La contrarrevolución burguesa, que es oligárquica

En las regiones periféricas del mundo, el capitalismo “normal” ha sido el capitalismo dependiente. Colonialismo y capitalismo han estado asociados desde el inicio, incrementando las asimetrías globales en la distribución del ingreso, y en la brecha de productividades. Por ello, la sobreexplotación laboral es la norma típica en las periferias, “compensando” malamente la brecha de productividad que la revolución científico-tecnológica sigue agrandando. En América Latina, la conquista ibérica impuso formas de trabajo forzado y un tipo de estructura socieconómica señorial, que no fue desintegrada completamente por la descomposición del viejo sistema colonial y la transformación capitalista decimonónica. Esas “huellas” de larga duración configuraron rasgos señoriales (a veces llamados feudales) en las prácticas e imaginarios de las clases propietarias en países como Argentina. A despecho de la “modernidad” buscada y proclamada una y otra vez por los intelectuales orgánicos de la derecha, a lo largo del tiempo esas prácticas pervivieron, en la medida en que eran funcionales al mantenimiento de altos grados de explotación de la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, fue cristalizando un carácter preeminentemente extrovertido de la economía, subordinada en su crecimiento a las necesidades metropolitanas.

La intransigencia patronal frente a los reclamos laborales, el ataque a las formas de organización sindical, la reproducción de prejuicios antipopulares apenas renovados en sus argumentaciones, es expresión de esa configuración cultural señorial. Muy especialmente atacada es la idea misma de negociación o acuerdo en los ámbitos de trabajo. El trabajador debería obedecer sin más, como en las viejas unidades productivas de la época colonial. No casualmente, en el trabajo rural y en el trabajo doméstico esas pervivencias son más acentuadas, con las formas de una servidumbre personal casi sin atenuantes en muchos casos. Cuando los gobiernos son “solidarios” con esa orientación antipopular, el bloque dominante aparece casi como inexpugnable. A su vez, los sindicatos han intentado desde los inicios morigerar ese cuadro altamente desfavorable no solo desde la protesta, sino a veces mediante la búsqueda de escenarios de negociación o de “interlocutores” permeables. Asimismo han contribuido a sustentar proyectos políticos de base popular, como el peronismo, a través de lo cuales incidir en la democratización del Estado y la distribución progresista de la riqueza.  

Fueron los movimientos populares los que erosionaron las bases señoriales del capitalismo periférico, y al hacerlo, impulsaron un “ajuste” inverso: de los intereses del capital financiero o las metrópolis dominantes, a las necesidades del desarrollo nacional. Así se delineó el carácter atípico de la transformación capitalista argentina en las etapas del primer peronismo y del kirchnerismo. Es que torcer aunque fuera mínimamente la lógica del crecimiento asimétrico y subordinado hacia fuera, implicó la movilización de importantes contingentes populares, que planteaban perentoriamente, consignas de tipo democráticas y distribucionistas. Así se vio un crecimiento capitalista, con primacía del mercado interno y expansión de derechos y conquistas sociales. Por supuesto, el énfasis modernizador estuvo siempre presente en esas experiencias nacional-populares, pero con rasgos particulares: la reivindicación del rol del Estado en el desarrollo económico, el ideal industrialista, la inversión en ciencia y tecnología, la búsqueda de una mayor autonomía a la hora de trazar las estrategias de inserción internacional, y en los momentos de mayor avance, el anudamiento de alianzas con otros países del Sur. Pero sobre todo, y especialmente desde el ángulo de los sectores populares que adhirieron a los movimientos nacionales, se concibió la “modernidad” directamente relacionada con la mejora del ingreso y de las condiciones de trabajo, y la expansión de derechos sociales. Y por lo tanto, se concibió como rezagos oligárquicos antimodernos, el autoritarismo patronal y cualquier forma de sobreexplotación laboral. En ese cruce se han dado y se dan gran parte de las disputas históricas entre los bloques dominantes y los movimientos populares.

La brecha en el despliegue de los proyectos nacional-populares ha aparecido cuando se avizoran dificultades en el capitalismo “atípico”, obligado a complejos compromisos sociales en la medida en que debe conjugar crecimiento económico con justicia social. Dificultades que pueden estar relacionadas con un empeoramiento del contexto económico internacional y subsiguiente caída del poder de compra de las exportaciones. Pero muy especialmente con una realidad que nos acompaña hace tiempo: la fuga de la inversión. La “renuencia” (para utilizar una palabra delicada) de la oligarquía argentina a invertir, se extiende a otras fracciones de las clases propietarias (lo que supo analizar en su momento Jauretche en “El Medio Pelo”). Sin esos recursos, evadidos, resulta muy complicado seguir compatibilizando crecimiento y distribución.

Allí comienza la presión para “normalizar” el capitalismo, para tornar verosímil un diagnóstico en el cual los avances populares se convierten en la causa del estancamiento nacional. Y queda en un cono de sombra la brutal fuga de las inversiones que es la causa más profunda de la ralentización del crecimiento. Ni hace falta detenerse en argumentaciones menores de las derechas, como que la fuga del capital es por culpa de la desconfianza que le generan los “populismos”, porque bajo el actual gobierno oligárquico el drenaje se profundizó aún más, rotas todas las regulaciones y controles estatales para contener la inversión territorializada. La máxima operación ideológica es presentar, revestida de “modernidad” la vieja configuración señorial-oligárquica para regir el mundo del trabajo. Y convertir los derechos sociales, y aún la misma organización sectorial de los trabajadores en antiguallas o lastres populistas.

Ocultan también que la vieja sociedad señorial-oligárquica se sostuvo en base a la violencia. Y en eso están nuevamente las derechas, en su afán de “normalizar” el capitalismo: una verdadera (contra) revolución burguesa, que es oligárquica.

 

                                                                                      Germán Ibañez

Violencia imperial /violencia oligárquica

La experiencia de los años 2003 a 2015 en la Argentina, de despliegue del proyecto nacional popular, puso de relieve la importancia de los procesos de integración /unión regional para la sustentabilidad de los avances populares locales. Especialmente desde las jornadas del No al Alca en 2005, quedó claro el arco de alianzas con algunos gobiernos sudamericanos. Esta situación, de enorme trascendencia, llevó naturalmente a que el interés se concentrara en ciertos países como Brasil y Venezuela, también Bolivia y Ecuador, que eran junto a nuestro país actores relevantes del proceso de construcción regional. Así creció la atención sobre el MERCOSUR, y luego sobre realidades más recientes como UNASUR o la CELAC. Por lo mismo, quedó en un segundo plano la información y la reflexión sobre la experiencia contemporánea de otros países latinoamericanos, donde la influencia estadounidense era más palmaria, como es el caso de México y Colombia. El relevamiento más superficial de la situación de dichos países mostraría que la violencia es la principal herramienta de gestión del conflicto social y político, de desarticulación de los bloques populares, y de apuntalamiento de una precaria hegemonía de sus respectivas oligarquías.

Hoy, con el impasse del proceso de integración /unión autonómica de Sudamericana, merced al ascenso de gobiernos ultra conservadores y aliados de EEUU en Argentina y Brasil, se manifiesta en toda su importancia la cuestión de la violencia oligárquica como mecanismo principalísimo de gestión del conflicto. En este plano se solapan, solidariamente, las necesidades estratégicas de la supremacía estadounidense con los intereses inmediatos de control político sobre las poblaciones de las derechas de la región. Por supuesto, nada de esto es una novedad, y basta recordar la etapa de la Guerra Fría y la Doctrina de la Seguridad Nacional en la segunda mitad del siglo XX, en sus estragos en la región. Pero vale la pena pasar revista a algunas características de este problema, en su configuración actual.

En primer lugar, que la gestión de la crisis a nivel global, por parte del imperialismo, está asociada a la sucesión de conflictos armados y “anarquía” de regiones enteras del globo, como es el caso de Medio Oriente. EEUU no ha podido concretar de otro modo su ambición de erigirse en potencia única y “gendarme del mundo”. La financierización permanente de la economía genera constantes turbulencias, y es causa y consecuencia de la imposibilidad de desplegar un largo ciclo de crecimiento y desarrollo económico como en la segunda posguerra. Las guerras de baja intensidad (son de “baja” intensidad en su caracterización, para las poblaciones que las sufren, la intensidad es altísima), y el estímulo constante al antagonismo armado para “resolver” tensiones étnicas, sociales, o regionales, aparece como la estrategia más visible de la gestión de la crisis capitalista contemporánea, como señala entre otros el economista egipcio Samir Amin. En nuestro continente, no es casualidad que los países fundamentales del redespliegue estadounidense, los aludidos Colombia y México, revelan índices altísimos de violencia política, represión estatal y paraestatal, y conflictos armados. La ingeniería diseñada para explotar tensiones étnicas o disputas regionales, es visible asimismo en otros países, especialmente del mundo andino. Por ejemplo, para crear problemas al proceso nacional popular boliviano. Insumos para establecer un escenario de antagonismo entre los Estados argentino y chileno con las comunidades mapuche también provienen del Norte imperial, claro que en este punto no podríamos desconocer los aportes de “cosecha propia” de las oligarquías locales, y sus personeros gubernamentales e intelectuales más nefastos.

Y es que, en segundo lugar, hay que detenerse en la configuración local de la dominación oligárquica, que ha desplegado largos ciclos de violencia política, tanto en la etapa de la consolidación de los Estados, como frente al desafío de los diferentes movimientos políticos y sociales que plantearon en el siglo XX la democratización de dichos Estados y la distribución progresista de la riqueza. La demonización del adversario, cuando no la lisa y llana “creación de un enemigo interno”, ha sido y es una operación hegemónica fundamental, para apuntalar las crudas y violentas formas de la subalternización del otro.

Exacerbar el antagonismo como estrategia de gestión política es hoy una de las herramientas fundamentales de la dominación oligárquica, plenamente convergente con el influjo colonial del Norte. El conflicto es inmanente a las sociedades contemporáneas; conflictos de clase, nacionales, étnicos, de género, etarios, etc. Pero no todos ellos devienen  necesariamente en antagonismo. Es decir, en enfrentamiento puro y duro. Manejar el escenario del antagonismo, es por eso una de las modalidades más importantes de los gobiernos de derecha latinoamericanos. En su manifestación  más “ideal” sería la capacidad de persuadir a la opinión pública de cuál conflicto es antagónico y “por qué” en cada momento. La operación hegemónica tiene más posibilidades de concretarse, allí donde se apoya en alguna vieja configuración de prejuicios conservadores. Por ejemplo, con las comunidades mapuche, a las que es posible violentar apelando a la larga sombra de la dicotomía civilización o barbarie. Viejos prejuicios tornan más verosímiles las precarias especulaciones sobre una organización “terrorista” indígena.

Pero también, los horizontes más amplios de la protesta social, la movilización popular, o aún la organización sectorial (como sería el caso de los sindicatos), son objeto de similares operaciones hegemónicas de demonización. La recurrencia y agravamiento de estos fenómenos debe alertar, si es que no faltaran situaciones más gravosas como los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y las represiones a las movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires el pasado mes de diciembre, de cual es el horizonte político de mediano plazo que pretende instalar el gobierno de Cambiemos. Puede advertirse los signos probables de un largo ciclo de antagonismo y “gestión” violenta del mismo. De ahí la importancia de prestar atención a la historia reciente de Colombia y México. La naturalización del antagonismo y la violencia es buscada por la derecha contemporánea como herramienta de gestión fundamental, frente a crisis sociales, laborales y de dirección política que no podrán solucionar. En las sociedades de hoy, existen tensiones y contradicciones; saber distinguir cuáles son realmente antagónicas y cuáles son los escenarios fabricados por la derecha, es el principio para evitar la encerrona violenta que prepara la oligarquía.

 

                                                                                                                    Germán Ibañez