Historiadores sin vocación ni honestidad intelectual

En momentos dramáticos para el país, el ministro Hernán Lacunza optó por hacer una curiosa referencia, sin dar demasiados detalles tampoco, a 91 años de historia. En su caprichosa interpretación, el rasgo destacable de esos 91 años sería el de gobiernos no peronistas que no culminan su mandato. Las dictaduras cívico-militares y las restauraciones oligárquicas no merecieron mención en sus escuetas reflexiones. Los desvaríos de Hernán Lacunza en materia de historia no constituyen empero una completa sorpresa, pues si siendo Ministro de Hacienda no pone empeño el resolver los problemas del pueblo, menos podemos esperar que se aplique al estudio del pasado nacional. Tal vez haya encontrado inspiración en el presidente Mauricio Macri, que tiempo atrás aludió a 70 años de debacle nacional, sin advertir en apariencia que ese período incluye también el del crecimiento exponencial de su grupo empresarial. Pero la honestidad intelectual ha brillado por su ausencia en estos años de gobierno oligárquico, tanto en la Casa Rosada como en el edificio de Hacienda.

De todas formas, no resulta ocioso detenerse en interpretar qué quisieron decir estos improvisados historiadores, pues sus escuetas y falaces afirmaciones son consistentes con una construcción de sentido de más largo aliento. Que Hernán Lacunza diga lo que dijo, así como “al pasar”, con inocultable desdén, no deja de ser expresivo. Lo que se quiere poner en el banquillo de los acusados es la experiencia histórica de los movimientos populares y democratizadores, que han “interferido” con los designios del “mercado”. En la cosmovisión burguesa, especialmente en su variante neoliberal, la democracia real (soberanía popular) en la medida se asocia a derechos sociales y garantías de autodeterminación, se constituye en un obstáculo a la maximización de la ganancia. La lógica desatada del mercado (los actores económicos más concentrados) no puede convivir con la organización popular. Lo que se “desvía” de la acumulación privatista de los más ricos para irrigar otras porciones de la sociedad es una aberración que es necesario erradicar y que, en todo caso, es explicación suficiente para el fracaso nacional. Claro que aquí debemos leer fracaso nacional como fracaso oligárquico.

En esa interpretación, el Estado amenazado por la marea populista es de naturaleza oligárquica. Es decir, un Estado patrimonialista, cooptado al 100 por ciento por los representantes del poder económico más concentrado. De modo tal que los fracasos que lamentan el Presidente y su ministro no son los de una modernidad frustrada, sino los de un régimen patrimonialista de raíz señorial que los movimientos políticos como el peronismo y el kirchnerismo impugnaron haciéndose eco de las demandas populares. La oligarquía argentina, experta golpista, no lamenta per se las interrupciones gubernamentales, lo que deplora es la “interferencia” popular en sus designios. Por ello, el reciente triunfo popular en las PASO es sindicado como causante de la inestabilidad económica. Las referencias al pasado y al presente del presidente Macri son inequívocas, más allá de su pobreza conceptual. Y lo formulado por el Ministro Lacunza es enteramente coherente con ese paradigma. El antagonismo entre democracia real (soberanía popular) y mercado (intereses financieros trasnacionales) es postulado por las derechas en todas partes. El matiz que ha querido añadirle el macrismo a este asunto, para no ser menos, es el ofuscamiento señorial del patrón de estancia ante los peones que se le plantan. Por eso, algunos personeros de tercera línea plantean comprar los votos de sus empleados, mientras suspiran por “los viejos buenos tiempos…”

Germán Ibañez