Los tres datos políticos más relevantes del año

 

   

       

Por 

Eduardo Jozami. Abogado y periodista

      

Opinión.

      

Quizás haya que decir que no he elegido los hechos más singulares del año para después intentar explicarlos sino que parto de un balance general del 2013 y a partir de allí he seleccionado las tres situaciones que me permiten desarrollar mejor esa evaluación. El 2013 ha sido un año complejo y desde la perspectiva con la que miro la política argentina desde hace 10 años –la posibilidad de avanzar en el proyecto de transformación iniciado por Néstor Kirchner– hay que señalar que la fuerza gobernante mantiene su vitalidad como fuerza electoral y su presencia dominante en la política argentina, pero afronta una coyuntura que compromete su continuidad enfrentando nuevos problemas, los que derivan de la restricción externa, del redoblado hostigamiento de los grupos de interés afectados por las reformas pero, también, los que plantea la necesidad de elegir como candidato para el 2015 a una figura distinta de quien es hoy la líder indiscutida del movimiento.
El primer hecho relevante a señalar tiene que ver con la política de expansión de derechos, que es uno de los procesos principales de la última década. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual resolvió la controversia juridíco-política más intensa de la historia argentina, tornando vanos los intentos de los conglomerados mediáticos que cuestionaban las disposiciones que fijaban límites a la concentración empresarial. La decisión tiene un sentido relevante para interpretar el ordenamiento jurídico argentino, porque se ha desestimado la postura de quienes adjudicaban al derecho de propiedad una entidad frente a la que debían ceder los derechos democráticos de la ciudadanía (libertad de expresión, garantía a la pluralidad de voces, derecho de acceso a la información).
Poco antes, el mismo tribunal había desestimado como inconstitucional, en una sentencia no ajena al criterio corporativo, otra ley de reforma, la que afectaba la administración de justicia. La reciente sentencia de Cámara que absolvió a los procesados por las coimas del Senado revela hasta qué punto el Poder Judicial sintoniza una frecuencia que no es la de la mayoría de la sociedad y esta y otras consideraciones reactualizan la necesidad de la reforma. Sin embargo, hay que señalar que la ley de medios culminó un amplio y dilatado proceso de debate en la sociedad argentina y, en buena medida, allí radicó la fuerza que permitió doblegar finalmente todas las maniobras que intentaron impedir su vigencia. Algo de esto faltó en la reforma judicial y, seguramente, será tomado en cuenta para insistir con una propuesta que sigue siendo absolutamente necesaria.
El segundo hecho fundamental del año lo constituyó la elección legislativa, desdoblada en dos instancias. Pasado un tiempo, queda claro que el kirchnerismo no ha perdido su condición de principal fuerza política, pero, también, que no mostró esta vez su capacidad para convocar a la mayoría de la sociedad. Esto no sería demasiado serio si advertimos que se trataba de una elección legislativa y, además, que el porcentaje obtenido no ubica mal a la fuerza de gobierno para una elección de segunda vuelta, pero el problema es que la imposibilidad de que Cristina sea la candidata abre un cuadro político muy diferente y ésta –anticipada desde tiempo atrás por las encuestas pero no reconocida– es la verdadera noticia de la elección. A mi juicio, no es aventurado decir que las dudas sobre el futuro del kichnerismo que generaba esta situación influyeron en el resultado electoral y facilitaron la instalación de un clima de fin de ciclo que, sin embargo, no podía basarse en la práctica de un gobierno que sigue apuntando a la profundización de su proyecto.
Las especulaciones sobre los posibles candidatos presidenciales del Frente para la Victoria encubren una discusión más importante. Para algunos, la tarea sería hoy la de una vuelta al peronismo clásico que corrigiera algunos de los excesos del kirchnerismo, permitiendo una amplia convocatoria a todos los justicialistas, con un perfil más moderado. Los candidatos que por ahora predominan en las encuestas, Sergio Massa y Daniel Scioli, podrían adecuarse a esta lectura, el primero más abierto a la convocatoria a sectores no peronistas y mostrando más abiertamente afinidades con el discurso noventista neoliberal, el segundo con un discurso menos definido que cree le permitirá ser finalmente el candidato kirchnerista. Frente a esto queda al Gobierno la tarea de consolidar la adhesión de su base popular y pelear la adhesión de muchos sectores medios críticos de algunas medidas económicas, pero que ven con simpatía las propuestas de Memoria, Verdad y Justicia y, en general, las políticas de expansión de derechos. Antes que una discusión dogmática sobre las Veinte Verdades del justicialismo o una convocatoria que, negando los profundos conflictos de intereses que hoy vive la sociedad argentina, llama a terminar con la polarización, el verdadero debate se plantea en torno de la necesidad de seguir avanzando para consolidar los logros de esta década de transformación.
Sobre finales de año se produjo el hecho de mayor impacto social, la sedición de las policías, que alcanzó a más de una decena de provincias. El acuerdo firmado en Córdoba por el gobernador De la Sota, quien difícilmente podrá alegar que no advirtió los efectos que habrían de producirse, se extendió de inmediato y, en muchos distritos, al acuertelamiento se sumó la participación de los efectivos policiales en la promoción de los saqueos. Los medios opositores alentaron un gran escándalo nacional que debería producirse por la conjunción de los cortes de luz y los reclamos sindicales. Nada de esto ocurrió y es saludable comprobar que el Gobierno actuó con eficacia y desarmó así el discurso que pretendía asimilar el presente a la Argentina de diciembre del 2001, situación incomparable no sólo por la diferencia entre los dirigentes que ocuparon la presidencia entonces y ahora, sino porque aquella sociedad que conocía niveles inéditos de pobreza y desempleo, que rechazaba la convertibilidad neoliberal y repudiaba en bloque a la política poco tiene que ver con ésta que viene de una década de recuperación de la vida política y profunda transformación social.
La llamada de atención más seria tiene que ver con el alzamiento policial. Las fuerzas de seguridad que administran el delito en muchos distritos no pueden acompañar el proceso de la expansión de derechos y lo ocurrido en estos años así lo demuestra. El gatillo fácil, la violencia institucional y el maltrato en las cárceles siguen mostrando a diario las asignaturas pendientes de la democracia, y la creciente vinculación con el narcotráfico genera hoy un cuadro aún más preocupante. Ya no pueden aceptarse discursos que legitiman las respuestas de mano dura y menos aún podría tolerarse retrocesos como los que, en dos oportunidades, desvirtuaron la reforma policial en la provincia de Buenos Aires. La transformación de las fuerzas de seguridad para asegurar su subordinación al poder político y la democratización de sus prácticas y criterios operativos se ha constituido en una prioridad absoluta y es muy bueno que así lo haya proclamado el gobierno nacional.

Fuente: Miradas al Sur
29 de diciembre de 2013

Justo y adecuado

 

Miradas al Sur convocó a un grupo de especialistas para que opinen sobre la sentencia que cambió a la sociedad entera.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional
Gabriel Mariotto. Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Lo sabemos desde aquella imborrable vigilia en el Senado de la Nación, cuando en la madrugada del 10 de octubre de 2009, por amplia mayoría, se dio luz a la norma que tanto esperó la democracia para redistribuir el derecho a la palabra.
Hubo que esperar mucho tiempo, hubo que trabajar muy duro. Antes de su presentación como proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, en foros de participación ciudadana, en lectura de legislación comparada, en la búsqueda del mejor articulado, en la recepción de aportes de los más diversos sectores de la sociedad. Luego se aportó en la Cámara de Diputados que celebró audiencias públicas y que incorporó mejoras a una ley de plena construcción colectiva.
Una vez sancionada por amplia mayoría en ambas Cámaras hubo que seguir trabajando. Para superar una a una las cautelares interpuestas, para llevar a la Justicia de primera y segunda instancia y hasta la propia Corte de Justicia de la Nación las razones que legitimaban y sustentaban su constitucionalidad. Podemos decir que hemos perdido tiempo, pero hemos ganado autoridad y reconocimiento ante toda la sociedad. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley de interés para toda la ciudadanía porque instaura un nuevo paradigma que bien lo saben quienes trabajan en el campo de la comunicación: a través de los medios de comunicación audiovisual se concreta el derecho humano a la comunicación no sólo en su dimensión individual sino con más fortaleza, en la dimensión colectiva, tal como lo ha señalado la Corte en su reciente fallo. En este sentido, el máximo tribunal rescata que en lo que atañe a la faz colectiva del derecho a la libertad de expresión, se intensifica la necesidad de intervención y regulación por parte del Estado.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es un tema atractivo de por sí. Es un tema árido, de poco "gancho" dirían los marketineros de la política y la comunicación. Comparada con medidas como la Asignación Universal o el Plan Procrear, dos medidas que la gente sintió en su cabeza, en su corazón y en su bolsillo de manera contundente e inmediata, esta ley, siendo de importancia vital para la sociedad toda, despertaba interés sólo en los profesionales de la comunicación, el mundo político, el empresarial, el académico, el de las organizaciones sin fines de lucro, el sindical, el cooperativismo, en definitiva, en los sectores que por lidiar con los medios día a día conocían las perversiones que con la ley anterior y sus modificaciones había que padecer por parte de los otros grandes interesados, los dueños de los medios concentrados.
El largo tiempo transcurrido desde su promulgación hasta el día de hoy en que podemos festejar su constitucionalidad ha servido para que la difusión de la ley y el reconocimiento de los actores que la defendían y de los que la atacaban, le diera a la sociedad toda nuevos datos acerca de la importancia que revestía la ley, los intereses que defendía y los privilegios que atacaba. Diría el viejo Nietzsche "todo lo que no te mata te fortalece" y eso fue lo que precisamente ocurrió con esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La instalación a través de litros y litros de tinta y horas y horas de aire radial y televisivo por parte de los medios concentrados en la "batalla por la libertad de expresión" dio como resultado que la sociedad empezara a mirar cada vez con mayor atención el contenido y los alcances de la Ley. Mucho le debemos agradecer a esos medios concentrados y a sus estrategas de la comunicación los niveles de encendido que alcanzó la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema de la Nación, y que fue en definitiva el golpe de gracia que recibieron aquellos que pretendían que sus privilegios y sus negocios resultaran más importantes que los intereses de la sociedad toda. La Audiencia Pública constituyó un rico debate en el cual la sociedad volvió a participar recibiendo datos nuevos, viviendo en tiempo real los argumentos de una y otra parte.
No puedo dejar pasar la oportunidad de recordar como una joven y brillante profesional en representación del Estado se enfrentó a todo un equipo de abogados, sin más armas que el profundo conocimiento de la ley y el sentido común. Como si fuera una de esas brillantes jugadas a las que nos acostumbraron Maradona, Messi o Garrafa Sánchez (salud Banfield querido) una y otra vez me gusta repasar en mi televisor la exposición de Graciana Peñafort ante la Corte Suprema. Esa argumentación sirvió para dejar en claro que la ley no apuntaba a nadie en particular sino que atendía los intereses del conjunto al permitir y alentar la diversidad de voces y la pluralidad que toda sociedad moderna y democrática necesita. Hoy tenemos una Ley Constitucional y profundamente conocida por el Pueblo Argentino. Hoy podemos decir que somos un poco más iguales ante la ley, y como muchas veces ha señalado nuestra Presidenta, a partir de hoy vivimos en un país en que algunos que hasta ayer no lo tenían, disfrutan de un derecho, sin que nadie haya perdido nada que le corresponda.
Es un día de emoción y de alegría. Es un día para recordar a tantos que pelearon valientemente contra la concentración informativa y elijo a dos que representan a tantos. Uno es el diputado radical Ricardo Laferriere que pagó con su desaparición de los medios la patriótica decisión de presentar en tiempos del presidente Alfonsín un proyecto de ley sobre derecho a réplica. El otro, un docente de mi querida Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, Néstor Tato Contissa, que anticipó en sus libros la necesidad de esta ley y hasta el último de sus días la defendió con la pasión peronista que lo caracterizaba.
Tenemos Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se demoró, pero hace ya mucho que aprendimos que si a uno lo asiste la razón la única opción posible es el tiempo.

Las instituciones de la democracia vencieron a los grupos económicos
Néstor Busso. Integrante del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Estábamos acostumbrados a que el poder político estuviera subordinado al poder de los grupos económicos. Ése fue el modelo impuesto por la dictadura y continuado por la mayor parte de la dirigencia política hasta el día en que Néstor Kirchner entró a la Casa Rosada anunciando que no iba a dejar afuera sus convicciones.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia es el triunfo de las instituciones de la democracia sobre el lobby de los grupos económicos concentrados. Ése es el sentido político de esta tardía pero contundente sentencia. Aplaudimos este fallo porque confirma nuestra convicción sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con argumentos claros, apelando a legislación comparada y tratados internacionales. Confirma la ley y también la necesidad de que el Estado intervenga con políticas activas y regulaciones para asegurar diversidad y pluralidad en la comunicación para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.
También elogiamos este fallo porque deja en claro que los derechos sociales están por encima del derecho individual a la propiedad privada. Se desnudaron los intereses del Grupo Clarín. A ellos les interesa su negocio y capacidad de presión. La Corte ha dicho que se deben privilegiar los derechos colectivos, entre ellos la diversidad y pluralidad informativa. Además del contenido de la sentencia, celebramos también que haya quedado en evidencia la incomprensible demora en resolver un trámite de este tipo. No puede funcionar el sistema democrático si el Poder Judicial suspende la aplicación de una ley votada por amplia mayoría en el Congreso, con un trámite que demora más cuatro años, en beneficio de un grupo económico. Esto nos confirma en idea de que es necesario avanzar en la democratización del Poder Judicial.
Podemos venerar que este fallo consolida los 30 años de democracia. La aplicación integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el corolario de un proceso de 30 años de fortalecimiento de nuestra democracia, que ha logrado hacer prevalecer el interés público y el derecho a la comunicación por sobre cualquier privilegio de un grupo empresario, por poderoso que sea.
Se abre ahora una nueva etapa para seguir avanzando. Hay que cumplir y hacer cumplir la ley. Es necesario acabar con oligopolios y monopolios, pero es indispensable también promover y fortalecer un nuevo modelo de comunicación con protagonismo de los sectores populares. Se necesita mucha gestión. Avanzar en la aplicación integral de la ley requiere, entre otras cosas, el ordenamiento del espectro radioeléctrico, asignación de frecuencias en radio y TV para ocupar el 33% reservado al sector social, exigencia de cumplimiento de los cupos de producción propia y local acabando con cadenas de repetidoras. Es necesario también seguir avanzando en otras políticas públicas que faciliten la expresión y por tanto la gestión de medios, de sectores hasta hoy invisibilizados y silenciados.
El derecho a la comunicación implica ser receptores de múltiple y diversa información pero también incluye el derecho a ser emisores. A decir, a reclamar a proponer. Muchas voces, todas las voces que expresen toda la diversidad cultural de nuestro pueblo. Así, seguiremos construyendo más democracia.

Viva la auténtica pluralidad de voces
Roberto J. Boico. Abogado constitucionalista.

Cuanto más se entumecen las fuerzas vivas y plurales de la palabra, cuanto más alienada se exhibe la agenda pública por la univocidad del relato, cuanto más intactas circulan las estructuras comunicativas de la sociedad civil, entonces inversamente proporcional es la amplitud y potencia de la democracia. Las garantías jurídicas de la libre formación de la opinión están acechadas permanentemente por la concentración fáctica de aquellos que merced al poder del mercado, entendido como regulador de la vida colectiva, pugnan por el ejercicio desenfrenado de la influencia, a punto tal de ordenar los acontecimientos y dirigir, mediatamente, nuestras más íntimas convicciones morales. No sólo es cuestión de dinero y negocios, sino que entra en juego el dulzor del poder ilimitado. El fallo de la Corte llegó cual carreta destartalada a destino. ¿Pudo llegar antes?: sí, y la demora provocó la radicalización al punto de la desestabilización nuestra joven democracia.
Que dijo la Corte: 1) que el congreso, depositario de la soberanía popular, tiene facultad constitucional para regular la multiplicidad de licencias de modo general. El análisis de la conveniencia y oportunidad de esa regulación está vedada a los jueces, pues de otro modo se convertirían en correctores tardíos de la voluntad popular; 2) que el reclamo del grupo no refiere a la libertad de expresión, sino al eventual e hipotético quebrando económico que la legislación vigente le acarrearía. La insistencia de que el temario albergaba una conculcación al derecho a la expresión libre quedó definitivamente sepultada. Valga para ello el ilustrativo paraje donde la Corte dice: No resulta admisible que sólo una economía de escala, como la que posee actualmente, le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno. Clara alusión al papelón mayúsculo que el grupo nos ofrendó como prólogo de su fracaso en la audiencia ante la Corte; 3) reafirmó que la libertad de expresión es una de las que posee mayor entidad, al extremo que, sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia nominal. En tal sentido la libertad de expresión en su faz colectiva incluye el derecho a la información de todos los individuos que viven en un estado democrático, tal como lo dijo la Corte Interamericana en la O.C. 5/85. 4) Que el art. 42 de la CN prevé el acceso a distintas fuentes y voces, y en la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones.
Cuál es la resolución final: que es constitucional el art. 41, en cuanto sujeta la transferencia de licencias a la autorización estatal y establece limitaciones a la enajenación, como también lo es el art. 45. Apartado 1, inc. c) (24 licencias de cable); Apartado 1, párrafo final (35% del total de habitantes o abonados); Apartado 1, inc b) (no permite ser titular de más de una señal de contenidos); Apartado 2, incisos c y d (licencia de cable o 1 licencia de TV abierta en orden local); Apartado 2, párrafo final (3 licencias locales); Apartado 3, en su totalidad (1 señal de contenido para titulares de licencias de radio y tv abierta y 1 señal propia para los titulares de licencias de cable).
Interrogantes: 1) ¿Puede seguir discutiéndose la validez de la ley?: No, puesto que la decisión de la Corte es definitiva. 2) ¿Es un fallo simbólico, como lo tildan los voceros del multimedio?: No, es un pronunciamiento que permite al Estado aplicar sin obstáculo alguno la integridad de la ley. 3) ¿Puede discutirse el tema en la Corte Americana de Derechos Humanos?: No, ya que los derechos humanos sólo pueden exigirlos las personas físicas, nunca una empresa. Se invoca el fallo Ivcher Bronstein c/ Perú como jurisprudencia aplicable para abrir la vía, pero en ese litigio su denunciante fue una persona física, a la cual el Estado peruano le quitó su nacionalidad, y con ello la privó del derecho de explotar un canal de TV; nada que ver con la pretensión monopólica del grupo. 4) ¿Van a desaparecer los canales en exceso? No, sólo van a cambiar de licenciatarios. 5) ¿Los trabajadores y periodistas del grupo se quedan sin trabajo?: No, puesto que el mantenimiento de las fuentes de trabajo las garantiza la ley, y el Afsca lo reafirmó. 6) ¿Qué tiene que hacer el AFSCA?: Iniciar la adecuación de oficio, puesto que el plazo para la adecuación voluntaria venció el 7/12/12. El grupo pudo presentar un plan voluntario ad referéndum del fallo, pero no lo hizo. 7) ¿Cómo se hace?: El Afsca detalla la nómina de licencias que tiene el grupo, luego las hace tasar, y finalmente se las somete a un proceso de licitación por concurso público. 7) ¿Se le expropia al grupo su derecho de propiedad?: De ninguna manera, puesto que el producto de la venta de la licencia es para aquel que las detentaba. 8) ¿Puede el grupo discutir el precio de la venta? Sí, pero eso no interrumpe el proceso de adecuación. La Corte diferenció la constitucionalidad de la ley a los eventuales reclamos que pudiesen ventilarse producto de la aplicación de ella. 9) ¿La medida cautelar que benefició al grupo le permite tener tiempo para la adecuación? No, ya que la cautelar es una medida provisoria a resultas del pronunciamiento final, y como el grupo perdió todo el juicio, nunca podría beneficiarse de aquello que estuvo condicionado a un resultado, que para ellos, fue la derrota.
Hoy el desafío es reeditar esa legitimidad popular evidente de una ley de servicios de comunicación audiovisual que es producto de un pueblo que quiere pensar por sí mismo. Festejemos la emancipación del relato y cuidémoslo como conquista definitiva.

Cuando se habla de libertad de expresión, el tamaño importa
Luis Lazzaro.Periodista. Investigador. Especialista en Medios. Autor de La batalla de la comunicación.

La Corte Suprema de Justicia ha declarado constitucional la regulación específica de la propiedad y la trama de las empresas que intervienen en el mercado de la comunicación. Lo ha hecho respecto del caso del principal operador de medios de la Argentina, pero sus implicancias van más allá de la coyuntura. El tribunal ha sentado el principio de que a la hora de hablar de libertad de expresión, el tamaño importa. Coloca el ordenamiento jurídico en una secuencia que antepone los derechos ciudadanos a los negocios sectoriales, en línea con el derecho internacional comparado y con los principios de libertad de expresión consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica.
La legislación antimonopólica y de regulación de la propiedad cruzada de los medios de comunicación es moneda corriente en el capitalismo desarrollado. Sucede que en la Argentina, la desmesura del neoliberalismo allanó todas las restricciones jurídicas –que existían– y abrió las puertas de un sistema que arrasó con las economías y los medios regionales. De los más de 1.400 operadores independientes de servicios de cable que existían a comienzos de los ’90 quedan en pie menos de la mitad.
La ola de compras y fusiones con alto endeudamiento externo terminó con ese modelo de empresarios independientes. A mediados de la década, ocho licenciatarios controlaban el 65% del total de abonados, pero un año después, en 1997, solo tres empresas concentraban la porción mayor de la torta. Antes de finalizar 1997, el tercer operador (VCC) fue sacado del ring a manos de Cablevisión y Multicanal. El resto es historia reciente; la polémica fusión de los mayores operadores dejó cerca del 50% de un mercado de casi 7 millones de abonados (2007) en manos de la discrecionalidad empresaria y editorial del Grupo Clarín, cuyo ascenso multimedia es hijo de la ley de reforma del Estado de 1989.
El escándalo jurídico de ese período –hasta la Corte menemista declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 de la vieja ley en 2003– está en la base de este proceso de acumulación que permite hoy a Clarín una facturación anual de $9.752.546.964 (unos 1.200 millones de dólares) en concepto de televisión por cable y acceso a internet, negocios gráficos, producción y distribución de contenidos, según los balances 2012, auditados por Price Waterhouse & Co. Conforme la facturación bruta mensual de Cablevisión ($ 485 millones a mediados del 2012) se deduce que la cartera de clientes ronda los 3,4 millones de abonados sobre un total de 7,5 millones. Estos datos se corresponden con las operaciones de unas 180 unidades económicas vinculadas al CUIT del operador, aunque la cantidad acreditada en la causa que acaba de resolver la Corte es de 158 licencias de cable con sus extensiones.
Aun con estos datos, la adecuación en el mercado de cable alcanza a no menos a 134 empresas que deben ser transferidas junto con aproximadamente 1 millón de abonados para no superar los topes de 24 licencias (en servicios por vinculo físico) y no más del 35% del total de abonados.
Hoy aparecen crispados muchos opinadores que, sin embargo, nada dijeron ante la violación de los límites que fijaba la vieja ley (22.285) cuyo cambio intentaron impedir. La fusión de Cablevisión y Multicanal ya transgredía en 2007 el máximo de una licencia por localidad en 21 grandes ciudades de la Argentina. También estaban prohibidas las transferencias y las habilitaron ex post. Ahora, la nueva Ley 26.522 tiene un blindaje jurídico que no resulta fácil perforar. La propia Corte considera que se deben limitar no sólo los medios que usan espectro sino las empresas de TV por abono, dado que "también prestan una actividad de interés público que integra y conforma el foro de ideas donde opera la libertad de expresión que el Estado debe garantizar en forma plena, incluso mediante el dictado de normas que prevengan un grado de concentración económica tal que atente contra la pluralidad de voces" (fs. 271). Contundente y en sintonía con los 21 Puntos de la Coalición que inspiraron la redacción de la norma.
El camino que se abre entonces supone una alta capacidad técnica en la instrumentación del proceso de adecuación, especialmente en el procedimiento de determinación de las piezas del dispositivo que deben transferirse, así como la capacidad política de articular con las empresas locales y regionales un esquema de recuperación de la gestión local que fue desarticulada con el proceso de concentración.
Durante años, las cooperativas de servicios públicos lucharon por su legalidad y conquistaron fallos históricos en la Corte Suprema, con derechos que figuran ahora en el artículo 30 de la nueva ley. Unas 100 empresas del sector gestionan sus licencias para brindar servicios convergentes de televisión por cable, telefonía e internet y deberían ser especialmente tenidas en cuenta a la hora de los procedimientos de transferencia de licencias e infraestructura de comunicación.
Un nuevo mapa con diversidad y competencia es posible.

“La democracia argentina ajusta sus parámetros”
Graciana Peñafort. Coautora de la ley de medios.

La sentencia que ha dictado la Corte Suprema anuncia un momento cero, largamente postergado por cuatro años, en los cuales la democracia argentina empieza a ajustar sus parámetros de libertad de expresión a un modelo más amplio. La concentración mediática deja de ser una realidad para dar espacio a otras voces.
Frank La Rue, relator especial para la promoción y protección de la libertad de expresión y opinión de Naciones Unidas, afirmó que era una ley modelo y un ejemplo a ser imitado en la región. Cuando tomó conocimiento de la sentencia, volvió a manifestarse a favor.
Todos los países vecinos están mirando la experiencia argentina, de una ley que es fruto del debate democrático, en cumplimiento estricto de las pautas de libertad de expresión que marcan los organismos internacionales.
Hace a una normativa moderna y mucho más participativa, en un marco de discusión que en sí mismo es un ejemplo. No es una ley que se piensa en una oficina, sino que es discutida por la sociedad en su conjunto.
Clarín ha llevado cuatro años de estrategias dilatorias con un solo objetivo que es no estar sujeto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y siempre encuentra alguna excusa que suena enorme y al momento de discutir los argumentos del slogan, los mismos resultan vacíos.
La Corte ha determinado que la libertad de expresión es un patrimonio de la sociedad y no sólo de un grupo mediático. Donde haya concentración de medios hay alguien que se aboca el derecho de las voces que le pertenecen al conjunto.
Hace unos días la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó un informe sobre los peligros de la libertad de expresión en la Argentina. En ese mismo evento se premió a la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, quien manifestó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos restricciones a la prensa. Por otro lado, el Estado Nacional argumentó sobre las enormes evoluciones de la libertad bajo las normas de la Corte Interamericana. Más allá de las posiciones, la Ley ha sido sancionada, es obligatoria y todos deben cumplirla independientemente de la opinión que la ley les merezca.
Cuando se sancionó la ley hubo dos diputados que presentaron medidas cautelares para que la ley no se aplique. La Corte entonces resolvió que ningún funcionario de la Nación podía arrogarse la representación colectiva de una ley que contaba con amplios sectores de la sociedad a favor. Aquellos que habían perdido en las cámaras no podían impugnarla judicialmente.
Hay un poco de ésto en la presentación que hicieron en estos días algunos diputados. Si tienen determinadas inquietudes deberían presentar proyectos de ley, pero arrogarse la representación de toda la sociedad no es bueno. Hay muchos ciudadanos que queremos que la ley se aplique. Es absurdo que los diputados no vayan al Congreso a defender sus intereses y recurran a la Justicia.

Antes que nada, respetar el fallo
Guillermo Mastrini. Maestría en industrias Culturales, Universidad Nacional de Quilmes.

El martes, cerca del mediodía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación produjo un vuelco en la agenda política, informativa y social, al fallar en una de las cuestiones más trascendentes que tenía en sus manos, como es el reclamo de inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que había promovido el Grupo Clarín contra el Estado.
Casi inmediatamente comenzó una serie hasta ahora interminable de reflexiones sobre cómo debía proceder la Autoridad de Aplicación, o cuál sería la estrategia a seguir por el multimedios. Si hasta el fallo de la Corte se abundó en suposiciones sobre el comportamiento de los ministros, luego las especulaciones se centraron en la aplicabilidad del fallo.
Llama la atención sin embargo, el escaso acento que se puso en analizar lo más concreto y sustantivo, como fue el propio fallo de la CSJN. Sólo un artículo de Gregorio Badeni en La Nación, cuya histórica defensa de la tradición de la perspectiva liberal-conservadora de la libertad de expresión quedó demolida por la nueva jurisprudencia, tuvo al menos el valor de analizar la sentencia.
Porque lo más importante que deja la resolución adoptada por la mayoría de la CSJN es que asienta un nuevo concepto de que se entiende por libertad de expresión en Argentina, y esto no es un tema nada menor.
El fallo considera que hay dos dimensiones de la libertad de expresión, una de carácter individual, basada en el derecho personal a hacer públicas las ideas, de la que derivan derechos patrimoniales. Y otra dimensión social o colectiva, en la que se debe asegurar al conjunto de la población el derecho a ejercer su libertad de expresión. En un tiempo signado por la centralidad de los medios de comunicación, la CSJN expresa que la libertad de expresión es indivisible de la posibilidad de difusión de las ideas, y a partir de esta cuestión se desprende la importancia del régimen legal aplicable a los medios de comunicación para garantizar ambas cuestiones.
La CSJN no evalúa la calidad de la LSCA porque entiende que esa es tarea de los legisladores, y destaca que en la Ley 26.522 "apunta a favorecer políticas competitivas y antimonopólicas para preservar un derecho fundamental para la vida en democracia como es la libertad de expresión y de información". Es decir la CSJN analiza si la ley es proporcionada y razonable a partir de la voluntad legislativa, respetando de forma marcada la división de poderes.
El fallo se asienta en la necesidad de promover y garantizar un debate público robusto, como ha sido defendido por el constitucionalista norteamericano Owen Fiss, quien en Argentina encontró eco en el recordado Carlos Nino. Por ello, la Corte señala que el principio que la LSCA procura garantizar es el de la pluralidad de voces y que el Estado tiene derecho a establecer las limitaciones a la concentración de los medios que estime necesarias, siempre que las mismas no afecten la existencia de las empresas del sector.
Para quienes no provenimos del ámbito del derecho, el fallo reconoce una cuestión fundamental, como es la especificidad del sector de la comunicación, cuya diversidad debe ser protegida especialmente ya que ésta es la piedra angular de una sociedad democrática: "A diferencia de otros mercados, en el de las comunicación, la concentración tiene consecuencias sociales que se manifiestan sobre el derecho a la información, un bien esencial para las libertades individuales" y agrega: "Las restricciones de orden estrictamente patrimonial no son desproporcionadas frente al peso institucional que poseen los objetivos de la ley".
Argentina cuenta desde el martes con una jurisprudencia en materia de libertad de expresión de avanzada, que pone el derecho social a contar con un debate público plural por delante del derecho patrimonial de las empresas.
Por supuesto que ahora es menester que la ley se aplique cabalmente, y como bien advierte la CSJN, resulta fundamental para ello que también quienes tienes la responsabilidad de implementarla respeten la voluntad del legislador, y promuevan un debate abierto y sin discriminaciones.
En una semana intensa, de diversas maneras, distintos poderes resultaron menguados. Posiblemente sea el mejor homenaje que se le puede hacer al treinta aniversario de las elecciones de 1983. Que otra cosa sino, que un país donde los poderosos sean un poco menos poderosos, y la sociedad un poco más democrática.

Fuente: Miradas al Sur

3 de noviembre de 2013

Florencia Saintout supera su actuación de las PASO y logra entrar al Concejo Deliberante

Elecciones en La Plata

 

En el kirchnerista Frente Social, encabezado por la decana de Periodismo de la UNLP, también obtendría una banca el candidato Guillermo “Nano” Cara, segundo en la lista. “Hemos hecho una elección impresionante y estamos muy contentos”, dijo Saintout al celebrar el resultado y se comprometió a trabajar con “sensibilidad y firmeza”.

                                        

Domingo, 27 de Octubre de 2013

 

El Frente Social, que llevó como primera candidata a concejal a Florencia Saintout y segundo a Guillermo “Nano” Cara, habría logrado dos bancas en el Concejo Deliberante de La Plata con alrededor del 11 por ciento de los votos.

“Tomamos esta situación con muchísima responsabilidad. Hemos hecho una elección impresionante y estamos muy contentos. También estamos contentos porque el kirchnerismo sigue siendo la primera fuerza a nivel nacional”, manifestó Saintout al hablar desde su comando electoral, en calle 6 entre 62 y 63.

Además, se comprometió a trabajar desde su banca “con la sensibilidad y la firmeza que hemos tenido siempre”.

La lista de la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP compitió con José Arteaga (Frente Renovador), quien se impuso en primer lugar (31%), con el hermano del intendente Pablo Bruera, Gabriel Bruera (17%), y con Gastón Crespo, del Frente Progresista (16%), según los cómputos provisionales.

Saintout superó en estas elecciones su desempeño de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuando había obtenido el 10 por ciento de los votos.

“Nosotros somos militantes y esto nos da más fuerza para seguir peleándola. Somos la fuerza con mayor cantidad de jóvenes en toda la ciudad de La Plata", subrayó la decana.

Fuente: Agencia Periodística de Buenos Aires
www.agepeba.org

 

Entrevista a Florencia Saintout: “Octubre forma parte de los Horizontes hacia el Futuro”

 

por Luciano Torres
 
La Universidad debe estar al servicio de las necesidades estratégicas de la Nación y de los sectores más postergados, protagonizando activa y críticamente el tiempo de cambios abierto en Argentina y en América Latina en su conjunto. Florencia Saintout, Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, quien además encabeza la lista de candidatos a Concejales del Kirchnerismo en la Ciudad de La Plata, es cabal muestra de esto. Tuvimos la posibilidad de conocer su opinión acerca de cuestiones tan relevantes como las de Género y Justicia Social, Legalización del aborto, ampliación de Derechos, rol de los Medios de Comunicación, Ley de Radiodifusión, Proyecto Nacional y Popular y Peronismo, el 17 de Octubre del ´45, la coyuntura electoral, entre otras.

Aluvión Popular: En términos de Igualdad, Inclusión y ampliación de Derechos, ¿cómo ves el proceso que se está viviendo en el país?
Florencia Saintout: Yo me defino como Peronista, Kirchnerista y feminista y entiendo que en sus políticas, este Gobierno ha logrado mucho más por los Derechos de las mujeres sin la necesidad de definirse como feminista. Por supuesto que no lo hizo desde el vacío, sino en un campo que se había enriquecido por esas luchas feministas de años… no hay que restarle méritos pero la voluntad política podría haber sido no escuchar esos reclamos. Se ha hecho mucho, por ejemplo, la Ley para las Trabajadoras Domésticas es una ley realmente potente en términos de reivindicación de Género. El Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, el lugar de la mujer en la Asignación Universal por Hijo, son políticas enmarcadas en una concepción de política social. El Peronismo cuando habla de Género habla de Justicia Social. Entiendo que todavía falta, y tal vez la pelea por la legalización del aborto es una pelea que condensa muchos significados que tienen que ver con una noción de Igualdad, no puede ser que se sigan muriendo mujeres pobres a la hora de hacerse abortos clandestinos. Por supuesto que eso se evita de muchas maneras pero una de ellas es la legalización del aborto, también profundizar la educación sexual y los métodos de prevención. Acá hay una discusión que se debe dar en relación a lo que se considera como vida, porque la vida es una discusión ético filosófica pero profundamente política. Cuando discutimos qué es una vida, si maternidad o no, si aborto o no, también estamos discutiendo qué es uno u otro para esta sociedad en donde, por ejemplo, hay vidas que se lloran y vidas que no se lloran porque no las consideran como la de los pibes pobres. Cuando en las noticias nos enteramos que hay un pibe muerto con nombre y apellido es porque es de clase media o de clase alta. Esa discusión hay que dar, ¿qué vale más la vida o la propiedad para esta sociedad?

La Presidenta sentó posición respecto al debate en torno al inicio de la vida cuando fijó como inicio del cobro de la Asignación Universal por Hijo los tres meses de edad del niño, ¿esto le resta argumentos a quienes se ponen en contra del aborto?
Este Proyecto ha sabido gobernar atendiendo a las necesidades de las mayorías sin dejar por eso de reconocer las diversidades y en ese horizonte que ha trazado nos da la posibilidad de discutir las políticas. El Kirchnerismo en muchísimos niveles ha ido contra dos herramientas centrales que la Derecha ha utilizado para intentar domesticarnos. En principio, ha ido contra el miedo, contra el gran proyecto del miedo a no comprometerse y a pensar en el otro. El Kirchnerismo ha sido una maquinaria contra el miedo, entonces tenemos que dar todas las discusiones que creamos que son necesarias. En segundo lugar, la derecha siempre ha intentado meternos en la cabeza la vergüenza de lo que somos, de lo que creemos de lo que efectivamente pensamos, han tratado de ridiculizarnos en lo que nosotros los peronistas somos como Nación y como Pueblo. El Kirchnerismo lo que nos ha dejado es sentir orgullo de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, y ese orgullo es una respuesta política frente a eso de taparnos con vergüenza. No tenemos que estar quietos para ver cómo se acomodan las cosas, para saber cuáles son los debates que tenemos que dar, esto está en la matriz del Kirchnerismo y nosotros tenemos que tener los reflejos, la intuición, la seguridad de que cuanto más nos parecemos a lo que soñamos somos más auténticos y nos va a ir mejor. En términos colectivos e históricos.

¿Y cómo responden los Medios?
Los Medios no son instrumentos, no son técnicas nada más como nos han tratado de hacer creer. Son actores sociales con intereses empresariales, con intereses capitalistas que toman partido en post de la posibilidad de sus negocios y, en este sentido, no son cualquier tipo de actor. Son actores que a la vez tienen como materia propia la producción de sentido, la materia significante, ellos van modelando sentidos que preexisten en la sociedad y que ellos modelan, refuerzan y profundizan. Uno podría pensar que nada de lo que se dice en los Medios es propio pero lo que hacen los Medios es tomarlo, profundizar algunos aspectos y acallar otros, es decir, que participan en la construcción de la hegemonía de lo que es posible de ser pensado y dicho en una determinada sociedad. En este sentido, Cristina ha sufrido la construcción de la imagen de una mujer individual atada a deseos irrefrenables y que es necesario que alguien le ponga un límite. Yo creo que la Campaña de De Narváez –“Ella o Vos”-, más allá de los resultados que ha tenido, lo que hizo fue tomar comunicacionalmente algo que se venía armando, le dio forma y para mí hizo un gran daño a la Democracia. Finalmente fueron otras fuerzas políticas, o tal vez no tan otras, las que cosecharon eso de la pelea en torno al sentido. Y esto tiene que ver con eso de “frenen a esta loca”, toman eso para darle un sentido ligado a sus intereses.


Con respecto a los Medios, hace un tiempo se presentó un Informe de cómo fue mediatizada la inundación en la Ciudad de La Plata, ¿cómo fue toda esa lectura acerca del rol de los Medios en una tragedia como la del 2 de abril?
El Informe fue acerca del tratamiento que le dio El Día. Realmente, es escandalosa la impunidad con la que manejaron la desinformación de lo que estaba sucediendo en una parte de la Ciudad que tenía que ver con el articulado del Estado Nacional con la militancia unida y organizada para hacer frente a la inundación. Entonces, vimos cómo el Diario despolitizó totalmente ese trabajo y, sobre todo, inocentó cabalmente al Municipio y, especialmente, a Pablo Bruera. Este Informe es público y recién se lo menciona a la semana y lo hacen para decir que habían hecho un anuncio (creo que sobre subsidios), sin ningún tipo de información descriptiva pero mucho menos un análisis en torno a por qué sucedió lo que sucedió, quiénes son los responsables y, además, hubo un ninguneo absoluto a una de las movilizaciones juveniles más importantes de estos 30 años de Democracia, no sólo por la cantidad de jóvenes implicados sino, además, por las definiciones político militantes. En ese sentido, no es que fue cualquier tipo de solidaridad o un movimiento espontáneo y si eso además se conjuga con el tratamiento de los Medios a nivel nacional -porque El Día no lo tomó: para ellos no sucedió, no fue información- y agregamos que desde esos Medios hubo una estigmatización absoluta de la militancia, de las pecheras, hubo un ensañamiento absoluto con las Agrupaciones (más con unas que con otras), entonces, los Medios ahí se presentaron como son. ¿Les molesta qué sean jóvenes? No. Si los jóvenes son los de Casi Ángeles, si son los jóvenes del mercado, si son todos los de la publicidad, no habría problemas con los jóvenes. El problema es cuando los jóvenes, cuando las mujeres, cuando los más humildes, se organizan para decir que este mundo es injusto, así no va y vamos pelear por un mundo más justo. Ahí está el problema porque el tema es la Justicia Social, la Soberanía Política, la Independencia Económica. El problema es que presentamos una lucha contra el Capitalismo salvaje.

El Grupo Clarín se niega a respetar una Ley que fue discutida por el Pueblo argentino y votada por sus representantes, ¿cómo la ve la Universidad esta instancia?
La primera cuestión que es interesante señalar es que todas las Carreras de Comunicación de todas las Universidades del país sin excepción, se han pronunciado a favor de la Ley. En su momento han luchado porque salga una Ley democrática y además se han pronunciado en contra de todos aquellos que han tratado de obturar la plena aplicación de la Ley. Esto es importante señalarlo, porque no es que todas las Carreras de Comunicación tienen un mismo color político pero es en el único punto por el cual hemos estado todos de acuerdo. Y esto sucedió porque esta es una Ley que defiende el Derecho a la Comunicación, es una de las mejores leyes de Occidente en términos de este Derecho y de las garantías de la Libertad de Expresión. Clarín en su carácter monopólico dice que no la va a aceptar y sabemos que tiene la complicidad de sectores de la Derecha y de otras Corporaciones, como por ejemplo, la judicial que le permiten impunemente decir que no va a aceptar la Ley. Con el tema de las Audiencias Públicas, fue interesante ver cómo queda realmente expuesta la posición de Clarín que está defendiendo la posibilidad de no tener límites a la hora de conseguir ganancias, es decir, que su preocupación no es con la Libertad de Expresión, ni por el Derecho a la Comunicación, ni siquiera la de seguir manteniendo un negocio rentable, sino ir más allá de cualquier lógica de rentabilidad, eso es lo único que discute.

La Corte también quedó expuesta…
A mí me llamó la atención cómo los Ministros de la Corte hicieron preguntas desde la matriz de Clarín, naturalizaron preguntas que están hechas desde una matriz de negocios. Porque las preguntas nunca son neutrales, nunca están hechas por fuera del mundo, la ideología de las preguntas de la Corte es la Libertad de Expresión como libertad de empresa. No hubo ahí neutralidad ni vacío histórico porque tales cosas no existen.

Se observa día a día el rol político que juega el Grupo Clarín en toda la sociedad. Sin embargo, en la Ciudad de La Plata hay un multimedio un poco más chico que también juega un rol ciertamente reaccionario, ¿cuál es?
En La Plata también está Clarín, no te olvides que el sistema de cableado hegemónico a punto de ser totalitario es de este Grupo. Hace poquito estaba leyendo un estudio del consumo cultural, y el 70 % de los platenses se informa con El Día. Este Diario fue y sigue siendo uno de los poderes reales de la Ciudad. De hecho, yo trazo el interrogante acerca de si un Intendente tiene un Diario o ese Diario tiene un Intendente. Es una pregunta que habla de la dimensión de los acuerdos que tiene el Municipio con El Día. Daría la sensación que las condiciones las pone el Diario porque es el Medio que estuvo en todos los Gobiernos, que hizo acuerdos con todos, y cuando no los pudo hacer golpeó y fue muy duro. Produjo un desgaste enorme en los Gobiernos que no acordaron. Alcanza con observar lo ocurrido cuando se produce una movilización como la del 17 de Octubre de 1945: el Diario es apedreado por su carácter profundamente anti popular, manejado en contra de los intereses populares y, por supuesto, en contra del Peronismo y, en la actualidad, en contra del Kirchnerismo, que lo que ha hecho es ponerlo en evidencia y romper esa idea de que contra ese poder no se podía hacer nada. El ¿Qué te pasa Clarín? tuvo un carácter profundamente revolucionario.

Estamos en Octubre, un mes peronista si los hay: está el 17, y se suma el 27 y este año por partida doble por las elecciones, ¿cómo lo ves a este 17 de Octubre desde lo electoral?
Siento que no lo tenemos que ver como un Octubre folclórico. La historia es el lugar que nos da la fuerza, el horizonte, el lugar donde pararnos… que nos permite saber que la historia es colectiva y que no está hecha de héroes individuales. Pero también es el momento que nos permite la posibilidad de la intuición, de la invención, de la creación. Yo creo que en este Octubre estamos desafiados para poder enlazar todo esto con la potencia de lo que traemos con la intuición de lo que viene, y esto de intuir, reinventar, crear, nos tiene que llevar para pensar en términos colectivos y entender que la Conductora es Cristina, una conducción que nos potencie porque este momento nos demanda eso. Estas Elecciones hay que pelearlas cuerpo a cuerpo, con toda la convicción, con toda la fuerza y saber que esto no se termina allí. Octubre forma parte de nuestra historia pero también forma parte de los horizontes hacia el futuro.

Fuente: Aluvión Popular
aluvionpopular.com.ar

“La violencia política argentina no comenzó en los años ’70”

Por 

Gabriela Esquivada

El autor de Documentos de la resistencia peronista y otros títulos que rescatan pruebas de una historia de los movimientos populares opuesta a la oficial y mitrista, indaga en la violencia de clase contra el peronismo como causa de la insurgencia guerrillera.

Estudió sociología en El Salvador desde 1975 a 1979, años cruciales de violencia política. Poco antes había trabajado como meritorio en los Tribunales Laborales, “donde se ven más flagrantes las violaciones a los trabajadores”, dijo a Miradas al Sur. “Me abrió un universo nuevo: yo, que venía de la clase media, de un colegio pago jesuita, vi la injusticia”. Y consideró “que el único que podía solucionarlo era el peronismo, por toda la obra social que había realizado”. Había tenido un tío funcionario del presidente Juan Domingo Perón, a quien el golpe de 1955 encarceló por dos años, que lo llevaba en su coche y le mostraba hospitales y barrios y le decía “Esto lo hizo Perón”.
Todos esos elementos hicieron de Rodolfo Baschetti un militante y, marcado por un padre suizo-alemán que guardaba y clasificaba, comenzó a acumular las publicaciones políticas y los volantes de los tempranos ’70; a medida que los tiempos se complicaban, recogió los materiales que ardían en las manos de otras personas, disimulándolas en su bolso de fútbol tras los partidos que jugaba los fines de semana. Durante la dictadura los guardó en la baulera del departamento de una amiga, hija de un ejecutivo de multinacional, en el corazón de Recoleta. “Algún día voy a dar a conocer estos documentos, dándoles alguna forma”, se prometió, y en 1986 publicó los Documentos de la resistencia peronista, una obra reimpresa y de consulta académica. Desde entonces, muchas otras personas que habían acumulado documentos se los alcanzaron: “Ahora tengo un archivo muy grande, siempre a disposición de la gente que lo quiera consultar”.
Parte de ese material se publicó en sus libros más conocidos: Documentos, de 1970 a 1977 en cuatro volúmenes (De la guerrilla peronista al gobierno popular; De Cámpora a la ruptura; De la ruptura al golpe; Golpe militar y resistencia popular); La memoria de los de abajo, dos volúmenes sobre los militantes; La clase obrera peronista, dos volúmenes que cubren el período 1943-1983; Campana de palo, antología de poemas, relatos y canciones de 1955 a 1990; y trabajos sobre Rodolfo Walsh, John William Cooke y Ernesto Guevara, entre otros. Ahora publica La violencia oligárquica antiperonista 1951-1964 (Corregidor) como parte de su producción como intelectual orgánico: “De alguna manera lo soy, porque estoy compenetrado en la defensa del movimiento nacional y popular que es el peronismo. Pero también si hay que criticar, lo hago: el tercer Perón, el Perón de José López Rega e Isabel Martínez, que busca más apoyo en la derecha peronista, no es el primer Perón ni el revolucionario que dijo que ‘la violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia’”.
–Dijo que su nuevo libro llena un vacío: ¿cómo eligió el tema?
–La violencia oligárquica antiperonista entre 1951 y 1964 tuvo como consecuencia directa una espiral de violencia. Apunto a desmitificar algo que se dice como un hecho: que la violencia política argentina comenzó el 29 de mayo de 1970 con el secuestro y la posterior ejecución de Pedro Eugenio Aramburu. Esa manera de explicar la historia de los comunicadores de las grandes empresas de diarios en la Argentina y los historiadores de la historia oficial, mitrista, en la Argentina se repite y se repite y queda como una verdad absoluta. Sin embargo, el secuestro y la ejecución de Aramburu no fueron el principio sino el fin de una espiral de violencia que comenzó muchísimo antes.
–1951.
–El 28 de septiembre, cuando el presidente Perón va a la guarnición militar de Campo de Mayo a pasar revista a las tropa. Había muchos jóvenes oficiales antiperonista, todos de Caballería, en ese momento la elite oligárquica (Julio Rodolfo Alsogaray, Alejandro Agustín Lanusse, que llegó a ser presidente de facto; Tomás Armando Sánchez de Bustamante, Gustavo Martínez Zuviría, todos nombrados en el libro), que tratan de apresarlo y matarlo. Pero los suboficiales, que por su origen social y de clase eran peronistas, redujeron a los oficiales y lograron que el episodio no pasara a mayores. Pero fue un primer aviso. Eva Perón pensó entonces en la importancia de armar las milicias populares.
–¿Qué otros hitos principales destacó?
–Dos años más tarde, en 1953, Perón vuelve de Chile, donde se había entrevistado con el presidente, general Carlos Ibáñez. En ese momento había una especie de proto-Mercosur, el pacto ABC (Argentina-Brasil-Chile), para generar políticas económicas comunes. Perón había tenido éxito y se organizó un mitin en Plaza de Mayo, donde los sectores antiperonistas violentos pusieron bombas, una en la boca del subte y otras en los alrededores. Hubo cinco muertos. Las investigaciones demuestran que los autores van a ser comandos civiles unos años más adelante, y entre ellos está el radical Roque Carranza, quien fue ministro y llevan su nombre una estación de subte y una de tren. Los comandos civiles, que se generan a partir de la lucha de la jerarquía eclesiástica y el peronismo en el año 1954, son militantes armados que le pelean la calle al peronismo de manera violenta. Matan policías, roban armas y ponen bombas. Eso, que se considera subversión en la década de 1970, empezó con estos hechos que menciono con fechas y nombres de los policías. Como esa Revolución Libertadora triunfó, no se juzgaron a sí mismos y esos crímenes quedaron en el olvido. Otros hechos, más conocidos: tres meses antes del golpe, los bombardeos a Plaza de Mayo, en los que tiraron más bombas que los nazis en Guernica, con la diferencia de que ahí eran alemanes bombardeando vascos, y acá argentinos bombardeando a argentinos. Y después los fusilamientos de 1956, sobre los que escribieron Rodolfo Walsh en Operación Masacre y Salvador Ferla en Mártires y verdugos.
–¿Qué pasó con los perpetradores de esta violencia?
–Nada. Por eso el libro rescata la verdad histórica. Todo este relato de hechos que pasaron inadvertidos, que nadie comenta, tiene un hilo conductor. Por eso recupero los nombres: la gran mayoría está muerta, pero si no los juzgó la Justicia, por lo menos que quede en el papel y los juzgue la historia. Y justo cuando sale el libro, el 2 de septiembre, La Nación publica un editorial para refutar un discurso de Cristina Fernández de Kirchner donde dijo que le tiraban con balas de tinta para destituirla, y que por suerte no eran balas de verdad como en 1955: La Nación dice que Perón cayó en el 55 no por las balas de plomo sino por sus desaciertos y la desconfianza que había en la gente. No es cierto. Había sido reelecto con el 62% de los votos. Y el propio marino que comanda la escuadrilla de los bombardeos a Plaza de Mayo, Néstor Noriega, dijo que trataban de generar el terror.
–Usted habla de revanchismo oligárquico. ¿Qué observaciones le permitieron definirlo así?
–El fin supremo de esta Revolución Libertadora, que luego de los hechos de 1956 el pueblo bautizó como Revolución Fusiladora, fue revertir los cambios y regresar a la Década Infame, el período histórico inmediatamente anterior al peronismo. Hasta ese momento, los sectores humildes tenían obligaciones pero no derechos; el peronismo les da una serie de derechos que esta gente trata de conculcar. También cuento que un contraalmirante, Arturo Rial, que se topa con una comisión de sindicalistas municipales que habían pedido una audiencia con el general Eduardo Lonardi para pedir que se respetara lo que se había logrado en el peronismo en función social, les dice: “Sepan que la Revolución Libertadora se hizo para que en este país el hijo del barrendero muera barrendero”. ¡Qué odio de clase hay en esa frase!
–¿Hizo nuevos hallazgos sobre la resistencia popular y su papel?
–La importancia. Primero, de los volantes. En esa época, no había internet ni los medios que hoy cubren cualquier comunicación de mil maneras… Se leían los panfletos y los volantes, eran medios de lucha importantes: en un papel de 20 por 30 centímetros el militante ponía la consigna exacta, que se discutía entre los compañeros, y como el peronismo estaba proscripto los tiraba y salía corriendo, o se arriesgaba a darlo en mano sin saber quién lo recibiría. La otra forma, desproporcionada con respecto al terrorismo de Estado, fue lo que se llamó poner caños: las bombas artesanales que se hacían en los sindicatos, en los barrios, y que se ponían en forma clandestina y a la noche. Quizá el hecho épico de masas más importante de la historia argentina fue esa resistencia peronista de 17 años en la que estuvieron involucradas tres generaciones de argentinos. El general Ramón Genaro Díaz Bessone, una pluma de cuanta dictadura militar hubo, publicó un libro donde se manifiesta indignado porque hicieron estallar “aproximadamente 7.000 artefactos explosivos en la Argentina, más que todo el conflicto colonial de Francia con Argelia”.
–¿Cómo vincula la violencia oligárquica que da título a su libro, la insurgencia guerrillera y el terrorismo de Estado 1976-1983?
–Cuando en estos 18 años la fuerza mayoritaria política está proscripta; no se vota; no es posible reunirse ni expresarse; cada vez la ola de violencia es mayor; se imponen ideas oscurantistas como la Noche de los Bastones Largos… llega un momento en que la gente de la resistencia y los jóvenes concluyen que la única manera era la lucha. Había ejemplos a nivel mundial. Y se genera la violencia del Estado para tratar de impedirlo. La Matanza de Trelew es una prueba para ver cómo pueden parar esa ofensiva popular que se les viene.

Fuente: Miradas al Sur

13 de octubre de 2013

El 11 de septiembre y nosotros

Por Edgardo Mocca

En estos días hemos sido invadidos por los fantasmas de la década del ’70. La memoria del golpe cívico-militar fascista en 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular chilena –alegra al autor de este comentario la magnífica puesta en escena de ese pasado por parte de la Televisión Pública– no pudo dejar de inscribirse en el cuadro de nuestras reyertas actuales, en el país y en la región. Un punto principal parece dividir las aguas: se trata, ni más ni menos, que del sentido histórico de los hechos de esa época.

Es necesario advertir a partir de ahora que el lector de lo que sigue no encontrará ningún rastro de neutralidad valorativa, juicio independiente ni de ninguna de esas claves que se utilizan con la pretensión de ocultar la perspectiva desde la cual se habla. La experiencia del autor de estas líneas reconoce al gobierno de Salvador Allende como el punto más alto hasta hoy alcanzado de esa fusión, acaso utópica, entre libertad política y justicia social. Se puso los ropajes de la época y sus nombres; el socialismo en democracia fue su santo y seña. Su significado real, su agenda concreta –nacionalización, redistribución, solidaridad– no fue demasiado diferente de la que hoy reivindican, con acentos y giros muy diversos, un conjunto de gobiernos de la región. Claro está, la palabra socialismo tenía entonces otro significado. Resultaba imposible no vincularla con la experiencia del “socialismo real” que conducía la Unión Soviética. Esta vinculación histórica, totalmente fiel a la realidad, de la experiencia de la Unidad Popular con el contexto de la Guerra Fría entre las dos grandes superpotencias de entonces, trae consigo una amenaza metodológica: la de interpretar un drama político con los mismos patrones cognitivos con los que lo percibían sus actores. Hay muy poca distancia entre esa manera de argumentar y la pobre conclusión de que la experiencia política y social chilena cortada abruptamente por la barbarie dictatorial puede reducirse a un episodio más de un conflicto entre potencias que fue finalmente resuelto de manera rotunda hace un poco más que un par de décadas.

Se puede seguir y profundizar esa línea de análisis hasta identificar la victoria de Estados Unidos y la gestación de un ilusorio mundo unipolar como una clausura definitiva del mundo en el que gobernó la unidad de la izquierda en Chile y como un agotamiento de la influencia de esa experiencia sobre nuestro mundo cultural y social. Lo que ayer sonaba heroico hoy es presentado como patético; la única certeza que tienen quienes sostienen esa mirada –cultores vergonzantes de la teoría de los dos demonios– es que los sueños de aquel tiempo que, como ninguno, expresa el nombre de Salvador Allende, no tienen hoy ningún significado. En el núcleo de este reduccionismo liberal de la historia habita de un modo obsesivo la utopía del fin de la política, a veces pudorosamente escondida detrás del velo de los “amplios consensos”. Y entonces se puede saludar la “voluntad reconciliadora” de la sociedad chilena en contraposición a la supuesta venganza que prima entre nosotros. No es ciertamente una falta de respeto hacia nuestros hermanos chilenos reconocer las enormes limitaciones de la política de ese país en materia de verdad y justicia respecto de los crímenes del terrorismo de Estado. Pero para los antikirchneristas –desde los de derecha hasta los de “centroizquierda”– no existe tal limitación, sino una curiosa muestra de madurez, consistente en aceptar los límites a la soberanía popular que impuso Pinochet; el cierre verdadero y definitivo de la etapa fascista pasaría obligadamente por la declaración de la nulidad de la Constitución aprobada bajo su dominación.

¿Por qué ocultar la naturaleza del conflicto que dividía las aguas de Chile en aquel tormentoso período? ¿Por qué silenciar el papel de los medios masivos de comunicación dominantes, la conspiración dirigida por Estados Unidos, los métodos terroristas empleados por la derecha chilena? No se puede reconocer el sentido de aquellos episodios sin enlazarlos con el presente. Es necesario, para cortar ese vínculo, vaciar de contenido aquellas disputas, reducirlas a un brote de pasiones y fanatismos descontrolados, en unos y otros, que degeneraron en una violencia absolutamente inexplicable para nuestra actual conciencia civilizada y neutral. La obsesión antihistórica es común a las derechas y a ciertas izquierdas ilustradas: unas y otras procuran reducir las querellas que nos construyeron como país a la condición de una cierta propensión enfermiza de los argentinos a enfrentarnos de manera innecesaria. Ciertamente la experiencia del Chile de Allende no habilita ninguna equiparación de la conducta histórica de los dos grandes bloques políticosociales que se enfrentaban entonces. No fueron los dos grandes contendientes los que desabastecieron, sabotearon, proscribieron, persiguieron y asesinaron sistemáticamente a su adversario: fue la derecha al mando militar de Pinochet y al mando estratégico de Kissinger la que preparó y consumó la más grande tragedia de Chile. La necesaria revisión crítica de la experiencia del gobierno de la Unidad Popular no puede poner a ésta en el mismo lugar que a los verdugos de la democracia chilena.

El vaciamiento, la sustracción de los conflictos políticos que rodearon la experiencia del gobierno de izquierda chileno no es solamente un error metodológico. Es una toma de posición política. De un modo inmediato y muy evidente es un aporte a la dotación argumental de la constelación que impugna al gobierno de Cristina Kirchner. El uso de la cuestión del golpe chileno es muy evidente: la época de los sueños, de los proyectos, es una época terminada. Que terminó además con el horror de las dictaduras y el terrorismo estatal. Se pretende, mediante una cadena de trucos retóricos, conectar el “fanatismo ideologizado” de los ’70 con su reaparición bajo la forma farsesca del “populismo corrupto y autoritario” y, de ese modo, descalificar cualquier apuesta favorable a las políticas de los gobiernos antiimperialistas de la actualidad como puro y simple simulacro que agita a los duendes de épocas sin retorno.

Lo cierto es que el Chile de Allende no organizó un socialismo recetado ni mucho menos una réplica de la experiencia soviética. Nacionalizó el cobre, redistribuyó la renta, ejerció una política exterior independiente de Estados Unidos; nada demasiado distinto del rumbo que toman hoy muchos de nuestros países. Ciertamente nuestros gobernantes de hoy no tienen las pretensiones épicas de aquellos movimientos populares que atravesaron la región hace cuatro décadas; pero no es muy forzado reconocer y pensar ciertas continuidades históricas que intervienen fuertemente en los procesos actuales. Del Chile de la Unidad Popular podemos pensar bajo la forma del horror desatado por la dictadura o como una reliquia de un pasado noble y virtuoso pero definitivamente agotado. O como una poderosa herencia y como un laboratorio de experiencias políticas.

El golpe de Pinochet bien puede considerarse el primer acto político del neoliberalismo a nivel mundial. Fue el ensayo general, enormemente facilitado por el cercenamiento de todas las libertades públicas, para la gestión política de la reconversión económica estructural que globalmente apadrinarían después Thatcher y Reagan. Por su parte, el Chile de Allende no fue principalmente el escenario de una batalla posicional entre las dos superpotencias, sino el mojón históricamente más importante de una batalla regional por la independencia y la justicia social cuyas huellas no se han perdido y reaparecen transformadas en la nueva realidad regional.

Los testimonios de la época que pudimos ver en estos días me produjeron además un extraño estremecimiento. Los parecidos entre los testimonios de uno y otro campo con el léxico que habla la controversia argentina actual son extraordinarios. Hay una generación, a la que pertenezco, que de tanto discutir cuestiones como el poder de los medios, la imbricación entre militares golpistas y empresarios, el golpe como mecanismo de ordenamiento regional para la superpotencia, la utilización de la guerra psicológica como mecanismo de combate y otras afines, hemos terminado por banalizarlos hasta el punto de ignorarlos a la hora de analizar una coyuntura política. El reencuentro con la tragedia chilena y su enlace con la realidad actual de nuestros procesos políticos nos convence de que se trata de un error. El Chile de 1973 nos habla de nuestra realidad. No en la forma de una repetición y una fatalidad, sino en la de un desafío. El golpe contra Allende, tanto como la dictadura que pocos años después se instalaría entre nosotros, nos hace saber de qué son capaces las fuerzas del privilegio. Tenemos que contar con eso y valorizar el patrimonio adquirido por nuestras sociedades en tres décadas de recuperación democrática. Treinta años de continuidad en la vigencia del estado de derecho constituyen un espacio histórico desde el cual podemos observar nuestro pasado nacional y regional desde otra perspectiva. La saga de Allende y la Unidad Popular chilena forma parte de otro fragmento de la historia; sin embargo, cortar los lazos orgánicos de aquel tiempo con el nuestro, de aquellas luchas con las luchas de hoy solamente conduce a vaciar la memoria política. Bajo otras formas, y con otros lenguajes, aquella historia sigue siendo la nuestra.

Fuente: Página /12

15 de septiembre de 2013

El Vicegobernador en Congreso de Salud Mental

 

Mariotto: “Estamos en campaña y los argumentos tienen que ser los nuestros, no podemos parecernos al enemigo porque si no nos gana ese enemigo”

Con esa contundencia, y viajando en la historia del pensamiento político hasta Cicerón, el Vicegobernador analizó el escenario político, al hablar en el Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos, organizado por Madres de Plaza de Mayo. Llamó a enfrentar “la tilinguería”, a recuperar “la construcción colectiva” y a no dejar las convicciones "en la puerta de nada". Homenajeó la sabiduría de Hebe.

7 Set

Mariotto con Hebe de Bonafini, presidenta de Madres (Foto de Archivo)Cerrar

Sabado, 7 de Setiembre de 2013

“Estamos en campaña y los argumentos tienen que ser los nuestros, no podemos parecernos al enemigo porque si no nos gana ese enemigo”, disparó esta medio en la Universidad de las Madres, en la Capital Federal, el vicegobernador Gabriel Mariotto, al disertar sobre cultura y política y en ese contexto analizó el actual escenario político y electoral.

"El sistema te tira cebos permanentemente, si te agarràn debil de formación y convicción caes; por eso recuerdo a Néstor Kirchner, cuando dijo que no dejaría las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. No hay que dajarlas en la puerta de nada", añadió.

“Los cambios culturales le da condiciones objetivas a la transformaciones políticas, como las que estamos llevando adelante desde este nuestros espacio amplio y diverso, que puede denominarse como frente popular revolucionario”, reflexionó Mariotto, para quien “en esta etapa electoral tenemos que volver a la construcción colectiva, escuchando e interactuando con el conjunto de los compañeros y compañeras que forman parte del proyecto nacional transformador”.

“Dese el campo nacional y popular estamos siempre a contra mano de aquello que no se haya propuesto y discutido en el seno del pueblo, de sus experiencias culturales y políticas”, agregó.

Luego, Mariotto afirmó: “Las bombas del ’55,  los fusilamiento del ’56,  Felipe Vallese, los desparecidos; toda esa represión no les alcanzó todo para someter la resistencia cultural y política que aquellas conciencias, aquellas generaciones generación había desarrollado. Ahora Introducen una herramienta de sometimiento tan dura como las balas, como la muerte, como el secuestro, como la desaparición, como la censura, que es la tilingeria. Nos hacen descreer de los propios, no hacen renegar de los propios, nos hacen avergonzarnos de lo que somos. Hay que revisar a Antonio Gramsci cuando analiza las fotografías de los aparatos ideológicos, cómo se consagra el sistema de poder; pero sobre todo hay que estudiar a Jauretche, quien nos da herramientas propias para analizar los mecanismos de reproducción se sentido, de dominación cultural”.

Respecto de lo tanto dicho en los últimos días en torno al “círculo rojo”, el titular del Senado bonaerense fue concluyente: “Es Clarín, el grupo que potencia  a los factores de poder en Argentina”.

También se refirió al marco social y al contexto de necesidades que lo impulsaron a un hecho inédito en la historia de las políticas legislativas, cuando el jueves, en la apertura de la Bienal de Arquitectira de La Plata, presento 19 proyectos de ley referidas a la protección del medios ambiente y del desarrollo democrático y sustentable, plexo de iniciativas que recogió el inmediato apoyo de jueves, funcionarios, militantes y especialistas de la UNLP.

“El uso de agro tóxicos en las reservas naturales, la protección de los parques, como el Pereyra y Santa Catalina, la búsqueda de soluciones para problemas como los que terminaron en la inundación de una ciudad, en abril pasado, la protección de los humedales, son los múltiples tópicos sobre los cuales queremos legislar. No puede ser que sean las inmobiliarias las que planifiquen el urbanismo de la Provincia, como lo están haciendo en el Norte del Conurbano. Hay que terminar con las complicidades políticas que hacen que en los Consejos Deliberantes sea tan fácil violar los códigos urbanos y de construcción. O el Estado es el que regula para proteger el medio ambiente, los derechos humanos y las necesidades del pueblo, o serán las inmobiliarias privadas las que lo harán y sólo para satisfacer sus intereses”, dijo Mariotto.

Finalmente, volvió a rendierle su homenaje a Hebe de Bonafini: "caminar con ella es hacerlo con su sabiduría; y recuerdo y aprendo: los que nos imponen una chapa con su nombre en las puerta de su oficina, son un pelotudos".

 

Fuente: Agencia Periodística de Buenos Aires

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