Energía, soberanía y acumulación político-cultural

Artículo para Aluvión Popular

La decisión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de recuperar la soberanía nacional en el manejo de la producción de hidrocarburos, a través de la expropiación del 51% de las acciones de la empresa Repsol, es una de las acciones de mayor trascendencia del ciclo kirchnerista. Estamos frente a una audaz revitalización de las mejores tradicionales nacional-populares al tiempo que constituye una juiciosa medida destinada a sostener el modelo de crecimiento con equidad social. Los FUNDAMENTOS con los cuales se presenta el proyecto de ley trascenderán sin duda como uno de los documentos más importantes de esta etapa del movimiento nacional. Allí, se sostiene, en concordancia con el art. 1 del proyecto: “Declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.

Todo el proceso político, económico y cultural de los últimos años nos condujo hasta este punto en que se plantea la recuperación del control estatal de una empresa histórica y querida por los argentinos como YPF. Aunque la desinversión de Repsol, que es detallada minuciosamente en los FUNDAMENTOS, y el impacto que genera en la disminución de reservas (y en la obligación de implementar una gravosa importación de hidrocarburos durante el año pasado, que tuvo que ser asumida por el Estado nacional) determina el detonante del proyecto oficial de recuperación, es necesario remitirse a antecedentes de más largo aliento. Con justicia, los FUNDAMENTOS señalan que en la nefasta experiencia de la hegemonía del modelo neoliberal en nuestro país, se encuentra la raíz de los actuales problemas que se verifican en la producción de hidrocarburos argentinos. No por casualidad es dicho capítulo de la historia nacional el que los agoreros intentan disimular, cargando sobre las espaldas de la actual administración gubernamental las carencias de la producción energética. Al mismo tiempo, esas voces vergonzantes quieren desconocer o descalificar la naturaleza socio-histórica del proyecto nacional en curso (de crecimiento económico, autodeterminación, justicia social y democracia) que asoma en el año 2003, en el marco de la crisis política del neoliberalismo y como consecuencia de la voluntad política del kirchnerismo. Sin entender ese proceso se corre el riesgo de ceder espacio a la argumentación maliciosa de aquellos apologistas de la “economía de mercado” que ahora se desgarran las vestiduras por la desinversión y los presuntos errores gubernamentales.

En primer término, es necesario complejizar el abordaje de esta cuestión, saliendo de las explicaciones puramente economicistas. El desguace del Estado instrumentado por el modelo neoliberal, así como la denigración del concepto mismo de lo público resultó una de las herencias más pesadas de los años 1990, y el kirchnerismo comenzó una trabajosa reconstitución, no exenta de vacilaciones y rodeos, que progresivamente fue adquiriendo más y más consistencia. En ese plano se manifestó uno de los puntos de la acumulación político-cultural del movimiento nacional, sin la cual toda perspectiva de reconstrucción de la Patria y de modificación progresista de la correlación de fuerzas sociales para dicha transformación es puramente hipotética. Aquellas medidas que en apariencia no están inmediatamente ligadas al movimiento de lo económico, desde la política de Derechos Humanos a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron sin embargo fundamentales para el despliegue del modelo de crecimiento económico, diversificación y equidad social. Porque sin una noción de lo público y del bien común fuerte, rica y adecuada a los nuevos desafíos históricos, los gobiernos de Néstor y luego Cristina no hubiesen alcanzado la fuerza política, la autoridad moral y la convocatoria social para enfrentar a las corporaciones y avanzar en la superación del modelo neoliberal.

Otro elemento clave en la acumulación político-cultural es la recuperación de la noción de soberanía, y es allí donde adquiere enormes resonancias históricas el proceso que se inicia ahora. El proyecto nacional-popular tuvo que emanciparse en primer término de la tutela del Fondo Monetario Internacional, y eso, que tiene una indudable relevancia “económica”, es primordialmente una cuestión de soberanía: la potestad de un pueblo y un Estado de controlar su propia política y trazar prioridades que respondan al ascenso de los sectores más postergados y a las necesidades internas del desarrollo. También por cierto a la vida democrática. En referencia a la cuestión Malvinas, nuestra Presidenta enlazó con claridad soberanía y democracia, revitalizando así las a la tradición nacional-popular. Todo esto está íntimamente relacionado con la recuperación de YPF, pues solo nos acercamos a este momento desde la acumulación previa: una política de autodeterminación nacional requiere de un poder político democrático fuerte y de una amplia convocatoria social.

El propio crecimiento de la actividad económica impulsado por el proyecto nacional-popular necesariamente requiere de una provisión abundante y barata de energía para sostenerse, resultando un despropósito el hecho de que nuestro país pueda producir dicha energía y el saqueo y la desidia de monopolios como Repsol conspiraran contra dicha posibilidad. Aquí se entrecruzan crecimiento económico, desarrollo, soberanía, bien común, y poder político-popular, resultando insuficiente (o peor aún, malicioso) cualquier planteo que se reduzca a una racionalidad económica de manual, abstraída de las correlaciones de fuerzas político-sociales y de las pujas entre corporaciones y poderes democráticos. El mismo debate iniciado en el Senado de la Nación, con la presencia de los flamantes interventores Julio De Vido y Axel Kicillof, es una muestra de la puja político-ideológica. No se discute solo aspectos técnicos, o la oportunidad, o las posibles alternativas y correcciones al proyecto oficial, sino perspectivas políticas acerca del desarrollo nacional y la autodeterminación. Solapadas en las posiciones de algunos referentes de la oposición, que argumentan acerca de los errores en la política energética del kirchnerismo, están presentes posturas claudicantes frente a los improcedentes reclamos de Repsol y frente a las amenazas y prepotencias (de cuño colonialista) del actual gobierno español.

Llegamos hasta este momento no por casualidad. Se plantea ahora la recuperación del control nacional de los hidrocarburos porque nunca se trató simplemente de una decisión técnica susceptible de ser tomada antes o después, sino del despliegue concreto, con sus contradicciones, del modelo de crecimiento con equidad social, de la acumulación político-cultural necesaria, de la correlación de fuerzas sociales y políticas favorables. Se abre una nueva etapa signada por complejos desafíos e interrogantes. La decisión de avanzar en la producción de energía y la conducción estatal de YPF modificarán aún más la correlación de fuerzas políticas y sociales, al dotar de una poderosa herramienta al proyecto nacional. Por otra parte, el nuevo escenario exigirá la habilidad y capacidad de articular los intereses del Estado nacional y los estados provinciales comprometidos en la gestión de YPF, también de armonizar lo público y la inversión privada en un horizonte de bien común. Para lograrlo la racionalidad técnica e instrumental en la gestión no alcanzará. Será necesario potenciar la visión política de la autodeterminación que constituye una de las fuerzas interiores del kirchnerismo, y consolidar la acumulación político-cultural del movimiento nacional.

Germán Ibañez

Lo que nos pertenece

Por Mario Rapoport *

YPF, creada en 1922, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, con yacimientos descubiertos a partir de 1907, fue conducida inicialmente por un patriota visionario, el general Enrique Mosconi, brindando una base para nuestra industrialización e independencia económica y dando empleo a muchos argentinos.

Mosconi se interesó en el petróleo cuando trabajaba para el incipiente servicio aeronáutico del ejército y un oscuro gerente de la Texaco, empresa estadounidense a la que se le compraba en ese entonces gasolina, se negó a proveerla bajo el pretexto de que el organismo estatal se había excedido en los límites de crédito otorgados. Entendiendo que las Fuerzas Armadas podían paralizar sus actividades por esas circunstancias, se le reveló a sí mismo la necesidad de un abastecimiento permanente de aquellos productos, cada vez más indispensables desde el punto de vista estratégico, mediante la creación de una empresa estatal.

Mosconi se dio cuenta de que las compañías norteamericanas e inglesas que dominaban el mercado, unas más brutalmente y otras con mayor suavidad, terminaban ahogando al país con sus cuerdas como las viudas negras a sus amantes de turno. Negras de ese líquido tan precioso como el petróleo.

Debemos recordar que desde los comienzos del siglo XX los supuestos del libre comercio, definidos brillantemente por Adam Smith, no fueron horadados por las ideas de Carlos Marx, sino por la acción de un demiurgo ambicioso e implacable como lo llamaba Bertrand Russell, el norteamericano John D. Rockefeller. Este llegó a monopolizar a través de su Standard Oil la casi totalidad de la capacidad refinadora, los oleoductos, el transporte y el 85 por ciento de los recursos petroleros de su país y luego se lanzó al mundo compitiendo con los no menos voraces intereses holando-ingleses de la Royal Dutch Shell. El libre comercio podía servir para la teoría, pero John D. y la Shell preferían la práctica del monopolio.

Yrigoyen intentó enfrentarlos a través de un proyecto de nacionalización del oro negro argentino. El manejo del recurso estratégico se había convertido en uno de los ejes de la agenda política y transformado en bandera del antiimperialismo. Diego Luis Molinari decía en el Senado “que no se instituye un monopolio del Estado para aplastar a una industria privada de tales o cuales individuos: estamos en la alternativa de elegir entre el monopolio extranjero y el monopolio del Estado, que es, en definitiva, el monopolio del pueblo argentino”.

Pero el caudillo radical se encontró con una muralla de políticos venales que, además de acusarlo de decrépito, organizaron con paciencia un golpe de Estado para echarlo del poder en septiembre de 1930. El gabinete del nuevo presidente, José Félix Uriburu, lucía con la presencia de varios abogados o representantes de las empresas extranjeras. En su época se decía que en ese golpe había “olor a petróleo”: era quizás el perfume más cotizado de entonces y lo siguió siendo hasta ahora.

La historia de YPF sufrió varios avatares, pasando por el fracasado contrato con la Standard Oil de California, al final del gobierno de Perón, que no ponía en juego a la compañía estatal, pero sí le otorgaba una concesión importante a esa empresa; los contratos petroleros firmados por Frondizi; y la anulación de esos contratos bajo el gobierno de Illia.

La necesidad del abastecimiento petrolero en la época de la industrialización previa al golpe del ’76 estaba metafóricamente simbolizada por una acertada expresión de Horacio Giberti. “Si la industria es el motor del avión, su combustible es la energía y, precisamente, por falta de petróleo, el avión de la economía argentina no alcanzó a despegar.”

Ya con la última dictadura militar, que desindustrializó el país, predominó el desmantelamiento expreso de YPF a fin de garantizar el costoso endeudamiento externo. Una empresa exhausta, pero todavía potencialmente pródiga quedaba como última joya de la corona cuando el gobierno de los noventa optó por obviar la importancia económica y estratégica de este recurso natural y no renovable permitiendo la privatización primero y su extranjerización después.

Mientras que países vecinos como Brasil con Petrobras, Venezuela con Pvdsa y México con Pemex mantenían el petróleo en manos del Estado, la Argentina lo vendía apresuradamente para intentar salvar una falsa estabilización cambiaria, aunque sus ingresos no sirvieron para conformar ni la última propina de la deuda externa.

Repsol-YPF pasó a poseer un considerable poder de mercado, parecido al que tenía su predecesora estatal. Se reemplazaba la lógica del interés nacional por el de la ganancia empresarial. La producción se destinaba esencialmente a la exportación, a fin de aprovechar el vertiginoso alza del precio del crudo, mientras se dejaba de lado la constitución de reservas indispensables para el futuro. Al mismo tiempo se disminuía la exploración de riesgo y se reducía en forma considerable la cantidad de años que aquellas reservas podían cubrir.

Además, la renta petrolera se reciclaba fuera del circuito productivo nacional, privilegiando la remisión de utilidades y los precios de transferencia. Las retenciones eran un paliativo desde el punto de vista fiscal, que no resolvían ni la posibilidad de absorber el aumento del valor del crudo, ni la cuestión principal que era el control por parte del Estado de un recurso cada vez más escaso e imprescindible para la nueva etapa de desarrollo económico del país.

Hoy las críticas que nos vienen de España y del Viejo Mundo son muchas, pero no olvidemos que los gigantes que veía el Quijote en su delirio no eran más que molinos de viento. El gobierno argentino no está expropiando una empresa, sino recuperando algo que les pertenece al país y a su pueblo. Los molinos de viento están en otra parte y es posible que muevan como fantasmas la crisis europea. Mientras, nosotros nos quedamos con lo que nos pertenece.

* Economista e historiador.

Fuente: Página 12, edición del 17 de abril de 2012

Los “100 días” de Cristina

La decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP analiza los 100 primeros días del segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Principales ejes y la continuidad, por primera vez en la historia, de un modelo nacional, popular y democrático.

Por Florencia Saintout (*)| Ya han transcurrido 100 días del segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Estos “100 días” deben enmarcarse en un contexto mucho mayor: el 10 de diciembre de 2011 se inició el segundo mandato de un gobierno que para 2015 sobrepasará por primera vez en la historia democrática de la Argentina los diez años de vigencia de un modelo nacional-popular y democrático.
Ejes centrales de lo iniciado en 2003 han sido: política de Memoria y Justicia, ampliación de los derechos civiles y sociales; recuperación de autonomía financiera y productiva; recuperación de la industrialización de carácter nacional; mejora en los indicadores de empleo, salud y educación (con incrementos históricos en inversión en los últimos dos rubros); apoyo a las estrategias de integración de carácter latinoamericano.
En definitiva, un modelo reconocible en pilares claves: la política como representación de las aspiraciones mayoritarias ; el Estado como ejecutor de dichas políticas, limitando y orientando las distorsiones regresivas del mercado, las corporaciones económicas y los organismos internacionales que tradicionalmente apoyaron las políticas neoliberales.
La propia presidenta dejó en claro en diciembre pasado que proponía una profundización de lo hecho, que iría acompañada en algunas áreas específicas de lo que denominó “sintonía fina”, anunciando claramente lo por venir, en una “refundación” que el mandato del propio pueblo argentino había acompañado con más del 50% de los votos.
Se propusieron inmediatamente las siguientes leyes y medidas de gobierno: La Ley de Tierras que limita la adquisición de grandes extensiones al capital externo, ampliando la soberanía territorial y alimentaria, la Ley Penal Tributaria y la prórroga por dos años de la emergencia económica, la declaración de utilidad pública de la fabricación, venta y distribución de papel para diarios, de modo de democratizar el acceso a ese insumo; el Estatuto del Peón Rural, que sustituye lo sancionado en la última dictadura militar y la “Ley de Leyes” o sea el Presupuesto, herramienta clave de gestión que las Cámaras Legislativas dominadas por la oposición antes de diciembre de 2011 habían evitado votar.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central permitió desactivar una de las restricciones más serias para llevar a cabo una política económica de carácter nacional y productivista. Entre las nuevas atribuciones que la ley le otorga figura, además de “ejecutar la política cambiaria”, fijar el nivel de las reservas en función de las necesidades de la política económica y mejorar el crédito orientando e interviniendo en las instituciones del sistema financiero, con el objetivo de promover la inversión productiva de mediano y largo plazo. Se creó la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial. Al mismo tiempo se estableció un régimen de información anticipada a todos los bienes de importación para consumo. Este sistema crea un sistema de “ventanilla única” para el ingreso de bienes desde el exterior, que permite restringir el ingreso de aquellos productos que compiten deslealmente con la producción nacional.
Junto a esta adecuación se profundizó la regulación del mercado de cambios, para evitar la fuga indiscriminada de divisas hacia el exterior. También se comenzó a desarrollar un mecanismo de subsidios que realmente estuviera orientado a beneficiar a los que lo necesiten. El procedimiento “universal”, que subsidiaba el gas, la electricidad y el transporte, se sustituyó por un mecanismo de subsidios que reparan en el estado económico y social del beneficiario (por ejemplo el SUBE). Así, el Estado se ha visto beneficiado por una reducción de sus aportes a las empresas privadas de servicios, a la vez que el sistema se organiza bajo principios de equidad distributiva. Se rediseñaron las políticas que subsidiaban indiscriminadamente a empresas privadas de transporte público: es el caso de las empresas de subterráneos de la Ciudad Autónoma y la de transporte urbano de pasajeros que se transfirieron a sus áreas de gestión originales.
Así se definen un conjunto de leyes y medidas que se orientan hacia la consolidación de un mercado interno más desarrollado, con mayor inversión genuina, mayor competitividad con las industrias externas y, por supuesto, sostenimiento de altas tasas de empleo.
A medida que se profundiza el modelo productivista y nacional aparecen otras limitaciones, resultado de las políticas privatizadoras de los ’90, la principal de las cuales es la energética. La presidenta ha alcanzado un claro consenso con los gobernadores de las provincias petroleras para presionar a Repsol-YPF, que viene desplegando una política de baja reinversión, altas utilidades y nula exploración que ha debilitado enormemente la provisión de combustible. Todo parece indicar que se avanza hacia una definición que, al menos, reducirá el poder casi monopólico de la petrolera de capital español. Nada está dicho, pero estatización, nacionalización o expropiación, todas las opciones están abiertas.
La agenda de estos 100 días también se orientó a proponer reformas significativas en los códigos Civil, Comercial y Penal. Podríamos hablar de una “sintonía fina” que profundiza y avanza sobre la previa Ley de Matrimonio Igualitario y los alcances de la Asignación Universal por Hijo, la Reforma del Código Civil y Comercial que el ejecutivo alienta, que también promueve derechos ciudadanos y civiles de última generación: ampliación del régimen de adopciones, incorporación de la figura de la “unión convivencial” y los acuerdos de carácter prenupcial; la simplificación de los trámites de divorcio; la ampliación de los derechos de las comunidades originarias y (propuesta del Ejecutivo para modificar el Código Penal) la inclusión de la figura del femicidio.
Finalmente, y no menos relevante por cierto, la presidenta ha logrado poner la “cuestión Malvinas” en su justa dimensión: como un resabio del más crudo colonialismo británico, como amenaza a la seguridad para los países del Atlántico Sur; dejando en claro al mismo tiempo el carácter perverso de la aventura militar de la dictadura y sus consecuencias humanas y territoriales. La cuestión Malvinas ha recobrado centralidad renovada, con el plus del apoyo claro y explícito de los países de América del Sur.
¿Todo está planificado y no existen imprevistos u obstáculos? La tragedia ferroviaria de Once (que mostró los límites del sistema heredado de los ’90), la asombrosa resistencia del gobierno de la Ciudad a tomar a su cargo lo que por ley debe estar a su cargo; la intransigencia británica en el sur; los reclamos de la OMC y las sanciones de los EE UU (acompañando ese reclamo) junto a la impiadosa campaña de las corporaciones mediáticas (intentos de corridas cambiarias, rumores de catástrofes económicas y operaciones de prensa que buscan desligitimar) señalan obstáculos y desafíos de distinta índole.
Lo que es seguro, a 100 días de inicio del nuevo mandato, es que el centro de la escena política y de gestión continúa en manos de la presidenta y que la oposición política sigue aún (para desmedro del propio sistema democrático) detrás de la agenda que instalan los medios monopólicos, sin poder articular un discurso y una práctica que aparezcan como contraparte superadora al modelo nacional, popular y democrático.
(*) Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Nota publicada hoy por el diario Tiempo Argentino.

Fuente: Agencia Periodística de Buenos Aires
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De la espectacularidad al compromiso

Tina Gardella sostiene que los juicios por delitos de lesa humanidad generan un nuevo escenario que interpela las prácticas comunicacionales.

Por Tina Gardella *

Desde Tucumán

–Traé la entrevista a la principal testigo a cualquier precio.
–A cualquier precio no. No puede un grabador arrasar con tantos años de dolor hasta decidirse a declarar en el juicio. No puede un grabador tirar por la borda el trabajo del equipo de acompañamiento a testigos.

El diálogo entre el periodista y su jefe en uno de los más importantes medios de comunicación de Tucumán, en relación con el quinto juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia que finalizara recientemente, da cuenta de ciertos y esperanzadores cambios en la posibilidad de construir otras rutinas periodísticas. O también, desde dónde construirlas, de manera que no sean sólo el registro de lo que pasa o de lo que no pasa, sino también el registro cabal de la subjetividad de quien lo narra.

Desde los procesos socio-culturales e histórico-políticos que llevan adelante nuestras comunidades en su afán de construir nación, los juicios por delitos de lesa humanidad configuran un escenario otro que habilita no sólo la construcción y reconstrucción de la memoria histórica. Interpelan, además, a la configuración de prácticas comunicacionales que construyan una subjetividad sensible a la injusticia y propicia a otras formas de poner lo imaginario en lo público para desde allí convertirse en político.

Las formas organizacionales que instituyeron los juicios y a las que a su vez éstos fueron configurando, exceden al escenario de lo jurídico para abarcar a la comunidad toda en sus formas específicas o no de organización colectiva: los organismos de derechos humanos, el Estado, la universidad, los testigos y también los medios de comunicación. Desde el primer juicio el aprendizaje de las formas comunicativas como marcos de expresión y de acción, ha ido mutando del mero registro del “dato” o la “primicia” a la observación atenta de miradas, gestos y ademanes, a la percepción de climas y tensiones, al registro no sólo de lo que se dice sino del cómo se lo dice.

Elaborar estrategias de comunicación en la producción de sentido a partir de estos juicios supone siempre repensar en nuevas formas de articulación ante la necesidad comunicativa de relacionar prácticas, espacios y actores sociales que permitan transformar los hechos sociales y políticos nefastos de la represión de la dictadura, pero además, las percepciones y valoraciones que se tiene sobre esos mismos hechos.

En ese sentido, tomar fuerza e importancia particular, las formas comunicativas en que los juicios llegan a la comunidad, mediadas por las tensiones en general, pero especialmente por aquellas a las que están sometidos los propios encargados de hacerlo. Entre ellas, y sólo por nombrar las que más aparecen en la cobertura de los juicios:

- La tensión entre lo académico y lo profesional: la mayoría de los periodistas que ingresaron a trabajar en los medios de comunicación en este último tiempo son egresados de las carreras de comunicación.

- La tensión entre la información y la comunicación: hay dificultades en considerar una nota periodística como un acto de comunicación que pone en relación a diferentes actores sociales.

- La tensión entre prácticas sociales y rutinas periodísticas: no siempre las prácticas sociales responden a los cánones y estándares que rigen la construcción de la noticia.

Lo cierto es que los jóvenes periodistas y comunicadores están trabajando estas tensiones desde abordajes nuevos y creativos de sus propias rutinas, construyendo y a su vez construyéndose en cada nota periodística, como una forma de trabajar, en colectivo, sus propias subjetividades.

Será que sienten cercana la frase de Sartre que cita Pedro Lipcovich en “El cuento por su autor” en este mismo diario: “La función del escritor consiste en obrar de modo que nadie pueda ignorar el mundo y que nadie pueda ante el mundo decirse inocente”.

* Licenciada en Comunicación Social.

Fuente: Página 12, edición del 4 de abril de 2012