y sufrió una desocupación que llegó a ser del 24 o 25 por ciento. A eso hay que sumar el tema del narcotráfico, que es un problema mundial. Hay gente que mira la parte del vaso que está vacío y nosotros miramos lo que se ha avanzado. Cuando Néstor decía que estábamos saliendo del infierno para entrar al purgatorio creo que tenía razón, y tuvo también razón, en el gobierno de Cristina, con la 125 que, desgraciadamente, salió mal y fue un factor de debilitamiento del que el gobierno luego se recuperó.  

 

–¿Cuáles son las deudas pendientes?

 

–Creo que hay que fortalecer el campo popular, polemizar y lograr una mayor democratización de las organizaciones sindicales e incluso de las organizaciones políticas. El PJ es un nombre y en el radicalismo está Cobos, que es bastante representativo de la crisis de la dirigencia política. Es cierto también que han surgido figuras de importancia.

 

–¿Quién, por ejemplo?

 

–Axel Kicillof. También algunas figuras de los movimientos sociales como "El Chino" Navarro. Raimundi es también una figura interesante. Hay gente, pero la política depende de la correlación de fuerzas y con las 300 bocas que tiene Clarín para difamar y los trepadores que buscan acomodarse –no vamos a hacer nombres– la situación se complica. Además, también ha habido errores. Yo tenía una gran confianza en el MTA por su actitud combativa con el menemismo y también en la CTA. Creí que de allí podían surgir dos organizaciones sindicales con destino a unirse y tener una presencia de los trabajadores realmente importante, pero eso no ha sucedido y el protagonismo de la clase trabajadora ha disminuido. 

 

–Hoy hay quienes parecen no recordar lo que sucedió en la Argentina en 2001 o lo que fue la dictadura. Incluso, hay quien no piensa en la democracia de la que se disfruta hoy como una conquista. ¿De qué modo lee usted la recuperación de la democracia? 

 

–Creo que hay varios factores que inciden en el hecho de que la dictadura haya entrado en declinación y se haya llamado a elecciones. Pero los protagonistas sustanciales diría que son, por un lado, las Madres de Plaza de Mayo y, por otro, un sector del sindicalismo combativo que generó varias concentraciones populares. Después, hacia el final, la multipartidaria juega un papel apurando las elecciones, pero creo que, en general, los dirigentes políticos de los partidos mayoritarios jugaron un papel bastante escaso. En algunos casos colaboraron y en otros no tuvieron forma de dar respuesta a ese clima de terror implantado, de miedo, de persecución y reconversión de la economías. Insólitamente, las que le dieron a la dictadura un desprestigio mundial fueron las Madres con su coraje increíble y su presencia permanente todos los jueves en la Plaza. 

 

–¿Los líderes de los partidos mayoritarios no pudieron intervenir, no supieron cómo hacerlo o qué fue lo que les pasó?

 

–Creo que una característica de los países coloniales, semicoloniales o dependientes, de los países que no ejercen realmente su soberanía, es la aparición de movimientos nacionales que tienen un momento de auge, de desarrollo enfrentando esa dependencia y que generan líderes que llevan adelante procesos de avance como sucedió con el yrigoyenismo en su momento y con el peronismo, especialmente del '45 al '55 y luego durante la resistencia. Pero tanto en el caso del radicalismo como del peronismo, la muerte del líder incidió mucho en el proceso de declinación. Lo que se llamó la "alvearización del radicalismo" viene ya del año '33. Desde la muerte de Yrigoyen en adelante, el radicalismo empieza a ser un elemento más del sistema que convalida el fraude, que lleva a la Unión Democrática en el '46 a los dirigentes que habían sido enemigos de Yrigoyen. Con respecto al peronismo, la muerte de Perón provoca un enfrentamiento cada vez mayor que ya se venía dando desde antes. Se trata de movimientos policlasistas en los que todos coinciden en apoyar al líder pero por razones diferentes.  Recuerdo que cuando teníamos la alternativa de votar a Alfonsín o Luder, Luder lo que menos parecía era un peronista del '45, más bien daba la imagen de un constitucionalista o de un profesor austríaco que poco tenía que ver con Beriso, con Avellaneda, con todo aquello de lo que se había nutrido el peronismo. Por eso, en muchos casos, hubo radicales y peronistas que fueron intendentes de la dictadura y que tuvieron su responsabilidad en el momento en que esa dictadura se produjo. 

 

–¿Por ejemplo?

 

–Durante la declinación del peronismo no sólo estuvo presente la figura de López Rega, sino que, además, cuando tuvieron la posibilidad de decir algo para tratar de salvar la situación –Isabel ya había hablado de elecciones para que el pueblo se definiera– las declaraciones fueron completamente vacías. Fue una declinación de la dirigencia política que, en alguna medida, se relaciona con la declinación que hubo en los años '40.

 

–¿Qué fue lo que sucedió en ese momento?

 

–Puiggrós dice que en el '40 toda la dirigencia política era de derecha, desde la derecha propiamente dicha hasta la izquierda misma, que jugaba con la derecha. Ahí surgió la Unión Democrática. Hoy podríamos decir que cuando llegamos al 2001, salvo la figura de Kirchner, pasó algo similar. En 2003 las elecciones las gana Menem en primera vuelta y el tercero era López Murphy, de modo que el panorama era desolador. Kirchner tuvo la capacidad suficiente para entender el momento que se vivía e iniciar un proyecto distinto pero, en general, había una declinación bastante notable de los partidos mayoritarios. Hoy, por ejemplo, la oposición lo único que quiere es que Cristina desaparezca del poder pero no ofrece ningún modelo alternativo. Desde el oficialismo también se refleja una cierta debilidad porque de Cristina a la segunda línea hay una diferencia bastante apreciable. Es decir que las mayorías populares, los trabajadores que protagonizaron el 17 de octubre y el Cordobazo, que han llenado la Plaza convocados por los dirigentes sindicales, algunos de los cuales han tenido una trayectoria correcta y otros han declinado, y el entusiasmo de los chicos de La Cámpora son cosas que suceden por abajo, pero no se reflejan en un grupo de dirigentes importantes. No contamos, por ejemplo, con diez candidatos importantes, sino con pocos.  A veces, las decisiones se toman en mesas chicas, no se da un debate lo suficientemente rico acerca de cuál es la sociedad que queremos. Esto sucede desde la oposición y desde el oficialismo.    

 

–¿La democracia fue una conquista o una mera declinación de los militares en el poder?

 

–Creo que los militares se complicaron al meterse en el asunto de Malvinas, pero hicieron lo que querían hacer a través de Martínez de Hoz porque, más que los militares, el cerebro del golpe del '76 fue él. Se detuvo el proceso de industrialización, se ató la economía al Fondo Monetario Internacional y se definió la política exterior como "relaciones carnales", es decir, de dependencia total. Además, se sofocó a la clase trabajadora con los contratos basura y todas las medidas antipopulares que se tomaron. Lograron producir las condiciones para que se forjara un grupo de empresas o consorcios que podrían haber sido una burguesía nacional en el sentido de tratar de desarrollar una economía propia, pero no fue así. Macri, Bulgheroni, Pérez Companc casi todos ellos nacen en el '45, '46, '47, '48, pero se vinculan al mercado externo como Tenchint, por ejemplo, que vende la mayor parte de su producción afuera, o Aluar, que también vende la mayor parte afuera. Esto dificulta el pacto social porque a estas empresas les gusta trabajar con salarios bajos y, si venden adentro, necesariamente, les guste o no, tienen que darles a los trabajadores un poder de demanda de compra para poder colocar su mercadería. Si venden afuera, como habitualmente lo hacen Bulgheroni o Pescarmona, el país queda convertido en una factoría en la que hay una clase económica dominante integrada por la Sociedad Rural, industrial en algunos aspectos de estos grandes consorcios y comunicacional en la concentración poderosa de Clarín, por ejemplo. Estos grupos no quieren el protagonismo popular ni la redistribución del ingreso. Ese es, precisamente, el quiebre que se da en 2003, por lo que han apelado y siguen apelando a todo, incluso a lo más cruel y más bajo para no perder sus privilegios que están ligados al gran capital multinacional. Pero hay elementos ciertos para decir que en Estados Unidos y en Europa lo están pasando bastante mal. Hay allí una situación de declinación. Estamos en un momento de cambio y los privilegiados se agarran con uñas y dientes para no perder sus privilegios. Por eso, aquí hay personajes que han pasado de la centroizquierda a la derecha. Periodistas a los que uno les tenía confianza se han convertido en personajes insoportables. Este es un momento difícil en que el campo popular tiene que multiplicar los esfuerzos para lograr que los avances logrados en esta década ganada se profundicen y no se estanquen o se pierdan. Yo suelo recordar una frase de Manuel Ugarte que decía que no hay nada más peligroso que una revolución a medias. Cuando se comienza a hacer cambios, el enemigo empieza a alertarse, a prevenirse. Si los cambios no se pueden profundizar o la dirección del campo nacional no tiene ambiciones de ir más allá, hay grandes peligros de declinación y retroceso. 

 

–Claro, porque el enemigo avanza.

 

–Sí, esos grupos han perdido privilegios, la redistribución del ingreso ha cambiado en pocos años. A pesar de que no ha cambiado tanto como durante el peronismo, que llegó al 56% para los trabajadores, ha cambiado bastante. Aunque la reactivación también les permite hacer negocios y los hacen, temen el protagonismo popular y tienen un odio de clase que es el mismo que los llevó a despreciar a las chusmas yrigoyenistas y al cabecita negra, a secuestrar el cadáver de Evita y a desterrar a Perón.  

 

–¿Cuál es el antecedente histórico de estos grupos? 

 

–Son los grandes privilegiados de la Revolución de Mayo, que eran los monopolistas frente al Plan de Operaciones de Moreno que hoy tanto se discute diciendo que es apócrifo y todas esas macanas. Moreno decía: "Desgraciados los países en que la riqueza está concentrada en pocas manos." 

 

Autodefinición

 

"Siempre le tuve desconfianza al radicalismo –dice Galasso– pero no he sido antialfonsinista a muerte como algunos peronistas. Tampoco soy peronista. Siempre fui un hombre de la izquierda nacional que reivindicó a don Hipólito y que apoyó a Perón. Sentí que Néstor Kirchner expresaba la democracia sobre todo cuando se tiró, cuando se lanzó sobre la gente. Esa es una imagen de él que me quedó muy grabada porque me pareció que ese acto era un acto de comunión con el pueblo. Por supuesto que apoyé el Juicio a las Juntas, pero allí participaron muchos personajes que luego tomaron otro rumbo. Siempre desconfié un poco del radicalismo a pesar de que mis tíos eran radicales y vengo de una familia radical por vía materna, pero ellos eran radicales de Yrigoyen, radicales que fueron a pedir armas el 6 de septiembre del '30 para parar el golpe. Reconocí algunas virtudes en Frondizi, que era un estadista, pero que prácticamente no pudo gobernar y cuya concepción política fue sometida por el desarrollismo de Frigerio. Mi viejo era de una familia socialista de izquierda y en su experiencia práctica me hizo ver muchas cosas. Él tenía un negocio de compostura de relojes en el que se vendían algunas joyas no muy importantes. Él me decía que durante el peronismo aparecieron clientas nuevas que eran las empleadas domésticas que venían del interior que antes sólo pasaban por enfrente en alpargatas y traje negro porque alguna vez habían tenido que teñirlo por un duelo en la familia y luego lo siguieron usando. Durante el peronismo aparecían una vez por mes, cuando cobraban, a comprar una pulserita o algo así. Eran más altas porque usaban tacos y tenían ropa de colores. 

 

Fuente: Tiempo Argentino

2 de febrero de 2014

Los tres datos políticos más relevantes del año

 

   

       

Por 

Eduardo Jozami. Abogado y periodista

      

Opinión.

      

Quizás haya que decir que no he elegido los hechos más singulares del año para después intentar explicarlos sino que parto de un balance general del 2013 y a partir de allí he seleccionado las tres situaciones que me permiten desarrollar mejor esa evaluación. El 2013 ha sido un año complejo y desde la perspectiva con la que miro la política argentina desde hace 10 años –la posibilidad de avanzar en el proyecto de transformación iniciado por Néstor Kirchner– hay que señalar que la fuerza gobernante mantiene su vitalidad como fuerza electoral y su presencia dominante en la política argentina, pero afronta una coyuntura que compromete su continuidad enfrentando nuevos problemas, los que derivan de la restricción externa, del redoblado hostigamiento de los grupos de interés afectados por las reformas pero, también, los que plantea la necesidad de elegir como candidato para el 2015 a una figura distinta de quien es hoy la líder indiscutida del movimiento.
El primer hecho relevante a señalar tiene que ver con la política de expansión de derechos, que es uno de los procesos principales de la última década. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual resolvió la controversia juridíco-política más intensa de la historia argentina, tornando vanos los intentos de los conglomerados mediáticos que cuestionaban las disposiciones que fijaban límites a la concentración empresarial. La decisión tiene un sentido relevante para interpretar el ordenamiento jurídico argentino, porque se ha desestimado la postura de quienes adjudicaban al derecho de propiedad una entidad frente a la que debían ceder los derechos democráticos de la ciudadanía (libertad de expresión, garantía a la pluralidad de voces, derecho de acceso a la información).
Poco antes, el mismo tribunal había desestimado como inconstitucional, en una sentencia no ajena al criterio corporativo, otra ley de reforma, la que afectaba la administración de justicia. La reciente sentencia de Cámara que absolvió a los procesados por las coimas del Senado revela hasta qué punto el Poder Judicial sintoniza una frecuencia que no es la de la mayoría de la sociedad y esta y otras consideraciones reactualizan la necesidad de la reforma. Sin embargo, hay que señalar que la ley de medios culminó un amplio y dilatado proceso de debate en la sociedad argentina y, en buena medida, allí radicó la fuerza que permitió doblegar finalmente todas las maniobras que intentaron impedir su vigencia. Algo de esto faltó en la reforma judicial y, seguramente, será tomado en cuenta para insistir con una propuesta que sigue siendo absolutamente necesaria.
El segundo hecho fundamental del año lo constituyó la elección legislativa, desdoblada en dos instancias. Pasado un tiempo, queda claro que el kirchnerismo no ha perdido su condición de principal fuerza política, pero, también, que no mostró esta vez su capacidad para convocar a la mayoría de la sociedad. Esto no sería demasiado serio si advertimos que se trataba de una elección legislativa y, además, que el porcentaje obtenido no ubica mal a la fuerza de gobierno para una elección de segunda vuelta, pero el problema es que la imposibilidad de que Cristina sea la candidata abre un cuadro político muy diferente y ésta –anticipada desde tiempo atrás por las encuestas pero no reconocida– es la verdadera noticia de la elección. A mi juicio, no es aventurado decir que las dudas sobre el futuro del kichnerismo que generaba esta situación influyeron en el resultado electoral y facilitaron la instalación de un clima de fin de ciclo que, sin embargo, no podía basarse en la práctica de un gobierno que sigue apuntando a la profundización de su proyecto.
Las especulaciones sobre los posibles candidatos presidenciales del Frente para la Victoria encubren una discusión más importante. Para algunos, la tarea sería hoy la de una vuelta al peronismo clásico que corrigiera algunos de los excesos del kirchnerismo, permitiendo una amplia convocatoria a todos los justicialistas, con un perfil más moderado. Los candidatos que por ahora predominan en las encuestas, Sergio Massa y Daniel Scioli, podrían adecuarse a esta lectura, el primero más abierto a la convocatoria a sectores no peronistas y mostrando más abiertamente afinidades con el discurso noventista neoliberal, el segundo con un discurso menos definido que cree le permitirá ser finalmente el candidato kirchnerista. Frente a esto queda al Gobierno la tarea de consolidar la adhesión de su base popular y pelear la adhesión de muchos sectores medios críticos de algunas medidas económicas, pero que ven con simpatía las propuestas de Memoria, Verdad y Justicia y, en general, las políticas de expansión de derechos. Antes que una discusión dogmática sobre las Veinte Verdades del justicialismo o una convocatoria que, negando los profundos conflictos de intereses que hoy vive la sociedad argentina, llama a terminar con la polarización, el verdadero debate se plantea en torno de la necesidad de seguir avanzando para consolidar los logros de esta década de transformación.
Sobre finales de año se produjo el hecho de mayor impacto social, la sedición de las policías, que alcanzó a más de una decena de provincias. El acuerdo firmado en Córdoba por el gobernador De la Sota, quien difícilmente podrá alegar que no advirtió los efectos que habrían de producirse, se extendió de inmediato y, en muchos distritos, al acuertelamiento se sumó la participación de los efectivos policiales en la promoción de los saqueos. Los medios opositores alentaron un gran escándalo nacional que debería producirse por la conjunción de los cortes de luz y los reclamos sindicales. Nada de esto ocurrió y es saludable comprobar que el Gobierno actuó con eficacia y desarmó así el discurso que pretendía asimilar el presente a la Argentina de diciembre del 2001, situación incomparable no sólo por la diferencia entre los dirigentes que ocuparon la presidencia entonces y ahora, sino porque aquella sociedad que conocía niveles inéditos de pobreza y desempleo, que rechazaba la convertibilidad neoliberal y repudiaba en bloque a la política poco tiene que ver con ésta que viene de una década de recuperación de la vida política y profunda transformación social.
La llamada de atención más seria tiene que ver con el alzamiento policial. Las fuerzas de seguridad que administran el delito en muchos distritos no pueden acompañar el proceso de la expansión de derechos y lo ocurrido en estos años así lo demuestra. El gatillo fácil, la violencia institucional y el maltrato en las cárceles siguen mostrando a diario las asignaturas pendientes de la democracia, y la creciente vinculación con el narcotráfico genera hoy un cuadro aún más preocupante. Ya no pueden aceptarse discursos que legitiman las respuestas de mano dura y menos aún podría tolerarse retrocesos como los que, en dos oportunidades, desvirtuaron la reforma policial en la provincia de Buenos Aires. La transformación de las fuerzas de seguridad para asegurar su subordinación al poder político y la democratización de sus prácticas y criterios operativos se ha constituido en una prioridad absoluta y es muy bueno que así lo haya proclamado el gobierno nacional.

Fuente: Miradas al Sur
29 de diciembre de 2013

Justo y adecuado

 

Miradas al Sur convocó a un grupo de especialistas para que opinen sobre la sentencia que cambió a la sociedad entera.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional
Gabriel Mariotto. Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Lo sabemos desde aquella imborrable vigilia en el Senado de la Nación, cuando en la madrugada del 10 de octubre de 2009, por amplia mayoría, se dio luz a la norma que tanto esperó la democracia para redistribuir el derecho a la palabra.
Hubo que esperar mucho tiempo, hubo que trabajar muy duro. Antes de su presentación como proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, en foros de participación ciudadana, en lectura de legislación comparada, en la búsqueda del mejor articulado, en la recepción de aportes de los más diversos sectores de la sociedad. Luego se aportó en la Cámara de Diputados que celebró audiencias públicas y que incorporó mejoras a una ley de plena construcción colectiva.
Una vez sancionada por amplia mayoría en ambas Cámaras hubo que seguir trabajando. Para superar una a una las cautelares interpuestas, para llevar a la Justicia de primera y segunda instancia y hasta la propia Corte de Justicia de la Nación las razones que legitimaban y sustentaban su constitucionalidad. Podemos decir que hemos perdido tiempo, pero hemos ganado autoridad y reconocimiento ante toda la sociedad. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley de interés para toda la ciudadanía porque instaura un nuevo paradigma que bien lo saben quienes trabajan en el campo de la comunicación: a través de los medios de comunicación audiovisual se concreta el derecho humano a la comunicación no sólo en su dimensión individual sino con más fortaleza, en la dimensión colectiva, tal como lo ha señalado la Corte en su reciente fallo. En este sentido, el máximo tribunal rescata que en lo que atañe a la faz colectiva del derecho a la libertad de expresión, se intensifica la necesidad de intervención y regulación por parte del Estado.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es un tema atractivo de por sí. Es un tema árido, de poco "gancho" dirían los marketineros de la política y la comunicación. Comparada con medidas como la Asignación Universal o el Plan Procrear, dos medidas que la gente sintió en su cabeza, en su corazón y en su bolsillo de manera contundente e inmediata, esta ley, siendo de importancia vital para la sociedad toda, despertaba interés sólo en los profesionales de la comunicación, el mundo político, el empresarial, el académico, el de las organizaciones sin fines de lucro, el sindical, el cooperativismo, en definitiva, en los sectores que por lidiar con los medios día a día conocían las perversiones que con la ley anterior y sus modificaciones había que padecer por parte de los otros grandes interesados, los dueños de los medios concentrados.
El largo tiempo transcurrido desde su promulgación hasta el día de hoy en que podemos festejar su constitucionalidad ha servido para que la difusión de la ley y el reconocimiento de los actores que la defendían y de los que la atacaban, le diera a la sociedad toda nuevos datos acerca de la importancia que revestía la ley, los intereses que defendía y los privilegios que atacaba. Diría el viejo Nietzsche "todo lo que no te mata te fortalece" y eso fue lo que precisamente ocurrió con esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La instalación a través de litros y litros de tinta y horas y horas de aire radial y televisivo por parte de los medios concentrados en la "batalla por la libertad de expresión" dio como resultado que la sociedad empezara a mirar cada vez con mayor atención el contenido y los alcances de la Ley. Mucho le debemos agradecer a esos medios concentrados y a sus estrategas de la comunicación los niveles de encendido que alcanzó la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema de la Nación, y que fue en definitiva el golpe de gracia que recibieron aquellos que pretendían que sus privilegios y sus negocios resultaran más importantes que los intereses de la sociedad toda. La Audiencia Pública constituyó un rico debate en el cual la sociedad volvió a participar recibiendo datos nuevos, viviendo en tiempo real los argumentos de una y otra parte.
No puedo dejar pasar la oportunidad de recordar como una joven y brillante profesional en representación del Estado se enfrentó a todo un equipo de abogados, sin más armas que el profundo conocimiento de la ley y el sentido común. Como si fuera una de esas brillantes jugadas a las que nos acostumbraron Maradona, Messi o Garrafa Sánchez (salud Banfield querido) una y otra vez me gusta repasar en mi televisor la exposición de Graciana Peñafort ante la Corte Suprema. Esa argumentación sirvió para dejar en claro que la ley no apuntaba a nadie en particular sino que atendía los intereses del conjunto al permitir y alentar la diversidad de voces y la pluralidad que toda sociedad moderna y democrática necesita. Hoy tenemos una Ley Constitucional y profundamente conocida por el Pueblo Argentino. Hoy podemos decir que somos un poco más iguales ante la ley, y como muchas veces ha señalado nuestra Presidenta, a partir de hoy vivimos en un país en que algunos que hasta ayer no lo tenían, disfrutan de un derecho, sin que nadie haya perdido nada que le corresponda.
Es un día de emoción y de alegría. Es un día para recordar a tantos que pelearon valientemente contra la concentración informativa y elijo a dos que representan a tantos. Uno es el diputado radical Ricardo Laferriere que pagó con su desaparición de los medios la patriótica decisión de presentar en tiempos del presidente Alfonsín un proyecto de ley sobre derecho a réplica. El otro, un docente de mi querida Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, Néstor Tato Contissa, que anticipó en sus libros la necesidad de esta ley y hasta el último de sus días la defendió con la pasión peronista que lo caracterizaba.
Tenemos Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se demoró, pero hace ya mucho que aprendimos que si a uno lo asiste la razón la única opción posible es el tiempo.

Las instituciones de la democracia vencieron a los grupos económicos
Néstor Busso. Integrante del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Estábamos acostumbrados a que el poder político estuviera subordinado al poder de los grupos económicos. Ése fue el modelo impuesto por la dictadura y continuado por la mayor parte de la dirigencia política hasta el día en que Néstor Kirchner entró a la Casa Rosada anunciando que no iba a dejar afuera sus convicciones.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia es el triunfo de las instituciones de la democracia sobre el lobby de los grupos económicos concentrados. Ése es el sentido político de esta tardía pero contundente sentencia. Aplaudimos este fallo porque confirma nuestra convicción sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con argumentos claros, apelando a legislación comparada y tratados internacionales. Confirma la ley y también la necesidad de que el Estado intervenga con políticas activas y regulaciones para asegurar diversidad y pluralidad en la comunicación para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.
También elogiamos este fallo porque deja en claro que los derechos sociales están por encima del derecho individual a la propiedad privada. Se desnudaron los intereses del Grupo Clarín. A ellos les interesa su negocio y capacidad de presión. La Corte ha dicho que se deben privilegiar los derechos colectivos, entre ellos la diversidad y pluralidad informativa. Además del contenido de la sentencia, celebramos también que haya quedado en evidencia la incomprensible demora en resolver un trámite de este tipo. No puede funcionar el sistema democrático si el Poder Judicial suspende la aplicación de una ley votada por amplia mayoría en el Congreso, con un trámite que demora más cuatro años, en beneficio de un grupo económico. Esto nos confirma en idea de que es necesario avanzar en la democratización del Poder Judicial.
Podemos venerar que este fallo consolida los 30 años de democracia. La aplicación integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el corolario de un proceso de 30 años de fortalecimiento de nuestra democracia, que ha logrado hacer prevalecer el interés público y el derecho a la comunicación por sobre cualquier privilegio de un grupo empresario, por poderoso que sea.
Se abre ahora una nueva etapa para seguir avanzando. Hay que cumplir y hacer cumplir la ley. Es necesario acabar con oligopolios y monopolios, pero es indispensable también promover y fortalecer un nuevo modelo de comunicación con protagonismo de los sectores populares. Se necesita mucha gestión. Avanzar en la aplicación integral de la ley requiere, entre otras cosas, el ordenamiento del espectro radioeléctrico, asignación de frecuencias en radio y TV para ocupar el 33% reservado al sector social, exigencia de cumplimiento de los cupos de producción propia y local acabando con cadenas de repetidoras. Es necesario también seguir avanzando en otras políticas públicas que faciliten la expresión y por tanto la gestión de medios, de sectores hasta hoy invisibilizados y silenciados.
El derecho a la comunicación implica ser receptores de múltiple y diversa información pero también incluye el derecho a ser emisores. A decir, a reclamar a proponer. Muchas voces, todas las voces que expresen toda la diversidad cultural de nuestro pueblo. Así, seguiremos construyendo más democracia.

Viva la auténtica pluralidad de voces
Roberto J. Boico. Abogado constitucionalista.

Cuanto más se entumecen las fuerzas vivas y plurales de la palabra, cuanto más alienada se exhibe la agenda pública por la univocidad del relato, cuanto más intactas circulan las estructuras comunicativas de la sociedad civil, entonces inversamente proporcional es la amplitud y potencia de la democracia. Las garantías jurídicas de la libre formación de la opinión están acechadas permanentemente por la concentración fáctica de aquellos que merced al poder del mercado, entendido como regulador de la vida colectiva, pugnan por el ejercicio desenfrenado de la influencia, a punto tal de ordenar los acontecimientos y dirigir, mediatamente, nuestras más íntimas convicciones morales. No sólo es cuestión de dinero y negocios, sino que entra en juego el dulzor del poder ilimitado. El fallo de la Corte llegó cual carreta destartalada a destino. ¿Pudo llegar antes?: sí, y la demora provocó la radicalización al punto de la desestabilización nuestra joven democracia.
Que dijo la Corte: 1) que el congreso, depositario de la soberanía popular, tiene facultad constitucional para regular la multiplicidad de licencias de modo general. El análisis de la conveniencia y oportunidad de esa regulación está vedada a los jueces, pues de otro modo se convertirían en correctores tardíos de la voluntad popular; 2) que el reclamo del grupo no refiere a la libertad de expresión, sino al eventual e hipotético quebrando económico que la legislación vigente le acarrearía. La insistencia de que el temario albergaba una conculcación al derecho a la expresión libre quedó definitivamente sepultada. Valga para ello el ilustrativo paraje donde la Corte dice: No resulta admisible que sólo una economía de escala, como la que posee actualmente, le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno. Clara alusión al papelón mayúsculo que el grupo nos ofrendó como prólogo de su fracaso en la audiencia ante la Corte; 3) reafirmó que la libertad de expresión es una de las que posee mayor entidad, al extremo que, sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia nominal. En tal sentido la libertad de expresión en su faz colectiva incluye el derecho a la información de todos los individuos que viven en un estado democrático, tal como lo dijo la Corte Interamericana en la O.C. 5/85. 4) Que el art. 42 de la CN prevé el acceso a distintas fuentes y voces, y en la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones.
Cuál es la resolución final: que es constitucional el art. 41, en cuanto sujeta la transferencia de licencias a la autorización estatal y establece limitaciones a la enajenación, como también lo es el art. 45. Apartado 1, inc. c) (24 licencias de cable); Apartado 1, párrafo final (35% del total de habitantes o abonados); Apartado 1, inc b) (no permite ser titular de más de una señal de contenidos); Apartado 2, incisos c y d (licencia de cable o 1 licencia de TV abierta en orden local); Apartado 2, párrafo final (3 licencias locales); Apartado 3, en su totalidad (1 señal de contenido para titulares de licencias de radio y tv abierta y 1 señal propia para los titulares de licencias de cable).
Interrogantes: 1) ¿Puede seguir discutiéndose la validez de la ley?: No, puesto que la decisión de la Corte es definitiva. 2) ¿Es un fallo simbólico, como lo tildan los voceros del multimedio?: No, es un pronunciamiento que permite al Estado aplicar sin obstáculo alguno la integridad de la ley. 3) ¿Puede discutirse el tema en la Corte Americana de Derechos Humanos?: No, ya que los derechos humanos sólo pueden exigirlos las personas físicas, nunca una empresa. Se invoca el fallo Ivcher Bronstein c/ Perú como jurisprudencia aplicable para abrir la vía, pero en ese litigio su denunciante fue una persona física, a la cual el Estado peruano le quitó su nacionalidad, y con ello la privó del derecho de explotar un canal de TV; nada que ver con la pretensión monopólica del grupo. 4) ¿Van a desaparecer los canales en exceso? No, sólo van a cambiar de licenciatarios. 5) ¿Los trabajadores y periodistas del grupo se quedan sin trabajo?: No, puesto que el mantenimiento de las fuentes de trabajo las garantiza la ley, y el Afsca lo reafirmó. 6) ¿Qué tiene que hacer el AFSCA?: Iniciar la adecuación de oficio, puesto que el plazo para la adecuación voluntaria venció el 7/12/12. El grupo pudo presentar un plan voluntario ad referéndum del fallo, pero no lo hizo. 7) ¿Cómo se hace?: El Afsca detalla la nómina de licencias que tiene el grupo, luego las hace tasar, y finalmente se las somete a un proceso de licitación por concurso público. 7) ¿Se le expropia al grupo su derecho de propiedad?: De ninguna manera, puesto que el producto de la venta de la licencia es para aquel que las detentaba. 8) ¿Puede el grupo discutir el precio de la venta? Sí, pero eso no interrumpe el proceso de adecuación. La Corte diferenció la constitucionalidad de la ley a los eventuales reclamos que pudiesen ventilarse producto de la aplicación de ella. 9) ¿La medida cautelar que benefició al grupo le permite tener tiempo para la adecuación? No, ya que la cautelar es una medida provisoria a resultas del pronunciamiento final, y como el grupo perdió todo el juicio, nunca podría beneficiarse de aquello que estuvo condicionado a un resultado, que para ellos, fue la derrota.
Hoy el desafío es reeditar esa legitimidad popular evidente de una ley de servicios de comunicación audiovisual que es producto de un pueblo que quiere pensar por sí mismo. Festejemos la emancipación del relato y cuidémoslo como conquista definitiva.

Cuando se habla de libertad de expresión, el tamaño importa
Luis Lazzaro.Periodista. Investigador. Especialista en Medios. Autor de La batalla de la comunicación.

La Corte Suprema de Justicia ha declarado constitucional la regulación específica de la propiedad y la trama de las empresas que intervienen en el mercado de la comunicación. Lo ha hecho respecto del caso del principal operador de medios de la Argentina, pero sus implicancias van más allá de la coyuntura. El tribunal ha sentado el principio de que a la hora de hablar de libertad de expresión, el tamaño importa. Coloca el ordenamiento jurídico en una secuencia que antepone los derechos ciudadanos a los negocios sectoriales, en línea con el derecho internacional comparado y con los principios de libertad de expresión consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica.
La legislación antimonopólica y de regulación de la propiedad cruzada de los medios de comunicación es moneda corriente en el capitalismo desarrollado. Sucede que en la Argentina, la desmesura del neoliberalismo allanó todas las restricciones jurídicas –que existían– y abrió las puertas de un sistema que arrasó con las economías y los medios regionales. De los más de 1.400 operadores independientes de servicios de cable que existían a comienzos de los ’90 quedan en pie menos de la mitad.
La ola de compras y fusiones con alto endeudamiento externo terminó con ese modelo de empresarios independientes. A mediados de la década, ocho licenciatarios controlaban el 65% del total de abonados, pero un año después, en 1997, solo tres empresas concentraban la porción mayor de la torta. Antes de finalizar 1997, el tercer operador (VCC) fue sacado del ring a manos de Cablevisión y Multicanal. El resto es historia reciente; la polémica fusión de los mayores operadores dejó cerca del 50% de un mercado de casi 7 millones de abonados (2007) en manos de la discrecionalidad empresaria y editorial del Grupo Clarín, cuyo ascenso multimedia es hijo de la ley de reforma del Estado de 1989.
El escándalo jurídico de ese período –hasta la Corte menemista declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 de la vieja ley en 2003– está en la base de este proceso de acumulación que permite hoy a Clarín una facturación anual de $9.752.546.964 (unos 1.200 millones de dólares) en concepto de televisión por cable y acceso a internet, negocios gráficos, producción y distribución de contenidos, según los balances 2012, auditados por Price Waterhouse & Co. Conforme la facturación bruta mensual de Cablevisión ($ 485 millones a mediados del 2012) se deduce que la cartera de clientes ronda los 3,4 millones de abonados sobre un total de 7,5 millones. Estos datos se corresponden con las operaciones de unas 180 unidades económicas vinculadas al CUIT del operador, aunque la cantidad acreditada en la causa que acaba de resolver la Corte es de 158 licencias de cable con sus extensiones.
Aun con estos datos, la adecuación en el mercado de cable alcanza a no menos a 134 empresas que deben ser transferidas junto con aproximadamente 1 millón de abonados para no superar los topes de 24 licencias (en servicios por vinculo físico) y no más del 35% del total de abonados.
Hoy aparecen crispados muchos opinadores que, sin embargo, nada dijeron ante la violación de los límites que fijaba la vieja ley (22.285) cuyo cambio intentaron impedir. La fusión de Cablevisión y Multicanal ya transgredía en 2007 el máximo de una licencia por localidad en 21 grandes ciudades de la Argentina. También estaban prohibidas las transferencias y las habilitaron ex post. Ahora, la nueva Ley 26.522 tiene un blindaje jurídico que no resulta fácil perforar. La propia Corte considera que se deben limitar no sólo los medios que usan espectro sino las empresas de TV por abono, dado que "también prestan una actividad de interés público que integra y conforma el foro de ideas donde opera la libertad de expresión que el Estado debe garantizar en forma plena, incluso mediante el dictado de normas que prevengan un grado de concentración económica tal que atente contra la pluralidad de voces" (fs. 271). Contundente y en sintonía con los 21 Puntos de la Coalición que inspiraron la redacción de la norma.
El camino que se abre entonces supone una alta capacidad técnica en la instrumentación del proceso de adecuación, especialmente en el procedimiento de determinación de las piezas del dispositivo que deben transferirse, así como la capacidad política de articular con las empresas locales y regionales un esquema de recuperación de la gestión local que fue desarticulada con el proceso de concentración.
Durante años, las cooperativas de servicios públicos lucharon por su legalidad y conquistaron fallos históricos en la Corte Suprema, con derechos que figuran ahora en el artículo 30 de la nueva ley. Unas 100 empresas del sector gestionan sus licencias para brindar servicios convergentes de televisión por cable, telefonía e internet y deberían ser especialmente tenidas en cuenta a la hora de los procedimientos de transferencia de licencias e infraestructura de comunicación.
Un nuevo mapa con diversidad y competencia es posible.

“La democracia argentina ajusta sus parámetros”
Graciana Peñafort. Coautora de la ley de medios.

La sentencia que ha dictado la Corte Suprema anuncia un momento cero, largamente postergado por cuatro años, en los cuales la democracia argentina empieza a ajustar sus parámetros de libertad de expresión a un modelo más amplio. La concentración mediática deja de ser una realidad para dar espacio a otras voces.
Frank La Rue, relator especial para la promoción y protección de la libertad de expresión y opinión de Naciones Unidas, afirmó que era una ley modelo y un ejemplo a ser imitado en la región. Cuando tomó conocimiento de la sentencia, volvió a manifestarse a favor.
Todos los países vecinos están mirando la experiencia argentina, de una ley que es fruto del debate democrático, en cumplimiento estricto de las pautas de libertad de expresión que marcan los organismos internacionales.
Hace a una normativa moderna y mucho más participativa, en un marco de discusión que en sí mismo es un ejemplo. No es una ley que se piensa en una oficina, sino que es discutida por la sociedad en su conjunto.
Clarín ha llevado cuatro años de estrategias dilatorias con un solo objetivo que es no estar sujeto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y siempre encuentra alguna excusa que suena enorme y al momento de discutir los argumentos del slogan, los mismos resultan vacíos.
La Corte ha determinado que la libertad de expresión es un patrimonio de la sociedad y no sólo de un grupo mediático. Donde haya concentración de medios hay alguien que se aboca el derecho de las voces que le pertenecen al conjunto.
Hace unos días la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó un informe sobre los peligros de la libertad de expresión en la Argentina. En ese mismo evento se premió a la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, quien manifestó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos restricciones a la prensa. Por otro lado, el Estado Nacional argumentó sobre las enormes evoluciones de la libertad bajo las normas de la Corte Interamericana. Más allá de las posiciones, la Ley ha sido sancionada, es obligatoria y todos deben cumplirla independientemente de la opinión que la ley les merezca.
Cuando se sancionó la ley hubo dos diputados que presentaron medidas cautelares para que la ley no se aplique. La Corte entonces resolvió que ningún funcionario de la Nación podía arrogarse la representación colectiva de una ley que contaba con amplios sectores de la sociedad a favor. Aquellos que habían perdido en las cámaras no podían impugnarla judicialmente.
Hay un poco de ésto en la presentación que hicieron en estos días algunos diputados. Si tienen determinadas inquietudes deberían presentar proyectos de ley, pero arrogarse la representación de toda la sociedad no es bueno. Hay muchos ciudadanos que queremos que la ley se aplique. Es absurdo que los diputados no vayan al Congreso a defender sus intereses y recurran a la Justicia.

Antes que nada, respetar el fallo
Guillermo Mastrini. Maestría en industrias Culturales, Universidad Nacional de Quilmes.

El martes, cerca del mediodía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación produjo un vuelco en la agenda política, informativa y social, al fallar en una de las cuestiones más trascendentes que tenía en sus manos, como es el reclamo de inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que había promovido el Grupo Clarín contra el Estado.
Casi inmediatamente comenzó una serie hasta ahora interminable de reflexiones sobre cómo debía proceder la Autoridad de Aplicación, o cuál sería la estrategia a seguir por el multimedios. Si hasta el fallo de la Corte se abundó en suposiciones sobre el comportamiento de los ministros, luego las especulaciones se centraron en la aplicabilidad del fallo.
Llama la atención sin embargo, el escaso acento que se puso en analizar lo más concreto y sustantivo, como fue el propio fallo de la CSJN. Sólo un artículo de Gregorio Badeni en La Nación, cuya histórica defensa de la tradición de la perspectiva liberal-conservadora de la libertad de expresión quedó demolida por la nueva jurisprudencia, tuvo al menos el valor de analizar la sentencia.
Porque lo más importante que deja la resolución adoptada por la mayoría de la CSJN es que asienta un nuevo concepto de que se entiende por libertad de expresión en Argentina, y esto no es un tema nada menor.
El fallo considera que hay dos dimensiones de la libertad de expresión, una de carácter individual, basada en el derecho personal a hacer públicas las ideas, de la que derivan derechos patrimoniales. Y otra dimensión social o colectiva, en la que se debe asegurar al conjunto de la población el derecho a ejercer su libertad de expresión. En un tiempo signado por la centralidad de los medios de comunicación, la CSJN expresa que la libertad de expresión es indivisible de la posibilidad de difusión de las ideas, y a partir de esta cuestión se desprende la importancia del régimen legal aplicable a los medios de comunicación para garantizar ambas cuestiones.
La CSJN no evalúa la calidad de la LSCA porque entiende que esa es tarea de los legisladores, y destaca que en la Ley 26.522 "apunta a favorecer políticas competitivas y antimonopólicas para preservar un derecho fundamental para la vida en democracia como es la libertad de expresión y de información". Es decir la CSJN analiza si la ley es proporcionada y razonable a partir de la voluntad legislativa, respetando de forma marcada la división de poderes.
El fallo se asienta en la necesidad de promover y garantizar un debate público robusto, como ha sido defendido por el constitucionalista norteamericano Owen Fiss, quien en Argentina encontró eco en el recordado Carlos Nino. Por ello, la Corte señala que el principio que la LSCA procura garantizar es el de la pluralidad de voces y que el Estado tiene derecho a establecer las limitaciones a la concentración de los medios que estime necesarias, siempre que las mismas no afecten la existencia de las empresas del sector.
Para quienes no provenimos del ámbito del derecho, el fallo reconoce una cuestión fundamental, como es la especificidad del sector de la comunicación, cuya diversidad debe ser protegida especialmente ya que ésta es la piedra angular de una sociedad democrática: "A diferencia de otros mercados, en el de las comunicación, la concentración tiene consecuencias sociales que se manifiestan sobre el derecho a la información, un bien esencial para las libertades individuales" y agrega: "Las restricciones de orden estrictamente patrimonial no son desproporcionadas frente al peso institucional que poseen los objetivos de la ley".
Argentina cuenta desde el martes con una jurisprudencia en materia de libertad de expresión de avanzada, que pone el derecho social a contar con un debate público plural por delante del derecho patrimonial de las empresas.
Por supuesto que ahora es menester que la ley se aplique cabalmente, y como bien advierte la CSJN, resulta fundamental para ello que también quienes tienes la responsabilidad de implementarla respeten la voluntad del legislador, y promuevan un debate abierto y sin discriminaciones.
En una semana intensa, de diversas maneras, distintos poderes resultaron menguados. Posiblemente sea el mejor homenaje que se le puede hacer al treinta aniversario de las elecciones de 1983. Que otra cosa sino, que un país donde los poderosos sean un poco menos poderosos, y la sociedad un poco más democrática.

Fuente: Miradas al Sur

3 de noviembre de 2013