domingo, 15 de abril de 2018

Errores y contrarrevolución burguesa


En un interesante artículo de Carlos Raimundi, publicado en Página /12 del 15 de abril, se afirma que “…el anterior gobierno argentino [el de Cristina] no perdió las elecciones por falta de autocrítica o por errores que seguramente se cometieron, sino por la magnitud del aparato de poder que lo enfrentó”. Raimundi plantea esto en relación a la postura equívoca de aquellos dirigentes que cargan las tintas hoy día contra Cristina, en el marco de una ofensiva derechista generalizada contra los proyectos nacional-populares y sus líderes en Sudamérica. Coincido plenamente. La derrota del movimiento nacional en nuestro país es expresión de una ofensiva oligárquico /burguesa que presionaba de modo implacable para “normalizar” el capitalismo argentino. Esto es, para expropiar el ahorro nacional, bajar el costo laboral, y reorientar la expansión capitalista nuevamente hacia la valorización financiera.

La fuga de la inversión, diversas formas de boicot instrumentadas por los sectores propietarios más concentrados, en un marco de complicación del contexto económico internacional desde el año 2009, prepararon el escenario de la restauración conservadora. No es la primera vez que sucede, ni es algo privativo de la Argentina. De hecho, como bien plantea Raimundi, es parte hoy de un plan generalizado para toda la región, convergente con el redespliegue imperial estadounidense para enfrentar a sus competidores en otras zonas del mundo.

El foco puesto en los “errores” cometidos, esconde a veces un ataque mal disimulado al liderazgo de Cristina, al tiempo que deja en un cono de sombra a los poderosos intereses que se alzaron contra el proyecto nacional. Y quedan nublados del mismo modo los desafíos que tocará enfrentar en una nueva etapa, puesto que los intereses oligárquicos no piensan irse a ningún lado. ¿Qué se piensa hacer con la lucha emprendida en los años anteriores en pos de la democratización de la comunicación audiovisual? ¿Olvidar todo e implorar el perdón de Magneto? El gobierno de Macri deja esos conglomerados más fuertes. Cuestiones medulares como esa, implican necesariamente un balance serio de la experiencia kirchnerista; balance que no puede ser reemplazado por las especulaciones de dirigentes que encubren sus deseos de “jubilación” para una de las más importantes líderes de nuestra región. Como si los líderes de esa talla nacieran todos los días de un repollo…

 

Germán Ibañez

viernes, 6 de abril de 2018

El movimiento nacional en Brasil


Es común referirse a la revolución liberal de 1930 como el punto de arranque del moderno ciclo nacional-popular brasilero. Se inicia allí una larga etapa, dominada por la figura política de Getulio Vargas, aunque también hay otros referentes como Joao Goulart, o el singular periplo de Luis Carlos Prestes: de “tenente”, integrante del movimiento militar nacionalista a líder comunista. El ciclo iniciado allí, y que se prolonga con alzas y bajas hasta mediados de la década de 1960 (el derrocamiento de Joao Goulart, que da inicio a una prolongada dictadura militar, se produce en 1964), está marcado por el progresivo ascenso de la movilización y participación popular. Y tal vez allí anida una de los legados más importantes de esa etapa del movimiento nacional en el país vecino, de trascendencia para comprender las oleadas populares posteriores, hacia los años 1980, de crecimiento sindical, conformación del Partido de los Trabajadores (PT) y de organización y movilización campesinas, también. Del mismo modo, la recurrencia del liderazgo personalista, del cual hoy es máximo exponente el ex presidente Lula. Pero, hablando de “arranque”, el primer punto a considerar, es la crisis de la dominación oligárquica.

La etapa que se abre en Brasil en 1930 tiene que ver con la crisis del Estado oligárquico, y del proyecto económico y social (agroexportador, extrovertido y dependiente) de la elite tradicional. El gigante vecino resintió los coletazos de la crisis mundial de 1929, y eso abrió una brecha en la dominación tradicional, que fue aprovechada inicialmente por los sectores disidentes de la elite. Por ejemplo, fracciones de las clases propietarias de Estados como Río Grande (en un país muy extenso, atravesado por profundas contradicciones regionales), de las cuales saldría el propio Getulio Vargas. Esos sectores disidentes cuestionaron, a través de la acción directa, a las fracciones oligárquicas hasta ese momento en el control del Estado, y con ello promovieron un contradictorio proceso de democratización. Es importante señalar la participación de otros contingentes sociales, de clase media urbana, como base social de esos movimientos antioligárquicos. E incluso es ese sector social, encarnado en la joven oficialidad del ejército, en la década de 1920, el que anticipa de algún modo la tempestad. De allí sale el Prestes de la larga marcha de su columna rebelde, por el interior mediterráneo del Brasil. El horizonte ideológico general no rebasaba mayormente el liberalismo, con variantes democratistas, un poco como se había expresado en el ciclo yrigoyenista en la Argentina.

El factor propiamente “popular”, solo en los años subsiguientes va cobrando una mayor presencia, y de modo casi exclusivo en sus vertientes urbanas. La organización y movilización campesina es más tardía, y coincide con la desintegración del ciclo nacional-popular, en los tempranos años 1960, en la medida en que fue visualizada como peligro terminal por la oligarquía brasilera. Será importante retener esto, pues aquí se anuda la contradicción principal: entre pueblo y oligarquía. Es una lucha por la dominación, la dirección política de lo social, y la hegemonía, más que por el excedente económico. Por cierto, no pretendemos negar su importancia, y puede decirse que el movimiento nacional logró desplegarse más exitosamente en los momentos de alza del ciclo económico o coyunturas favorables (como en nuestro país), existiendo en todo momento una lucha por el ahorro y el ingreso nacional; pero difícilmente pueda sostenerse que la oligarquía “perdió” o que sus ganancias hayan sufrido caídas dramáticas. No deja de ser sugerente que la pulverización del excedente siempre se originó en graves crisis de origen externo o como consecuencia de las políticas neoliberales. Nunca la caída del excedente fue resultado de la promoción del mercado interno, la actividad manufacturera y el consumo popular, asociados en Brasil como en Argentina a las diferentes etapas del ciclo nacional-popular. Conciliar crecimiento económico y distribución de la riqueza fue uno de los objetivos del movimiento nacional, y clave en su popularidad, tanto ayer como en la reciente etapa de Lula (Emir Sader, Las vías abiertas de América Latina), pero ello no significó necesariamente que peligraran las sólidas posiciones de la oligarquía y la burguesía nacional en el terreno económico. Lo que si se produce, y es lo que nos interesa resaltar, es una crisis de la deferencia, una brecha en un patrón de dominación política y social que tiene sus lejanas raíces en la etapa colonial. Y es que en países como Brasil, el despotismo del capital se enlaza con la cultura señorial, con el tradicional racismo, con los límites de la descolonización, como señalara en su momento Florestan Fernandes. La movilización y la participación popular tiñen de democratismo plebeyo la modernización, y erizan la piel de las oligarquías, incluso en sus fracciones burguesas de más reciente formación. Lula representa eso: el pueblo en su ascenso. No es que el empresariado brasilero haya “perdido” plata, o que las empresas trasnacionales fueran gravemente hostilizadas. Lo que entra en jaque es la herencia colonial, el patrón oligárquico de dominación, la tradicional subordinación y marginalidad de “los de abajo”.

Otra cuestión que queda de manifiesto en las diferentes coyunturas del movimiento nacional en Brasil, es la “debilidad” política de las fracciones no oligárquicas de las clases propietarias, la llamada burguesía nacional. A partir de la década de 1930, Brasil entrará (como otros países de la región) en un período de crecimiento industrial, caracterizado en la bibliografía histórica y sociológica como la etapa de la “industrialización por sustitución de importaciones”. Los industriales como clase no apoyarán consecuentemente a Vargas, del mismo modo que no dan hoy “la vida” por Lula. En las coyunturas críticas, se plegarán a las fracciones más encumbradas de las clases dominantes. De modo similar, sucederá también con gran parte de las clases medias. Es el movimiento nacional el que encarna, en la persona del líder popular, sea Vargas, Goulart o Lula, las tendencias al autodesarrollo de un capitalismo nacional. Pero eso sucede gravitando hacia el campo de los sectores populares, que se contraponen así a unas clases propietarias galvanizadas por una concepción del mundo señorial, refractaria a cualquier erosión de la dominación social. Como señalamos más arriba, no pretendemos negar la importancia de la querella histórica alrededor del excedente económico y su uso, y del modelo económico a imponer, pero si establecer la primacía de la disputa política por la democratización real, por los cuestionamientos concretos a la “subalternidad” de los sujetos populares.

Aquí se dibujan los perfiles concretos de la contradicción pueblo /oligarquía. El ciclo nacional-popular se traduce en una ampliación de la base democrática del Estado, en una expansión del horizonte de derechos, en un empoderamiento de paisajes plebeyos de la sociedad civil. Todo ello es aberrante a la lógica de los grandes negocios de la era neoliberal, tanto como al racismo y autoritarismo de la cultura señorial. La participación popular es a su vez el resultado de largos y complejos procesos de acumulación y construcción de los sujetos colectivos (trabajadores, campesinos, “pobres”, negros, minorías étnicas y sexuales, etc.). Sus momentos de alza se han verificado de la mano de coaliciones policlasistas, con claros liderazgos personales. A eso llamamos movimientos nacional-populares. A despecho de su nombre, los gobiernos del PT no se han traducido en orientaciones proletarias clasistas, sino en un horizonte popular y democratizante más amplio, no exento de ambigüedades y contradicciones, pero real. Y con Lula en la presidencia o no, la figura del Líder crece y se expande más allá de las zonas de irradiación partidaria del PT. Es un hombre de la clase obrera, pero su liderazgo es policlasista. Un poco como Perón, asume la posición de “árbitro” e intérprete de distintos intereses sectoriales; de armonización de tendencias que si bien no son antagónicas, son diferentes y “propensas” al choque o al faccionalismo. Ya Francisco Weffort (El populismo en la política brasileña) había señalado esta característica en el liderazgo varguista, que debía responder a diferentes presiones sociales y asumir una política de compromisos. Y un problema: la capacidad que tenga el líder de arbitrar entre los distintos intereses  sociales. Por cierto, no es exactamente lo mismo en Vargas que en Lula. Con Lula se construyó un liderazgo plebeyo muy raizal; engarzado en la biografía y en la historia colectiva. Con una acumulación de experiencia y síntesis de contradicciones: de la pobreza y marginalidad del Nordeste brasilero, a la construcción del sindicalismo de masas. Y de allí a la geopolítica, el eje Sur-Sur, la integración regional y los BRICS. Menuda trayectoria para un modesto tornero nordestino.

Pero más allá de la estatura del Líder, esto no significa que no haya una historia y una dinámica de movilización autónoma de las clases populares, de construcción de instancias de organización, participación y (más raramente) poder. La etapa temprana del movimiento nacional, estuvo marcada por la fragmentación y heterogeneidad de los sectores populares y su débil organización sindical y política, confinada (en un país aún rural) a los ámbitos urbanos. Ni Prestes con su carisma y su independencia de criterio, pudo convertir al comunismo brasilero en una fuerza política potencialmente hegemónica. Desaparecido ya de  la escena Getulio Vargas, que muere acorralado por la oligarquía y llorado por las masas, será recién en los años ’60 cuando se adviertan claros signos de radicalización política e ideológica de las clases populares. Hasta entonces, el poder de los terratenientes (núcleo duro de la oligarquía) permanecía incontestado. Los arrestos modernizantes del ciclo nacional-popular, de Vargas a Kubitscheck y Janio Quadros, apenas habían arañado ese poder. Con la etapa de Joao Goulart se verifica la emergencia de movimientos de organización campesina (las ligas campesinas de Juliao), y un giro ideológico “a la izquierda” que expresa el influjo de la Revolución Cubana en Latinoamérica. Pero es también el canto de cisne. Entramos en la etapa de la contrainsurgencia y la Doctrina de la Seguridad Nacional. La alarma de la oligarquía terrateniente y el interés imperial del Norte que irradia la contrainsurgencia a los militares locales, coinciden para aplastar un incipiente ciclo de ascenso y organización popular, derrocar a Goulart (expresión de un clima popular más que su artífice) y dar inicio a una larguísima dictadura.

Será en los años subsiguientes, especialmente a partir de la segunda mitad de la década de 1970, en que comience a rearticularse el entramado popular, tanto en el campo como en la ciudad. Ese proceso de construcción popular mostrará perfiles en apariencia paradójicos, como por ejemplo la participación de activistas católicos en la organización campesina. Pero es una paradoja que se disipa si se presta atención a la experiencia contemporánea de aquellos años, de activistas católicos y sacerdotes en Nicaragua y el sur mexicano (Chiapas), en el trabajo de base, educativo y sindical. En el año 1978 se producen ocupaciones masivas de tierras en el Estado de Río Grande, y pocos años después (1984) se lleva a cabo el primer Encuentro Nacional de los Sin Tierra. Lula será expresión de la otra vertiente popular brasilera de aquellos años: el sindicalismo urbano. Crece un movimiento de trabajadores, combativo y con una ideología de izquierda, aunque no específicamente marxista.

Esa es la “acumulación originaria” del nuevo ciclo nacional-popular brasilero, que lleva a Lula a la Presidencia en el año 2002. No es una continuidad lineal de la etapa iniciada por la revolución liberal de 1930. Se forja más bien en el hiato abierto por la larga dictadura militar que va de 1964 a 1985. Pero para acceder al gobierno resultaba difícil proyectarse solo desde una base proletaria; mucho más cuando el entronque con las vertientes campesinas del MST no había madurado ni era fácil. La etapa “democrática post 1985 fue en Brasil la hegemonía del neoliberalismo, de Color de Mello a Fernando Cardozo. Lula estableció compromisos con diferentes sectores sociales y políticos, antes y después de acceder al gobierno. Se tornó más difuso el perfil político e ideológico del PT, en tanto creció la figura del Líder con un poder de irradiación mucho mayor al área de influencia del partido.

Pero más allá de esos compromisos, algunos gravosos, Lula estableció con claridad un horizonte posneoliberal que trasciende el Brasil y se proyecta a la región. Como señala Emir Sader, puso en el centro de la escena de manera dominante e innegociable la política social, el rescate de la pobreza de las poblaciones aplastadas. Al hacerlo, “reactivó” el botón de alarma de una oligarquía feroz y experimentada. Aunque ningún análisis sensato vislumbraba una amenaza para el capitalismo brasilero, el menor avance popular es resistido por la oligarquía. No se trata solamente del reparto del ingreso. Del avance popular, viene la dignidad. De la dignidad, el ejercicio y reclamo de derechos políticos, económicos y culturales. Y eso es lo que amenaza la configuración cultural señorial imperante en estas tierras sudamericanas. Vuelve a antagonizarse la contradicción pueblo /oligarquía. Y qué duda cabe, LULA ES PUEBLO.

 

Germán Ibañez

lunes, 12 de marzo de 2018

“Consumidores o militantes”, contradicciones del ciclo nacional-popular


En la emisión del día lunes 12 de marzo del programa “La Señal”, de la Radio Gráfica, conducido por Gabriel Fernández, surgió en el intercambio de los compañeros al aire, el problema de si el movimiento nacional en el gobierno había generado consumidores o militantes. Por supuesto, no se estaba desconociendo en ese valioso espacio radial de la comunicación popular, la historia y el presente militantes del peronismo. Por el contrario, sin devaluar una tradición de lucha, el interrogante es válido.

Quien escribe considera que, en efecto, es una contradicción interna del movimiento nacional que ineludiblemente está anclada en la lógica de la expansión del consumo popular y el crecimiento del mercado interno. La economía es cultura, puesto que no hay actividad humana carente de sentido. Por lo tanto, lo que se anuda allí es también una construcción de sentido. Pero difícilmente haya una construcción unívoca, y lo que se verifica es una disputa. Una querella, entre la lógica economicista derivada “naturalmente” del crecimiento en una economía capitalista, y los valores e ideales del desarrollo nacional, que interpelan a la política y la cultura.

Los gobiernos de Néstor y Cristina retomaron la cuestión del desarrollo nacional, que había sido abandonada en la larga noche neoliberal. Estamos hablando del impulso a una política de capitalismo nacional, pero no en mundo idílico de fraternidad entre las naciones. Hubo que ir a contramarcha de los intereses de las corporaciones transnacionales, de la burguesía financiera y de la ambición imperial de Estados Unidos. Pero si es cierto que el desarrollo no se deriva “espontáneamente” del crecimiento, sino que es expresión de un proyecto político nacional con bases sociales y culturales de sustentación, también debe admitirse que no hay posibilidad de desarrollo sin expansión de la actividad económica. Es decir, sin crecimiento. Y allí aparece la “tentación” desarrollista. La tentación de cifrar el éxito y la legitimidad del proyecto nacional en las variables mensurables de la expansión de la actividad económica y los índices de consumo. Esto es inevitable. Ningún gobierno renunciaría a ponderar los éxitos en su gestión económica. Y en efecto es un activo fundamental del proyecto nacional: sin crecimiento, sin expansión y diversificación de la actividad económica, sin mejores índices de consumo y bienestar popular, no hay desarrollo.

Por eso, es una contradicción que debe transitarse y vivirse. No puede obviarse; está enraizada en la realidad socio-económica, en la misma naturaleza de una economía que es capitalista. Durante los gobiernos kirchneristas, se exhibieron los índices de crecimiento económico y de expansión del consumo como evidencias palmarias de las virtudes del rumbo adoptado. Así, por momentos, en el discurso gubernamental, la venta de autos cero kilómetro adquiría casi el valor de prueba en sí misma de la legitimidad de una política. Eso podía implicar la apelación un tanto simplista a un ciudadano-consumidor crecientemente satisfecho y naturalmente persuadido de las virtudes inmanentes de la gestión económica y por lo tanto, partidario de su continuidad. Pero tampoco puede cargarse demasiado las tintas sobre esto, so pena de pecar de voluntarismo ¿Qué debió haber hecho el gobierno? ¿Ignorar esto, y prescindir del palpable mejoramiento del consumo popular como argumento político? ¿Apelar al “espíritu” y no a la “materia”?

Pero lo cierto, es que no es necesario quedarse en esta cuestión, pues el kirchnerismo exhibió de manera exuberante el otro polo de la contradicción: la apelación a ideales políticos superadores del economicismo. Por un lado concibió la expansión de la actividad económica y del consumo popular en íntima vinculación con el crecimiento de la soberanía nacional. Es decir planteó, incluso de manera principista, un horizonte de autodeterminación. De allí la importancia del desendeudamiento y de una política de integración regional. Convirtió a la Argentina en un actor fundamental de la construcción de la unidad del sur del continente, no solo en función de la sustentabilidad del crecimiento económico, sino de los valores de independencia y de justicia. La construcción de la Unasur y la CELAC fue más allá del paradigma de la integración económica; tradujo la ambición geopolítica de construir en América Latina una región de paz. Y con esto no se alude a una bien intencionada expresión de deseos: es un audaz proyecto antagónico con la proyección imperial del Norte, que es dominar a los países a través de la instrumentación y exacerbación de los conflictos internos del Sur. La paz no es un distraído sueño: es un contrafuerte a construir frente al poder demencial de los señores de la guerra. En la mejor proyección del kirchnerismo, el crecimiento se transmutó en desarrollo, el consumo en justicia social, la integración en unión. En fin, la economía en política.

Y finalmente, el kirchnerismo fue también audaz promotor de la militancia. Tuvimos un líder que comenzó reivindicando a una generación diezmada, una generación militante. No fue una simple reivindicación, fue una convocatoria que fructificó en miles de jóvenes, y en unos cuantos “viejos” también. La oligarquía, con su intransigencia, hizo su parte también; pero siempre es así, se avanza a través del conflicto y la contradicción. Y tuvimos una líder también, que desplegó enormes dotes de polemista. Que dirigió su polémica contra la oligarquía y no contra el pueblo. Que asentó su autoridad en su capacidad argumentativa. Por eso (también) la oligarquía la odia; porque la persuasión y la argumentación son antagónicas de la manipulación y el autoritarismo. El movimiento nacional puso el mojón muy alto. En ese marco, la maniobra oligárquica fue justamente exacerbar y distanciar los polos de la contradicción. Demonizó a la militancia, al tiempo que estimuló un ramplón sentido común del consumidor: la ilusión hedonista de un crecimiento continuo sin compromisos con las necesidades del desarrollo nacional. Siguió y alimentó una vieja huella individualista, la del que “lo que tengo me lo gané yo solo”, nublando que sin un contexto de crecimiento colectivo, los logros individuales corren permanente riesgo. Se prometió que las ventajas adquiridas no estarían en peligro, y que incluso todo mejoraría sacando de encima “a los chorros peronistas”. No nos equivoquemos, no carguemos en la cuenta del movimiento nacional los prejuicios insuflados por la cosmovisión oligárquica. En todo caso, reconozcamos esa contradicción, esa tensión.

Nada nos libra de recorrer el camino de la contradicción; el movimiento nacional no puede sustraerse a ello. Pero en su propio seno anida el potencial de superación. Si la maniobra oligárquica pasa por disociar al “militante” (malo) de la gente (buena), vayamos por el camino de reconstruir los vasos comunicantes entre los círculos militantes y las culturas populares. El mojón plantado por nuestros líderes, está allí.

 

Germán Ibañez

martes, 6 de marzo de 2018

Despolitización /demonización: una política de guerra


En un interesante artículo publicado en Página /12 titulado “Lobos y buitres”, Luis Bruschtein señala que “con la ayuda de los medios, el macrismo logró despolitizar la percepción del adversario en la sociedad, asimilándolo a un delincuente”. Efectivamente, es éste uno de los grandes ejes de la disputa por el sentido, de la construcción de una hegemonía. Por un lado, podemos pensarlo como una manifestación local de un fenómeno global. Los adversarios de la dominación estadounidense, y del imperialismo en general, son ubicados en el campo del mal: el famoso “eje del mal”, el terrorismo, los Estados “canallas”. Manifestaciones políticas y sociales muy diferentes, caen “en la misma bolsa”, operación muy antigua por cierto. Muy claramente, la descalificación del llamado populismo latinoamericano, va en esa dirección. Argumentos recurrentes son la corrupción, la venalidad de los dirigentes, la simulación y la hipocresía. La operación apunta a devaluar esas experiencias, que quedarían reducidas así a meras fachadas para el latrocinio. En esto, aunque hay variaciones de país en país, puede advertirse una línea argumental común a la que, con un poco de esfuerzo, puede seguírsele la huella hasta las usinas conservadoras que irradian esa mirada. Un deriva sensible de esta construcción hegemónica es la caracterización de los “populismos radicales” como enemigos de la seguridad de Estados Unidos. Nos encontramos aquí con un nuevo avatar de una política imperialista que cobró dimensión trágica en la segunda mitad del siglo XX, con la Doctrina de la Seguridad Nacional y la contrainsurgencia. Es expresión de una configuración cultural guerrerista, que Estados Unidos busca insuflar a sus aliados y antagonistas, pues es el terreno en el que tiene clara primacía. Nunca debe perderse de vista esto; la guerra necesita de enemigos, y si estos no existen, hay que inventarlos o empujar a competidores y adversarios a la lógica de la guerra. Los adversarios reales de la dominación estadounidense, bajo la catarata de operaciones ideológicas dirigidas a desacreditarlos, son los líderes, partidos y movimientos que expresan tendencias hacia la autodeterminación nacional. También la participación de las grandes masas populares en la política, antítesis de los intereses concentrados, que tienen nombre y apellido pero se encubren bajo el eufemismo “mercado”.  

Por otro lado, también podemos rastrear una vieja huella oligárquica de asimilación de los disidentes políticos a la “delincuencia”. Y ya que hablamos de la oligarquía, vamos a las fuentes. Es conocida una carta de Bartolomé Mitre, del año 1863, etapa álgida de las guerras civiles decimonónicas, en la cual se postula la necesidad de encubrir el carácter de oposición política de los movimientos populares rurales conocidos como montoneras, y reducirlas a una manifestación de barbarie y a un fenómeno delincuencial. Mitre dirá textualmente, y a un colega calificado como Domingo Sarmiento, “procure no comprometer al gobierno nacional en una campaña militar de operaciones porque dados los antecedentes del país y las consideraciones que le he expuesto en mi anterior carta, no quiero dar a ninguna operación sobre La Rioja, el carácter de guerra civil. Mi idea se resume en dos palabras: quiero hacer en La Rioja una guerra de policía. La Rioja es una cueva de ladrones, que amenaza a los vecinos, y donde no hay gobierno que haga nada, ni la policía de la provincia. Declarando ladrones a los montoneros, sin hacerles el honor de considerarlos como partidarios políticos, ni elevar sus depredaciones al rango de reacción, lo que hay que hacer es muy sencillo”. Quitarle status político a los opositores, y asimilarlos a “delincuentes” es preparar el camino para su represión y eventual exterminio. O acaso debemos recordar que, poco más de cien años después, se caracterizó a los insurgentes, revolucionarios y militantes populares como “delincuentes subversivos”.

La configuración cultural guerrerista imperial y la larga huella represiva oligárquica entroncan naturalmente. La negación del status político del opositor a la dominación oligárquica, la asimilación del proyecto nacional-popular a la delincuencia, la corrupción y la falsedad, es una política de guerra. Busca arrasar con cualquier basamento político e ideológico para sustentar un rumbo alternativo, igualitarista y promotor de la soberanía nacional. Quiere enervar a una opinión pública que persigue fantasmas y exige castigo a los “que se robaron todo”. Apunta a desintegrar cualquier entramado organizativo de movilización popular, así como la emergencia de proyectos políticos anti neoliberales. Concibe esos designios como una guerra. Y se prepara metódicamente para escenarios de creciente conflicto y antagonismo. Difícilmente podrá aspirar a una plácida gobernabilidad en una sociedad que se pauperiza; le bastará con gestionar la crisis. Miremos a Perú: no hay presidente que no salga “quemado”, pero la rueda neoliberal no se detiene.

Pero la política es más que la guerra. Y la capacidad de sumar voluntades, evitar falsos antagonismos, asumir los conflictos que sí son medulares, construir liderazgos fuertes, está ampliamente acreditada en el campo nacional y popular. Por ahí va la cosa.

 

Germán Ibañez

viernes, 2 de marzo de 2018

El crecimiento endeble del capitalismo dependiente


Hace poco lamentamos el fallecimiento del intelectual brasilero Theotonio Dos Santos, una de las grandes figuras de la Teoría de la Dependencia y agudo analista de las contradicciones del capitalismo latinoamericano. Otra gran figura del pensamiento económico crítico fue su compatriota Ruy Mauro Marini. Uno de los problemas que Marini señaló con claridad es la relación entre el funcionamiento del capitalismo en las periferias y la sobreexplotación de las masas. Allí se encuentra el secreto de un funcionamiento que no puede compensar empero, ni siquiera malamente, la enorme brecha de productividad con las economías metropolitanas.

El capitalismo acentúa en las periferias sus peores rasgos, resultando un crecimiento depredador. Una de sus características es el aprovechamiento irracional de la dotación de recursos de los países, las llamadas “ventajas comparativas”, que son más propiamente las ventajas estáticas derivadas de condiciones naturales. La clave es el acceso monopólico a esos recursos, por parte de los actores económicos más concentrados, ya sean fracciones de las oligarquías locales o empresas extranjeras. Eso implica un “candado” para el resto de la población, e incluso muchas veces para el poder fiscalizador del Estado en esas actividades. La explotación depredadora y la monopolización aseguran altas ganancias, y allí está una de las causas de la tendencia a la primarización de nuestras economías. Aunque se trate del aprovechamiento de una dotación de recursos naturales, está lógica no tiene nada de “natural”. Es el resultado de decisiones políticas y del predominio de ciertos intereses económicos por sobre otros. Toda una configuración cultural y política señorial, acompaña “solidariamente” a esta matriz capitalista dependiente. Y esto es así porque en su largo ascenso, el capitalismo incorporó y asimiló elementos de otras formaciones societarias.

La sobreexplotación de la fuerza de trabajo, en el afán de “bajar costos laborales” y capturar por esa vía una porción creciente del excedente socialmente producido, es enemiga de una lucha concreta por incrementar la productividad; y por tanto, antagónica con un proyecto de desarrollo. Puede haber crecimiento económico incluso, en el sentido de un incremento mensurable en ciertas variables económicas. Pero nunca desarrollo, en la medida en que la sobreexplotación laboral, la caída del salario real, el incremento de la desocupación, pueden “bajar” el costo laboral, pero son un pobre sucedáneo del incremento de la productividad. Ésta última depende de la inversión productiva, de la ciencia aplicada, de la audacia del proyecto científico-tecnológico de un país. Justamente, todo lo que está liquidando el gobierno oligárquico de Cambiemos. El control de la alta tecnología es una de las llaves económicas contemporáneas; algo que el “primer mundo” quiere reservarse celosamente. Por lo tanto, es un poder que, en la medida en que sea monopolizado por el Norte, se transforma en una de las manifestaciones fundamentales del carácter imperialista del sistema capitalista mundial. Desmonopolizarlo, a través del desarrollo económico y científico-tecnológico de los pueblos y naciones del Sur, es antiimperialismo.

La cancelación del ideal de desarrollo, puede estar acompañado de una obnubilación por el crecimiento, visible o “invisible” según la curiosa expresión del marketing oligárquico. Pero siempre será un crecimiento socialmente injusto, sin potencialidad de desarrollo nacional, precario, vulnerable. Y reversible ante la primera sacudida de la economía global.

 

Germán Ibañez

sábado, 24 de febrero de 2018

Desarrollo y autodeterminación


La actual oleada neoliberal en Sudamérica, especialmente en Argentina y Brasil donde quedó trunco el ciclo nacional-popular, implicó de hecho que las cuestiones del desarrollo y la autodeterminación quedaran radiadas de la agenda pública. No debe perderse de vista algo central: se trata de una contrarrevolución oligárquica que nace de los intereses y del poderío de los actores económicos más concentrados. La discusión sobre los errores cometidos o las inconsistencias de la construcción política popular es medular, pero no debe nublar lo anterior. A lo largo del siglo XX, y en lo que va de este siglo XXI, se han enfrentado en la arena política y económica distintas coaliciones de productores nacionales con las fracciones más encumbradas de las clases poseedoras. Antagonizaron en torno a diferentes proyectos de transformación económica-social y de dirección política del Estado. En un polo, se apuntaba a promover un capitalismo nacional, a través de la protección del trabajo y la producción local. En el otro polo, se quería potenciar la expansión capitalista mediante el control monopólico de los recursos estratégicos y la asociación (asimétrica y subordinada) con los grandes centros económicos metropolitanos. En cierta medida, se trata de dos vías de crecimiento capitalista, pero muy diferentes entre sí. Y claramente, crecimiento no significa per se desarrollo ni tampoco autodeterminación; por eso, es importante ocuparse de esas cuestiones.

La expansión capitalista es, primordialmente, un proceso global. Ha estado marcada, a lo largo de los siglos, por la asimetría y la polarización. Es lo mismo que decir que el colonialismo no es una mera excrecencia sino una manifestación de su más íntima naturaleza. Los límites a esa dinámica depredadora, los rumbos alternativos, han estado asociados a los  proyectos populares, a las revoluciones sociales, a la emergencia de círculos intelectuales y políticos nacionales con capacidad de liderazgo de sus sociedades. Por eso, los intereses conservadores siempre han buscado la destrucción tanto de los entramados organizativos populares, como la desacreditación de las elites nacional-populares y los grandes líderes políticos de los países dependientes. Es la pugna entre la continuidad de un mundo imperialista, o la construcción de uno nuevo desde los intereses de los pueblos del Sur y los trabajadores de todos lados. En esa pugna, se planteó históricamente la cuestión del desarrollo y la autodeterminación. Por lo tanto, lo primero que queremos señalar es que el desarrollo y la autodeterminación nacional no son el resultado inmanente de la transformación capitalista, sino de las resistencias a las formas coloniales con que se ha presentado históricamente esa expansión, desde los centros hacia las regiones que fueron convertidas en periferias.

Una precisión que es necesario hacer es que el desarrollo y la autodeterminación son fenómenos relacionados entre sí en la historia concreta de las sociedades, pero no sinónimos. En la América Latina del siglo XX, la problemática del desarrollo, como vía alternativa de transformación económica-social al eterno status de países agro-mineros legado por los regímenes oligárquicos decimonónicos, fue asumida en ocasiones por elites modernizantes, intelectuales o políticas. Tal el caso de la CEPAL, o del desarrollismo en Argentina. El compromiso de esas elites modernizantes con la llamada “cuestión social” fue variable, y en general, bajo. Aún así, su diagnóstico y propuestas partían de la convicción de que la transformación capitalista, tal como se daba “espontáneamente”, no conducía al desarrollo sino a la pervivencia del carácter primario y periférico de las economías de la región. Por lo tanto, había que incidir a través del control del Estado, alterando políticamente el curso de la transformación capitalista, para alcanzar metas de desarrollo que achicaran la brecha con los principales países del mundo. La promoción de la industrialización aparecía como la principal herramienta. Si nos referimos ahora a la cuestión de la autodeterminación, podemos decir que apareció vinculada más frecuentemente a los movimientos nacional-populares y de izquierda. Expresiones como “independencia económica” y “liberación nacional” tradujeron el objetivo histórico de conciliar modernización con antiimperialismo. Y sobre todo, con el compromiso con la cuestión social y democratización del Estado. En Argentina, el ideal de autodeterminación nacional está presente desde las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo en la figura de Manuel Ugarte, o en la prédica forjista. Pero será con el peronismo de la década de 1940 cuando se encarne en un movimiento político de masas y en una voluntad estatal. Lo hará con la peculiaridad de poner al “mismo nivel” los objetivos de independencia económica y justicia social.

Es interesante ver, a posteriori del derrocamiento de Perón, los cruces entre la ideología del desarrollo asumida por el frondicismo, y el paradigma de la liberación nacional representado por el peronismo. Más allá de las convergencias políticas meramente circunstanciales, como la que se expresó en el famoso pacto Perón /Frondizi, había vasos comunicantes entre ambas experiencias. Muy especialmente, la crítica a un status puramente agropecuario para el destino de la economía nacional, y el énfasis en la industrialización a la cual se le atribuían amplias virtudes, no solo para la modernización del país, sino para el incremento de su autodeterminación e independencia en el concierto internacional. Pero también había clarísimas diferencias, que alejaron ambos caminos. El peronismo era un movimiento popular, de perfil obrerista y plebeyo; el desarrollismo podía convivir tranquilamente con la represión y el Plan Conintes. En la propuesta económica ya se revelaban también diferencias sustanciales. En el peronismo, el énfasis industrialista buscaba un compromiso con la distribución progresista de la riqueza, y concebía a la inversión pública y a la promoción del capital privado nacional como los motores del desarrollo. En tanto que el desarrollismo postulaba que la distribución de la riqueza debía supeditarse a las metas de desarrollo, y la inversión extranjera direccionada a mejorar la dotación industrial del país era considerada la herramienta fundamental para romper el cerco de una economía dominantemente agro-pastoril.

La oligarquía argentina toleró malamente ambos paradigmas. Pues aunque en el siglo XX se consolidó una poderosa fracción industrial, que se asoció e incluso subordinó a las fracciones agropecuarias y comerciales, dicha “burguesía” replicó los patrones señoriales de la configuración cultural oligárquica y se acopló a las lógicas del sistema capitalista “realmente existente” (imperialista). La concreción más trágica de ello, fue el proyecto económico de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976, que promovió la reconversión de la economía argentina a través del aperturismo extremo, el endeudamiento externo, y la primacía del sector financiero en el bloque de las clases dominantes. A tal punto, que se canceló ex profeso cualquier perspectiva de desarrollo industrial, incluso en las muy moderadas propuestas del desarrollismo. La ideología de la liberación nacional fue considerada directamente como un enemigo de la dominación oligárquica, y se buscó su destrucción, en sus vertientes peronistas e izquierdistas, a través de la eliminación física de sus entramados militantes.

Solo a posteriori de la debacle, en el año 2001, del modelo neoliberal de primacía de la valorización financiera legado por la dictadura, volvieron a la agenda política del país las cuestiones del desarrollo y la autodeterminación, de la mano del kirchnerismo. Por ello, fue hostilizado por la oligarquía y la derecha neoliberal, política y mediática. En su momento, se generaron discusiones acerca de cómo caracterizar su proyecto económico. Y así aparecieron aproximaciones tentativas como las de “neo desarrollismo” o “desarrollismo de izquierda”, sobre todo a la luz de la comparación con experiencias aliadas pero radicales (caso Venezuela o Bolivia). Sin embargo, difícilmente pueden compatibilizarse el horizonte democratista (incluso principista, en este plano) del kirchnerismo, su compromiso con la distribución progresista del ingreso y la expansión de derechos sociales, su búsqueda de autodeterminación nacional a través del desendeudamiento y la reorientación de la estrategia de inserción internacional (privilegiando la integración regional, y alejándose del influjo estadounidense) con aquello que conocimos en nuestro país con el nombre de “desarrollismo”. Si es cierto que el ideal modernizador y el énfasis en el “desarrollo” estuvieron presentes; pero también el primer peronismo fue sensible a estas cuestiones. Lo que permaneció “resistente” a la nueva orientación económica post 2003, fue el núcleo duro del bloque oligárquico, principal actor de la reciente restauración conservadora. Esa oligarquía volvió a postular como “desviación” aberrante de la lógica virtuosa del mercado, cualquier énfasis en el desarrollo que fuera más allá de la mera retórica, pues el uso de esa palabra es tolerado, siempre y cuando esté disociada de una práctica concreta. En cuanto a la búsqueda de la autodeterminación nacional, el anatema es más taxativo: eso es “populismo”.

Desarrollo y autodeterminación no tienen una relación “fácil”. Aparecen como “desviación”, moderada o radical, de la lógica polarizante de la expansión capitalista. Suponen una voluntad política de alterar esa lógica, y reorientarla. Solo pueden sostenerse con la construcción de un poder político democrático fuerte. Y con un compromiso igualmente sólido con la justicia social. Es la política (democrática e igualitarista) en el puesto de comando.

 
Germán Ibañez

miércoles, 21 de febrero de 2018

La hegemonía política del neoliberalismo y su posible crisis


En los últimos años, hemos asistido a la crisis del ciclo nacional-popular sudamericano, que había eclosionado en la década de 1990 con la emergencia del chavismo en Venezuela. Pronto se sumaron los procesos populares en Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay. Podría agregarse el intento, rápidamente frustrado, del Paraguay de Lugo. Cada expresión nacional tuvo por supuesto características únicas, propias de las circunstancias e historias concretas de los países. Pero también hubo factores comunes a todas las experiencias. Uno de esos factores es la crisis política del neoliberalismo; proyecto societario que, hasta bien entrada la década de 1990, reinaba sin competidores importantes a la vista. Es necesario aclarar, de todas formas, que importantes países de la región, de manera muy destacada Colombia, las características de la crisis política fueron muy diferentes; y en todo caso no del grado suficiente como para tumbar administraciones gubernamentales de signo neoliberal o avistar la aparición de fuerzas contestatarias con la fuerza necesaria para plantarse como alternativas de gobierno. En los países sudamericanos en que sí se verificó la crisis política del neoliberalismo podemos advertir algunos aspectos similares. Se produjeron procesos (variables en su radicalismo de país en país) de movilización popular frente al “fracaso” económico de la receta neoliberal. Pero esta expresión, repetida muchas veces para impugnar al neoliberalismo en sus consecuencias regresivas en lo económico y social, puede ser equívoca. ¿Fracaso para quién? Evidentemente no fue un fracaso para las corporaciones extranjeras y las oligarquías locales, que se fortalecieron durante los años de auge del neoliberalismo. Aquello que era repetido hasta el hartazgo por la propaganda de los gobiernos oligárquicos y los medios monopólicos de comunicación, por ejemplo el objetivo de consolidar prósperas y modernas “economías de mercado”, clarísimamente no se cumplió. ¿Pero era ese el objetivo estratégico? Más correcto sería decir que el objetivo estratégico de las oligarquías es profundizar el control monopólico de los recursos económicos fundamentales, concentrar el ingreso en la cúspide de la pirámide social, cristalizar la asociación (asimétrica y subordinada) con la burguesía financiera trasnacional, y reforzar la dominación política y social sobre las poblaciones, “desintegrando” los entramados estructurales de las clases populares así como sus organizaciones gremiales y políticas. Esto último es especialmente importante porque el neoliberalismo no es una receta económica; es un proyecto de poder y dominación.

En ningún caso la contestación social fue suficiente para precipitar la crisis política del neoliberalismo. Fue necesaria la emergencia de proyectos políticos anti neoliberales que, más allá de los soportes organizativos y partidarios, y las diversas coaliciones electorales que se construyeron, estuvieron comandados por una serie de líderes políticos de rasgos excepcionales. Las derechas neoliberales y ciertos progresismos disociados de posturas reales de centro izquierda, vieron en esto un nuevo avatar del “personalismo” latinoamericano. Con lo cual han querido nublar la comprensión de que el ascenso de líderes de la talla de Lula, Evo, Chávez, Néstor o Cristina, son el resultado de un largo y complejo proceso de selección política. En la construcción de sentido de las oligarquías, las biografías maliciosas reemplazan el estudio concreto de la experiencia política popular. A través de esos liderazgos políticos y la sinergia con las fuerzas populares que los respaldaron, se estableció una agenda política regional, que apuntó al desarrollo económico, a la distribución progresista de la riqueza, a la integración regional, y a un horizonte de mayor autodeterminación de los países del Sur. Todas estas cuestiones medulares son antagónicas con el proyecto neoliberal. De allí que solo pudo establecerse ese horizonte, en la medida en que se producía una crisis de la hegemonía política del neoliberalismo.

Sin embargo, la nueva hegemonía política, la del horizonte post neoliberal o nacional-popular, comenzó a toparse con dificultades poco después de una década de despliegue. Y finalmente, entró a su vez en crisis. En su momento, en la primera mitad de la década de 1950, el “colorado” Jorge Abelardo Ramos planteó que la hegemonía política es transitoria por definición. Tenía el ojo puesto en la experiencia entonces en curso del primer peronismo, y su reflexión iba en el sentido de que sin desarmar los contrafuertes ideológicos y culturales de la dominación oligárquica, la restauración conservadora era una amenaza permanente, pese a los indudables éxitos sociales de la política nacional-popular. A esta línea de reflexión podríamos añadir que los contrafuertes “económicos” de las oligarquías son igualmente importantes para entender la crisis del ciclo nacional-popular. Las políticas de desarrollo de los años pasados, no pudieron construir una base estable para sostener en el tiempo una coalición de productores nacionales que pudiera disputar la escena económica, cultural y política a las oligarquías. No se tuerce la dinámica del capitalismo periférico y dependiente de manera fácil o en pocos años. Lo que se sufrió es una derrota política que no es resultado de los errores incidentales de los líderes, ni de las inconsistencias de la construcción política popular (aunque no es un tema para descartar) sino que constituye una contrarrevolución burguesa y oligárquica.

Ahora bien, a poco andar de la restauración conservadora ya se advierten signos de dificultades para ella también. Es que la “receta” vuelve a fallar. O mejor dicho, que los objetivos que declaman (controlar la inflación, mejorar la calidad institucional) no es lo que se busca. Y lo que la oligarquía realmente busca (por ejemplo hacer caer los salarios y la ocupación y consolidar el retroceso en derechos sociales) no puede sino generar tormentas sociales, dada la experiencia de los años anteriores. Y es que esa experiencia se convierte en un activo para precipitar una nueva crisis de la hegemonía política neoliberal. Ellos lo saben, y el escenario que se prepara con el respaldo estadounidense, es el de la gestión a través del conflicto. Para eso se afinan y preparan las herramientas jurídicas y represivas de la dominación oligárquica. Que la crisis de la hegemonía política puede prolongarse largamente, lo sabemos y basta para eso mirar la realidad de Colombia, Perú o México. Salir de la encerrona, con la sinergia posible de movilización social, articulación política y liderazgos probados, no es una base endeble ni algo para desdeñar.

 

Germán Ibañez