El ataque antisindical

De la mano de la política oligárquica del actual gobierno nacional se verifica un recrudecimiento de la persecución política, ideológica y judicial, que vienen sufriendo extendidos segmentos de lo que, por comodidad, podríamos llamar “oposición” al macrismo. Ahora, esos ataques gubernamentales se orientan claramente hacia las organizaciones gremiales de los trabajadores (en la jerga oficialista: las mafias sindicales). Esto no solo por motivos coyunturales (las áridas discusiones paritarias), sino por cuestiones estratégicas para el proyecto derechista en el gobierno.

En ese plano, se desnuda completamente la falacia modernizante que esgrime el macrismo, y asoma a la superficie el carácter señorial-oligárquico de la política en curso. El discurso modernizante está presente desde siempre en las distintas cristalizaciones históricas de la dominación oligárquica en la Argentina. Pero en la realidad de los hechos, la “modernización” siempre se detuvo allí donde se afectaba los intereses señoriales largamente imbricados con la transformación capitalista extrovertida y dependiente. Por eso, la explotación de la mano de obra rural sigue siendo uno de los nudos del abuso patronal y aún de las rémoras de formas de trabajo forzado o no remunerado.

La emergencia de movimientos campesinos, sindicales y políticos de las clases trabajadoras en todo el mundo también es expresión de una modernidad, vista desde abajo y desde el Sur. A menos que se considere que la modernidad se reduce a los planes “sugeridos” (impuestos) por el FMI y los foros empresariales pro globalización. El triunfo de  las fuerzas sociales, económicas y políticas asociadas a lo que el FMI representa, exige la derrota de las clases obreras, de los campesinos, y de los segmentos productivos y empresariales vinculados a los mercados internos. En nuestro país lo hemos visto en el ’55, en el ’76, en los ’90. Y nuevamente ahora.

En nuestro país, por el peso y la centralidad adquirida por los sindicatos de trabajadores urbanos en la década de 1940, el ataque antisindical es una forma recurrente de las ofensivas oligárquicas. En otros países, la represión a los movimientos campesinos y de trabajadores rurales representa, en esencia, lo mismo. Pero no se ataca solamente a los asalariados, ni a sus organizaciones gremiales, sino que a través de esa ofensiva antisindical, se busca el aplastamiento de todo el conglomerado policlasista mercado-internista, competidor de las clases oligárquicas cada vez que se abre una ventana histórica. El nudo de esa competencia es el control del Estado.

La represión, el ataque gubernamental, la persecución judicial, todas ellas son formas privilegiadas y recurrentes de las ofensivas antisindicales. Pero no solamente se trata de “acción directa”, sino también de una construcción hegemónica que alimenta antiguos prejuicios antipopulares y que busca ahondar las contradicciones internas del bloque popular. En primer término, el debilitamiento o fragmentación de toda convergencia policlasista mercado-internista. El control de la política es la herramienta primordial para ello: estimulando la especulación y los circuitos financieros vinculados a la burguesía trasnacional, o fomentando la producción interna y la protección del trabajo local. En función de ello, ciertos segmentos de las clases propietarias locales (la “burguesía nacional”, en el lenguaje de la mejor ensayística política del siglo XX) se decantarán en una u otra dirección. Se acoplarán al bloque oligárquico, sobreviviendo como clase social pero licuando activos y debilitando su arraigo productivo; o confluirán en un bloque productivista basado en la expansión del consumo popular y el crecimiento del mercado interno. No se trata de libres y sesudas elecciones individuales, sino de procesos vinculados a las luchas de clases, las disputas por la dirección de la política económica, y los “vaivenes” del mercado mundial (la lucha de clases a escala global).

En segundo término, se trata de debilitar al máximo a las propias expresiones gremiales y políticas de los asalariados. De “trabajar” sus contradicciones internas con vistas al triunfo del faccionalismo y la desunión permanente. En ese terreno, el ataque a las llamadas “mafias” sindicales adquiere todo su sentido claramente pro oligárquico. No hay que confundir la profunda tradición histórica, crítica y antiburocrática, que emerge en ciertos recodos álgidos de las luchas populares argentinas (el proyecto de la CGT de los Argentinos, por ejemplo); y que en todo caso es un rico pliegue interno de la Historia de las clases populares, con las operaciones ideológicas de la derecha política y mediática. En esas operaciones conservadoras se revela no solo la vieja lógica del “divide y reinarás”, sino también su carácter señorial y oligárquico: los trabajadores deben obedecer, los espacios laborales son de pura productividad. Una productividad cuya dirección y ritmo fija solo la parte empleadora, sin atisbo de negociación alguna. Y aclarando que acá debemos leer productividad, en el reducídisimo sentido de incremento del esfuerzo de los trabajadores por menos remuneración.

Por supuesto, las contradicciones en el campo de los trabajadores y del pueblo son reales, y condicionan el despliegue de los proyectos políticos de raíz popular. Esas contradicciones tienen su historia también. Por ejemplo, en el terreno específicamente sindical, la tensión entre una orientación confrontativa y la búsqueda de escenarios de negociación es permanente. Las fuerzas que se disputan la arena contemporánea están hegemonizadas por la burguesía trasnacional, verdadera mandante de la oligarquía argentina. Y en ese sentido, la apelación al Estado, al rol arbitral que debería sostener (si es verdaderamente un Estado “moderno”) y la búsqueda de interlocutores con los cuales se pueda dialogar, es una práctica que aparece en el repertorio de las organizaciones sindicales, aún antes del ascenso del peronismo a mediados del siglo XX. Demonizarla per se, puede ser expresión de un cierto voluntarismo. En el otro plano de la contradicción, no solo se ha presentado históricamente la experiencia de los ciclos combativos y de ascenso de la protesta obrera y popular, sino también la participación de los trabajadores en movimientos políticos como el peronismo y el kirchnerismo que operaron privilegiadamente en la disputa por el control del Estado y la orientación de la política económica. Esa articulación, de lo social y lo político, potenció siempre la convergencia policlasista de orientación mercado-internista. Puede ser una clave hoy, frente al caos social y económico generado por la política oligárquica.

 

                                                                             Germán Ibañez

La contrarrevolución burguesa, que es oligárquica

En las regiones periféricas del mundo, el capitalismo “normal” ha sido el capitalismo dependiente. Colonialismo y capitalismo han estado asociados desde el inicio, incrementando las asimetrías globales en la distribución del ingreso, y en la brecha de productividades. Por ello, la sobreexplotación laboral es la norma típica en las periferias, “compensando” malamente la brecha de productividad que la revolución científico-tecnológica sigue agrandando. En América Latina, la conquista ibérica impuso formas de trabajo forzado y un tipo de estructura socieconómica señorial, que no fue desintegrada completamente por la descomposición del viejo sistema colonial y la transformación capitalista decimonónica. Esas “huellas” de larga duración configuraron rasgos señoriales (a veces llamados feudales) en las prácticas e imaginarios de las clases propietarias en países como Argentina. A despecho de la “modernidad” buscada y proclamada una y otra vez por los intelectuales orgánicos de la derecha, a lo largo del tiempo esas prácticas pervivieron, en la medida en que eran funcionales al mantenimiento de altos grados de explotación de la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, fue cristalizando un carácter preeminentemente extrovertido de la economía, subordinada en su crecimiento a las necesidades metropolitanas.

La intransigencia patronal frente a los reclamos laborales, el ataque a las formas de organización sindical, la reproducción de prejuicios antipopulares apenas renovados en sus argumentaciones, es expresión de esa configuración cultural señorial. Muy especialmente atacada es la idea misma de negociación o acuerdo en los ámbitos de trabajo. El trabajador debería obedecer sin más, como en las viejas unidades productivas de la época colonial. No casualmente, en el trabajo rural y en el trabajo doméstico esas pervivencias son más acentuadas, con las formas de una servidumbre personal casi sin atenuantes en muchos casos. Cuando los gobiernos son “solidarios” con esa orientación antipopular, el bloque dominante aparece casi como inexpugnable. A su vez, los sindicatos han intentado desde los inicios morigerar ese cuadro altamente desfavorable no solo desde la protesta, sino a veces mediante la búsqueda de escenarios de negociación o de “interlocutores” permeables. Asimismo han contribuido a sustentar proyectos políticos de base popular, como el peronismo, a través de lo cuales incidir en la democratización del Estado y la distribución progresista de la riqueza.  

Fueron los movimientos populares los que erosionaron las bases señoriales del capitalismo periférico, y al hacerlo, impulsaron un “ajuste” inverso: de los intereses del capital financiero o las metrópolis dominantes, a las necesidades del desarrollo nacional. Así se delineó el carácter atípico de la transformación capitalista argentina en las etapas del primer peronismo y del kirchnerismo. Es que torcer aunque fuera mínimamente la lógica del crecimiento asimétrico y subordinado hacia fuera, implicó la movilización de importantes contingentes populares, que planteaban perentoriamente, consignas de tipo democráticas y distribucionistas. Así se vio un crecimiento capitalista, con primacía del mercado interno y expansión de derechos y conquistas sociales. Por supuesto, el énfasis modernizador estuvo siempre presente en esas experiencias nacional-populares, pero con rasgos particulares: la reivindicación del rol del Estado en el desarrollo económico, el ideal industrialista, la inversión en ciencia y tecnología, la búsqueda de una mayor autonomía a la hora de trazar las estrategias de inserción internacional, y en los momentos de mayor avance, el anudamiento de alianzas con otros países del Sur. Pero sobre todo, y especialmente desde el ángulo de los sectores populares que adhirieron a los movimientos nacionales, se concibió la “modernidad” directamente relacionada con la mejora del ingreso y de las condiciones de trabajo, y la expansión de derechos sociales. Y por lo tanto, se concibió como rezagos oligárquicos antimodernos, el autoritarismo patronal y cualquier forma de sobreexplotación laboral. En ese cruce se han dado y se dan gran parte de las disputas históricas entre los bloques dominantes y los movimientos populares.

La brecha en el despliegue de los proyectos nacional-populares ha aparecido cuando se avizoran dificultades en el capitalismo “atípico”, obligado a complejos compromisos sociales en la medida en que debe conjugar crecimiento económico con justicia social. Dificultades que pueden estar relacionadas con un empeoramiento del contexto económico internacional y subsiguiente caída del poder de compra de las exportaciones. Pero muy especialmente con una realidad que nos acompaña hace tiempo: la fuga de la inversión. La “renuencia” (para utilizar una palabra delicada) de la oligarquía argentina a invertir, se extiende a otras fracciones de las clases propietarias (lo que supo analizar en su momento Jauretche en “El Medio Pelo”). Sin esos recursos, evadidos, resulta muy complicado seguir compatibilizando crecimiento y distribución.

Allí comienza la presión para “normalizar” el capitalismo, para tornar verosímil un diagnóstico en el cual los avances populares se convierten en la causa del estancamiento nacional. Y queda en un cono de sombra la brutal fuga de las inversiones que es la causa más profunda de la ralentización del crecimiento. Ni hace falta detenerse en argumentaciones menores de las derechas, como que la fuga del capital es por culpa de la desconfianza que le generan los “populismos”, porque bajo el actual gobierno oligárquico el drenaje se profundizó aún más, rotas todas las regulaciones y controles estatales para contener la inversión territorializada. La máxima operación ideológica es presentar, revestida de “modernidad” la vieja configuración señorial-oligárquica para regir el mundo del trabajo. Y convertir los derechos sociales, y aún la misma organización sectorial de los trabajadores en antiguallas o lastres populistas.

Ocultan también que la vieja sociedad señorial-oligárquica se sostuvo en base a la violencia. Y en eso están nuevamente las derechas, en su afán de “normalizar” el capitalismo: una verdadera (contra) revolución burguesa, que es oligárquica.

 

                                                                                      Germán Ibañez

Violencia imperial /violencia oligárquica

La experiencia de los años 2003 a 2015 en la Argentina, de despliegue del proyecto nacional popular, puso de relieve la importancia de los procesos de integración /unión regional para la sustentabilidad de los avances populares locales. Especialmente desde las jornadas del No al Alca en 2005, quedó claro el arco de alianzas con algunos gobiernos sudamericanos. Esta situación, de enorme trascendencia, llevó naturalmente a que el interés se concentrara en ciertos países como Brasil y Venezuela, también Bolivia y Ecuador, que eran junto a nuestro país actores relevantes del proceso de construcción regional. Así creció la atención sobre el MERCOSUR, y luego sobre realidades más recientes como UNASUR o la CELAC. Por lo mismo, quedó en un segundo plano la información y la reflexión sobre la experiencia contemporánea de otros países latinoamericanos, donde la influencia estadounidense era más palmaria, como es el caso de México y Colombia. El relevamiento más superficial de la situación de dichos países mostraría que la violencia es la principal herramienta de gestión del conflicto social y político, de desarticulación de los bloques populares, y de apuntalamiento de una precaria hegemonía de sus respectivas oligarquías.

Hoy, con el impasse del proceso de integración /unión autonómica de Sudamericana, merced al ascenso de gobiernos ultra conservadores y aliados de EEUU en Argentina y Brasil, se manifiesta en toda su importancia la cuestión de la violencia oligárquica como mecanismo principalísimo de gestión del conflicto. En este plano se solapan, solidariamente, las necesidades estratégicas de la supremacía estadounidense con los intereses inmediatos de control político sobre las poblaciones de las derechas de la región. Por supuesto, nada de esto es una novedad, y basta recordar la etapa de la Guerra Fría y la Doctrina de la Seguridad Nacional en la segunda mitad del siglo XX, en sus estragos en la región. Pero vale la pena pasar revista a algunas características de este problema, en su configuración actual.

En primer lugar, que la gestión de la crisis a nivel global, por parte del imperialismo, está asociada a la sucesión de conflictos armados y “anarquía” de regiones enteras del globo, como es el caso de Medio Oriente. EEUU no ha podido concretar de otro modo su ambición de erigirse en potencia única y “gendarme del mundo”. La financierización permanente de la economía genera constantes turbulencias, y es causa y consecuencia de la imposibilidad de desplegar un largo ciclo de crecimiento y desarrollo económico como en la segunda posguerra. Las guerras de baja intensidad (son de “baja” intensidad en su caracterización, para las poblaciones que las sufren, la intensidad es altísima), y el estímulo constante al antagonismo armado para “resolver” tensiones étnicas, sociales, o regionales, aparece como la estrategia más visible de la gestión de la crisis capitalista contemporánea, como señala entre otros el economista egipcio Samir Amin. En nuestro continente, no es casualidad que los países fundamentales del redespliegue estadounidense, los aludidos Colombia y México, revelan índices altísimos de violencia política, represión estatal y paraestatal, y conflictos armados. La ingeniería diseñada para explotar tensiones étnicas o disputas regionales, es visible asimismo en otros países, especialmente del mundo andino. Por ejemplo, para crear problemas al proceso nacional popular boliviano. Insumos para establecer un escenario de antagonismo entre los Estados argentino y chileno con las comunidades mapuche también provienen del Norte imperial, claro que en este punto no podríamos desconocer los aportes de “cosecha propia” de las oligarquías locales, y sus personeros gubernamentales e intelectuales más nefastos.

Y es que, en segundo lugar, hay que detenerse en la configuración local de la dominación oligárquica, que ha desplegado largos ciclos de violencia política, tanto en la etapa de la consolidación de los Estados, como frente al desafío de los diferentes movimientos políticos y sociales que plantearon en el siglo XX la democratización de dichos Estados y la distribución progresista de la riqueza. La demonización del adversario, cuando no la lisa y llana “creación de un enemigo interno”, ha sido y es una operación hegemónica fundamental, para apuntalar las crudas y violentas formas de la subalternización del otro.

Exacerbar el antagonismo como estrategia de gestión política es hoy una de las herramientas fundamentales de la dominación oligárquica, plenamente convergente con el influjo colonial del Norte. El conflicto es inmanente a las sociedades contemporáneas; conflictos de clase, nacionales, étnicos, de género, etarios, etc. Pero no todos ellos devienen  necesariamente en antagonismo. Es decir, en enfrentamiento puro y duro. Manejar el escenario del antagonismo, es por eso una de las modalidades más importantes de los gobiernos de derecha latinoamericanos. En su manifestación  más “ideal” sería la capacidad de persuadir a la opinión pública de cuál conflicto es antagónico y “por qué” en cada momento. La operación hegemónica tiene más posibilidades de concretarse, allí donde se apoya en alguna vieja configuración de prejuicios conservadores. Por ejemplo, con las comunidades mapuche, a las que es posible violentar apelando a la larga sombra de la dicotomía civilización o barbarie. Viejos prejuicios tornan más verosímiles las precarias especulaciones sobre una organización “terrorista” indígena.

Pero también, los horizontes más amplios de la protesta social, la movilización popular, o aún la organización sectorial (como sería el caso de los sindicatos), son objeto de similares operaciones hegemónicas de demonización. La recurrencia y agravamiento de estos fenómenos debe alertar, si es que no faltaran situaciones más gravosas como los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y las represiones a las movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires el pasado mes de diciembre, de cual es el horizonte político de mediano plazo que pretende instalar el gobierno de Cambiemos. Puede advertirse los signos probables de un largo ciclo de antagonismo y “gestión” violenta del mismo. De ahí la importancia de prestar atención a la historia reciente de Colombia y México. La naturalización del antagonismo y la violencia es buscada por la derecha contemporánea como herramienta de gestión fundamental, frente a crisis sociales, laborales y de dirección política que no podrán solucionar. En las sociedades de hoy, existen tensiones y contradicciones; saber distinguir cuáles son realmente antagónicas y cuáles son los escenarios fabricados por la derecha, es el principio para evitar la encerrona violenta que prepara la oligarquía.

 

                                                                                                                    Germán Ibañez

La política oligárquica

Con el afianzamiento de la restauración conservadora en varios países de la región, incluyendo nuestra Argentina, se advierte un marcado deterioro de la democracia real, esto es, del fundamento y las prácticas de soberanía popular en los regímenes políticos. La más rápida objeción que se interpone habitualmente a una consideración como la anterior, es la vigencia del sistema republicano, la continuidad de las prácticas electorales y la “ausencia” de golpes de Estado encabezados por las Fuerzas Armadas (aunque como demuestra el caso brasilero, no puede obviarse la realidad de los golpes “institucionales” que aprovechan los vericuetos conservadores de los Estados burgueses). Esta objeción a veces está acompañada de las expresiones “nueva derecha” o “derecha democrática” para caracterizar a gobiernos como el de Mauricio Macri en Argentina, que advienen merced a triunfos electorales. Sin embargo, en las prácticas concretas de estos gobiernos de derecha, y en su orientación ideológica, puede advertirse la huella más que perdurable de la configuración oligárquica que cristalizó originalmente a finales del siglo XIX. Del mismo modo, sus rasgos autoritarios y represivos se acentúan, tornando discutible el adjetivo “democrático” para caracterizar a estos experimentos conservadores. Por cierto, como siempre conviene evitar eventuales anacronismos, en las líneas que siguen procuraremos aclarar a qué nos referimos con una configuración o política oligárquica para caracterizar a los gobiernos como el de Cambiemos.

El primer rasgo de la configuración oligárquica en el plano del Estado, es su carácter patrimonialista, es decir, el altísimo grado de imbricación del elenco gobernante con las clases poseedoras. O, para decirlo de modo más sencillo, la estrecha asociación de poder político y poder económico. Como lo han señalado, entre otros, Waldo Ansaldi y Verónica Giordano (América Latina. La construcción del orden), ésta es una de las características fundamentales de los Estados oligárquicos que se consolidaron en Latinoamérica en el tramo final del siglo XIX. Los titulares de los cargos gubernamentales más relevantes son expresión directa del poder económico, de las fracciones más concentradas de las corporaciones empresariales y mediáticas. La expresión popular “atendido por sus propios dueños”, expresa esta situación muy palpable hoy, pero que no es una completa novedad, sino más bien una continuidad de la matriz oligárquica. Esta matriz se caracteriza entonces, en primer término, por la armonización de las orientaciones gubernamentales con los intereses estratégicos de las clases dominantes. La cultura del eufemismo ampliamente extendida hoy día, presenta esa convergencia oligárquica como “consenso” y “diálogo”. Por cierto, esa convergencia oligárquica excede ampliamente el plano de las “oportunidades de negocio”, aunque eso siempre está presente para socios, familiares y amigos. Nos referimos más específicamente a los intereses estratégicos de la dominación política y social, al afianzamiento de una hegemonía en la conducción del Estado y la sociedad civil. Tampoco esto es una completa novedad, y la larga saga de pensadores nacionales, de Jauretche a Galasso, han puesto de relieve el componente ideal de la dominación conservadora en la Argentina, el rol de los intelectuales, la “colonización pedagógica”, y el peso de los medios de comunicación. Ya la matriz oligárquica original, naturalizaba y sancionaba la estrecha asociación del mundo de los negocios con el mundo de la política, circunscripto éste último al mínimo elenco gobernante que rotaba en la gestión del Estado, con eventuales choques y disputas importantes en su seno, pero virtualmente blindado frente al resto de la población. La apropiación e instrumentación de los resortes fundamentales del Estado, así como la amplia ventaja en la construcción hegemónica fundada en el poderío económico y mediático, constituye el fenómeno de unas clases dominantes blindadas o “protegidas en redondo”, según la expresión del sociólogo centroamericano Edelberto Torres Rivas.

Sin ir más lejos, el altísimo grado de instrumentación del Estado por parte de las fracciones más poderosas del empresariado, no se manifiesta solamente en el nacimiento de los regímenes oligárquicos, sino también en las experiencias dictatoriales de décadas de 1960 y 1970, y en los gobiernos neoliberales de los años 1990, al estilo Menem, Salinas de Gortari, Fujimori o Henrique Cardozo. No resulta casualidad el aire de familia, y aún la continuidad directa, de esas experiencias con el actual gobierno de Cambiemos. Una vez más, ciertas expresiones populares como “el retorno de los noventa”, o el retroceso en materia de Memoria y Derechos Humanos, así como la presencia de apologistas de la dictadura en el proyecto político comandado por Mauricio Macri, dan cuenta de ello. Y por lo tanto, habilitan problematizar esto de la “nueva” derecha, que si aceptamos las anteriores consideraciones, no lo es tanto. Por lo pronto, el más elemental relevamiento comparativo de las políticas instauradas por el menemismo, con las desplegadas hoy día por el macrismo, no nos mostraría diferencias sustanciales. El horizonte ideológico es exactamente el mismo: una variante radical del neoliberalismo, dominante a escala global en los últimos treinta a cuarenta años. Sus ideas-fuerza, sustentadas en la preeminencia del mercado, no revistan cambios importantes; ni siquiera sus tópicos más banales como la supuesta ineficiencia de las empresas públicas y la promesa nunca cumplida del “derrame” de la riqueza.

El segundo rasgo de la configuración oligárquica es su carácter autoritario, represivo y en última instancia, antidemocrático. La cristalización del Estado oligárquico en la Argentina, no se produjo merced a la obra “educadora” de una elite progresista, sino como desemboque de un prolongado ciclo de guerras civiles, llamado piadosamente la “etapa de la organización nacional”. Se impuso finalmente el bloque de las clases poseedoras vinculado de manera asimétrica y dependiente con los centros capitalistas metropolitanos, especialmente Gran Bretaña. El carácter violento de la expansión capitalista y estatal de finales del siglo XIX no encuentra expresión más clara que el sometimiento y expropiación de las comunidades indígenas de la llanura, la así llamada “conquista del desierto”. De esa manera, fue consolidándose un patrón de colonialismo interno en nuestro país, amasando violencia, negación y subalternización de poblaciones que fueron presentadas como máxima manifestación de la barbarie. ¿Hace falta poner de relieve que esa es la matriz desde la cual hoy se sigue justificando la represión a las comunidades mapuches del Sur, y la negación al acceso a recursos como la tierra a esos argentinos? Expansión capitalista, represión, y colonialismo interno han ido y van hoy de la mano. Lo mismo sucedió con las poblaciones libres de la llanura chaqueña. En esas represiones, se construyó una mirada sobre el otro, un radical extrañamiento cultural, la imagen de un enemigo bárbaro y salvaje. Esa configuración cultural sigue operando hoy en la demonización de las comunidades indígenas, que son argentinos y argentinas que reclaman por sus derechos y su identidad.

La naturaleza autoritaria de la política oligárquica no quedó confinada a la represión y sometimiento de los pueblos originarios, sino que se proyectó en la dominación sobre los más amplios contingentes de la población, nominalmente “ciudadanos”. Los reales decisores y participantes de la gestión de la “cosa pública” se redujeron en lo sustancial a la elite económico-política. Allí se trazó una contradicción, largamente perdurable y que está en el centro de la disputa política del siglo XX, en el seno del régimen formalmente republicano del Estado disociado de prácticas democráticas reales, expresivas de la soberanía popular. República y Democracia no son antagónicas per se. Lo han sido muchas veces en la historia contingente de los argentinos, en el plano de la disputa político-ideológica. La disociación de una República de factura liberal por un lado y el principio de la Soberanía Popular por el otro, condujo al “apropiamiento” de la bandera republicana por parte de las elites conservadoras y oligárquicas, pues fueron ellas en primer término, las que establecieron las reglas del juego e instrumentaron los resortes de la República conservadora en su exclusivo beneficio.

Han sido los movimientos populares del siglo XX los que representaron el otro polo de la contradicción e impusieron en (una vez más) prolongados ciclos de luchas políticas, la democratización del Estado. Nos referimos a la ampliación real de la base ciudadana del Estado, el acceso a los puestos gubernamentales por elencos ampliados en su composición social, la lucha contra el fraude y diversas formas de manipulación abiertamente ilegales, la expansión progresiva de derechos políticos, sociales y culturales, que no son un “adorno” contingente de la democracia sino el horizonte deseable y siempre en construcción de una comunidad organizada. Todo ello ha estado vinculado a la lucha de los trabajadores, los sindicatos y distintos movimientos sociales, así como de las experiencias políticas de masas, como es el caso del peronismo, o incluso del primer radicalismo. A esos movimientos se les negó, en sus momentos de irrupción o de máxima potencialidad participativa, su carácter democrático. El enfrentamiento a esos movimientos de masas, se produjo con gran centralidad de los dispositivos represivos del Estado controlados por las elites conservadoras, así como largos choques ideológico-culturales, en la disputa por la idea misma de democracia.

Los movimientos populares como el peronismo y el kirchnerismo pusieron de relieve la cuestión de la igualdad como horizonte real de la democracia, cuestionando el republicanismo oligárquico que convivía con, e incrementaba, las desigualdades económicas y la dominación social. En ese terreno azaroso y crítico, el de la lucha por la igualdad, eclosionaron las contradicciones entre las elites oligárquicas y los movimientos populares, pues en ese plano la democratización del Estado y el cuestionamiento de las prácticas represivas y autoritarias, se cruza con la despatrimonialización del régimen político. Esto es, la disminución del grado de instrumentación de los resortes estratégicos del Estado por parte del “poder económico”. No en vano, ha sido en este punto donde históricamente se han agudizado los antagonismos, tanto en tiempos de dictadura como en tiempos de democracia. La democracia real, o la lucha por ella, está vinculada a la lucha por los recursos materiales, como señala Álvaro García Linera (América Latina y el futuro de las políticas emancipatorias); no es solo una cuestión instrumental o de procedimientos institucionales.

Esto último es especialmente relevante, pues aquí volvemos a las preocupaciones del inicio. A saber, si el gobierno conservador de hoy es una “derecha democrática”. Tampoco aquí nos encontramos con una completa novedad, y está ampliamente acreditada en la experiencia latinoamericana la convivencia de autoritarismo con regímenes representativos y electorales. A propósito de ello, el sociólogo estadounidense James Petras caracterizó en su momento a las experiencias neoliberales de los años 1990 como “neoautoritarismo electoral”. Aquí hay que poner el foco en aspectos fundamentales que ya tuvieron su concreción paradigmática en los años ’90 y se replican hoy: el blindaje de la gestión económica (justificado en un horizonte tecnocrático y gerencial) frente a la ciudadanía, al tiempo que es completamente permeable frente a los organismos financieros internacionales. En los casos extremos, (harto frecuentes entre los funcionarios del área) incluso se hace apología de ello. Se presenta la tutela del FMI y otros organismos, que nadie ha votado, como deseable y necesaria, y no  susceptible de ser sometida al escrutinio popular. Aquí nos encontramos con un blindaje antidemocrático. El programa económico no se discute, e incluso se lo “protege” con una escalada represiva.

Esto último no es nada novedoso, y es largamente conocido por la cultura militante de la Argentina; conocimiento reflejado en expresiones muchas veces repetidas con ligeras variantes como: “el modelo de ajuste cierra con represión”. La escalada represiva que se despliega, y que ya conoce víctimas fatales en ocasión de represión como el Santiago Maldonado y el asesinato vil de Rafael Nahuel, lamentablemente no es una “novedad”, ni es “democrático” tampoco. Las escaladas represivas tampoco son un exceso; son algo que se prepara con tiempo, en general replicando o instrumentado paradigmas irradiados desde el Norte, como la lucha contra el “narcoterrorismo” u otras construcciones de una contrainsurgencia que se actualiza pero sirve a los mismos intereses de siempre. La represión y el asesinato de militantes o dirigentes populares es una constante línea de acción que las clases poseedoras y los proyectos conservadores instrumentan para frenar o anular los avances populares. Vaya como ejemplo hoy lo que sucede en Colombia, donde pese al proceso de Paz, ha continuado el asesinato de militantes y dirigentes campesinos, poniendo en riesgo los aún débiles resultados conseguidos. No es difícil adivinar que la decepción que pudiera generarse en la sociedad colombiana, ante resultados frágiles o poco concluyentes, y la continuidad del asesinato político, solo favorecería a las posiciones más reaccionarias.

Estas “constantes” de patrimonialismo, autoritarismo y violencia, (centrales en la configuración de la matriz oligárquica en la Argentina) es lo que hemos querido resaltar, para poner de relieve algunas continuidades. Esas continuidades entendemos ponen en entredicho los rasgos novedosos o democráticos de la derecha actualmente en el gobierno argentino, y habilitan la caracterización de su política como oligárquica.

 

Germán Ibañez

En diálogo con AgePeBA, García Linera llamó a “resolver dos grandes heridas: Malvinas, que es Argentina, y la salida soberana de Bolivia al Pacifico”

Elecciones en Bolivia

 

“Nuestro sueño es un Estado Continental Plurinacional, con instituciones financieras, judiciales y económicas propias”, dijo el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, al conversar con este enviado especial y de otros medios. Los periodistas lo acompañamos a votar a la escuela Agustín Aspiazu, en La Paz. Se fotografió con una bandera de Proyecto Nacional.

 

 

Por Santiago Masetti (Enviado Especial a Bolivia) / En una austera casa, casi todas una interminable biblioteca, el vicemandatario acompañado por su esposa, Claudia Fernández, habló de la actualidad boliviana, latinoamericana y del proceso eleccionario que atraviesa Bolivia. Se retrató con militantes de Proyecto Nacional, el espacio que conduce el vicegobernador Gabriel Mariotto.

“El continente está viviendo una transformación revolucionaria, nunca antes se habían dado en el continente gobiernos progresistas y revolucionarios. Antes había golpes de Estado y guerrillas a nivel continental, pero nunca gobiernos expandidos a nivel continental. Es un gran avance porque se ha permitido que el continente se independice del tutelaje norteamericano, ese es  un gran avance y hay que mantenerlo”, dijo.

“El siguiente paso, más allá de está soberanía frente a Estados Unidos, porque hoy América Latina dice lo que quiere, define como cree conveniente su destino, que logremos una alianza en el ámbito productivo y económico; nuestro sueño es un Estado Continental Plurinacional y que en cada país se respete su sistema de gobierno, sistema cultural, pero que en un segundo piso, tengamos instituciones financieras, judiciales y económicas como continente”, añadió.

“El destino del mundo es el de los Estados continente. Estados Unidos es un estado continente, Europa es un Estado continente, China es un Estado continente, América Latina va a influir en el mundo en medida que actué como Estado continente y pare ello necesitamos unidad, que solamente lo pueden lograr los gobiernos progresistas y revolucionarios, y resolver las dos grandes heridas que aún sangran: Malvinas, que es Argentina, y la salida soberana al Océano Pacifico para Bolivia. Resueltos esos dos temas el continente está destinado a grandes logros y procesos y a reorientar los procesos de mundialización, que hoy por hoy, nos sobrepasan, pero si actuamos como Estado continente, nosotros podemos reconducir el proceso de mundialización de la economía y de la sociedad”,  puntualizó García Linera.

Fuente: Agencia Periodística de Buenos Aires

"La disputa por la información también era muy fuerte en 1810; las rebeliones de esclavos eran ocultadas", se afirmó desde la Escuela de "Rodolfo"

 

“San Martín y Rivadavia, dos rutas de Mayo que son antagónicas: la primera se identifica con Moreno y el ideario emancipador; mientras que la segunda nos conduce hasta los buitres locales que tenemos hoy acechando el país (…), y no hay cambio político alguno si no se pone en disputa el lenguaje político”, dijo el historiador Germán Ibáñez, de la Escuela de Formación Política Rodolfo Walsh.

                                        

Jueves, 4 de Setiembre de 2014

El académico Germán Ibáñez, una de las máximas referencias de la Universidad de las madres e integrante del Colectivo Rodolfo, disertó el miércoles en el Centro Cultural Padre Mugica de La Plata, y consideró que, “interpelamos el pasado en clave política, para pensar el presente de nuestro proyecto nacional”, conducido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Lo hizo en el marco de los cursos “Historia Argentina del Siglo XIX”, organizados por la escuela del colectivo Rodolfo, de periodistas e intelectuales, y el área de formación política del Mugica. Ambos espacios forman parte de Proyecto Nacional, la agrupación que lidera el vicegobernador Gabriel Mariotto.
“Es un desafío  para cualquier historiador buscar los problemas que no han sido resueltos  y encararlos con el máximo rigor, para que la investigación sea lo más objetiva posible; cuando una sociedad o un país quedan atrapados por una hegemonía conservadora, desde los procesos populares podemos retomar estas cuestiones a partir de los espacios militantes”, dijo Ibáñez durante su exposición.
“Gran parte de la Argentina se ha preguntado hacia donde vamos y eso implica saber de dónde venimos; y en ese sentido  “hay que entender la Revolución del 25 de Mayo desde un contexto más amplio, en términos geográficos. Esa idea nos permite pensar en aquellas movilizaciones populares que fueron exitosas, pero debemos rescatar  aquellas que fueron derrotadas porque fueron olvidadas conscientemente por la historia”.
“Entre San Martín y Rivadavia  hay dos rutas de Mayo antagónicas: la primera se identifica con Mariano Moreno y el ideario emancipador; mientras que la segunda nos conduce hasta los buitres locales que tenemos hoy acechando el país”, puntualizó
“No hay cambio político alguno si no se pone en disputa el lenguaje político. Por eso hoy desde los sectores conservadores hablan del “relato k” para banalizar la política”.
En la charla, Germán Ibáñez hizo especial hincapié en la figura de José Gervasio Artigas: “peleó no sólo por la emancipación de la Banda Oriental sino por la construcción de una Patria Grande con una identidad americana”.
“La idea de que las masas son un escenario donde se mueven los próceres liberales es perfecta para el imperialismo, pero cuando aparecen próceres como  Artigas, ahí señalan que aparece la barbarie”, destacó.
“De la mano de Artigas aparece un ideario federal, rural y democrático que establece un proyecto nacional donde la cuenca del Plata es la articulación de una nueva nación, en busca de un camino de emanciapación que recupere las tierras y las libertades individuales”, insistió el historiador.
Sobre las Invasiones Inglesas consideró: “los británicos sabían de la existencia de las tensiones entre los criollos y los peninsulares,  y pensaron que los íbamos a recibir con los brazos abiertos, pero no paso nada de eso”.
“Siempre que analizamos la historia, los procesos tienen causas muy profundas que se van macerando a lo largo de los siglos. La conquista de España por parte de Napoleón fue el detonante de la Revolución de Mayo, porque el Rey ya no gobernaba, y en entonces se perdió ese sentido de invulnerabilidad  y comenzaron a circular otras ideas”.
Y remarcó: “la disputa por la información entonces también era muy fuerte. Las noticias sobre rebeliones de esclavos comenzaban a circular pero eran ocultadas por el poder en beneficio de sus intereses; las palabras caudillo y gaucho fueron demonizadas, y por eso debemos recuperarlas porque tienen que ver con las movilizaciones populares”.

Fuente: Agencia Periodística de Buenos Aires
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Perón y la educación para el desarrollo nacional

 

Es conocido el impulso que dio la figura de Juan Perón al proceso de desarrollo industrial de nuestro país, a la política de mayor soberanía nacional, a la democratización de un Estado con graves lastres heredados del régimen oligárquico, a la expansión de los derechos sociales y a la incorporación de los trabajadores a la vida política. Pero en menos ocasiones se hace hincapié en una política educativa que también estuvo en consonancia con el proyecto nacional popular que comienza a desplegarse en la década de 1940. En su momento el desdén “gorila” resaltó la presencia de Perón y Eva en los textos escolares, omitiendo que en esos mismos libros aparecía de manera destacada el rol de los trabajadores en el desarrollo nacional, los avances económicos, y los derechos sociales que perfilaban una ciudadanía más rica que en las etapas anteriores de nuestra historia.

En el pensamiento de Perón, una estrecha conexión vinculaba el proyecto educativo, las necesidades sociales y la cultura popular. Una nueva cultura y una nueva educación, no podían reproducir esquemas elitistas ni estar desgajadas de las necesidades populares. “Nosotros queremos una cultura para el pueblo, nosotros queremos que esa cultura esté al alcance de todos los hombres de este pueblo para que así cada uno pueda ser el artífice de su propio destino”, planteó en una oportunidad. El problema de la educación formal, y del acceso a sus niveles superiores era todavía en los años 1940 el de una concepción elitista y poco relacionada con las cuestiones estratégicas del desarrollo nacional, la democratización y la inclusión.

Es en ese marco que hay que contemplar la implementación de una medida trascendente, en noviembre de 1949, como fue la eliminación de los aranceles en la educación superior. Una medida que muchas veces por desconocimiento es fechada en la Reforma de 1918, cuando en realidad se toma bajo el primer gobierno de Perón. Se plantea el horizonte de una universidad argentina que sea un “verdadero centro de investigación científica y de altos estudios”, pero que además tenga como uno de sus objetivos fundamentales afirmar “una conciencia nacional histórica”. En este punto se evidencia la vinculación de ese horizonte educativo con el marco más general de un proyecto de desarrollo nacional con soberanía y justicia social. ¿Implicaba esto de una “conciencia nacional histórica” cerrarse al mundo o desdeñar los avances científicos y del pensamiento social producidos en otras latitudes? Indudablemente no. Lo que estaba en juego es el aporte de las universidades al desarrollo nacional, que difícilmente es imaginable al margen de una mirada crítica sobre los paradigmas colonialistas. La conciencia histórica nacional se traduce como una mirada propia, en permanente construcción, no como cerrazón a lo ajeno.

La valorización de lo propio, la autoestima, pasaba también por el reconocimiento concreto de lo popular, pues para esa mirada de Perón no hay nación sin pueblo. Postular lo popular es también el reconocimiento de los derechos del trabajador; y aparece justamente la idea de reivindicar el rol docente en condiciones de dignidad: como trabajador y no como etéreo apóstol. Dirá Perón: “He considerado como una tarea fundamental de gobierno, asegurar para los profesores y maestros de la Nación la orientación necesaria, el ambiente digno y también las condiciones indispensables que ellos necesitan para enseñar”. Esto se traducía en el aumento de las remuneraciones de los docentes, pero también en el reconocimiento de su rol en la formación de la conciencia nacional.

Y si lo popular se vincula entonces con el mundo del trabajo, no puede dejar de mencionarse uno de los proyectos más ambiciosos: la fundación de la Universidad Obrera Nacional. En el marco de los objetivos de un desarrollo industrial soberano y con justicia social, la educación técnica y científica debía ser resaltada. No en desmedro de un tradicional humanismo, sino en la búsqueda de un nuevo compromiso histórico entre humanismo, modernidad técnico-científica, democracia y justicia social. Junto con las escuelas técnicas, la Universidad Obrera estaba llamada a desempeñar un gran papel.

El revanchismo oligárquico desatado con el golpe de Estado de 1955 quiso borrar ese horizonte educativo. No se atrevió al cierre definitivo de la nueva universidad, pero le cambió su denominación por el más “aséptico” de Universidad Tecnológica Nacional. Hoy la UTN, junto con las universidades nacionales (las “viejas” y las más nuevas) están frente al desafío planteado por ésta década ganada de propender, una vez más, a los objetivos irrenunciables de la soberanía y el desarrollo industrial nacional, la democratización, la inclusión y justicia social, el pensamiento crítico y una geopolítica “desde el Sur”, para trazar un mundo nuevo, más igualitario.

 

 

Germán Ibañez