Mariotto propone debates, militancia y organización territorial en toda la Provincia

El vicegobernador bonaerense manifestó la necesidad de debatir con los vecinos para seguir construyendo consenso en torno al proyecto que encabeza Cristina. Actos, unidades básicas tradicionales y el despliegue de Casas Compañeras.

Gabriel Mariotto llamó ayer a “debatir política con los vecinos”. Lo hizo durante la inauguración de la unidad básica peronista “Los mártires de Pasco”, en lomas de Zamora. Estuvieron con él, el diputado Andrés Larroque, de La Cámpora, y Héctor “El Gallego” Fernández, titular de la agrupación Peronismo Militante.
La semana pasada, el vicegobernador había estado en el Centro Cultural Padre Mugica, tambén en Lomas de Zamora, con el juez de la Suprema Corte de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni.
Mariotto aprovechó ese encuentro para presentar al magistrado y al viceministro de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, las conclusiones del debate sobre el proyecto de Ley de Policía Judicial realizado por las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires.
“Estamos trabajando desde el 10 de diciembre en la Cámara de Diputados y Senadores con mucha vocación por temas que el gobernador (Daniel Scioli) planteó en la apertura de sesiones, como policía comunal y policial, y aprovechamos la visita del doctor Raúl Zaffaroni y del compañero Julián Álvarez para presentar los aportes que hemos recibido en los ocho foros que hicimos en los distintos departamentos electorales”, indicó el presidente del Senado bonaerense y líder de la Agrupación Padre Mugica.
“Recibimos la mirada de cientos de ciudadanos  muchos de ellos trabajadores de la justicia, otros ciudadanos comunes, muchos ex presos y otros víctimas de delito. Ese trabajo realizado condensa todos los aportes y se lo entregamos para su consideración porque también necesitamos la mirada de estos profesionales de gran capacidad y de gran prestigio para que todas los legisladores tengan la posibilidad de advertir esas miradas a la hora de votar”, añadió Mariotto.
Habían participado del encuentro el secretario Legislativo de la Cámara de Senadores, Luis Calderaro; los senadores del bloque del Fpv Santiago Carreras, Gustavo Oliva, Marina Moretti, Emilio López Muntaner, Patricia Segovia y Patricio García; la directora del Instituto Jauretche, Monica Litza; y el coordinador General del Programa Fútbol Para Todos, Pablo Paladino.
De sus palabras en esos y en otros actos con los que recorre la Provincia, y conforme señalan quienes colaboran con él en la organización territorial desde la cual pretende impulsar el crecimiento de los consensos y los apoyos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, puede desprenderse que la idea del  vicegobernador pasa por la ampliación del debate para la participación militante.
En ese sentido, Mariotto decidió reimpulsar en el nuevo escenario, una iniciativa lanzada en enero del 2011 –Casas Compañeras- , como parte de los que fue la campaña que concluyó el octubre pasado, con la victoria electoral de Cristina, con el 54 por ciento de los votos.
Por aquél entonces, el actual vicegobernador propinía llevar al terreno de la militancia más amplia la experiencia de apoyos sociales que se generaron en ocasión del trabajo por la nueva Ley de Medios, finalmente sancionada, habiendo estado él al frente de aquellas jornadas, primero como último interventor del COMFER y luego como primer titular del AFSCA.
“Después del primer impulso tras la recuperación de la democracia, donde hubo una gran participación de la ciudadanía, los años que siguieron llenaron de apatía a la política nacional. Los ciudadanos no pelearon por comprometerse, se vaciaron las unidades básicas, se vaciaron los centros cívicos, los comités radicales, las bibliotecas porque la política transitaba por un carril y la expectativa de los ciudadanos por otra. La política se vio sometida a querer coquetear con los intereses. Todo estalló en el 2001. Ese sometimiento de la política a los intereses de los poderosos terminó en un gran estallido social, cultural, político, por aquellos años, que todos recordamos comos los peores momentos de la Patria”, decía Mariotto al lanzar Casas Compañeras, una iniciativa que propone a militantes y simpatizantes del proyecto encabezado por Cristina, abrir sus propias casas, sus hogares, como centros de participación y discusión política.
“Una de las formas que tenemos de militar y asumir el compromiso con la presidenta es formar nuestras Casas Compañeras. Contarle al vecino con el cartel en la puerta de Cristina 2011, con el cartel en la puerta de ‘Casa Compañera’, que esta familia, estos compañeros asumen el compromiso de defender el proyecto nacional. Entonces, seguramente se interpelará al vecino, al amigo del hijo, porque mostrar el orgullo de ser un compañero que abre su casa al debate, a la reflexión, a la militancia, es realmente una forma de militar”, señalaba entonces Mariotto.
En pocos meses y hasta las elecciones de octubre pasado se abrieron cientos de Casas Compañeras en toda la Provincia, especialmente en el Conurbano.
Hace semanas que Mariotto convocó a militantes y allegados para reimpulsar el la iniciativa, con una consigan central: “discusión reflexión y militancia para ayudar a Cristina a que el proyecto nacional, popular y democrático sea cada vez más abarcador y sume más y más adhesiones en toda la Provincia”, según palabras del propio titular del Senado bonaerense.

Fuente: Agencia Periodística de Buenos Aires
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La liberación nacional en la tradición nacional-popular de Argentina

La cuestión de la liberación nacional es una de las “herencias” del paradigma trunco de la emancipación. El ciclo de la revolución y guerra de Independencia hispanoamericana (1808-1824) abrió paso a la formación de nuevas comunidades políticas independientes (naciones) que trabajosamente erigieron sus construcciones estatales en las décadas siguientes. Sin embargo, pronto se revelaron las contradicciones de estas nuevas comunidades políticas. En primer término, el establecimiento de relaciones neocoloniales con los ascendentes polos industrialistas metropolitanos, especialmente Gran Bretaña. Es necesario señalar que el neocolonialismo distó de ser una cuestión de exclusiva dependencia económica, sino que se expresó en un patrón de imitación cultural que halló su núcleo duro en la fórmula sarmientina de civilización o barbarie. En segundo término, los propios límites de la transformación capitalista interna: el predominio de clases mercantiles que establecieron un compromiso histórico con los grupos señoriales, manteniendo formas de trabajo forzado o no libre, así como la apropiación latifundista de las tierras. En tercer lugar (y estrechamente relacionado con lo anterior) la continuidad de la marginalidad político-cultural y de la explotación mediante el trabajo no libre de los descendientes de los pueblos originarios, a punto tal de constituir el fenómeno conocido como colonialismo interno.

Los Estados oligárquicos latinoamericanos quedan establecidos en las décadas finales del siglo XIX, al tiempo que con el ascenso del capitalismo monopólico se consolidaban las relaciones de dependencia (nuestras economías se especializaban en la producción agropecuaria o minera y se insertaban en la “división internacional del trabajo” como periferias exportadoras de materias primas e importadoras de manufacturas). Será en esa etapa (1880-1930) en que comenzará a manifestarse el paradigma de la liberación nacional, integrando las cuestiones de la independencia económica frente al imperialismo y de la participación de las masas populares en la democratización de los regímenes políticos[1]. Justamente, en el área del Caribe, en el cruce histórico del viejo colonialismo español superviviente en Cuba y Puerto Rico, con el ascendente imperialismo estadounidense, aparecerá una primera cristalización del paradigma moderno de la liberación nacional, con el pensamiento y la praxis del cubano José Martí[2]. En su prédica, la lucha por la soberanía política de Cuba está indisociablemente unida al planteo estratégico de la unidad de América Latina y el Caribe frente al imperialismo del Norte. La recuperación del ideal bolivariano, en tanto herencia histórico-política activa en el proceso de liberación nacional se conjuga con la necesidad de la modernización económica y la reivindicación de las masas populares.

El tránsito del paradigma de la emancipación decimonónico al más complejo de la liberación nacional se verifica en la medida en que toma cuerpo una más sólida reivindicación antiimperialista (cuestionándose de diversos modos al neocolonialismo económico y cultural) y se busca avanzar en la descolonización “congelada”: la modernización interna y el ascenso sociopolítico de las clases subalternas. En el plano ideológico está acompañado por la aparición de corrientes nacionalistas populares, así como la influencia del antiimperialismo de cuño leninista que se difunde luego de la Revolución Rusa de 1917.

En la Argentina del siglo XX, el paradigma de la liberación nacional se enlaza fuertemente con la llamada tradición nacional-popular. Con esta última expresión nos estamos refiriendo a las vertientes político-ideológicas vinculadas a los movimientos nacionales como el radicalismo yrigoyenista y el peronismo. Por cierto, también en la tradición de las izquierdas aparece la cuestión de la liberación nacional, de gran importancia en la obra de Lenin. Sin embargo, estas tradiciones fueron competitivas entre sí y no llegaron a síntesis hasta la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo del nacionalismo popular revolucionario y de una izquierda identificada con el propio movimiento nacional. En los años tempranos, la figura de un socialista (de orientación reformista) como Manuel Ugarte, que sostenía la necesidad de un socialismo nacional latinoamericano y apoyaba el nacionalismo económico, podía prefigurar esa síntesis pero constituyó por entonces una postura minoritaria.

Será sobre todo en el seno del radicalismo yrigoyenista de los años ’20 en donde comienzan a vislumbrarse los primeros atisbos del nacionalismo popular (siendo el radicalismo un movimiento político de matriz liberal), con figuras como la de Manuel Ortiz Pereyra. En la prédica de Ortiz Pereyra resulta fundamental la liberación económica de la Argentina. En la línea del democratismo yrigoyeniano, el pueblo es señalado por Ortiz Pereyra como el sujeto de la redención económica y cultural de una República dominada por la elite oligárquica (el “Régimen” denostado por Yrigoyen). Pero si la tarea de la democratización de la República había sido la de Yrigoyen, Ortiz Pereyra iba a señalar que se imponía ahora la de la liberación económica de un país cuyos resortes estratégicos estaban enfeudados al capital británico: llamará a esa lucha la “tercera emancipación” (consumada la independencia de España y la democratización del Estado, primera y segunda emancipación respectivamente). La liberación económica no podrá alcanzarse si no se encara, al mismo tiempo, la lucha contra el colonialismo cultural; Ortiz Pereyra lo caracteriza como la cultura del “calco” y la “copia”, la aceptación de todo pensamiento europeísta como superior y la correlativa infravaloración de lo propio. Frente a esto, se destacaba la importancia fundamental de los artistas e intelectuales en la lucha por la liberación nacional: el verdadero artista cumple una alta función social y no un mero entretenimiento, desviación común, señalaba Ortiz Pereyra, entre los intelectuales coloniales. La lucha anticolonial exige un rol comprometido del intelectual; la indiferencia deviene en una falta grave, o peor aún, una complicidad con la dependencia: llamará a los intelectuales oligárquicos los “descuidistas del pensamiento”, es decir aquellos que distraen al “incauto” mientras el carterista se queda con la billetera[3].

Con la debacle del yrigoyenismo (golpe de Estado mediante, en septiembre de 1930) se producirá un salto cualitativo en esta vertiente del nacionalismo popular, acentuándose la veta antiimperialista. Se trata de la fundación de la agrupación FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), formada por militantes yrigoyenistas. La continuidad formal es clara, en la medida en que el propio Ortiz Pereyra es uno de los fundadores de la agrupación; pero son sin duda Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche las figuras principales. Con Scalabrini Ortiz (de relación más distante con el yrigoyenismo “clásico” y de laxo vínculo con FORJA) la dedicación a la problemática de la liberación económica se torna preocupación dominante. En la mirada scalabriniana es en el estudio de la economía que anidan las claves de la dinámica de lo social. Influido por el marxismo (aunque sin suscribir el corolario político del antiimperialismo leninista) Scalabrini Ortiz desmenuza las relaciones de dependencia de la economía argentina con respecto a la británica y cómo ese colonialismo condicionó negativamente las posibilidades de una política nacional autónoma[4]. Los esquemas intelectuales predominantes habían obscurecido la dependencia económica con abstracciones y una cultura de la imitación; el imperativo era por lo tanto “volver a la realidad”, es decir, sustentar la política antiimperialista en el estudio concreto.  

Con Arturo Jauretche empieza a delinearse una concepción de la revolución nacional antiimperialista; la modernización y la nacionalización económica, la democratización y la justicia social, son los pilares fundamentales. A la cuestión específica del industrialismo se va arribando progresivamente, pues el forjismo (heredero del radicalismo) no llegó a precisar un planteo acerca de la industrialización del país, concentrándose más bien en la nacionalización de los recursos y servicios. Jauretche avanzará en la problemática de la industria a partir de su vinculación a la experiencia del primer peronismo (fue presidente del Banco Provincia) siendo partidario de un crecimiento gradual: de las industrias livianas a la pesada. A su vez, Jauretche resultará uno de los críticos más formidables del colonialismo cultural, señalando la necesidad de fundar la política nacional en una perspectiva crítica del eurocentrismo de las elites: ver el mundo desde aquí. De lo que se trata es de sustentar una mirada geográfica y culturalmente situada, en sintonía con las necesidades de la autodeterminación de la nación y del ascenso sociopolítico de los sectores populares. Profundizando y complejizando la herencia yrigoyenista, Jauretche se plantea a la democracia como soberanía popular y no como funcionamiento formal de las “instituciones”. De esta manera liberación económica, “ver el mundo desde aquí”, justicia social y soberanía popular son las claves jauretchianas de la revolución nacional-popular.[5]

En los años 1940-50 comienza también a madurar una vertiente de izquierda en la tradición nacional-popular, deslindada polémicamente de las izquierdas preexistentes (tanto socialistas como comunistas)[6]. Dos corrientes principales se distinguen. Una proviene de un trotskismo que levanta la bandera de una revolución nacional latinoamericana, que unifique los Estados del continente bajo la hegemonía proletaria recuperando el ideal bolivariano. La publicación Frente Obrero y luego la figura de Jorge Abelardo Ramos son representativas de esta corriente que alumbrará en la década siguiente a la así llamada izquierda nacional. Manifestarán una clara preocupación por sustentar un revisionismo histórico latinoamericanista, que buscará poner de relieve la comunidad cultural latinoamericana y su tradición de luchas populares emancipatorias como factores activos en el proceso de liberación y la base de una nacionalidad común que espera su coronamiento estadual. El Trotsky de la etapa final en México será una referencia dominante[7]. La otra corriente proviene del comunismo, también con una gran preocupación por la historia. Rodolfo Puiggrós y Eduardo Astesano aparecen como sus figuras eminentes. Formarán parte del grupo de comunistas expulsados del partido, por su postura disidente en torno al peronismo en ascenso (procurarán interpretarlo desde el punto de vista del antiimperialismo y no desde el antifascismo, como era la visión oficial del Partido). Con ese punto de partida, sentarán la tesis de la revolución nacional emancipadora que avanza hacia una economía mixta y establece la antesala de la revolución social. Proviniendo del tronco comunista, el pensamiento de Lenin será una referencia inexcusable, y también integrarán en los años ’50 los planteos de Mao[8].

En sus filiaciones y referencias (Lenin, Trotsky, Mao) no representaban una ruptura radical con la izquierda preexistente; el marxismo nacional deslinda su campo realmente con la emergencia del peronismo. Será el posicionamiento con respecto al movimiento nacional y su vinculación con respecto al objetivo estratégico de la liberación nacional (el peronismo es visto como una revolución nacional y popular) la marca distintiva del marxismo nacional y el inicio de un camino político-ideológico alternativo al de las izquierdas internacionalistas. El crecimiento, a partir de la década de 1960, de un importante (aunque heterogéneo) movimiento de izquierda peronista complejizará este panorama y establecerá un campo común, atravesado por no pocas polémicas y desencuentros por cierto, que oscilará entre una izquierda nacional independiente del peronismo hasta un nacionalismo popular revolucionario claramente identificado con él. Juan José Hernández Arregui y John William Cooke serán los exponentes más acabados de la tradición intelectual del peronismo de izquierda, que buscó la síntesis entre liberación nacional, socialismo y peronismo. Rodolfo Puiggrós irá acercándose a estas posiciones, en tanto Jorge Abelardo Ramos sustentará la postura socialista nacional independiente del peronismo.

Ahora bien, con la influencia de la Revolución Cubana de 1959 adquirirá más complejidad la problemática de la liberación nacional en la tradición nacional-popular. Por una parte, permitirá sopesar de un modo distinto las contradicciones y limitaciones que facilitaron el derrocamiento de Perón en 1955; por otra parte, mostrará la viabilidad de un tránsito al socialismo en Latinoamérica, sacando los debates del terreno teórico. La tesis preeexistente de la liberación nacional en marcha ininterrumpida hacia el socialismo parecerá ser confirmada por el derrotero del proceso cubano entre los años 1959-62, al mismo tiempo que el fuerte énfasis latinoamericanista y martiano de dicha revolución también estimulará la certeza de la posibilidad (y aún inminencia) de una unificación revolucionaria del continente. Nuevas discusiones se abrirán, en el “ala izquierda” de la tradición nacional-popular, acerca del camino revolucionario hacia la liberación nacional (en la medida en que muy pocos sostenían la viabilidad de una vía reformista): un camino insurreccional, al estilo “clásico” de los levantamientos obreros, o diversas modalidades de lucha armada, incluyendo la guerra de guerrillas, serían las opciones más discutidas. Ya estaba en circulación la perspectiva de caminos nacionales al socialismo (que se alejarán del modelo extrapolado de la Revolución Rusa de 1917) y eso habilitaba la discusión sobre las formas de lucha para acceder al poder tanto como los lineamientos de la construcción del socialismo (por ejemplo, la combinación de formas públicas y privadas como en los planteos chinos de la nueva democracia que integrará Puiggrós a sus formulaciones, en El proletariado en la revolución nacional).

En las décadas de 1960-70 el paradigma de la liberación nacional estará enriquecido también con el desarrollo de muy diversas tendencias radicales: el cristianismo revolucionario y la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación. La tradición nacional-popular, especialmente sus vertientes de izquierda, estableció intercambios con estas nuevas manifestaciones de un campo intelectual radicalizado, aunque no se llegara necesariamente a síntesis sólidas. Será el ataque desde la derecha, armada por la Doctrina de la Seguridad Nacional y la contrainsurgencia, lo que provocará una profunda crisis y desarticulación, tanto de la tradición nacional-popular como de las izquierdas radicales. Bajo una presunta defensa de los valores de la nacionalidad, amenazada por la “subversión”, la derecha contrainsurgente supeditará la nación y la democracia a la idea de un “Occidente cristiano” liderado por los EEUU. La ofensiva derechista, concebida como “guerra contra el comunismo”, al exterminar una parte sustancial del activismo radicalizado y desarticular todas las formas de organización popular, socavará la base sobre la cual la tradición nacional-popular y los planteos de liberación nacional habían crecido en influencia y densidad. Al mismo tiempo, la agenda neoliberal que se implementará, en versión “extrema”, asociada al Terrorismo de Estado, modificará de manera drástica las correlaciones de fuerzas sociales y políticas, fortaleciendo a un bloque burgués crecientemente trasnacionalizado y articulado en torno a la primacía del capital financiero. Esto erosionará las posibilidades de una política de liberación nacional en medio del auge de un proceso de rearticulación de la dependencia en pleno ascenso de la mundialización capitalista conocida luego como “globalización”. El retorno a la democracia en 1983 no rehabilitará la problemática de la liberación nacional, en tanto la agenda neoliberal impuesta por la dictadura pervivía. Será solo con la crisis política del neoliberalismo, en los albores del nuevo siglo, cuando se “descongela” una problemática demorada durante treinta años.

Germán Ibañez

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[1] Samir Amin plantea a la “ideología de la liberación nacional” como una respuesta histórica de las periferias al desafío impuesto por la polarización imperialista: la necesidad de superar el atraso concibiendo la industrialización como la gran herramienta de modernización. A su turno, ese horizonte resultará erosionado por el proceso de trasnacionalización d e la economía en las últimas décadas del siglo XX. Ver El capitalismo en la era de la globalización; Barcelona; Paidós; 1999; p. 15

[2] Para esta cuestión ver Ricaurte Soler: Idea y cuestión nacional latinoamericanas; México; Siglo XXI Editores; 1987; pp.  217-261  

[3] Norberto Galasso: Testimonios del precursor de Forja: Manuel Ortiz Pereyra; La Plata; Edulp; 2006

[4] Ver especialmente Raúl Scalabrini Ortiz: Política británica en el Río de la Plata; Buenos Aires; Editorial Plus Ultra; 1965

[5] Ver especialmente Arturo Jauretche: Forja y la década infame; Buenos Aires; Peña Lillo editor; 1989

[6] Por cierto, la referencia a la liberación nacional está presente ya en la izquierda que no se vincula a la tradición nacional-popular, desde antes; al menos desde la difusión de los planteos leninistas. En los años ’30 hubo incluso una polémica, en el seno del trotskismo argentino, sobre la caracterización de la revolución argentina: una postura defendía la tesis de una revolución socialista y proletaria (Antonio Gallo) en tanto la otra afirmaba la primacía de la “liberación nacional” (Liborio Justo). Ver Norberto Galasso: Aportes críticos a la historia de la izquierda argentina, tomo 1; Buenos Aires; Ediciones Nuevos Tiempos; 2007

[7] Norberto Galasso: La izquierda nacional y el FIP; Buenos Aires; CEAL; 1983

[8] Samuel Amaral: “Peronismo y marxismo en los años fríos: Rodolfo Puiggrós y el Movimiento Obrero Comunista 1947 -1955”, en Investigaciones y ensayos; Nº 50; 2000; pp. 167 -190

Los privados tendrán que empezar a prestar más

La Presidenta anunció que los bancos deberán otorgar créditos para inversión por el equivalente al 5 por ciento de sus depósitos

La nueva línea de financiamiento que compromete la participación del sector bancario movilizará 15.000 millones de pesos para préstamos a la producción, con una tasa fija que no podrá superar el 15 por ciento anual y un plazo mínimo de tres años.

Por Tomás Lukin

“No me vengan con el cuento de que nadie les va a pedir crédito”, les dijo la Presidenta a los bancos privados.

Cristina Fernández de Kirchner adelantó ayer que los bancos privados estarán obligados a otorgar créditos para inversión por el equivalente al 5 por ciento de sus depósitos. La nueva línea de financiamiento que compromete la participación del sector bancario movilizará 15.000 millones de pesos para préstamos a la producción, con una tasa fija que no podrá superar el 15 por ciento anual y un plazo mínimo de tres años. La posibilidad de impulsar el crédito productivo forma parte de las nuevas atribuciones contempladas en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El 50 por ciento de los créditos deberá ser destinado a pymes. La decisión será aprobada hoy por el directorio del organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont. “No me vengan con el cuento de que nadie les va a pedir crédito. Si los bancos ponen condiciones y tasas para que no les venga a pedir nadie, eso es lo que va a pasar. El Banco Central les va a establecer las condiciones con las que tienen que lanzar los préstamos para la producción”, afirmó la mandataria.

En Argentina, el crédito representa el 15 por ciento del PIB, un nivel bajo en términos históricos y regionales. Esa estrechez se combina con la concentración de los préstamos en los rubros más rentables: el consumo y el comercio exterior. El reducido canal del crédito productivo contrasta con la robusta situación del sistema financiero local.
Para comenzar a revertir ese escenario, los bancos deberán prestar el 5 por ciento del nivel de depósitos privados en pesos de junio. Se trata de 15 mil millones de pesos sobre un total de 300 mil millones de pesos. En ese guarismo no se contabilizan las colocaciones a plazo de organismos como la Anses. La tasa de interés será fija y podrá llegar a un máximo de 15 por ciento, que surge del promedio de la tasa Badlar de junio (tasa promedio de los depósitos de más de un millón de pesos) más 400 puntos básicos.
“Para sostener la inversión no solo necesitamos que esté presente la banca pública. Por eso, le vamos a pedir a un grupo de bancos que, en un año, hagan lo que en cuatro años y medio hizo el Banco Nación por los trabajadores y por los empresarios argentinos”, afirmó CFK. En total, participarán 31 bancos públicos y privados. Se trata de los veinte bancos que superan el uno por ciento de los depósitos del sistema y once más que ofician como agentes financieros de las provincias: Nación, Provincia, Santander Río, Galicia, Francés, Macro, HSBC, Credicoop, Patagonia, Citi, Ciudad, Standard, Supervielle, Itaú, Hipotecario, Comafi y los bancos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Chaco, San Juan, Tucumán, Neuquén, Santa Cruz, Santiago del Estero, Corrientes, Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja.
Esas entidades tendrán seis meses para llevar adelante la colocación de los préstamos cuando se trate de proyectos para la adquisición de bienes de capital, como puede ser un torno, y el plazo podrá extenderse a un año con iniciativas de mayor complejidad.
El abordaje del Banco Central para impulsar esta medida parte de la premisa de que el problema de la falta de crédito para la inversión es la oferta de los bancos. “El Estado tiene muchísima confianza en los empresarios, ya sea a través de las líneas de financiamiento del Banco Nación, que coloca 1030 millones de pesos semanales en créditos a empresas, o el Programa del Bicentenario. Así que no me vengan con el cuento de que nadie les va a pedir crédito”, apuntó CFK. “Darte un crédito para invertir para producción y que lo tengas que devolver al año, es como no darte nada. Necesitamos que los parientes de los empresarios, los banqueros privados, también les tengan confianza”, sostuvo la mandataria, al tiempo que reclamó al sistema financiero que promocionen las nuevas líneas de crédito como lo hacen con los préstamos al consumo.
A diferencia de un crédito al consumo, donde alcanza con algunos datos personales y los recibos de sueldo que acrediten el nivel de ingresos del interesado, financiar la ampliación de una línea de producción o la adquisición de una máquina para una pyme requiere un proceso más largo y minucioso de un oficial de crédito que se involucre en el día a día de la compañía, conozca a sus dueños y analice sus libros contables. Un crédito de esas características forja un vínculo de mediano plazo con la compañía y le brinda al banco una menor rentabilidad que los publicitados préstamos para viajar, renovar el auto o comprar un nuevo electrodoméstico.
“Dar un crédito para inversión es más costoso. Apostamos a que con estas nuevas exigencias los bancos se muevan y esfuercen para otorgar los créditos y cuando no los encuentren salgan a la calle a buscar a las empresas”, señalaron a Página/12 desde el directorio del BCRA.
Ayer, mientras CFK realizaba el anuncio desde la Casa Rosada, Marcó del Pont recibió a un grupo de banqueros para informarles las medidas. Desde algunos bancos, ayer no ocultaban su malestar y avivaban fantasmas como la supuesta intervención de sus firmas si no llegaban a cumplir con los plazos. En la autoridad monetaria enfatizan que existen sanciones previstas, pero desestimaron los “exagerados” lamentos empresarios.
La medida que hoy será aprobada por el directorio de la entidad que conduce Marcó del Pont está contemplada en la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que otorgó a la autoridad monetaria un rol activo en la promoción del crédito productivo de largo plazo. Entre las nuevas atribuciones del organismo y su directorio –artículos 4 y 14– figura la posibilidad de regular las condiciones de los préstamos: extender plazos, fijar techos para las tasas de interés, orientar el destino hacia cualquier sector productivo o región, limitar las comisiones y los cargos. En esas capacidades se enmarca la nueva línea de financiamiento

Fuente: Página /12, 5 de julio de 2012

Las huellas de un viraje político

Por Edgardo Mocca, para Página /12

 

Hugo Moyano tuvo su semana estelar dentro de la incesante sucesión de escenas de tensión que caracteriza la disputa política argentina. Denuncias de corrupción, tragedia ferroviaria, manejo del transporte subterráneo porteño, restricciones a la importación, control del mercado cambiario, internas políticas bonaerenses fueron hasta aquí marcando el pulso de una contienda que converge en el forcejeo entre quienes procuran generar situaciones de indignación y resistencia antigubernamental y el gobierno que pugna por mantener la iniciativa en un difícil contexto mundial. 

La pregunta sobre el por qué del innegable viraje producido por el líder camionero aparece en el centro de la conversación política. Con frecuencia, el interrogante aparece asociado a la busca de una causa excluyente de esa conducta, habilita diferentes especulaciones y pone en juego interpretaciones que giran en torno de la relación personal de Moyano con la presidente Cristina Kirchner. Lejos de invalidar esa exploración político-periodística sobre las raíces del conflicto, este comentario intenta su inscripción en procesos políticos públicamente conocidos que exceden, y a la vez enmarcan, la voluntad subjetiva de los actores. La saga que empezó con un paro gremial en medio de una negociación paritaria, con el corte del suministro de combustible a nivel nacional y desembocó en un levantamiento brusco de la medida y en la convocatoria a un nuevo paro con movilización, puede pensarse en el cruce de varias líneas de tensión política en pleno desarrollo.
La primera de esas líneas es la existencia de un contexto mundial crítico. Ciertamente la mayoría de los países latinoamericanos –el nuestro entre ellos- vienen enfrentando la situación con un desempeño satisfactorio y visiblemente superior al de otros episodios análogos. De ahí no se infiere ningún cálculo de inmunidad a los efectos de un estremecimiento socioeconómico global cuya intensidad y prolongación temporal están lejos de ser previstos. La incertidumbre es un estado global y no puede haber país ni región por sólida que sea su actual situación que pueda considerarse ajeno a la crisis. Un cuadro tal de situación valoriza la capacidad, por parte de cada gobierno, para conseguir el nivel más alto posible de moderación en las demandas sectoriales; el gobierno argentino tiene, y exhibe sistemáticamente, sólidas credenciales en materia de políticas reparadoras y redistribuidoras de los recursos a favor de los trabajadores y de los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, la memoria de lo actuado solamente puede convertirse en un dique moderador de los reclamos si existen actores que protagonicen esa necesidad de equilibrio en tiempos menos favorables. Con la necesidad que tienen los estados de moderar la puja distributiva crece la importancia de las organizaciones que están en condiciones de gestionar esa moderación. La forma gráfica de ilustrar el concepto es la escena repetida año tras año durante un largo período en la que las mejoras salariales que obtenía el sindicato de camioneros operaba como una especie de guía para el conjunto de las negociaciones paritarias. Después de la sucesión de enfrentamientos entre el jefe sindical y el gobierno, la amenaza por parte del primero de complicar el terreno de la negociación salarial y, en general, el clima social entre los trabajadores, pasó a ser una pieza esencial de la disputa. Confiaba el moyanismo en que el gobierno no podría mantener su intransigencia frente a los propósitos de escalada política de su líder, en tiempos en que una buena relación entre ambos era un insumo estratégico para el control de las principales variables económicas. Los hechos no validaron la apuesta del sector sindical.



La segunda línea que se puede hacer confluir en el análisis es el particular modo en que se organiza la puja política en el país. Habitualmente se habla, en este sentido, de “vacío de oposición”; es decir que el problema del sistema político consistiría en la ausencia de un liderazgo que ocupe el centro de la escena e insinúe la posibilidad de una alternancia. El vacío es, en realidad, la forma de manifestarse de una heteronomía política. La centralidad de la lucha por el poder, la naturaleza de los discursos, el establecimiento de la agenda y los tiempos del conflicto no están en manos de los partidos políticos y coaliciones de oposición. Está en fuerzas externas de la política formal, en los grupos social y económicamente poderosos coordinados por las grandes empresas de la comunicación. En esas condiciones, las formas de la confrontación no permiten la consolidación de grupos o figuras que puedan ostentar grados mínimos de autonomía política. Y así es que asistimos a un curioso fenómeno: cualquier pretensión de establecer una opción crítica al gobierno de carácter pragmático y realista es simbólicamente absorbida por la maquinaria comunicativa, de modo que al crítico no le queda otra arena desde la cual manifestarse y otro discurso estratégico alrededor del cual girar que no sean los que esa maquinaria pone en escena. Moyano parece haber creído a tal punto en su importancia política y en la gravedad de sus amenazas, que consideró posible poner a la derecha sindical, social, política y comunicativa a su servicio. Por el contrario, el desarrollo de los hechos colocó a su sabotaje a la provisión de combustibles y su movilización callejera en el lugar de un episodio más del modus operandi mediático-político que empezó con el conflicto agrario de 2008. Fue, como se dijo, un conflicto político, pero no fue su principal protagonista quien definió los términos políticos en los que se libró.
La tercera línea de desarrollo es, casi seguramente la principal, y quedó expuesta en el discurso público del actual líder máximo de la CGT. Es, una vez más, la cuestión del peronismo. Y, en este caso, en las condiciones de lucha por la sucesión. Para muchos de los dirigentes que rodean a Moyano, las diferencias que el sector tenía con la conducción de Cristina Kirchner aconsejaban la apertura de un proceso de construcción política, digamos, “en los límites del kirchnerismo”. Una especie de neolaborismo que compartiría los rumbos principales adoptados desde 2003 hasta aquí, y, a la vez, enfrentaría lo que se consideraba como un viraje proempresario de la presidente. Interpretaban la defensa de la autonomía del poder político respecto de los intereses corporativos como un distanciamiento del gobierno respecto de los trabajadores. Ahora bien, ese neolaborismo tendría, en el mejor de los casos, un duro camino por delante. Hubiera tenido que sortear las fuertes limitaciones de la influencia de su líder fuera del estrecho marco de su sindicato y algunas otras organizaciones que no cuentan entre las más poderosas del movimiento obrero organizado. Hubiera necesitado, además, construir una base de operaciones en el territorio justicialista que pudiera encarnar a la vez el respaldo del proyecto político actual y el designio de su “profundización” a favor de los trabajadores.
El mundo real en el cual se desenvolvió el nonato neolaborismo no podía ser más diferente de esos cálculos. Lo más parecido que había cerca de sus promotores no era un idílico peronismo obrero comprometido con una radicalización redistributiva del rumbo kirchnerista sino un conjunto de dirigentes de procedencia justicialista, escindidos en diferentes coyunturas del elenco de gobierno y sistemáticamente colocados a su derecha. Para salir del plano de las abstracciones, alcanza con el indiscutible señalamiento de que los principales aliados sindicales del camionero en estos días fueron Barrionuevo y el Momo Venegas, y que el peronismo político que lo acompañó tiene su más alto grado de representación en la figura del ex jefe de gabinete Alberto Fernández. Es decir, nada que no se supiera antes del conflicto: el “peronismo disidente” que acaba de redondear hace unos meses un 5% de los votos nacionales en la figura de Eduardo Duhalde, busca reagruparse en torno a figuras más promisorias.
Todas estas líneas de análisis están abiertas después del acto en Plaza de Mayo. La crisis económica mundial acentuará las tensiones. La saga de episodios sin actores políticos centrales espectacularizados por los grandes medios no se detendrá. Y la lucha por la sucesión se acentuará. La carta que todavía no ha aparecido sobre la mesa se llama Daniel Scioli y los tiempos en los que finalmente aparecerá no están claros. Por ahora el gobernador navega las tempestuosas aguas de las carencias financieras provinciales. Y el balance del ensayo general de su contertulio sindical no estimula nuevas audacias. Pero, claro, la historia recién comienza.

Fuente: Café Umbrales