Posneoliberalismo en Brasil

Por 

Emir Sader

Sociólogo brasileño, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

 

Opinión.

Las referencias fundamentales para comprender el mundo contemporáneo son el imperialismo y el capitalismo, sin los cuales nada resulta inteligible. Así, evaluar a gobiernos y a fuerzas políticas significa, antes que todo, evaluar la posición que tienen respecto a estas dos referencias.
Los nuevos gobiernos latinoamericanos, que se volvieron mayoritarios en el continente, deben ser considerados progresistas, porque desarrollan procesos regionales de integración autónomos respecto a la hegemonía norteamericana y, por otro lado, a contramano de los gobiernos neoliberales que los han precedido, priorizan políticas sociales y no ajustes fiscales, a la vez que desarrollan Estados que inducen el crecimiento económico y garantizan derechos sociales, en lugar de Estados mínimos.
El gobierno brasileño de Lula fue el segundo en ser elegido, en 2002, después de Hugo Chávez, y se inició con una postura que fue fundamental para el futuro de América latina; recogiendo las manifestaciones en contra Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), el gobierno brasileño bloqueó su concreción, abriendo espacio para el fortalecimiento y expansión de los procesos de integración regional. Brasil empezaba a redefinir su lugar en el plano internacional, saliendo de la tradicional situación subordinada a los Estados Unidos, adoptando una posición soberana, independiente, lo cual fue decisivo para cambiar la correlación de fuerzas en el continente y para generar el aislamiento de Estados Unidos en la región.
Paralelamente, el gobierno Lula definió la prioridad de las políticas sociales, en lugar del ajuste fiscal, lo cual le permitió, aun bajo duros ataques de la derecha, conquistar gran popularidad, superar esa ofensiva, consolidar su liderazgo y elegir su sucesora. Todo ello fue posible porque Brasil –el país más desigual del continente y del mundo– por primera vez disminuyó la desigualdad, la pobreza y la miseria.
Con el gran apoyo popular logrado, Lula impuso varias derrotas a la derecha. Incluso, teniendo prácticamente toda la prensa en contra suyo, Lula logró reelegirse y elegir su sucesora, Dilma Rousseff, como presidente de Brasil.
Sin embargo, ese proceso no se da de manera lineal, ni ha logrado superar los principales escollos para consolidar lo conquistado y seguir avanzando. Los avances en Brasil se llevaron a cabo en las líneas de menor resistencia de las relaciones de poder existente.
El gobierno posneoliberal en Brasil avanzó inicialmente en dos líneas de mayor debilidad del neoliberalismo: las prioridades de las políticas sociales, a través de un agregado de programas –como bolsa familia, luz para todos, mi casa mi vida, micro créditos, entre otros–; pero el que más efectos sociales tiene ha sido el aumento continuo de los sueldos y de los empleos formales. Y los proyectos de integración regional, partiendo del Mercosur, ampliando ese proceso hacia Unasur, el Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del Sur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos.
Frente a la crisis del 2008, quedó claro que había una tercera dimensión en la diferenciación del gobierno brasileño respecto al neoliberalismo: el rol del Estado, que pasó a ser instrumento esencial para políticas anticíclicas de resistencia a la recesión internacional. En lugar del Estado mínimo, se impuso un Estado inductor del crecimiento económico y garantía de la afirmación de los derechos sociales.
La economía brasileña salió de la larga recesión que Lula había heredado de Cardoso, por primera vez disminuyó la desigualdad social, Brasil pasó a tener protagonismo internacional, en el plano regional y en los intercambios Sur-Sur.
Esas grandes transformaciones en la sociedad y en el Estado brasileño se han hecho en el marco de las regresiones apuntadas anteriormente. Algunos de estos avances han sido recuperación de la capacidad de acción del Estado, la recuperación de los niveles de formalización del mercado de trabajo, el rescate de las múltiples formas de fragmentación social.
Pese a estos avances, que determinaron que un gobierno como el de Lula alcance el mayor apoyo que gobierno alguno haya tenido, aun con los grandes medios en su contra, no hubo transformaciones estructurales en aspectos determinantes en la sociedad brasileña.
Los desafíos. La coyuntura actual plantea con claridad justamente los tres más importantes temas pendientes en Brasil, para que la superación del neoliberalismo adquiera un carácter irreversible. Por una parte, Dilma Rousseff desarrolla una fuerte ofensiva contra lo que fue una marca negativa distintiva de Brasil: la tasa de interés más alta del mundo.
Si ese ya era un problema que frenaba el ritmo de desarrollo de la economía brasileña, se ha vuelto aún más grave cuando las grandes potencias del centro del capitalismo, frente a la crisis que viven, promueven formas de proteccionismo cambiario, devaluando sus monedas y aumentando así su competitividad, arrojando, además, dinero al mercado para socorrer a sus economías en crisis, capitales que llenan las economías periféricas. Brasil es víctima privilegiada de estas políticas, por su alta tasa de interés.
El gobierno pasó a usar fuertemente los bancos públicos para presionar la baja de las tasas de interés, con resistencia inicial de los bancos privados, hasta que tuvieron que ceder, acompañando la baja. Pero el enfrentamiento se planteó claramente, con la presidenta de Brasil, reiterando un discurso duro en contra del capital especulativo y logrando el aislamiento de los bancos.
Paralelamente, la gran bancada parlamentaria vinculada a los agronegocios aprobó una reforma profundamente regresiva en el Código Forestal, contando con los votos de la derecha, de aliados de centro del gobierno e incluso de un partido de izquierda (PC do B). Dilma, cuando se acerca la reunión de Río+20, va a vetar por lo menos algunas partes de la ley, especialmente en la que se decreta amnistía para quienes han deforestado.
Dilma choca así con dos de los sectores que se han constituido en los mayores obstáculos a la implementación de un modelo de ruptura con el modelo neoliberal. El tercero es el monopolio privado de medios de comunicación. Estos pasaron a estar bajo ataque, no por iniciativa del gobierno, sino por una investigación parlamentaria que involucra medios de la prensa privada –toda ella opositora– con casos de flagrante corrupción. Ello pone a la mídia privada a la defensiva y bajo acusación, mientras que hasta aquí han estado en la ofensiva en las denuncias en contra del gobierno.
De la resolución de esos conflictos dependerá en buena medida la evolución posterior del gobierno brasileño. Además, se discute este año en el Congreso brasileño el tema del financiamiento público de las campañas electorales, que tiene dificultades para ser aprobado, pero sin el cual se vuelve casi imposible un cambio popular en la composición del Parlamento. Asimismo, en las elecciones municipales se juega la continuidad o no de la derecha en la dirección de la principal ciudad del país –Sao Paulo– en donde precisamente el candidato derrotado en las elecciones presidenciales –José Serra– es, hasta ahora, el favorito para triunfar, pero que encuentra un eventual obstáculo en el empeño de Lula de hacer campaña activa a favor del joven ex Ministro de Educación, Fernando Haddad.

Fuente: Miradas al Sur, 27 de mayo de 2012

Ley de Medios: “Festejamos más democracia, más justicia, más igualdad”

Porque el Derecho se impuso sobre la obscenidad del Grupo Clarín. No es un triunfo de la Comunicación, es una victoria de las grandes mayorías populares.
Por Florencia Saintout (*) / El 7 de diciembre de este año quedará sin efecto la medida cautelar que permitía al grupo monopólico Clarin  no cumplir con el artículo 161 de  la ley  de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una medida sostenida en las especulaciones y la mala fe de aquellos que durante años creyeron que era posible  seguir con la Argentina de los privilegios de pocos contra los intereses de las mayorías que se había forjado en el debate y la resistencia durante la larga década neoliberal.
Cuando algunos (fundamentalmente ellos, los que se declaran  “Periodismo Independiente” y confunden la libertad de expresión con la libertad de empresa para hacer cualquier cosa, incluso mentir) afirman que la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual quedó en el pasado, la Corte Suprema de Justicia nos confirma algo que las mayorías sabemos: que Clarín no puede argumentar que el artículo 161 afecte la libertad de expresión.
La empresa no puede argumentar eso porque es falso. La nueva ley garantiza la pluralidad de voces; la libertad de expresión de todas y todos los argentinos.
La supuesta lentitud de la implementación de la Ley ha sufrido con este fallo un golpe fundamental: ¿qué es la lentitud si no un concepto relacional? ¿es lento el proceso de aplicación  con respecto a más de treinta años de hiperconcentración de la palabra?
Seguramente, como lo anticipan a obscena voz, el grupo monopólico  intente otras coartadas para salirse de la Ley . Ya  lo sabemos también: tienen una larga historia de desprecio por la democracia. Intentarán de mil modos seguir poniendo trabas a una norma jurídica democrática, votada por amplias mayorías, defendida por el pueblo argentino. Pero esta vez ha encontrado un límite y esto es algo que es necesario festejar.  Que esto suceda es un triunfo no sólo de la Comunicación, sino de las posibilidades de democracia, justicia e igualdad.
(*) La Dra. Florencia Saintout es Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

Fuente: Agencia Periodística de Buenos Aires
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La centralidad de la “cuestión peronista”

Por Edgardo Mocca

Desde el comienzo del ciclo kirchnerista, y particularmente a partir del conflicto con las patronales agrarias en 2008, se ha transformado el patrón de la disputa política argentina. El bipartidismo que resurge con la apertura democrática en 1983 y deviene “bipolarismo” en los tiempos de la Alianza ya no sirve como eje explicativo de las contiendas principales. No se trata solamente del marcado declive electoral nacional experimentado por el radicalismo; la UCR, dicho sea de paso, sigue siendo el segundo partido, tanto por el desarrollo de su estructura territorial federal como por el volumen de su representación parlamentaria nacional. La principal mutación consiste en el surgimiento del kirchnerismo como un nuevo movimiento de época en la Argentina. Como la expresión nacional de una nueva experiencia transformadora de extendida influencia en América del Sur y de gran relevancia en el contexto de la crisis del paradigma que rige la política y la economía mundial desde mediados de la década del setenta.

Los viejos modos de la “política normal” ya habían estallado en las calles y las plazas de aquel diciembre de 2001, cuyas señales inaugurales de un nuevo tiempo pueden verse hoy con claridad. El kirchnerismo no hizo nada para recuperar esa normalidad política. Más bien situó a sus añoradores en el lugar simbólico del pasado al que la sociedad argentina no quiere volver. Por eso hoy el intento de respuesta al interrogante sobre el futuro del sistema político argentino no puede hacerse con el viejo instrumental analítico. No corresponde preguntarse quién será el candidato del radicalismo o del peronismo o de cada una de las coaliciones en las que éstos puedan participar. La pregunta central parece ser cómo y en qué condiciones la experiencia kirchnerista puede prolongarse en el tiempo y constituir un nuevo piso de disputa política (como fue, por ejemplo, el llamado “consenso socialdemócrata” en la Europa de las décadas siguientes al fin de la segunda guerra) o cómo esa experiencia puede ser derrotada definitivamente sin dejar huellas importantes hacia el futuro.
La pregunta debería ser pensada en dos grandes conjuntos de problemas. Uno concierne a la suerte de las políticas concretas que logren darle consistencia y profundidad al proyecto político en curso en el marco de los nuevos desafíos que plantea la crisis del capitalismo mundial. El otro centro de atención debería colocarse en la construcción de una fórmula política capaz de superar el nada desdeñable escollo que supone la actual inhibición constitucional para una nueva reelección de Cristina Kirchner. Otra manera de decir lo mismo sería preguntarse por el modo en que la actual conducción política nacional podría transitar el espinoso camino de la lucha por la sucesión en el interior del peronismo.
Claro que la alusión al peronismo es toda una cuestión. Lo constituye una extendida red de caudillos provinciales y municipales fuertemente ensamblados en la estructura estatal, que en ausencia de sólidas instituciones político-partidarias ha devenido una apoyatura imprescindible de la movilización política. Tiene en su interior al movimiento sindical, que, paralelamente a la recuperación del empleo, a un grado de reindustrialización y a la activación de las convenciones colectivas de trabajo recuperó parte del terreno perdido en las décadas anteriores. Sin embargo, la coalición cristinista no se limita a la estructura territorial del justicialismo y a su principal movimiento social: incluye una difusa constelación de grupos sociales y políticos, proveniente de experiencias y tradiciones políticas muy heterogéneas. En el interior de ese conglomerado están las organizaciones juveniles que se han expandido visiblemente en los últimos años y no solamente por el impulso recibido “desde arriba” sino, ante todo, por el hecho innegable de la politización general de la sociedad, particularmente a partir del conflicto agrario de 2008. Se suman organizaciones políticas de diferente grado de desarrollo; las hay fuertemente identificadas con el peronismo y las hay provenientes del universo progresista que decidió el apoyo a los gobiernos kirchneristas; están las fuerzas menores que integran junto al PJ el Frente para la Victoria y las que, como el Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, militan por ahora fuera de ese espacio. Y debe sumarse también la presencia de referentes de movimientos sociales –en primer lugar las que históricamente se identificaron con la defensa de los derechos humanos–, de espacios intelectuales como Carta Abierta y de destacadas personalidades del mundo de la cultura popular. Es claro que no todos estos componentes son decisivos a la hora de la elección, pero indudablemente han agregado entusiasmo militante y prestigio político a la causa kirchnerista.
No todo el kirchnerismo es, por lo tanto, peronista. Tampoco todo el peronismo es kirchnerista. La referencia no se limita al llamado “peronismo disidente”, hoy en proceso de disolución. Alude también a la amplia gama que recorre la intensidad de los apoyos al gobierno nacional en la mencionada red territorial del justicialismo. Es innegable que el proceso kirchnerista motorizó un fuerte cambio cultural en un conjunto de cuadros dirigentes partidarios respecto del estado de cosas propio de la década del noventa. Pero tampoco puede desconocerse que también anida en esa estructura una cierta nostalgia por el orden perdido, por aquella matriz política que no tensaba la cuerda en la relación con los sectores más poderosos de la sociedad. Tanto Néstor como Cristina Kirchner han sabido ejercer hegemonía política sobre esa heterogénea política, no tanto por la capacidad de operación en su interior sino por la dinámica de sus decisiones políticas y el impacto de esas decisiones en el sentimiento popular.
En los meses inmediatamente posteriores a la elección de octubre último, predominó entre los analistas la sensación de que la contienda política futura se ordenaría en torno de un eje “oficialismo-oposición” y, a partir de esa mirada, la figura de Mauricio Macri se convertía en el desafío principal para la continuidad en el tiempo del proyecto kirchnerista. El impulso que le dio a esa perspectiva el visible empeño de los medios hegemónicos a su favor, ocultó sus problemas estructurales, que son muchos y muy variados. El visible déficit de liderazgo personal que ofrece el jefe porteño, la obstinación en situar a la ciudad en una confrontación permanente con las provincias y su peregrina idea de ofrecer el “no gobierno” municipal como carta de presentación para una alternativa nacional parecen elementos suficientes para poner en duda la viabilidad de esta propuesta política.
Hay, sin embargo, un obstáculo central para ese proyecto. Es el peronismo. Hoy no parece haber mucho ambiente favorable en el interior de la estructura del justicialismo para saltar el charco en la dirección de un reagrupamiento de derecha. Es decir, puede haberlo en expresiones menores de lo que fue el menemismo y en las raleadas filas de la “disidencia peronista”. Pero nada de eso altera sustancialmente la escena. La fuerza fundamental del justicialismo, los dirigentes que gobiernan provincias en primer lugar, no serán, con toda probabilidad, parte de una aventura semejante, en momentos en que está abierto el proceso político de la sucesión presidencial en el interior del peronismo. El macrismo no tiene cómo constituir una fuerza de alcance nacional sin ese concurso del peronismo: difícilmente alcancen para ese objetivo las incorporaciones de Adrián Menem y Fernando Niembro.
Es por eso que el anuncio de Scioli de su pretensión presidencial para 2011 adquiere una fuerte significación. Puede pensarse que es prematura pero no que es sorpresiva. Por otro lado, Scioli no anunció que empezaba su campaña proselitista, simplemente “reservó lugar”. Si efectivamente, como aquí se sostiene, el problema político a resolver es la continuidad o no de la experiencia kirchnerista, el lugar del gobernador bonaerense es profundamente problemático. Hasta ahora pudo moverse en el terreno de una marcada economía en materia de definiciones estratégicas: le alcanzó con las muletillas de su lealtad a Néstor y a Cristina y su concentración en las tareas de gobierno. Este discurso ya no será suficiente. Sus más fuertes respaldos en los forcejeos políticos provinciales vinieron de las grandes empresas mediáticas, de Alberto Fernández y de Moyano. Hace rato que el ex jefe de Gabinete trabaja a tiempo completo en la vertebración de lo que hasta hace un tiempo llamaba el “poskirchnerismo”; Moyano, por su lado, enarboló como bandera de su viraje antigubernamental la defensa del “verdadero peronismo”.
La idea de que el camino de Scioli hacia la candidatura presidencial puede aunar el apoyo de los poderes fácticos enfrentados existencialmente al Gobierno y, al mismo tiempo, contar con el apoyo o la neutralidad del kirchnerismo es pura fantasía. Todo indica que, en el mapa político generado por la elección de octubre, la disputa sobre el futuro del kirchnerismo se librará en el interior de la coalición que hoy sostiene al Gobierno.
Fuente: Página /12, 20 de mayo de 2012

Mariotto: “Nosotros no hacemos leyes de espaldas a la sociedad”

El vicegobernador encabezó el lanzamiento del Frente Nacional de Soberanía Energética a nivel provincial junto a legisladores, sindicalistas, organizaciones políticas y organismos de Derechos Humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “El verdadero desafío es industrializar”, dijo.
El acto comenzó con las estrofas del himno entonadas por una nutrida militancia reunida en el hall central del Anexo del Senado Bonaerense, edificio Alberto Balestrini. Además, se realizó un minuto de silencio por los 30 mil compañeros desparecidos durante la última dictadura cívico – militar.
El vicegobernador Gabriel Mariotto estuvo acompañado por el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, su  secretario adjunto y titular de SUTEBA, Roberto Baradel, y la senadora Cristina Fioramonti.
Al inaugurar el acto, Mariotto explicó que “el Frente fue una creación que instala en el seno de la militancia la discusión sobre la recuperación de YPF como un correlato del trabajo de la presidenta” Cristina Fernández de Kirchner.
En este sentido, agregó que “esta recuperación de la energía, junto con Venezuela y Brasil, pone en marcha nuestro horizonte productivo con valor agregado a la producción primaria”. Y agregó: “El verdadero desafío hoy es industrializar”. “Hay que cometer errores nuevos, como dijo Mujica. Si cometemos viejos errores son ´giladas´”, completó. “La vieja dictadura del país ganadero ya fue superada”. “Nosotros sabemos cual es nuestro origen y para donde tenemos que ir a pesar de lo que digan las corporaciones”.
El vicegobernador resaltó que ““por primera vez podemos tener un desarrollo propio, y todo eso gracias a las políticas deCristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, quien renegocióla deuda con el FMI, y permitió el desarrollo y la economía del país””.
Sobre la impronta que está desarrollando el Senado bonaerense, Mariotto aseguró: “recuperamos sangre nueva con la responsabilidad de los senadores de hacer política” y agregó “se rompió la matriz de los acuerdos de oficina, nosotros no hacemos leyes de espaldas a la sociedad”. Dirigiéndose a los gremios y a las oranizaciones políticas y sociales presentes les dijo que “tienen las puertas abiertas de este recinto para lo que necesiten”.
Durante la intervención del Secretario General de la CTA, Hugo Yasky remarcó que “este acto marca un momento político irrepetible en Argentina y América Latina” y agregó “para los que son desmemoriados, en los ´90 estábamos en contra de esos gobiernos y episódicamente coincidíamos. Hoy la relación se invierte en lo medular. Estamos identificados con el proyecto porque recuperamos la soberanía y los Derechos Humanos, banderas históricas dela CTA, y sólo episódicamente podemos diferir”,  “Somos parte de este proyecto”, enfatizó.
A su turno, el el Secretario Adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos y titular de SUTEBA, Roberto Baradel aseguró que “Néstor nos enseñó que la política es trasformar la realidad y esta provincia lo puede hacer. Eso no solo lo garantiza Mariotto, también las organizaciones sociales con una democracia participativa y con el pueblo”.
En referencia a los hechos ocurridos la semana pasada cuando las patronales rurales quisieron entrar por la fuerza a la Legislatura para interrumpir la labor parlamentaria donde se dio media sanción a la Ley de reforma impositiva, el gremialista sostuvo que “nuevamente una entidad golpista como la Sociedad Rural realizó actos vergonzosos para que no se vote una Ley del pueblo”. Y adelantó que la CTA marchará el miércoles a la legislatura mientras se esté votando el proyecto en Diputados, para apoyar y garantizar  “ que esa plata se destine a salud, educación, al pueblo”, concluyó.
Según explicaron desde la CTA, el Frente Nacional de Soberanía Energética se crea “para fortalecer el momento histórico que vive el país” y sostiene que “la renacionalización de los hidrocarburos está estrechamente ligada a la soberanía nacional, a un Estado autosustentable y a un modelo de redistribución de la riqueza”.
A su turno, la senadora y presidenta del bloque FPV/PJ, Cristina Fioramonti, destacó que “hacia muchísimos años que no había política en este senado”. En este sentido, la legisladora adelantó que la semana que viene cerrará en La Plata el Foro por una Seguridad Democrática donde se viene debatiendo con los ciudadanos el proyecto de Ley de policía judicial y que en las próximas semanas va a ser tratado en la Legislatura.
En referencia a los cruces por la sesión del miércoles pasado en la Cámara alta, Fioramonti aseguró: “Mariotto no puso ningun palo en la rueda y creo que le deben una disculpa. No nos merecíamos las expresiones de funcionarios del gobernador, quiero creer que no es lo que él piensa”, concluyó.
De la presentación del FreNaSE participaron, además del titular de laCTA, Hugo Yasky; el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel; los diputados nacionales Martín Sabbatella, Carlos Raimundi, ArielBasteiro, Mario Oporto; el dirigente del MILES, Luis D´Elía y legisladores provinciales del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro.

Fuente: Agencia Periodística de Buenos Aires
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Sobre la recuperación de YPF

 

Año 5. Edición número 207. Domingo 6 de mayo de 2012

Por 

Eric Calcagno * - Alfredo Eric Calcagno ** * Diputado Nacional (FpV-PJ) / ** Doctor en Ciencias Políticas

 

Las consecuencias políticas y económicas de la privatización de YPF fueron nefastas. Ante todo, la Nación perdió la soberanía sobre un recurso estratégico para el desarrollo. La empresa Repsol practicó una política de depredación: casi no exploró, redujo la producción en 44% entre 1997 y 2011, exportó todo lo que pudo y remitió desmesuradas ganancias a su casa matriz. Perdimos el autoabastecimiento de hidrocarburos, lo cual –de perdurar– nos hubiera sometido a un drenaje de recursos comparable al que provocó la deuda externa a través de nuestra historia. Era un perfecto esquema colonial.
Frente a esa realidad, que ya estaba presente en ese momento, en julio de 2001 escribimos en Le Monde Diplomatique una severa crítica a la privatización de YPF, cuyos principales planteos sintetizamos a continuación.

Consecuencias económicas. De acuerdo con la definición clásica de Alfred Marshall, se llama renta de los recursos naturales al ingreso derivado de la propiedad de la tierra y de otros regalos libres de la naturaleza. Es el resultado de una posición dominante determinada por la propiedad, que es diferente del beneficio empresario, del interés del dinero y del salario del trabajador. Así, el petróleo es un regalo libre de la naturaleza y lo elemental es que los ingresos generados por la propiedad del yacimiento sean captados por el conjunto de la sociedad, que en su forma político-jurídica es el Estado.
Subrayábamos en ese artículo escrito en 2001 que como recurso natural no renovable, es fundamental aplicar a la explotación petrolera un criterio de desarrollo nacional y de reparto equitativo entre las generaciones. No puede abandonarse a la lógica rentística –cuya naturaleza consiste en llevar al máximo las ganancias– una actividad de importancia estratégica para la economía y la política de un país.
Además del grave problema político que plantea la pérdida del manejo de un recurso esencial no renovable, están las consecuencias sociales. No es un secreto que YPF –cuando era argentina– fue un importante factor de desarrollo regional y de cobertura social. Pero cuando se privatiza, las políticas nacionales y sociales ceden frente a las reglas del mercado; ya no interesan el país y sus habitantes: ahora sólo rige la ley de la ganancia. Las consecuencias han sido muy dolorosas, con desocupación masiva, surgimiento de “pueblos fantasma” y protestas generalizadas.
Terminábamos el artículo de julio de 2001 afirmando que “cuando en la Argentina exista un gobierno que defienda el interés nacional, encontrará estos fundamentos para nacionalizar la explotación del petróleo”. Y así fue.
La recuperación de YPF es una expropiación, no una confiscación. Es bueno aclarar la naturaleza jurídica de la recuperación de YPF. Durante el debate parlamentario desde la oposición liberal-conservadora se expusieron tesis que parecían servir a las futuras acciones judiciales de Repsol.
En efecto, se afirmó desde algunos medios y a través de algunos legisladores que se cometía una confiscación, en un intento de “marcar la cancha”, tanto que se titulaba la noticia en los principales diarios como “confiscación”. A continuación veremos que ésta es una afirmación falsa, es decir, como define el diccionario, “falta de ley, de realidad o veracidad”.
Por una parte, la Constitución prohíbe la confiscación sin indemnización previa; y por la otra, la misma Constitución autoriza una función importante del Estado que es la expropiación. Confiscar significa “privar a alguien de sus bienes y aplicarlos al fisco”; y expropiar significa el traspaso al patrimonio estatal de bienes de propiedad privada por causas de utilidad pública, para satisfacer el bien común (art. 1 de la ley de expropiación 21.499), con el pago previo de la indemnización que corresponda.
Una vez que se fije el precio (de acuerdo con la valuación del Tribunal de Tasaciones), se consignará judicialmente el valor que se determine y se transferirá la posesión de las acciones, como lo establece el art. 25 de la Ley 21.499. Se cumple así con la obligación del previo pago. Si el expropiado no está de acuerdo con el monto, lo puede discutir judicialmente. Claramente se trata de una expropiación, no de una confiscación
La ocupación temporaria de la empresa. La otra operación cuestionada es la intervención estatal de Repsol. Con el fin de garantizar las operaciones de la empresa y de evitar su vaciamiento, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 530/12, que dispone la intervención transitoria de YPF por 30 días, para asegurar su continuidad, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país.
Se trata de la gerencia, no de la propiedad. Así como no existe confiscación, tampoco hay apropiación. Simplemente, se aplican los artículos 57 y siguientes de la ley de expropiación 21.499, que faculta al expropiante para que intervenga: “Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados … podrá recurrirse a la ocupación temporánea” (art. 57).
Éste es también el criterio del Código Civil, que en su artículo 2512 dispone que “cuando la urgencia de la expropiación tenga un carácter de necesidad de tal manera imperiosa … la autoridad pública puede disponer inmediatamente de la propiedad privada, bajo su responsabilidad”. Además, la Ley 20.680, art. 2, g) autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir temporariamente, para su uso, a empresas y establecimientos.
No es cierto, entonces, que la única vía para intervenir a empresas sea una decisión judicial: lo autorizan el art. 2512 del Código Civil; la ley de expropiación 21.499 (art, 57); la Ley 20.680 (art. 2, g), y el DNU 530/12.
En síntesis, queda claro que no existe ninguna confiscación. En el caso de la expropiación, como lo dispone la Ley 21.499, la transferencia de la posesión de las acciones se realizará después del pago de la indemnización y la tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
A su vez, la ocupación temporánea de la empresa está establecida en el Código Civil, en la ley de expropiación, en la Ley 20.680 y en el DNU específico.
Además, no se afecta para nada la propiedad de las acciones de la empresa, sino que se refiere a su administración. Responde a la necesidad de mantener la continuidad operativa y evitar el vaciamiento. Se justifica plenamente, porque el abastecimiento normal de combustibles es vital para el funcionamiento del país.
Algunas conclusiones. Esta expropiación es un acto fundamental, incluso fundacional, posible por el rescate de la política y de la soberanía emprendido por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La solución del problema del abastecimiento de gas y petróleo es, ante todo, de índole política. Es necesario decidir las orientaciones básicas de la política de hidrocarburos en función de la economía nacional y, en tal sentido, todas las fases de la actividad: exploración, producción, inversiones, exportaciones. Ahora tenemos política y puede hacerse. Sobre esa base, después vendrá la instrumentación técnica.
El otro factor fundamental es la recuperación de la soberanía nacional, que hace posible la intervención estatal. Está probado que en los procesos de dominación a través de la historia, tan importante como la violencia de los dominadores fue el consentimiento de los dominados. Las potencias coloniales tuvieron la sumisión de los colonizados, durante largos períodos a través de nuestra historia. Ahora esas épocas aciagas no se repiten. La defensa de la soberanía nacional que realiza el Gobierno es firme e integral, desde Malvinas hasta el FMI, pasando por Unasur, y llega ahora a la recuperación de YPF.
El momento es histórico, la emoción es inmensa. Los desafíos no son pocos. Hay que seguir trabajando con los lineamientos definidos por la Presidenta de la Nación en su discurso al promulgar la ley: unidos y solidarios.
Fuente: Miradas al Sur

La recuperación de YPF es ley

Tras una histórica jornada en la Cámara de Diputados de la Nación, se aprobó en general y en particular el proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que establece la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera. Obtuvo 207 votos afirmativos, 32 negativos y 6 abstenciones.

La iniciativa, que contó con un consenso récord, abarca la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF y declara “de utilidad pública” y como “objetivo prioritario” el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización.

La norma faculta además al Estado a tomar medidas en ese sentido, a fin de “garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.
El vicepresidente Amado Boudou y el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, celebraron la aprobación desde el salón de presidencia del Senado, mientras en las inmediaciones del Congreso una multitud eufórica expresaba su alegría por la recuperación de YPF.
“YPF es de Argentina”, afirmó Boudou junto al Jefe de Gabinete, que exhibía una remera con el logo de la petrolera argentina; mientras que se sumaban al festejo el senador nacional Daniel Filmus, entre otros funcionarios y dirigentes.
Los puntos principales de la ley son los siguientes: La política hidrocarburífera apuntará a: la promoción del empleo; la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas; la explotación y restitución de reservas; la integración del capital en alianzas estratégicas para explorar y explotar hidrocarburos convencionales y no convencionales; y la maximización de inversiones y recursos con miras al autoabastecimiento.
Son también objetivos: la incorporación de nuevas tecnologías; la promoción de hidrocarburos con alto valor agregado; la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos; y la obtención de saldos exportables.
La ley crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, integrado por la Nación (a través de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, Planificación Federal, Trabajo e Industria) y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ese Consejo garantizará el cumplimiento de la ley y elaborará el Plan Nacional Estratégico para la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina.
Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A., representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas (hoy con 57,43% del capital).
La expropiación también comprende al 51 por ciento de las acciones que Repsol posee en YPF Gas, la principal firma de comercialización y fraccionamiento de gas en garrafas.
El proceso se regirá por la Ley de Expropiación, nº 21.499, y la tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Las acciones expropiadas se distribuirán en un 51% para el Estado nacional y el 49% restante entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
La distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realizará en forma equitativa, teniendo en cuenta sus respectivos niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas.
Se prohíbe la transferencia futura de las acciones expropiadas sin la autorización del Congreso de la Nación, votada por las dos terceras partes de sus miembros.
La iniciativa establece que YPF S.A. continuará operando como una sociedad anónima abierta, a la cual no se le aplicará la legislación o normativa administrativa de las empresas públicas.
Se permite a YPF acudir a fuentes de financiamiento internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.

Fuente: Agencia Periodística de Buenos Aires
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Energía, soberanía y acumulación político-cultural

Artículo para Aluvión Popular

La decisión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de recuperar la soberanía nacional en el manejo de la producción de hidrocarburos, a través de la expropiación del 51% de las acciones de la empresa Repsol, es una de las acciones de mayor trascendencia del ciclo kirchnerista. Estamos frente a una audaz revitalización de las mejores tradicionales nacional-populares al tiempo que constituye una juiciosa medida destinada a sostener el modelo de crecimiento con equidad social. Los FUNDAMENTOS con los cuales se presenta el proyecto de ley trascenderán sin duda como uno de los documentos más importantes de esta etapa del movimiento nacional. Allí, se sostiene, en concordancia con el art. 1 del proyecto: “Declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.

Todo el proceso político, económico y cultural de los últimos años nos condujo hasta este punto en que se plantea la recuperación del control estatal de una empresa histórica y querida por los argentinos como YPF. Aunque la desinversión de Repsol, que es detallada minuciosamente en los FUNDAMENTOS, y el impacto que genera en la disminución de reservas (y en la obligación de implementar una gravosa importación de hidrocarburos durante el año pasado, que tuvo que ser asumida por el Estado nacional) determina el detonante del proyecto oficial de recuperación, es necesario remitirse a antecedentes de más largo aliento. Con justicia, los FUNDAMENTOS señalan que en la nefasta experiencia de la hegemonía del modelo neoliberal en nuestro país, se encuentra la raíz de los actuales problemas que se verifican en la producción de hidrocarburos argentinos. No por casualidad es dicho capítulo de la historia nacional el que los agoreros intentan disimular, cargando sobre las espaldas de la actual administración gubernamental las carencias de la producción energética. Al mismo tiempo, esas voces vergonzantes quieren desconocer o descalificar la naturaleza socio-histórica del proyecto nacional en curso (de crecimiento económico, autodeterminación, justicia social y democracia) que asoma en el año 2003, en el marco de la crisis política del neoliberalismo y como consecuencia de la voluntad política del kirchnerismo. Sin entender ese proceso se corre el riesgo de ceder espacio a la argumentación maliciosa de aquellos apologistas de la “economía de mercado” que ahora se desgarran las vestiduras por la desinversión y los presuntos errores gubernamentales.

En primer término, es necesario complejizar el abordaje de esta cuestión, saliendo de las explicaciones puramente economicistas. El desguace del Estado instrumentado por el modelo neoliberal, así como la denigración del concepto mismo de lo público resultó una de las herencias más pesadas de los años 1990, y el kirchnerismo comenzó una trabajosa reconstitución, no exenta de vacilaciones y rodeos, que progresivamente fue adquiriendo más y más consistencia. En ese plano se manifestó uno de los puntos de la acumulación político-cultural del movimiento nacional, sin la cual toda perspectiva de reconstrucción de la Patria y de modificación progresista de la correlación de fuerzas sociales para dicha transformación es puramente hipotética. Aquellas medidas que en apariencia no están inmediatamente ligadas al movimiento de lo económico, desde la política de Derechos Humanos a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron sin embargo fundamentales para el despliegue del modelo de crecimiento económico, diversificación y equidad social. Porque sin una noción de lo público y del bien común fuerte, rica y adecuada a los nuevos desafíos históricos, los gobiernos de Néstor y luego Cristina no hubiesen alcanzado la fuerza política, la autoridad moral y la convocatoria social para enfrentar a las corporaciones y avanzar en la superación del modelo neoliberal.

Otro elemento clave en la acumulación político-cultural es la recuperación de la noción de soberanía, y es allí donde adquiere enormes resonancias históricas el proceso que se inicia ahora. El proyecto nacional-popular tuvo que emanciparse en primer término de la tutela del Fondo Monetario Internacional, y eso, que tiene una indudable relevancia “económica”, es primordialmente una cuestión de soberanía: la potestad de un pueblo y un Estado de controlar su propia política y trazar prioridades que respondan al ascenso de los sectores más postergados y a las necesidades internas del desarrollo. También por cierto a la vida democrática. En referencia a la cuestión Malvinas, nuestra Presidenta enlazó con claridad soberanía y democracia, revitalizando así las a la tradición nacional-popular. Todo esto está íntimamente relacionado con la recuperación de YPF, pues solo nos acercamos a este momento desde la acumulación previa: una política de autodeterminación nacional requiere de un poder político democrático fuerte y de una amplia convocatoria social.

El propio crecimiento de la actividad económica impulsado por el proyecto nacional-popular necesariamente requiere de una provisión abundante y barata de energía para sostenerse, resultando un despropósito el hecho de que nuestro país pueda producir dicha energía y el saqueo y la desidia de monopolios como Repsol conspiraran contra dicha posibilidad. Aquí se entrecruzan crecimiento económico, desarrollo, soberanía, bien común, y poder político-popular, resultando insuficiente (o peor aún, malicioso) cualquier planteo que se reduzca a una racionalidad económica de manual, abstraída de las correlaciones de fuerzas político-sociales y de las pujas entre corporaciones y poderes democráticos. El mismo debate iniciado en el Senado de la Nación, con la presencia de los flamantes interventores Julio De Vido y Axel Kicillof, es una muestra de la puja político-ideológica. No se discute solo aspectos técnicos, o la oportunidad, o las posibles alternativas y correcciones al proyecto oficial, sino perspectivas políticas acerca del desarrollo nacional y la autodeterminación. Solapadas en las posiciones de algunos referentes de la oposición, que argumentan acerca de los errores en la política energética del kirchnerismo, están presentes posturas claudicantes frente a los improcedentes reclamos de Repsol y frente a las amenazas y prepotencias (de cuño colonialista) del actual gobierno español.

Llegamos hasta este momento no por casualidad. Se plantea ahora la recuperación del control nacional de los hidrocarburos porque nunca se trató simplemente de una decisión técnica susceptible de ser tomada antes o después, sino del despliegue concreto, con sus contradicciones, del modelo de crecimiento con equidad social, de la acumulación político-cultural necesaria, de la correlación de fuerzas sociales y políticas favorables. Se abre una nueva etapa signada por complejos desafíos e interrogantes. La decisión de avanzar en la producción de energía y la conducción estatal de YPF modificarán aún más la correlación de fuerzas políticas y sociales, al dotar de una poderosa herramienta al proyecto nacional. Por otra parte, el nuevo escenario exigirá la habilidad y capacidad de articular los intereses del Estado nacional y los estados provinciales comprometidos en la gestión de YPF, también de armonizar lo público y la inversión privada en un horizonte de bien común. Para lograrlo la racionalidad técnica e instrumental en la gestión no alcanzará. Será necesario potenciar la visión política de la autodeterminación que constituye una de las fuerzas interiores del kirchnerismo, y consolidar la acumulación político-cultural del movimiento nacional.

Germán Ibañez