Opinión.
El primer hecho relevante a señalar tiene que ver con la política de expansión de derechos, que es uno de los procesos principales de la última década. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual resolvió la controversia juridíco-política más intensa de la historia argentina, tornando vanos los intentos de los conglomerados mediáticos que cuestionaban las disposiciones que fijaban límites a la concentración empresarial. La decisión tiene un sentido relevante para interpretar el ordenamiento jurídico argentino, porque se ha desestimado la postura de quienes adjudicaban al derecho de propiedad una entidad frente a la que debían ceder los derechos democráticos de la ciudadanía (libertad de expresión, garantía a la pluralidad de voces, derecho de acceso a la información).
Poco antes, el mismo tribunal había desestimado como inconstitucional, en una sentencia no ajena al criterio corporativo, otra ley de reforma, la que afectaba la administración de justicia. La reciente sentencia de Cámara que absolvió a los procesados por las coimas del Senado revela hasta qué punto el Poder Judicial sintoniza una frecuencia que no es la de la mayoría de la sociedad y esta y otras consideraciones reactualizan la necesidad de la reforma. Sin embargo, hay que señalar que la ley de medios culminó un amplio y dilatado proceso de debate en la sociedad argentina y, en buena medida, allí radicó la fuerza que permitió doblegar finalmente todas las maniobras que intentaron impedir su vigencia. Algo de esto faltó en la reforma judicial y, seguramente, será tomado en cuenta para insistir con una propuesta que sigue siendo absolutamente necesaria.
El segundo hecho fundamental del año lo constituyó la elección legislativa, desdoblada en dos instancias. Pasado un tiempo, queda claro que el kirchnerismo no ha perdido su condición de principal fuerza política, pero, también, que no mostró esta vez su capacidad para convocar a la mayoría de la sociedad. Esto no sería demasiado serio si advertimos que se trataba de una elección legislativa y, además, que el porcentaje obtenido no ubica mal a la fuerza de gobierno para una elección de segunda vuelta, pero el problema es que la imposibilidad de que Cristina sea la candidata abre un cuadro político muy diferente y ésta –anticipada desde tiempo atrás por las encuestas pero no reconocida– es la verdadera noticia de la elección. A mi juicio, no es aventurado decir que las dudas sobre el futuro del kichnerismo que generaba esta situación influyeron en el resultado electoral y facilitaron la instalación de un clima de fin de ciclo que, sin embargo, no podía basarse en la práctica de un gobierno que sigue apuntando a la profundización de su proyecto.
Las especulaciones sobre los posibles candidatos presidenciales del Frente para la Victoria encubren una discusión más importante. Para algunos, la tarea sería hoy la de una vuelta al peronismo clásico que corrigiera algunos de los excesos del kirchnerismo, permitiendo una amplia convocatoria a todos los justicialistas, con un perfil más moderado. Los candidatos que por ahora predominan en las encuestas, Sergio Massa y Daniel Scioli, podrían adecuarse a esta lectura, el primero más abierto a la convocatoria a sectores no peronistas y mostrando más abiertamente afinidades con el discurso noventista neoliberal, el segundo con un discurso menos definido que cree le permitirá ser finalmente el candidato kirchnerista. Frente a esto queda al Gobierno la tarea de consolidar la adhesión de su base popular y pelear la adhesión de muchos sectores medios críticos de algunas medidas económicas, pero que ven con simpatía las propuestas de Memoria, Verdad y Justicia y, en general, las políticas de expansión de derechos. Antes que una discusión dogmática sobre las Veinte Verdades del justicialismo o una convocatoria que, negando los profundos conflictos de intereses que hoy vive la sociedad argentina, llama a terminar con la polarización, el verdadero debate se plantea en torno de la necesidad de seguir avanzando para consolidar los logros de esta década de transformación.
Sobre finales de año se produjo el hecho de mayor impacto social, la sedición de las policías, que alcanzó a más de una decena de provincias. El acuerdo firmado en Córdoba por el gobernador De la Sota, quien difícilmente podrá alegar que no advirtió los efectos que habrían de producirse, se extendió de inmediato y, en muchos distritos, al acuertelamiento se sumó la participación de los efectivos policiales en la promoción de los saqueos. Los medios opositores alentaron un gran escándalo nacional que debería producirse por la conjunción de los cortes de luz y los reclamos sindicales. Nada de esto ocurrió y es saludable comprobar que el Gobierno actuó con eficacia y desarmó así el discurso que pretendía asimilar el presente a la Argentina de diciembre del 2001, situación incomparable no sólo por la diferencia entre los dirigentes que ocuparon la presidencia entonces y ahora, sino porque aquella sociedad que conocía niveles inéditos de pobreza y desempleo, que rechazaba la convertibilidad neoliberal y repudiaba en bloque a la política poco tiene que ver con ésta que viene de una década de recuperación de la vida política y profunda transformación social.
La llamada de atención más seria tiene que ver con el alzamiento policial. Las fuerzas de seguridad que administran el delito en muchos distritos no pueden acompañar el proceso de la expansión de derechos y lo ocurrido en estos años así lo demuestra. El gatillo fácil, la violencia institucional y el maltrato en las cárceles siguen mostrando a diario las asignaturas pendientes de la democracia, y la creciente vinculación con el narcotráfico genera hoy un cuadro aún más preocupante. Ya no pueden aceptarse discursos que legitiman las respuestas de mano dura y menos aún podría tolerarse retrocesos como los que, en dos oportunidades, desvirtuaron la reforma policial en la provincia de Buenos Aires. La transformación de las fuerzas de seguridad para asegurar su subordinación al poder político y la democratización de sus prácticas y criterios operativos se ha constituido en una prioridad absoluta y es muy bueno que así lo haya proclamado el gobierno nacional.
Fuente: Miradas al Sur
29 de diciembre de 2013
