miércoles, 14 de septiembre de 2011

Algunos puntos sobre la “batalla cultural”



Cuando hablamos de la “batalla cultural” o de la “batalla de ideas”, nos estamos refiriendo a la cuestión de la hegemonía ideológico-cultural en una sociedad, a la lucha por la construcción de sentidos, y a su relación con la política. Desde el pensamiento conservador se cuestiona estas expresiones en pos de un supuesto consenso que de tal solo tiene el nombre; es propiamente la imposición de la agenda neoliberal naturalizada como lo típico y deseable en las sociedades exitosas. Todo lo que se sale de esa agenda es conflicto, populismo o “crispación”. Y aquí ya comenzamos a entrar en el escenario de la batalla cultural: la existencia de diversas visiones del mundo, muchas de ellas contrastantes o antagónicas entre sí. En ese sentido, el debate, la polémica y el “conflicto” no son aberraciones ni enojosos desvíos del “natural” consenso, sino expresión de las contradicciones reales que albergan las sociedades contemporáneas y de los distintos proyectos político-societarios en competencia.
Lo que aparece como sentido común o como aquello “consensuado” por la sociedad está estrechamente relacionado a proyectos político-societarios de vocación hegemónica, es decir proyectos que buscan establecer el marco de interpretación del movimiento de lo social, y de aquello que es bueno y deseable. El pensamiento conservador ha buscado sistemáticamente imponer su proyecto hegemónico camuflándolo de orden natural de las cosas. Por eso, un primer y fundamental paso de la batalla de ideas, es develar aquello que aparece naturalizado restituyéndole su dimensión política, de proyecto de organización de lo social. Y establecer con claridad los fundamentos de la propia visión, del propio proyecto político-societario. Si efectivamente aspira a ser tal, entonces es también un proyecto con vocación hegemónica. Admitirlo es necesario. Los operadores de los monopolios de la comunicación y los ideólogos conservadores, aquellos que han erigido una auténtica hegemonía exclusiva y excluyente (la de “mercado”), demonizan como “hegemónico” todo intento democrático de cuestionar la preeminencia de su visión del mundo y el posicionamiento estratégico de las corporaciones. Por eso la “hegemonía” tiene mala prensa, aunque por ejemplo toda la política imperial se oriente a conservar la hegemonía de los EEUU y sus documentos oficiales no lo disimulen. Pero cuando los gobiernos del Sur, o los movimientos populares intentan quebrar el status quo y reorientar el movimiento de lo social en dirección a una mayor autonomía regional, a la democratización de los regímenes políticos y a la distribución más equitativa de las riquezas, pasan a ser “hegemónicos”, populistas o autoritarios.
Aquí se da la primer “batalla” cultural: por la recuperación de la política como herramienta de transformación al servicio de los pueblos y la desnaturalización de las hegemonías: éstas se vinculan a proyectos de transformación social o de mantenimiento del status quo. Ahora bien, una cosa es la hegemonía política: ésta siempre es transitoria, reversible, y a veces decididamente circunstancial. Otra cosa es la hegemonía cultural, de la visión del mundo y el movimiento de lo social. Ese es el verdadero desafío de la batalla de ideas. Nuestro país atraviesa una etapa de confrontación de proyectos político-societarios, que pugnan entre sí por establecer una hegemonía cultural y no solo una preeminencia política. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (y antes el de Néstor Kirchner) al cuestionar la naturalización de lo instituido por la hegemonía del proyecto neoliberal, al negarse a ser disciplinados en el “consenso” preexistente, al impulsar la repolitización de la sociedad, iniciaron una batalla cultural en la cual estamos inmersos.
La repolitización implica un ejercicio ampliado de la democracia como soberanía popular, como participación ciudadana, como organización militante. La respuesta del bloque conservador ha sido la de un falaz “republicanismo” de instituciones presuntamente amenazadas por el autoritarismo oficial. La contraposición de republicanismo versus soberanía popular es vieja en nuestra historia. La construcción del Estado en las décadas finales del siglo XIX cristalizó en un régimen oligárquico, en tanto que su ampliación democrática corrió por cuenta de los movimientos nacionales como el yrigoyenismo y el peronismo. Esos movimientos fueron denostados como personalistas y autoritarios por los republicanos de turno, muchos de los cuales no trepidaron en promover golpes de Estado y dictaduras. Esta situación se profundizó con la imposición del proyecto neoliberal, y como lo formula Ricardo Forster: “…se tendió a disociar democracia y conflicto, a reducir, cada vez más intensamente, la práctica y la idea de la democracia a sus formas institucional-jurídicas, lo que tuvo, como consecuencia inmediata el vaciamiento de lo político, su reducción a sede tribunalicia en muchos casos y la expropiación ideológico-conceptual de la dinámica del conflicto como núcleo organizador de la democracia reduciéndolo a lógica del ‘resentimiento’ o a retorno fantasmagórico del populismo que, precisamente y de acuerdo a este discurso dominante, exacerba el conflicto reduciendo la calidad institucional”[i]. Por el contrario, la dinámica de la democracia ha estado asociada a la movilización popular, a la ampliación de derechos y a liderazgos fuertes, como el que hoy encarna nuestra Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
En la estigmatización de los movimientos nacionales como “populismos” se juega otro aspecto de la batalla cultural de nuestros días. Es larga la discusión en el pensamiento social acerca de aquellos procesos subsumidos bajo la fórmula populismo. Con pretensiones sociológicas, la categoría estuvo en el pasado relacionada a la matriz interpretativa del estructural-funcionalismo, pero también la adoptaron diversas historiografías y hasta diferentes críticas de izquierda. Pero como señala Nicolás Casullo, con el ascenso neoliberal y la crisis de las izquierdas muere también una genealogía crítica del populismo, que sin duda era dogmática pero estaba centrada, a su modo, en la búsqueda de lo popular. Ahora, por el contrario, se manifiestan posturas presuntamente “progresistas” o de autodenominada centroizquierda pero que han perdido todo vínculo con esa crítica de izquierdas al populismo para asumir la visión de la derecha y “deslizarse” al campo ideológico del neoliberalismo[ii].
En la tradición del pensamiento nacional aparece la noción de movimiento nacional para referirse a esos fenómenos que han sido llamados populismos. El concepto de movimiento nacional está relacionado a la lucha por la autodeterminación nacional y a la movilización de distintos grupos y clases sociales con banderas democráticas y sectoriales que alcanzan un grado, variable, de articulación política. En los países dependientes, los movimientos nacionales han coaligado a distintos sectores sociales y bloques de clases en pos de lograr un mayor margen de autonomía nacional y una redistribución progresiva de la riqueza, en tanto que sus antagonistas han sido los grupos sociales vinculados a las viejas oligarquías, al capital externo y a los polos metropolitanos. En un país como Argentina, ese bloque de clases “globalizadas” o articuladas a esquemas de dependencia externa ha logrado históricamente establecer su hegemonía sobre vastos conglomerados sociales. Así se erigió, el viejo horizonte de un país agropecuario que “progresa” de cara a las metrópolis, horizonte que pervivió largas décadas y tuvo su más reciente avatar en la avanzada destituyente de 2008 con consignas como “la Argentina es el campo”. En cambio, en nuestro país el movimiento nacional, a partir del peronismo, asumió la bandera de la industrialización con justicia social. La aclaración “con justicia social” es necesaria porque la Argentina conoció también otras propuestas modernizadoras con contenido industrial, pero de escaso compromiso social. Al hablar de la articulación de distintos grupos sociales, estamos señalando que los movimientos nacionales son necesariamente policlasistas, lo cual introduce la cuestión de las contradicciones internas. Si no tuviéramos en cuenta esa situación, caeríamos en una visión romántica del movimiento nacional, y quedaríamos desarmados para actuar frente a los inevitables roces, fricciones y aún conflictos que se desatan entre los distintos grupos, fracciones políticas y clases sociales que integran el campo de lo nacional-popular en cada momento histórico. Esta comprensión es también parte de la batalla cultural, de la lucha por la hegemonía del campo popular, ya que la resolución “exitosa” de las contradicciones en el seno del pueblo, es lo que permite reducir el impacto de los conflictos, evitar el desarrollo de antagonismos fatales que condicionan negativamente a los movimientos nacionales y pueden ser factores de disgregación y derrota.
Indudablemente, otro de los escenarios privilegiados de la “batalla cultural” es hoy la comunicación audiovisual. La conformación de auténticos monopolios comunicacionales es un problema global y excede largamente a nuestra Argentina; incluso gobiernos de países metropolitanos sufren sus “extorsiones” y se encuentran condicionados negativamente por esos monopolios. El problema es complejo y multidimensional: hay que tener en cuenta tanto la cuestión de la concentración económica  como el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación en la conformación de la “opinión pública” y de los imaginarios sociales. La “civilización de la imagen” ha transformado las subjetividades contemporáneas acompañando el despliegue de la transformación capitalista que conocemos como globalización; es decir, ha sido funcional a la mercantilización de amplios espacios de la vida social y a uniformar pautas culturales presuntamente globales pero que no son sino la expansión de las industrias culturales del Norte, especialmente EEUU (a punto tal esto último, que hasta las industrias culturales de otros países metropolitanos se sienten amenazadas). Sin embargo, no es un curso fatal de la historia. En nuestro país, todo el debate y participación popular que acompañó el recorrido del anteproyecto de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha iniciado otro tramo, formidable, de la batalla cultural, tanto por el contenido de la ley como por el ejercicio inédito de democracia participativa que supuso su elaboración y tratamiento. La nueva ley abre un nuevo marco para lo público y lo social en la comunicación audiovisual, así como limita la conformación de monopolios. Es decir, de lo que se trata es de crear las condiciones para que se materialice aquello de las muchas voces, de los actores de la sociedad civil, de las instituciones sin fines de lucro, de instituciones públicas como las Universidades nacionales, de los movimientos y colectivos sociales. Es un estímulo a la organización popular para democratizar la comunicación audiovisual, y por lo mismo, a la capacitación, a la elaboración federal y democrática de nuevos contenidos y por cierto a la apertura de fuentes de trabajo. Va de suyo que la ley, por virtuosa que sea su letra, no podrá con su solo influjo concretar estas transformaciones. Por eso aquello del estímulo: será real en la medida en que la autoorganización social desbroce el terreno. Y aquí tenemos una de las más importantes facetas de esta batalla cultural: la recuperación de lo público, no solo desde lo estatal (fundamental e insustituible) sino también desde lo socio-comunitario, quedando por supuesto plenamente establecidas las garantías a la actividad privada con fines de lucro en tanto no concurra a la conformación de gravosos monopolios.
La recuperación de lo público no solo integra la agenda privilegiada del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (estatización de Aerolíneas, recuperación de los fondos previsionales) sino que es otro aspecto esencial de la batalla cultural que transitamos. El privatismo heredado de los ’90 es muy fuerte y es uno de los núcleos de la imposición del neoliberalismo. El propio crecimiento económico, despertando lógicas expectativas de consumo en sectores acomodados de la población, puede apuntalar una pervivencia de los valores culturales impuestos por el neoliberalismo, en tanto no se profundice la batalla cultural y la revalorización de lo público como proyecto societario. Lo público no es solo la gestión estatal de empresas y recursos, sino el bien común como norte de la política, la apertura de espacios a lo comunitario, la ampliación de derechos y ciudadanía. A partir de esta idea es que se puede considerar más fecundamente la ampliación de la agenda, el pleno despliegue del proyecto nacional-popular, o la “profundización del modelo” como también se le dice. Lo público exige articular los intereses particulares (lo privado) con lo estatal en una política de crecimiento económico, desarrollo y diversificación de la producción, y distribución progresiva de la riqueza. Requiere un poder político democrático fuerte, antítesis del “imperio del mercado” o de un estamento político rendido ante las corporaciones. He aquí una faceta más de la batalla cultural. El poder político democrático debe ser fuerte. La hegemonía neoliberal promovió un poder político debilitado en tanto se fortalecían las corporaciones y se instalaba el clima de “sospecha permanente” sobre la política (lamentablemente muchos políticos hicieron su “aporte” para instalar ese clima) en tanto se naturalizaba la opacidad y el autoritarismo reinante en los grandes grupos económicos y las corporaciones trasnacionales. En este escenario, la recuperación de lo público va de la mano de la recuperación de la política como herramienta de transformación al servicio del pueblo, tal su prerrequisito. Estado y ciudadanía “fuertes”, militancia y participación activas, organización socio-comunitaria, bien común como norte de la política. Todo esto atravesado por el debate y la contradicción, pues la recuperación de lo público no se da de una vez y para siempre, sino que es un ejercicio permanente de la democracia y una de las claves estratégicas de la batalla cultural.

Germán Ibañez


[i] Ricardo Forster: “Los espectros latinoamericanos: el populismo, la izquierda y las promesas incumplidas”, en El litigio por la democracia; Buenos Aires; Planeta; 2011; p. 56
[ii] Nicolás Casullo: “Populismo, el regreso del fantasma”, en Peronismo. Militancia y crítica (1973-2008); Buenos Aires; Colihue; 2008; p. 276

1 comentario:

  1. Excelente artículo. Lo encontré en "Redacción Popular" y lo subí a mi blog. Espero no te moleste :
    http://adriancorbella.blogspot.com/2011/09/la-batalla-cultural-por-german-ibanez.html

    Adrián Corbella

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