Los “100 días” de Cristina

La decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP analiza los 100 primeros días del segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Principales ejes y la continuidad, por primera vez en la historia, de un modelo nacional, popular y democrático.

Por Florencia Saintout (*)| Ya han transcurrido 100 días del segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Estos “100 días” deben enmarcarse en un contexto mucho mayor: el 10 de diciembre de 2011 se inició el segundo mandato de un gobierno que para 2015 sobrepasará por primera vez en la historia democrática de la Argentina los diez años de vigencia de un modelo nacional-popular y democrático.
Ejes centrales de lo iniciado en 2003 han sido: política de Memoria y Justicia, ampliación de los derechos civiles y sociales; recuperación de autonomía financiera y productiva; recuperación de la industrialización de carácter nacional; mejora en los indicadores de empleo, salud y educación (con incrementos históricos en inversión en los últimos dos rubros); apoyo a las estrategias de integración de carácter latinoamericano.
En definitiva, un modelo reconocible en pilares claves: la política como representación de las aspiraciones mayoritarias ; el Estado como ejecutor de dichas políticas, limitando y orientando las distorsiones regresivas del mercado, las corporaciones económicas y los organismos internacionales que tradicionalmente apoyaron las políticas neoliberales.
La propia presidenta dejó en claro en diciembre pasado que proponía una profundización de lo hecho, que iría acompañada en algunas áreas específicas de lo que denominó “sintonía fina”, anunciando claramente lo por venir, en una “refundación” que el mandato del propio pueblo argentino había acompañado con más del 50% de los votos.
Se propusieron inmediatamente las siguientes leyes y medidas de gobierno: La Ley de Tierras que limita la adquisición de grandes extensiones al capital externo, ampliando la soberanía territorial y alimentaria, la Ley Penal Tributaria y la prórroga por dos años de la emergencia económica, la declaración de utilidad pública de la fabricación, venta y distribución de papel para diarios, de modo de democratizar el acceso a ese insumo; el Estatuto del Peón Rural, que sustituye lo sancionado en la última dictadura militar y la “Ley de Leyes” o sea el Presupuesto, herramienta clave de gestión que las Cámaras Legislativas dominadas por la oposición antes de diciembre de 2011 habían evitado votar.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central permitió desactivar una de las restricciones más serias para llevar a cabo una política económica de carácter nacional y productivista. Entre las nuevas atribuciones que la ley le otorga figura, además de “ejecutar la política cambiaria”, fijar el nivel de las reservas en función de las necesidades de la política económica y mejorar el crédito orientando e interviniendo en las instituciones del sistema financiero, con el objetivo de promover la inversión productiva de mediano y largo plazo. Se creó la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial. Al mismo tiempo se estableció un régimen de información anticipada a todos los bienes de importación para consumo. Este sistema crea un sistema de “ventanilla única” para el ingreso de bienes desde el exterior, que permite restringir el ingreso de aquellos productos que compiten deslealmente con la producción nacional.
Junto a esta adecuación se profundizó la regulación del mercado de cambios, para evitar la fuga indiscriminada de divisas hacia el exterior. También se comenzó a desarrollar un mecanismo de subsidios que realmente estuviera orientado a beneficiar a los que lo necesiten. El procedimiento “universal”, que subsidiaba el gas, la electricidad y el transporte, se sustituyó por un mecanismo de subsidios que reparan en el estado económico y social del beneficiario (por ejemplo el SUBE). Así, el Estado se ha visto beneficiado por una reducción de sus aportes a las empresas privadas de servicios, a la vez que el sistema se organiza bajo principios de equidad distributiva. Se rediseñaron las políticas que subsidiaban indiscriminadamente a empresas privadas de transporte público: es el caso de las empresas de subterráneos de la Ciudad Autónoma y la de transporte urbano de pasajeros que se transfirieron a sus áreas de gestión originales.
Así se definen un conjunto de leyes y medidas que se orientan hacia la consolidación de un mercado interno más desarrollado, con mayor inversión genuina, mayor competitividad con las industrias externas y, por supuesto, sostenimiento de altas tasas de empleo.
A medida que se profundiza el modelo productivista y nacional aparecen otras limitaciones, resultado de las políticas privatizadoras de los ’90, la principal de las cuales es la energética. La presidenta ha alcanzado un claro consenso con los gobernadores de las provincias petroleras para presionar a Repsol-YPF, que viene desplegando una política de baja reinversión, altas utilidades y nula exploración que ha debilitado enormemente la provisión de combustible. Todo parece indicar que se avanza hacia una definición que, al menos, reducirá el poder casi monopólico de la petrolera de capital español. Nada está dicho, pero estatización, nacionalización o expropiación, todas las opciones están abiertas.
La agenda de estos 100 días también se orientó a proponer reformas significativas en los códigos Civil, Comercial y Penal. Podríamos hablar de una “sintonía fina” que profundiza y avanza sobre la previa Ley de Matrimonio Igualitario y los alcances de la Asignación Universal por Hijo, la Reforma del Código Civil y Comercial que el ejecutivo alienta, que también promueve derechos ciudadanos y civiles de última generación: ampliación del régimen de adopciones, incorporación de la figura de la “unión convivencial” y los acuerdos de carácter prenupcial; la simplificación de los trámites de divorcio; la ampliación de los derechos de las comunidades originarias y (propuesta del Ejecutivo para modificar el Código Penal) la inclusión de la figura del femicidio.
Finalmente, y no menos relevante por cierto, la presidenta ha logrado poner la “cuestión Malvinas” en su justa dimensión: como un resabio del más crudo colonialismo británico, como amenaza a la seguridad para los países del Atlántico Sur; dejando en claro al mismo tiempo el carácter perverso de la aventura militar de la dictadura y sus consecuencias humanas y territoriales. La cuestión Malvinas ha recobrado centralidad renovada, con el plus del apoyo claro y explícito de los países de América del Sur.
¿Todo está planificado y no existen imprevistos u obstáculos? La tragedia ferroviaria de Once (que mostró los límites del sistema heredado de los ’90), la asombrosa resistencia del gobierno de la Ciudad a tomar a su cargo lo que por ley debe estar a su cargo; la intransigencia británica en el sur; los reclamos de la OMC y las sanciones de los EE UU (acompañando ese reclamo) junto a la impiadosa campaña de las corporaciones mediáticas (intentos de corridas cambiarias, rumores de catástrofes económicas y operaciones de prensa que buscan desligitimar) señalan obstáculos y desafíos de distinta índole.
Lo que es seguro, a 100 días de inicio del nuevo mandato, es que el centro de la escena política y de gestión continúa en manos de la presidenta y que la oposición política sigue aún (para desmedro del propio sistema democrático) detrás de la agenda que instalan los medios monopólicos, sin poder articular un discurso y una práctica que aparezcan como contraparte superadora al modelo nacional, popular y democrático.
(*) Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Nota publicada hoy por el diario Tiempo Argentino.

Fuente: Agencia Periodística de Buenos Aires
http://www.agepeba.org/